La guerra contra las infraestructuras públicas
Misión Verdad
Venezuela, con el apoyo de países aliados, ha sorteado varias de las trabas que impiden el desarrollo normal de sus actividades y, tras los efectos de la pandemia global de covid-19 que no termina, se han visto algunas mejorías económicas aunque se hace costoso revertir algunas desigualdades generadas por la crisis continua e impuesta.
Frente a la derrota de su aliado primario, Álvaro Uribe Vélez, en las pasadas elecciones presidenciales colombianas, el antichavismo extremista ha optado por reimpulsar su escalada de sabotaje permanente contra la estabilidad nacional como parte de su guerra de baja intensidad.
No les quedan muchas opciones dado que los pronósticos sobre la economía nacional favorecen 
la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro debido al aumento de la producción de petróleo, la expansión de los ingresos fiscales y del crédito bancario registrados en los últimos meses. Estos factores han sido determinantes para que algunos economistas opinen que el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela crecerá un 8,3% este año, cuando fue de 1,9% en 2021, como lo informó Bloomberg.
Venezuela, con el apoyo de países aliados, ha sorteado varias de las trabas que impiden el desarrollo normal de sus actividades y, tras los efectos de la pandemia global de covid-19 que no termina, se han visto algunas mejorías económicas aunque se hace costoso revertir algunas desigualdades generadas por la crisis continua e impuesta.
Una tenaza, entre apagones y la matriz del caos
El pasado 6 de enero, seis estados de Venezuela y parte de Caracas fueron afectados por un apagón, asimismo el 18 de enero, al menos 12 estados quedaron sin electricidad por una falla en la subestación Yaracuy, una instalación primordial para alimentar de energía al occidente venezolano.
El 20 de enero, los pobladores de siete ciudades del país reportaron fallas eléctricas, en algunas localidades la falta del servicio eléctrico se extendió por más de una hora. Ocho días después, el 28 de enero, ciudadanos reportaron un apagón en 11 estados del país, incluyendo a sectores del estado Miranda que forman parte de la zona metropolitana de Caracas.
El 7 de febrero hubo fallas eléctricas en 12 estados del país: entre las zonas afectadas estuvieron Distrito Capital y los estados Miranda, Barquisimeto, Aragua, Yaracuy y Carabobo.
El 18 de marzo, el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, general en jefe Néstor Reverol, publicó un tweet diciendo: «Denunciamos un nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), donde integrantes de grupos delictivos han vandalizado equipos de la Subestación Lagunillas, ocasionando afectación del servicio eléctrico a varios sectores del estado Zulia», a su vez anunciaba que trabajadores de la empresa energética se encontraban realizando mantenimiento preventivo a unidades pertenecientes al Complejo Termoeléctrico General en Jefe Rafael Urdaneta, ubicado en el mismo estado Zulia.
La estatal Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec) anunció ese mes un plan para racionar la electricidad en seis estados del occidente del país en momentos en que los cortes de energía se registraban casi a diario en esas regiones. Se indicó que la implementación del llamado «Plan de Administración de Carga» en los estados Apure, Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia se debía a que el nivel de agua en el embalse Uribante «no nos permite que se genere una máxima potencia en unidades de generación» de la Central Hidroeléctrica Uribante-Caparo, localizada a unos 750 kilómetros al oeste de Caracas.
En marzo, ya Venezuela mostraba mejorías en algunas perspectivas económicas y, al presentar el 
informe anual del gabinete ministerial ante la Asamblea Nacional, la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez dijo que 2021 fue un año de «avance y recuperación» al destacar que «pudimos recuperar un 22% del sistema eléctrico». Rodríguez resaltó además que se realizan en varios estados del país trabajos de revisión y sustitución de equipos en instalaciones eléctricas.
Precisamente en esas semanas, la mayoría de los medios nacionales y globales intensificaron una campaña respecto al «caos eléctrico» venezolano, todos obviando el daño que ha hecho a la infraestructura eléctrica la desinversión producto de las medidas coercitivas estadounidenses. Los mismos «comités de afectados» impregnados de un discurso que hacía recordar las guarimbas de 2014 y 2017, con los mismos expertos, ganaron vocería en todos los portales.
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó el 17 de abril que se registraron apagones en Caracas, Maracay, Mérida y Naguanagua (Carabobo). Entretanto la mediática global publica amplios análisis haciendo malabarismos para obviar cómo las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela afectan puntos neurálgicos de la vida de la población como los servicios públicos, lo que se maximizó en 2019 durante el ataque al Guri.
.- El gobierno ha desarrollado programas para detectar las fallas que afectan más de cerca a sectores como la salud y la educación, además del agua y la energía (gas y electricidad) a través de la aplicación VenApp.
Contra PDVSA, empeño en apagar la llama
El pasado 4 de julio, una falla eléctrica detuvo la mayor refinería de Venezuela, Amuay, con capacidad de 645 mil barriles por día (bpd). Se trata de la única refinería del Centro de Refinación de Paraguaná (CRP) que está produciendo gasolina tras una parada de su vecina, Cardón, para reparar una falla de un reformador, que produce el combustible de alto octanaje.
Se supo que hubo una falla en la planta eléctrica que suministra energía a ambas refinerías pero que afectó mayormente a Amuay, lo que habría afectado las plantas destiladoras y la catalítica (FCC, sus siglas en inglés) que es la que está produciendo actualmente cerca de 80% de la gasolina para el país.
A causa del asedio por parte de Estados Unidos y sus países satélites, Venezuela enfrenta una intermitente escasez de gasolina por años de desinversión y mantenimiento en la red de refinación estatal, con capacidad de producir 1,3 millones de bpd, a lo que se suman las fallas eléctricas y las limitaciones para importar combustible.
El domingo 17 del mismo mes, el ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, denunció este domingo 17 de julio un nuevo ataque terrorista contra un gasoducto operado por la estatal petrolera PDVSA en el oriente del país, específicamente en El Tejero (Monagas)
«Elevamos nuestra denuncia al país, y los pueblos del mundo, sobre un nuevo ataque al sistema gasífero del oriente venezolano. Se trata de los mismos grupos terroristas de siempre, que han actuado contra el interés nacional para afectar la vida de nuestro pueblo», manifestando que el «vil ataque forma parte del libreto de sabotajes perpetrados por los enemigos de la paz».
El martes 19 de julio, en rueda de prensa, el funcionario explicó que en zonas aledañas a la explosión «se localizó un ‘cambuche’, donde, además, hay dos espárragos (tornillos de bridas), lo que apunta que quienes perpetraron el hecho, planificaron una fuga». «Seguiremos profundizando las investigaciones, señalando que, el presente hallazgo es importante, ya que permite conducir la línea de investigación para dar con los culpables de este ataque criminal», señaló.
La industria petrolera ha sido uno de los puntos de ataque preferidos por el entramado corporativo que dirige Washington y sus socios. Han sido flagrantes los robos de petróleo por parte de Estados Unidos a países a cuyas poblaciones asedia para lograr cambios de régimen. Así ha sido en Siria, Libia e Iraq, pero también contra Irán y Venezuela les han robado tanqueros con petróleo o combustible en nombres de sus «sanciones» ilegales.
Destrucción con acupuntura
Los ataques a instalaciones estratégicas para el bienestar social de la población venezolana no son nuevos, además han incidido de manera definitiva en la calidad de algunos servicios, no solo energéticos sino en las telecomunicaciones debido a acciones como el robo de material estratégico por parte de personas y grupos que se dedican a dichas actividades delictivas. El Gobierno Bolivariano acusa a sectores del antichavismo nacional y gobiernos aliados.
En febrero de 2020 fueron detenidos cinco empleados de Cantv y Movilnet por su presunta participación en un incendio ocurrido el 9 de febrero en las instalaciones de dichas empresas ubicadas en Flor Amarillo, Valencia (Carabobo). La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, precisó que la pérdida supera los 275 millones de dólares en material estratégico de la empresa.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, informó en su momento que entre los detenidos figuran dos coordinadores de Cantv, uno de Movilnet y dos empleados. Además recalcó que se trató de un incendio provocado para lo cual usaron un acelerante tan potente que en 40 minutos incendió los siete galpones afectados y que recibieron órdenes desde Colombia.
En febrero de este año un doble corte de fibra óptica en el estado Falcón produjo fallas en el servicio de Internet mediante Acceso a Banda Ancha (ABA) que presta Cantv, por ello se reportó lentitud en la conexión a la Red a escala nacional. Se trata de una empresa estatal que posee 2 millones 400 mil usuarios en el uso de la conexión a Internet, lo que se suma a 3 millones 500 mil afiliados al servicio de voz.
Cabe destacar que la empresa, cuyas acciones aumentaron un 20% en mayo tras el anuncio presidencial de ofertarlas de manera limitada, desarrolla actualmente proyectos de ampliación como la transición de los antiguos cables de cobre a fibra óptica.
¿Ya empezó la campaña electoral?
El pasado 2 de julio, durante un acto de ascensos militares, el presidente Nicolás Maduro denunció que el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, «continúa activando planes y ataques terroristas contra el sistema eléctrico, personalidades y líderes políticos de Venezuela (…) En su impotencia, su odio y su derrota, Iván Duque quiere vengarse de Venezuela, por ello hay que mantener la guardia en alto», agregó.
Semanas antes anunció que, además de Amuay, la refinería El Palito y la hidroeléctrica Guri habían sido atacadas, y por ello responsabilizó al gobierno colombiano.
Maduro figura de primero en las más recientes encuestas presidenciales como la de Hinterlaces con un 37% de preferencia que, junto a otros políticos del chavismo comprenden un 48% frente a un 30% que suman los más de diez precandidatos del antichavismo, aún sin haber decidido si se van a medir en primarias en 2023.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció el pasado lunes 18 de julio que el gobierno de Estados Unidos envía mercenarios al país para atacar las instalaciones petroleras, refiriéndose al ataque del sistema gasífero en el oriente venezolano ocurrido el día anterior. Algunas de sus declaraciones:
.- «Los ataques contra el sistema eléctrico y en contra el sistema petrolero vienen desde Estados Unidos a través de mercenarios. Todos los ataques al sistema eléctrico son transversales, al final afectan el agua también, pero ellos buscan los sitios para hacer daño, poniendo en riesgo hasta sus propias vidas, no les importa absolutamente nada».
.- «La derecha no descansa, y así como el imperialismo norteamericano durante todos estos años ha hecho lo impensable que una mente racional pueda creer que son capaces de hacer, esa estrategia es parte de la política norteamericana, el ataque a las instalaciones petroleras, traer mercenarios, algunos de ellos detenidos, otros juzgados».
Como es menester, antes de cada evento electoral, el sabotaje forma parte de la campaña antichavista ante la eterna crisis de representación que les aqueja. En algunas ocasiones sus verdaderos líderes y financistas no han podido ocultar el éxtasis que les ocasiona el caos, pero casi siempre recurren al cinismo de alentar «sanciones» y violencia mientras «denuncian» ineficiencia estatal.
Si bien las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en 2024, la dinámica actual se centra en la estabilidad y la recuperación de un país por el que un grupo reducido, representado por lo más extremista del antichavismo, apuesta en contra, usando todos los recursos a disposición propia y extranjera, con el objetivo de acumular mayor capital político a su favor. A falta de proyecto nacional, para esos sectores vale más la destrucción.