Dossier: 70 AÑOS ATRÁS, LA INSURRECCIÓN ESTALLÓ EN BOLIVIA

En abril de 1952 tras largos días de batallas entre la población y el ejército, la Revolución Nacional Boliviana derrocó al gobierno, pretendió implantar un nuevo modelo socioeconómico en Bolivia, y se convirtió en el experimento de cambio más radical de América Latina hasta ese entonces. Se distribuyeron tierras y el Estado tomó el control sobre los recursos naturales y la economía. Incorporó a la vida política al sector campesino y femenino al establecer el voto universal. Este suplemento fue realizado por Nodal.am con aportes de La Época, de Bolivia.

Causas, características, consecuencias

Joaquin Montaño

La Revolución boliviana de 1952, llamada también Revolución Nacional, fue el periodo de la historia de Bolivia en el que gobernó el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Esta etapa se inició el 9 de abril, cuando una insurrección popular acabó con la Junta Militar que se había hecho cargo del país.

Las razones que llevaron al MNR al poder fueron, fundamentalmente, dos. El primero fueron los efectos que tuvo la Gran Depresión en la economía boliviana, mientras que el segundo fue la Guerra del Chaco, que hizo que los ciudadanos empezaran a cuestionar el sistema político del momento.

Las elecciones de 1951 fueron ganadas por el MNR, aunque sin mayoría absoluta. Sin embargo, la clase dirigente no aceptó ese resultado y entregó el poder a los militares. El 9 de abril de 1852 un levantamiento armado en el que participaron diversos sectores populares llevó a la presidencia a Víctor Paz Estenssoro.

Entre las medidas tomadas por el nuevo gobierno destacaron la implantación del sufragio universal, la nacionalización de las minas y una reforma agraria que trataba de dar solución a los problemas de los campesinos. En 1964, un golpe de Estado derrocó al gobierno del MNR, poniendo punto y final a la revolución.

Causas

La revolución de 1952 fue causada por varias razones, aunque la mala situación económica fue una de las que más pesó. A pesar de que el país había avanzado bastante, su estructura productiva, esencialmente agrícola, no era suficiente para que la población tuviera un nivel de vida aceptable.

Gran Depresión

La Crisis del 29, que comenzó en los Estados Unidos, se transformó pronto en lo que se ha conocido como Gran Depresión. Sus efectos llegaron a todas las partes del planeta, provocando la caída de las economías en muchos países.

En el caso de Bolivia, la crisis provocó un gran descenso de los precios de su mineral más valioso, el estaño. La merma de esta fuente de ingresos hizo que el país debiera declarar la suspensión de pagos de la deuda externa.

Guerra del Chaco

En 1932 comenzó un conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay que duró casi tres años. El motivo fue la disputa por un territorio llamado Chaco Boreal.

Este enfrentamiento supuso que los dos países, que ya de por si eran de los más pobres de la región, gastaran una enorme cantidad de recursos.

Al final de la guerra, el tratado de paz concedió tres cuartas partes del territorio en disputa a Paraguay. Este resultado, unido con el mencionado gasto de recursos, provocó que parte de la población comenzará a poner en cuestión el modelo político.

La oligarquía dominante empezó a ser criticada por el resto de las clases sociales. Ante esto, los oligarcas optaron por imponer su poder mediante la represión. Durante unos años se sucedieron varios gobiernos encabezados por militares.

Por otra parte, la clase trabajadora empezó a organizarse de una manera más efectiva. Esto se vería de manera clara durante los días que significaron el triunfo de la revolución de 1952.

Causas sociales y económicas

La sociedad boliviana, aunque había avanzado en las décadas anteriores a la revolución, seguía manteniendo una estructura dominada por la oligarquía. La burguesía esa muy escasa y existía un gran número de campesinos indígenas sin apenas derechos.

Por otra parte, los trabajadores, sobre todo los mineros, habían empezado a organizarse y a exigir mejoras laborales.

Para 1950, la población boliviana se había duplicado desde principios de siglo. Aunque este fenómeno también afectó a las ciudades, el país seguía siendo muy rural. Se estima que el número de personas que trabajaba en el campo era superior al 70% de la población. La propiedad de esos terrenos estaba en manos de grandes terratenientes.

En cuanto a la gran actividad exportadora del país, la minería, estaba dominada por los llamados barones del estaño. El Estado solo se quedaba con una parte muy pequeña de los obtenido.

Características y desarrollo

El Movimiento Nacionalista Revolucionario, había sido fundando justo tras el fin de la Guerra del Chaco, cuando el país se encontraba en una crisis de confianza. Las clases dominantes, oligarcas, barones del estaño y grandes hacendados empezaron a ser criticados.

Este partido político apareció con la intención de defender los intereses de los trabajadores y las clases medias. Tenía también un fuerte contenido nacionalista y no descartaba la revolución como método para llegar al gobierno.

Elecciones de 1951

Las elecciones de 1951 se celebraron con la victoria del MNR, cuyo líder, Víctor Paz Estenssoro, se encontraba en el exilio. A pesar de que ganó con una diferencia notable en los votos, el partido no logró obtener la mayoría absoluta.

Antes de que se eligiera al Presidente, que debía salir de algunos de los tres partidos más votados, el entonces mandatario decidió entregar el poder a los militares.

Después de un año bajo el gobierno de una Junta Militar, el 9 de abril estalló la revolución. Todo comenzó cuando Antonio Seleme, general de policía, realizó un levantamiento armado. Seleme contó con la ayuda de Siles Suazo y Juan Lechín, ambos dirigentes del MRN. Igualmente, los carabineros participaron en la insurrección.

Pronto se comprobó que este levantamiento contaba con mucho apoyo popular, especialmente entre los mineros y los obreros.

El día 11, Lechín encabezó la toma del Cuartel de Miraflores y del Palacio Quemado. Con esto, el MNR alcanzó el poder el Bolivia. La revolución había terminado con 490 fallecidos, pero el ejército había sido derrotado. La Presidencia fue ocupada por Paz Estenssoro, que regresó al país para ocupar el cargo.

Primera Fase (1952-56)

El primer gobierno del MNR estuvo presidido por Paz Estenssoro. Durante esta etapa, la Central Obrera Boliviana tuvo una incidencia muy importante en las decisiones tomadas.

Fue durante esta legislatura cuando se aprobaron las medidas más importantes, desde la reforma agraria a la nacionalización de las mina.

Igualmente, el gobierno reformó por completo el estamento militar. La mayoría de los oficiales fueron sustituidos y se formaron milicias campesinas y urbanas que pasaron a realizar buena parte de las labores de las fuerzas de seguridad.

Paz Estenssoro emprendió una campaña de represión contra los grupos opositores. El que más la sufrió fue la Falange Socialista Boliviana, que había tratado de dar un golpe de Estado.

Segunda fase (1956-1960)

Las siguientes elecciones, celebradas en 1956, determinaron que Hernán Siles y Ñuflo de Chávez se hicieran con el poder en el país.

Durante este periodo destacó el gran aumento de la inflación. Estados Unidos y el FMI obligaron al gobierno boliviano a tomar medidas para controlar esa subida. Los obreros rechazaron el decreto que las dictaba, lo que se empezó a distanciar al MNR de las organizaciones sindicales.

Tercera Fase (1960 1964)

Las políticas anti-inflacionarias antes mencionadas llevaron a que el MNR se presentara dividido a las elecciones de 1960. Finalmente, los vencedores fueron Vïctor Paz Estenssoro y Juan Lechín.

Esto no impidió que las relaciones con los sindicatos fueran cada vez más tensa. En 1963, la Central Obrera Boliviana rompió relaciones con el gobierno y convocó varias huelgas en los meses siguientes.

En 1961, el gobierno aprobó una nueva Constitución. Uno de sus puntos era la legalización de la reelección presidencial, algo que Paz Estenssoro buscaba.

Las elecciones de 1964 arrojaron un resultado muy favorable al candidato del MNR. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año fue derrocado por un golpe de Estado militar.

Ayuda de los EE.UU

Una de las características propias de la revolución boliviana fue que logró que los Estados Unidos apoyaran al gobierno surgida de ella.

A pesar de haber nacionalizado las minas, los estadounidenses consideraron al MNR como un movimiento nacionalista y no comunista. A lo largo de los años, ese apoyo se concretó en ayudas económicas y en el envío de comida cuando Bolivia tuvo problemas de escasez.

Central Obrera Boliviana

Entre las organizaciones que contaron con más influencia durante la revolución se encuentra la Central Obrera Boliviana. Esta fue creada en 1952, cuando varios sindicatos, de todos los sectores laborales, se agruparon en ella. Su primer líder fue Juan Lechín, quien, a su vez, ocupó el Ministerio de Minas y Petróleo en el primer gobierno de Paz Estenssoro.

Esta organización fue decisiva a la hora de empujar al gobierno a que nacionalizara las minas y las comunicaciones ferroviarias. Igualmente presionó para que la reforma agraria se convirtiera en realidad.

Durante las dos últimas etapas de la revolución, las relaciones de la Central Obrera y el gobierno empezaron a deteriorarse. Esto provocó que se convocaran varias huelgas en contra de algunas decisiones gubernamentales.

Consecuencias

De acuerdo a muchos historiadores bolivianos, los gobiernos de la revolución significaron un paso adelante para el país. Las políticas desarrolladas supusieron un gran cambio en todos los ámbitos.

Sufragio universal.- Una de las primeras medidas aprobadas por el gobierno del MNR fue la implantación del sufragio universal. Hasta julio de 1952, cuando se aprobó la medida, no podían votar ni analfabetos, ni indígenas ni mujeres. El número de electores aumentó en más de 800.000 personas.

Reforma del ejército.- Después de haberlo derrotado en las jornadas de abril de 1952, el nuevo gobierno emprendió una reforma en profundidad del ejército. Para empezar, legisló para que pasara de contar con 20000 efectivos a que solo tuviera 5000.

Otra medida fue la reducción del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas hasta dejarlo en un 6,7% del total. Para reemplazar a los militares se crearon milicias, tanto en el campo como en la ciudad. Estas tuvieron mucho poder hasta 1956. A partir de ese año fueron perdiendo prerrogativas en favor, de nuevo, del ejército.

Nacionalización de las minas.- Antes de la revolución, las minas bolivianas estaban en manos de tres grandes empresas: Aramayo, Patiño y Hoschild). En un primer momento, Estenssoro no tenía claro si proceder a nacionalizarse, ya que, anteriormente, la postura del MNR había sido la de implementar más control por parte del Estado pero sin expropiarlas.

Su primera medida fue en ese sentido. El Presidente prefirió que el Banco Minero tuviera el monopolio de las exportaciones y que todas las divisas conseguidas se ingresaran en el Banco Central.

Sin embargo, la Central Obrera presionó para que se procediera a nacionalizar todos los yacimientos mineros. Paz Estenssoro seguía dudando, ya que temía la reacción exteriro, sobre todo la de los EE.UU.

Finalmente, el gobierno encargó a una comisión que estudiara como proceder. La conclusión fue que se podía llevar a cabo la nacionalización, siempre y cuando se compensara debidamente a las empresas.

Así, el último día de octubre de 1952, el gobierno oficializó la decisión. Desde ese momento, 163 minas pasaron a estar en manos del Estado, que creó la Corporación Minera de Bolivia para gestionarlas.

Reforma agraria.- La estructura de propiedad de la tierra en la Bolivia previa a la revolución estaba dominada por los grandes terratenientes. El 70% de los terrenos de cultivo estaban en manos de solo un 4,5% de la población.

Los trabajadores, por su parte, padecían unas condiciones laborales miserables. Los indígenas, muy numerosos entre estos trabajadores, estaban obligados a llevar sus propias herramientas e, incluso, las semillas. Por otra parte, la productividad de las explotaciones agrícolas era realmente baja. De hecho, el país tenía que comprar al exterior gran parte de los alimentos que necesitaba.

Todo esto explica la necesidad de una reforma agraria que resolviera los problemas. Como ocurrió con las minas, el gobierno encargó a una comisión que estudiara cómo realizarla. Tras un tiempo de análisis, la ley se promulgó en agosto de 1952. Esta reforma agraria expropió gran parte de las tierras a los latifundistas, que fueron compensados económicamente. Los indígenas recibieron los terrenos, aunque se les impidió venderlas posteriormente.

A pesar de las buenas intenciones, la reforma agraria arrancó con muchas dificultades. No fue hasta después de 1968 cuando los resultados comenzaron a ser positivos.

Reforma educativa.- Más del 65% de los bolivianos, según datos de 1952, eran analfabetos. El gobierno del MNR creó la Comisión Nacional de la Reforma Educativa para solventar esta gran carencia social. La legislación resultante pretendía extender la educación por toro el país. Los resultados fueron desiguales: en las ciudades la iniciativa se desarrolló con éxito, pero en el campo, a pesar de crecer el número de estudiantes, la educación impartida no tenía la calidad necesaria.

Protagonistas

Víctor Paz Estenssoro.- Paz Estenssoro vino al mundo el 2 de octubre de 1907, en Tarija. Durante su carrera política, este abogado ocupó en cuatro ocasiones la presidencia del país.

Estenssoro fue el primer presidente surgido de la revolución, en 1952. Fue el responsable de algunas de las medidas más importantes que se desarrollaron en esa etapa, desde la nacionalización de las minas a la implantación del sufragio universal.

El político recuperó el cargo en 1960 y, de nuevo, ganó las elecciones de 1964. Sin embargo, un golpe de Estado impidió que completara ese último periodo legislativo. Tras esto, tuvo que partir al exilio. Sin embargo, Estenssoro regresó a la actividad política en los años 70, cuando colaboró en el gobierno de Banzer.

Después de otros cuatro años exiliado, en 1978 volvió a presentar su candidatura como presidente del país. A mediados de los 80 ocupó por última vez el cargo y tuvo que afrontar una delicada crisis económica caracterizada por la gran inflación. Vivió los últimos años de su vida retirado de la política. Su fallecimiento se produjo en Tarija, en junio de 2001.

Hernán Siles Zuazo.-Siles Zuazo fue uno de los líderes principales de la revolución en Bolivia. El político había nacido en La Paz, en marzo de 1913 y se convirtió en vicepresidente durante la primera legislatura del MNR. Su participación fue fundamental para la aprobación de algunas de las medidas sociales más importantes del gobierno de Paz Estenssoro.

En 1956, pasó a ocupar la presidencia. Sus cuatro años de mandato no fueron tranquilos, ya que se produjeron varios intentos de golpe de Estado. Después, fue nombrado embajador en Uruguay.

Durante los últimos años de la revolución, Siles se distanció de los dirigentes del partido. Por ese motivo, fundó su propia organización política y se opuso a la intención de Estenssoro de optar a la reelección. En 1980, Sales Zuazo ganó las elecciones para la presidencia, como candidato de la Unidad Democrática Popular. Un golpe militar impidió que ejerciera el cargo. El político tuvo que esperar a 1982 para ocupar ese puesto.

Juan Lechín Oquendo.- Lechín Oquendo, natural de La Paz, jugó un papel muy importante durante las jornadas revolucionarias de abril de 1952. Este minero encabezó el movimiento popular que permitió derrotar al ejército.

Este político destacó por su participación en los movimientos sindicales. Así, se mantuvo como secretario general de la FSTMB (sindicato de mineros) entre 1944 y 1987. Igualmente, fue secretario ejecutivo de la Central Obrera, que el mismo contribuyó a fundar en 1954. Sus cargos institucionales en los distintos gobiernos fueron dos: Ministro de Minería y Petróleo (1954 – 1960) y Vicepresidente del gobierno (1960 – 1964).

Lechín se ubicaba en el sector más izquierdista del MNR. Esto le llevó a tener enfrentamientos con algunos de sus compañeros, más moderados. En 1964 creó su propio partido, el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional, que dio su apoyo al golpe de Estado que derrocó a Paz Estenssoro. Tras la revolución se vio obligado a partir al exilio.

*Licenciado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz de la Sierra

El régimen económico financiero de 1938 y la revolución nacionalista de 1952

Luis Oporto Ordóñez

La revolución social impulsada por obreros fabriles y mineros, en la coyuntura de 1952, al influjo del golpe de Estado que había organizado el Movimiento Nacionalista Revolucionario, tiene sus orígenes en la generación de militares de la guerra del Chaco.

Germán Busch, es uno de esos jóvenes patriotas que tomó el poder derrocando a su antiguo protector, el Gral. David Toro. Llegó a palacio de gobierno decidido a servir a su patria, convocó a la Convención Nacional de ese año, que legitimó su investidura, eligiéndolo Presidente Constitucional y sancionar una nueva constitución.

Los convencionales de ese histórico congreso, entre ellos Waldo Álvarez (La Paz), Augusto Céspedes (Cochabamba), Trifonio Delgado (Huanuni), Félix Eguino (Omasuyos), Wálter Guevara (Arani), Víctor Paz (Tarija), Corsino Rodríguez (Potosí) y Emilio Sejas (Bustillos), sancionaron la Constitución que introdujo, por primera vez en la historia de Bolivia, el Régimen Económico Financiero del Estado, que debía responder “esencialmente a los principios de justicia social, que tiendan a asegurar una existencia digna del ser humano”. En su Art. 107, declara como “dominio originario del Estado (…) todas las sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico”; consagra la potestad del Estado para “regular el ejercicio del comercio y de la industria, asumir la dirección superior de la economía nacional”; prescribía que “la exportación del petróleo de propiedad fiscal o particular, se hará por intermedio del Estado o de una entidad que lo represente”; ordenaba que “todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país, se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la república”, y finalmente, como broche de oro, el Estado reconocía y garantizaba “la existencia legal de las comunidades indígenas y el fomento de la educación del campesino mediante núcleos escolares indígenas”.

La Constitución de 1938 sentó las bases de la futura revolución democrática y social. Marca el inicio de una larga batalla por recuperar el derecho de los bolivianos a explotar sus recursos naturales, vivir con dignidad y reconocer los derechos de los campesinos. La medida concitó apoyo popular, pero al mismo tiempo, rechazo de la gran minería y la oligarquía feudal-latifundista y mercantil, que había construido con esmero desde 1825 un régimen entreguista y servil, por ello la misma noche del 28 de octubre en que el “Camba” Busch promulgó el texto constitucional, decretó la guerra a muerte a su gobierno. El 23 de agosto de 1939, el joven militar aparecía muerto, aparentemente por mano propia en acto suicida. La tranquilidad había vuelto al seno de la vieja clase dominante que impuso de inmediato una Junta de Gobierno presidida por el Gral. Carlos Quintanilla. Más tarde, el 21 de diciembre de 1942, el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda instruye la cruenta, torpe y salvaje masacre minera de Catavi, que a la postre provocará su caída, a manos otro militar patriota, Gualberto Villarroel, que retoma la línea de Busch, el 20 de diciembre de 1943. En su estertor de agonía, la oligarquía se ensaña contra el presidente militar, usando su poder económico y el favor de la “rosca”, toma por la fuerza Palacio, asesina al presidente y martiriza su inerte humanidad, colgándolo de un farol de la Plaza Murillo, el 26 de julio de 1946.

Sin embargo, el viejo régimen está herido de muerte y se inicia su cuenta regresiva, con un amago de guerra civil en 1949, y la urgente convocatoria a elecciones en 1951, en las que triunfa inesperadamente la fórmula del Movimiento Nacionalista Revolucionario, liderado por Víctor Paz, Hernán Siles, con el 42.91% de los votos. En una torpe reacción, el presidente Urriolagoitia dimite el poder a favor del Gral. Hugo Ballivián Rojas, con el consecuente apresamiento y destierro de la joven dirigencia ‘movimientista’, que no obstante se rearticula y planifica un golpe de mano con la complicidad del Gral. Seleme, Ministro del Interior.

En la madrugada del 9 de abril de 1952, el develado golpe de Estado se trastoca en una revolución popular. Los trabajadores fabriles del barrio de Villa Victoria, en abierta insurrección popular, dan un vuelco a la situación política, junto a aguerridos mineros de Milluni que enrumban a Palacio de Gobierno con sus fusiles Mauser. Estas milicias populares, en coyuntural alianza con la fuerza de carabineros, toman por asalto la plaza fuerte, los centros neurálgicos de poder, enfrentan y derrotan a dos regimientos (Ingavi y Lanza) y a los cadetes del Colegio Militar, tropas del Ejército nacional imbatibles hasta entonces en asonadas y golpes de Estado. En esa coyuntura, una poderosa y sorda rebelión que se gestaba en el agro del país, irrumpe con fuerza descomunal, tomando haciendas emblemáticas de la región del lago como Taraco, y las del valle de Cochabamba. Quizá este fue el golpe más duro contra el viejo régimen, pues ataca al corazón mismo del régimen feudal: la Hacienda. En su seno, había conculcado los derechos de los indios de Bolivia, los sometió al oprobioso pongueaje y al trabajo servil, al que estaban sujetos hombres, mujeres y niños. La revolución fue rápidamente cooptada por el MNR. Hernán Siles, aclamado como líder de la insurrección, envía al Capitán René Barrientos Ortuño a recoger a Paz Estenssoro de Buenos Aires, donde se encontraba asilado.

Si bien es cierto que las medidas que dicta el MNR (voto popular, 21 de julio de 1952; Nacionalización de las minas, 31 de octubre de 1952; Reforma Agraria, 2 de agosto de 1953; y el Código de Educación, 1955), muestran el sello de una revolución nacionalista, las dos fundamentales de carácter estructural, fueron impuestas por la base minera y campesina. La contraofensiva obrera fue inmediata. La Federación de Mineros impuso el control obrero con derecho a veto en la naciente Corporación Minera de Bolivia, imponiendo el ideal revolucionario del ‘poder dual’, pues la simple declaratoria de huelga general indefinida por parte de la FSTMB significaba la caída de cualquier régimen. La presencia revolucionaria de las bases obreras y campesinas, expresada en milicias mineras y campesinas, es la señal más clara de la revolución social.

En los hechos el MNR fue forzado a decretar las medidas revolucionarias de la nacionalización y la reforma agraria, pues en su fuero interno, el MNR era proclive a una revolución democrática burguesa, para fortalecer el surgimiento de una burguesía nativa, a la que le dejaba como legado político el desarrollo de una industria nacional capitalista. Para ello era fundamental vertebrar el país, por medio de la marcha al oriente (plasmar el viejo Plan Bohan que había dejado como herencia el gobierno de Peñaranda), hacia tierras feraces, vírgenes, donde estaba la semilla del futuro agroindustrial boliviano.

El inicial golpe de mano, liderado por la clase media ‘movimientista’ urbana, al tropezarse de forma intempestiva con la fuerza del movimiento obrero-popular-campesino, que actuaba de forma independiente (quizá instintiva al inicio), provocó una curiosa simbiosis que derivó en un fenómeno inesperado y no deseado: el cambio estructural del viejo modo feudal-latifundista y el capitalismo minero de enclave, en un nuevo modelo de Capitalismo de Estado, en gran medida, gracias a labor patriótica de los convencionales de 1938 que habían insertado en el texto constitucional de ese año, el Régimen Económico y Financiero del Estado, incorporando el precepto de patrimonio del Estado, algo que la vieja y las nuevas oligarquías nunca lograron desmontar.

* Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas. Docente titular de la Carrera de Historia de la UMSA.

Abril de 1952 y los principios de una revolución real

Esther Eunice Calderón Zárate*

 “La crisis, por tanto, es el movimiento de estas sociedades y quizá de las sociedades en general. De aquí se derivan las cuestiones del momento del conocimiento social, es decir, de la súbita capacitación del sujeto, que es la clase, para conocer lo que antes le estaba vedado (…)”.René Zavaleta Mercado

Abril, un mes de apertura de posibilidades y horizontes.  La revolución democrática de 1952, nos conduce a evocar tiempos de lucha social y derechos reivindicados. Sin duda, la Revolución del 52 marcó un hito histórico aparentemente insuperable en la historia de Bolivia. Como toda revolución tuvo hechos plausibles que marcaron y replantearon el curso de los acontecimientos, así como momentos críticos en los que se llegó a pensar que todo estaba perdido.

Es necesario retomar una postura crítica, a más de medio siglo de distancia de aquel estallido transformador en el que una nación excluyente de las grandes mayorías obró de manera irreversible haciendo justicia a los trabajadores, a las mujeres y a los pueblos indígenas mediante hechos claves como el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y la reforma educativa.

¿Por qué asumir una postura crítica? Quizá para evitar el perjuicio de permanecer en el plano aparente de la realidad, pero también para guiar los procesos revolucionarios de nuestros tiempos. La historia enseña, entonces desconocer el pasado nos lleva a vivir un presente irresponsable y a forjar un futuro errático e inseguro.

¿Fue la Revolución de 1952 una verdadera revolución?, ¿qué aspectos nos permiten identificar que una revolución es real?, ¿podemos desmerecer los triunfos de un proceso revolucionario por la decadencia moral de sus bloques políticos impulsores?

He aquí algunas reflexiones respecto a lo que una revolución real debe producir.

Una revolución real debe producir la transición hacia un nuevo tipo de Estado y una nueva forma de ejercicio del poder. Es decir, no es suficiente la transmutación de las élites en el poder, pues una nueva élite que no esté predispuesta a transformar el tipo de Estado ve todas sus aspiraciones de transformaciones políticas, económicas y sociales subsumidas por el sistema estatal anterior. Asimismo, se continúan reproduciendo las mismas estructuras de dominación si la concepción y el ejercicio del poder no son transformados.

El voto universal, gran conquista de la época, podría catalogarse como una transformación democrática de gran apertura. Sin embargo, a pesar del acceso a las urnas de las mayorías excluidas, ahora “con poder de decisión”, no cambió el contenido real del ejercicio del poder. Predominó todavía el poder entendido como dominación y ejercido con verticalidad y autoritarismo, arraigando la relación mando-obediencia. En este sentido, la autodeterminación y el poder de decisión del pueblo se mimetizaron y/o se convirtieron en parte de la estructura estatal (será también importante resaltar lo que Zavaleta entendió como la fase semi-bonapartista del poder).

Ya en este punto es importante advertir que a pesar de que existan hechos concretos de sustancial importancia que magnifiquen el impacto de una revolución, el programa, las categorías y las consignas revolucionarias que antes eran repetidas como horizonte revolucionario, pueden ahora estar vacíos de contenido.

Por eso René Zavaleta Mercado afirmó que la Revolución del 52 fue una revolución democrático burguesa que, como todas las revoluciones democrático burguesas, persiguió objetivos como la integración territorial y la democratización económica y política; pero no resolvió las contradicciones culturales principales (contradicciones “de clase y no de raza”, diría Zavaleta). El Estado del 52 fue un Estado burgués.

Una revolución real debe descubrir aquello que el antiguo poder político encubrió con el fin de perpetuar la dominación. Pero no basta con descubrir, sino que es necesario potenciar aquello. La Revolución del 52 recuperó el pasado indígena y amplió la visión de la cultura, pero todavía estaba muy lejano el horizonte de posibilidad que permitiría a los pueblos indígenas y a las mayorías asumir el poder efectivo y real del Estado más allá de solamente acudir a las urnas.

Una revolución popular real no debe delegar el poder a un partido (burgués). Probablemente el mayor error de la Revolución del 52 fue que los obreros, fabriles y mineros, se liberaron del poder de los barones del estaño para sujetarse al poder de un partido político, minimizando y casi anulando su poder de decisión.

Por último, una revolución no debe condensar la totalidad del potencial transformador en la figura de un líder. El error de Víctor Paz Estenssoro fue creer que la revolución era él. Si no existe un anclaje popular fuerte y compacto que sostenga, otorgue vigor y multiplique el proceso revolucionario, si la continuidad de un proceso revolucionario depende solamente de una persona, al errar ésta el proceso se desmorona.

1952: ¿revolución popular o revolución burguesa? La reflexión histórica ya ha emitido sus juicios. Hoy es menester reconstruir el pasado y respetar sus consejos, y así evitar que las próximas generaciones continúen creyendo que “la historia se repite”.

* Politóloga y representante de la Comunidad Crítica Creativa /

 

La Revolución  de 1952 y los pueblos indígenas

Esteban Ticona Alejo

Desde una perspectiva histórica y política, intentamos aproximamos al impacto que tuvo la revolución de 1952 en los pueblos indígenas. Nuestro acercamiento enfatiza más las experiencias aymara, quechua y uru, porque creemos conocerlas mejor. La revolución del 9 de abril de 1952, ¿qué reivindicaciones indígenas ha cortado y, consiguientemente, ¿Qué nuevos valores ha alentado?

1. La reivindicación indígena “pre 52”

1.1. Los Apoderados Generales, 1880-1900

La Ley de Exvinculación de 1874 sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del ayllu por la propiedad individual. En otras palabras, se declaraba legal mente la extinción del ayllu y se pretendía parcelar su territorio, individualizando la propiedad comunal, mediante la dotación de títulos individuales.

Para las poblaciones indígenas andinas fue un golpe duro, pues el Estado boliviano pretendía destruir la sociedad ayllu mediante un decreto. Como consecuencia de la aplicación de la citada ley, se desató el más importante proceso de expropiación de tierras indígenas de la historia republicana, implementado a través de la Revisita General de tierras del año 1881 (Condarco Morales 1986).

Frente a esta política estatal anti-indígena, alrededor de 1880 se constituye un movimiento indígena, denominado los Apoderados Generales, conformado por autoridades originarias como Jilaqatas, Mama jilaqatas, Jilanqus, Mallkus, Mama mallkus, Kurakas, etc., de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Feliciano Espinosa y Diego Cari Cari fueron sus primeros representantes. Las principales acciones de estos Apoderados Generales fueron representar a las markas, ayllus y comunidades indígenas de los cinco departamentos citados y oponerse a las pofíticas de expansión de la hacienda de los sectores dominantes, utilizando la legislación de la época.

El resultado de esta masiva oposición y resistencia indígena fue, en primer lugar, la suspensión de la Revisita General de tierras por parte del gobierno y, en segundo lugar, la exención de las comunidades originarias de la Revisita. De ahí que las tierras de los ayllus y comunidades originarias, que habían sido compradas de la Corona de España en la época colonial mediante títulos de Composición y Venta, comenzaron a tener vigencia.

Sin embargo, en la medida que el movimiento de los Apoderados Generales continuaba en la lucha, fue logrando algunas reivindicaciones más inmediatas, pero también comenzó a rebasar los marcos de la lucha legal, pasando a otra etapa más subversiva. En esta etapa se configuró claramente el poder de los ayllus y comunidades, que comenzaron a plantear el derecho a la autonomía. En este panorama de movilización indígena se ubica el desacato a las autoridades superiores y subalternas, propugnado por los Apoderados Generales (Demelas 1984, Ticona 1989 y Condarco Morales 1986).

Aunque existen pocas investigaciones en profundidad sobre esta etapa de movilización indígena, la formación del primer gobierno indígena en Peñas -departamento de Oruro-, alrededor de 1900 a la cabeza de Juan Lero, no fue una casualidad de la participación aymara-quechua en la guerra federal de 1899, sino una consecuencia de la fuerte convicción indígena de buscar su autogobierno (Condarco Morales 1986).

1.2. Los Caciques Apoderados, 1912-1952

Después de la derrota del movimiento éle los Apoderados Generales, primero a la cabeza de Feliciano Espinoza y Diego Cari Cari, y luego de Pablo Zárate Willka, Juan Lero y otros (1899-1900), alrededor de 1912 continúa el movimiento indígena aymara, quechua y uru en su lucha. Ahora liderizados por una red denominada los Caciques Apoderados, pertenecientes a los ayllus y comunidades de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, quienes emprendieron una prolongada lucha legal hasta 1952 en demanda de la restitución de las tierras comunales, usurpadas por las haciendas.

Esta segunda etapa de lucha fue calificada de reivindicación por la “soberanía comunal” y “por la ciudadanía” (Rivera 1989). Aparecen como figuras visibles de este movimiento Santos Marka T’ula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo Alfaro, Dionicio Phaxsi Pati, Feliciano Condori y muchos otros (Thoa 1984 y Choque y Ticona 1996).

Una de las estrategias de los Caciques Apoderados fue la recuperación de los títulos coloniales de Composición y Venta otorgados por la Corona de España. Esta búsqueda llevó a los Caciques Apoderados a una interpretación de la recuperación de las demarcaciones originales de los ayllus y comunidades, lo que originó serios enfrentamientos con la casta dominante.

Uno de los ejes del conflicto entre la sociedad indígena y la sociedad criolla-mestiza dominante era el problema del territorio: no meramente como medio de producción, sino como el territorio del ayllu y la comunidad considerado en su totalidad. Vale decir, desde el espacio productivo y social, hasta los espacios sagrados de los uywiris (cerros tutelares), que representan la relación de los ayllus y la comunidad con sus antepasados.

En la medida que los gobiernos liberales se fortalecían y se legitimaban los usurpadores de tierras comunales, la red de Caciques Apoderados tuvo que diseñar otras estrategias en una lucha desigual en la que sin embargo estaba empeñada por la convicción de que los ayllus eran los propietarios primigenios del territorio desde sus antepasados.

1.3. La propuesta de “Renovación” de Bolivia de Eduardo Leandro Nina Quispe

Eduardo Nina Quispe, aymaradel ayllu Chivo de Taraco, fundó la Sociedad República del Qullasuyu en 1930. Esta institución se constituyó en un centro generador de ideas, capaz de luchar contra el sistema imperante.

Mientras, las autoridades educativas se esforzaban por establecer escuelas normales rurales en los Andes, especialmente en Caquiaviri y Warisat’a de La Paz. A su vez, las iglesias católica y evangélica pensaban en dar “algún oficio” y adoctrinamiento religioso a la población originaria. Los propios indígenas, como Nina Quispe, pensaban -y actuaban según ello- que en la “educación del indio” la enseñanza-aprendizaje tenía que coadyuvar a la defensa y restitución de los territorios de los ayllus, amenazados y/o convertidos en haciendas.

El Centro Educativo Qullasuyu era una institución comunitaria de los ayllus y markas. Su dinámica se había extendido a varios departamentos de la república, como Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca y, en la época de la guerra del Chaco (1932-1935), a Santa Cruz, Beni y Tarija. Lo más llamativo de este Centro fue su constitución, conformada por todas las autoridades originarias Uilaqatas) y representantes de los distintos ayllus y comunidades.

Eduardo Nina Quispe, en una de sus publicaciones más importantes titulada, De Los títulos de composición de La corona de Espaiia, plantea la propuesta de la “Renovación” de Bolivia. Aquí queda cl~ro que los territorios de los ayllus y comunidades, legalizados mediante títulos coloniales, por haber sido adquiridos en oro y compensados con trabajos de mit’a en Potosí, otorgaban pleno derecho propietario a los ayllus y markas de la época.

Este fue el argumento central del movimiento indígena de entonces para exigir al gobierno la inmediata posesión (en algunos documentos aparece como deslinde) administrativa en favor de los ayllus y comunidades, a pesar de que muchas de estas tierras estaban en poder de los hacendados después de la Revisita de 1882.

En el documento citado, Eduardo Nina Quispe muestra que el movimiento indígena tenía interés en la preservación no sólo del patrimonio territorial e histórico del ayllu y la marka andina, sino de la totalidad del territorio nacional.

No cabe duda que Nina Quispe, a partir de su labor educativa y defensa del territorio de los ayllus y markas, planteó la idea de la renovación o la re-fundación de Bolivia. Por eso decía:

“Todos los bolivianos obedecemos para conservar la libertad. Los idiomas aimará y quechua, habla la raza indígena, el castellano, lo hablan las razas blanca y mestiza. Todos son nuestros hermanos” (Nina Quispe 1932).

Queda claro que pen~aba que Bolivia tendría un mejor destino si partía del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también de los no indígenas. Esto es lo que hoy se denomina la búsqueda de la convivencia intercultural (Mamani 1991).

1.4. La Guerra del Chaco y el movimiento indígena

La guerra del Chaco contra el Paraguay (1932-35) trajo una serie de consecuencias para los caciques apoderados. Las organizaciones indígenas fueron combatidas por el Estado, en especial por la logia militar Legión Cívica, instancia especializada en la represión india.

Según testimonios orales recogidos, el panorama para los indígenas del país, en los años de la guerra y posteriores a la misma, fueron muy difíciles. Por ejemplo, los indígenas. muchos de ellos caciques apoderados, fueron objeto de constantes apresamientos y enviados posteriormente al campo de batalla. En otros casos, se encarceló a connotados líderes, como fue el caso de Eduardo Nina Quispe. Todos fueron tildados de “comunistas” o “subversivos” y acusados de ”atentar” contra la seguridad del Estado, en plena confrontación internacional. Esta coyuntura de guerra externa e interna obligó a los caciques apoderados a una especie de “exilio interno”, que supuso el retorno a sus lugares de origen u otras regiones distantes. Esta “clandestinidad obligada” impuso a los líderes del movimiento, perder gradualmente la vigencia del movimiento. Aquí se inicia el quiebre paulatino de la organización de los caciques apoderados que, hasta entonces, había logrado frenar, en alguna medida, el avance vertiginoso de las haciendas, alentado por políticas estatales y para-estatales (Arze 1987 y Choque y Ticona 1996).

1.5. El Primer Congreso Indígena de 1938

Según la historia oral y la documentación de la época, el movimiento indígena, principalmente de los caciques apoderados, trató de dar una respuesta a su difícil situación organizativa, planteando la realización de un congreso de indígenas en 1938.

Pese a la euforia, crisis y cierta apertura social post guerra del chaco, el movimiento indígena tuvo muchas dificultades para organizar el encuentro. La situación obligó a los caciques apoderados a buscar aliados ocasionales, por ejemplo algunos sectores progresistas de la iglesia católica. Este hecho obligó a que el evento se denomine Congreso Eucarístico. Lamentablemente, esta junta no llegó a tener mucho éxito, aunque quedan muchas interrogantes por investigar, por ejemplo, el por qué del fracaso.

Más adelante, la muerte de uno de los principales cabezas del movimiento indígena, el cacique Santos MarkaT’ula, acaecida el 13 de noviembre de 1939(Thoa 1984), quiebrala idea de la reorganización total. Sin embargo, alrededor de 1940, el brazo educativo de los caciques apoderados, el Centro Educativo de Aborígenes ‘Bartolomé de las Casas’, a la cabeza de Leandro Condori Chura (Condori y Ticona 1992 y Ticona 1999), logra reorganizar sus filas. Pero tiene como contrapartida una serie de reacciones gamonales, como las de la provincia Omasuyos y muchas otras provincias del interior del país.

1.6. El Congreso Indigenista de 1945

La política estatal a mediados de los años cuarenta, en manos de militares y civiles que vivieron la frustración de la guerra del Chaco, fue tratar de subsanar algunos problemas de los indígenas. El acercamiento de este grupo de oficiales y civiles adoctrinas nacionalistas y de izquierda posibilitó una lectura campesinista del asunto indígena.

En ese marco, se realizó el congreso indigenista de 1945, promovido en gran medida por el Estado, pero también apoyado por pequeñas fracciones indígenas. Aquí aparece una nueva generación de indígenas, vinculados más a organizaciones políticas partidarias que a sus ayllus y comunidades, como es el caso de Antonio Álvarez Mamani y otros (Ranaboldo 1987).

Lo más llamativo de las resoluciones del Congreso del 45 es la marcada tendencia clasista y campesinista. Esto se explica porque el nuevo sector indígena pro-sindicato campesino, estaba supeditado a posiciones externas, principalmente al partido político del MNR, que leían la realidad rural desde la vertiente de h clase social, dejando de lado las viejas reivindicaciones territoriales y de identidad cultural, planteadas por los caciques apoderados.

 

2. La Revolución Nacional de 1952

La insurrección armada del 9 de abril de 1952 es quizás uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia de Bolivia, porque dio inicio al resquebrajamiento del periodo de exclusiones e inauguró la etapa de la democratización del país; pero a la vez, permitió ciertas líneas de continuidad postcolonial, en especial para los pueblos originarios.

Según Zavaleta Mercado (1992: 67-68), para la revolución del 52 hubo necesidad de dos condiciones: primero, la destrucción del aparato represivo del Estado oligárquico2 y, segundo, la participación del pueblo: indígenas y campesinos, artesanos, sectores populares, estudiantes, quienes alrededor de la combatividad de la clase obrera (indígena), configuraron el carácter de una auténtica revolución democrático-burguesa.

El “Estado del 52” es la constitución del estado burgués sin la burguesía y, a pesar de esta paradoja, se distingue por iniciar la construcción de un nuevo Estado (Zavaleta 1992: 68-69). Pese a las reformas antinacionales, la Revolución de 1952 ocasionó importantes cambios sociales, económicos y políticos en el país. Los aspectos más distintivos de este proceso son:

1.  En lo global, se intentó re fundar el Estado-nación, mestizo y homogéneo.
2.  La reforma agraria de 1953 y los programas de “colonización” y la “marcha al oriente”, en el ámbito socioeconómico.
3.  La multiplicación de escuelas rurales, en lo educativo.
4.  El voto universal y la imposición nacional de los “sindicatos campesinos”, en el campo organizativo y político.

En la región occidental o andina del país, a partir de la revolución de 1952, los irÍdígenas excluidos y discriminados empezaron tibiamente a ser tomados en cuenta por el Estado, aunque bajo el denominativo de “campesinos”, pero no se reconoció legal mente su situación de pueblo indígena, mucho menos sus identidades culturales. Esta política de discriminación recién se intentó resolver en la última década del siglo XX.

2.1. La Reforma Agraria de 1953

El 2 de agosto de 1953, en Ucureña (Cochabamba) se firmaba el Decreto de Reforma Agraria, una de las principales medidas del nuevo régimen. La reforma agraria fue sin duda un paso interesante, más por la presión indígena y campesina que por la convicción del gobierno del MNR. A la luz de la historia, no fue un simple regalo del gobierno del MNR, sino el resultado de muchos años de presión del movimiento indígena y campesino. La Reforma agraria se proponía abolir la servidumbre o “colonato” campesino e indígena, poner término al régimen de hacienda y proporcionar tierra a los que no la poseían. Lo consiguió en cierta medida, sobre todo en la región andina. donde se logró expropiar las haciendas, transformando a los antiguos colonos en propietarios, con lo que desaparecieron también las anteriores relaciones de servidumbre, salvo en áreas periféricas o bajo modalidades restringidas.

Pero, la reforma del 53 mantenía una fuerte dosis de la orientación liberal planteada desde el siglo XIX. Lo manifestó públicamente el propio Víctor Paz Estenssoro: “La reforma agraria no implica necesariamente un criterio socialista, es un c1iterio liberal; representa salir del régimen feudal superado ya en muchas naciones, pero que en los países atrasados económicamente como son los de Latino-América en su mayoría, persiste todavía. La subdivisión de la tierra es la clásica proposición de reforma agraria del tipo liberal.” (Paz Estenssoro 1955: 310)

2.2. Los ayllus y comunidades originarias, los ignorados

La Ley de Reforma Agraria de 1953 fue ambigua con los ayllus y “comunidades”3 originarias. Esta falta de claridad no permitió brindar mejoras a los comunarios, aunque se toleró su reproducción como sistema socio-económico y político local.

Los ayllus y “comunidades originarias” no recibieron beneficio especial alguno de la Ley de Reforma Agraria, la cual se limitó a garantizar algo de sus derechos, por ejemplo, declarando inafectables e inalienables las tierras que disfrutan y estableciendo, además, que las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, desde el 1o de enero del año 1900, les serían restituidas (Ferragut 1965: 460-461)

Comenta Casto Ferragut (1965: 462), uno de los primeros evaluadores de la Reforma:

“Un funcionario del Servicio Nacional de Reforma Agraria en una de las oficinas del interior de la república, hizo a este escritor la sorprendente afirmación de que la reforma (agraria) boliviana escasamente beneficia a la tercera parte de las familias que viven en el campo, ya que más de la mitad eran comunarios, los cuales no reciben ventaja especial alguna de la reforma y unos 60.000 poseen lotes menores de 10 hectáreas que la reforma se limita a consolidar a favor de sus actuales poseedores.”~ Los redactores de la Ley de Reforma Agraria tuvieron “el buen sentido de no aventurar disposiciones de fondo al respecto, conscientes de la complejidad y magnitud del problema”.

De esta manera pretendieron ignorar, pensando que se extinguiría como consecuencia de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria del 53 (Urquidi 1982: 60).

Finalmente, aunque con un retraso de diez años, se implantó otro de los objetivos de la Reforma Agraria: la apertura a la producción agrícola de nuevas tierras hasta entonces vírgenes, a través de los proyectos de “colonización en el oriente”. Pero, hay aspectos que nunca llegaron a ejecutarse, como el de la tecnificación del agro y, en cierta medida, el de la producción cooperativizada. Esto último se intentó inicialmente en las tierras que habían pertenecido directamente al patrón. Sin embargo, debido a una serie de deficiencias de planificación y ejecución, este intento inicial no llegó a prosperar (Albó 1979: 6-7)

Uno de los temas de fondo, que no encajaba con el enfoque general del nuevo gobierno, era que su reforma se limitaba al aspecto de propiedad productiva -“la tierra para el que la trabaja”- y no entraba en su esquema la tan íntima relación entre territorio y organización social, típica de los ayl1us y comunidades andinas. Por eso mismo, prefirió transformarlos en “sindicatos campesinos”, como forma más adaptada a la nueva situación (sobre todo para sus fines políticos) y, a lo más, aceptaba a la cooperativa como posible unidad productiva.

¿Qué ocurrió en la práctica en los ay11us y comunidades originarias?

2.3. El “sindicato campesino”, la nueva receta

La formación de los sindicatos campesinos no fue fomentada sólo por el MNR sino que era parte de una nueva corriente que estaba ganando cuerpo después del Chaco en varias zonas de haciendas, con el apoyo de varios partidos, sobre todo el PIR y el MNR, y de organizaciones obreras, que ya tenían su práctica sindical desde antes. Sin embargo, fue el MNR el que canalizó y generalizó esta corriente, añadiéndole a la vez una relación política clientelar en el campo (Antezana y Romero 1968: 78).

Se puede ver la verdadera orientación de las políticas agrarias del MNR cuando éste comenzó a atentar contra las estructuras organizativas de la comunidad originaria o ayllus tradicionales (Ticona 1993 y 2000).

2.4. El “sindicalismo campesino”: un proceso “civilizador”

Al promover la sindicalización masiva del campo’, el MNR impuso sus objetivos partidarios, lo que desvirtuó su inicial función reivindicativa y convirtió a los sindicatos campesinos “en centros de entronización de nuevos caciques y de verdaderas escuelas de adoctrinamiento” (Bonilla y Fonseca 1967: 69).

De esta manera, la política ideológica de los gobiernos del MNR tuvo también cierto impacto buscado hacia la homogeneización cultural de la sociedad boliviana: la universalización del sindicato, la caste11anización masiva y el rechazo a la autoridad originaria (Rivera 1990: 19).

Tras este éxito aparente, se detecta también un nuevo discurso civilizador. El sindicalismo, apoyado por la masificación de las escuelas rurales, quebró la relación intergeneracional y ocasionó que los jóvenes rechacen el pasado de sus mayores, como algo arcaico y menos digno. En términos de la sociedad colonial, la estructura sindical fue concebida como el espacio de la “civilización y progreso”, el camino hacia la modernización, por el que sí valía la avanzar desconociendo toda la experiencia del pre 52 (Ticona 1993 y Ticona Albó 1997).

2.5. El “Estado del 52” y los pueblos amazónicos, orientales y chaqueños

El “Estado del 52” generó todo un imaginario en torno a las tierras bajas y sus pobladores originarios. La política de la “marcha al oriente” estaba orientada a la colonización interna de las tierras bajas. Se pensaba que las tierras amazónicas, orientales y chaqueñas eran vírgenes y con pocos habitantes, como expresa la Ley de Reforma agraria de 1953, en su Capítulo 1Il, De las reducciones selvícolas. El Artículo 129 indica:

“Los grupos selvícolas de los llanos tropicales y sub-tropicales, que se encuentran en estado salvaje y tienen una organización primitiva, quedan bajola protección del Estado”.

Se conocía muy poco de los pueblos indígenas de las tierras bajas y esa es una de las explicaciones del por qué de tanta ignorancia al calificar a los originarios de “salvajes”. El “Estado del 52”, que se vanagloriaba de ser moderno, actuó con una mentalidad arcaica y colonizadora al declararse “tutor” de quienes “se encuentran en estado salvaje”.

2.6. La República aymara de Laureano Machaca

A mediados de 1956, en Waychu o Puerto Acosta, capital de la provincia Camacho del Departamento de La Paz, un movimiento aymara regional, a la cabeza de Laureano Machaca, fundó la República Aymara. Machaca, oriundo de Waychu, pretendió -en un primer momento- expandir la fuerza rebelde autonomista a todas las provincias del norte del Departamento de La Paz. Después de tres meses, en octubre de 1956, fue sofocado el movimiento regional y muerto Machaca en Escoma.

La pretensión de Machaca fue una de las primeras reacciones del movimiento indígena aymara contra el despotismo pueblerino, todavía vigente después de la “revolución” de 1952. El intento de fundar la república aymara era una de las primeras muestras de descontento de la población indígena con la revolución del 52, que paulatinamente quedaba burocratizada y se asumía anti-indígena (Paredes 1977).

2.7. El Manifiesto de Tiwanaku de 1973 y la tesis política de la CSUTCB de 1983

Uno de los documentos más importantes en relación a la evaluación de los logros reales de la “revolución del 52” sobre Jos pueblos indígenas y particularmente los andinos, es el Manifiesto de Tiwanaku, suscrito en 1973 en Tiwanaku, posteriormente difundido en castellano, quechua y aymara.

El documento viene a ser la primera plataforma de “nación y clase” de los pueblos indígenas andinos, porque subraya que la opresión del indígena no sólo es económica, política o jurídica sino que tiene fundamentalmente raíces culturales e ideológicas de carácter post colonial (Hurtado 1986).

Esta perspectiva permitió superar tanto la posición clasista (que prevalecía en los sindicatos campesinos y en los partidos de izquierda) como el fundamentalismo de algunos grupos indianistas. Se daba así una doble lectura de la problemática indígena andina boliviana, en la que se combinaban los elementos identitarios y de clase social.

Otro hito importante fue la tesis política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de 1983, que por primera vez propuso temas como la construcción de un Estado plurinacional, la educación intercultural y bilingüe, entre otros (Rivera 1984 y Ticona 2000).

2.8. La reafirmación de la identidad: el movimiento katarista e indianista

El movimiento katarista e indianista fue de los primeros en reintroducir de manera muy explícita la problemática del reconocimiento de los pueblos indígenas del país.

Hay que recordar que las primeras manifestaciones de una nueva conciencia indígena aparecen a fines de la década de los años 60. La primera generación post 52 de aymaras, quechuas que estudiaban en La Paz, empiezan a organizarse, fundando el Centro Cultural 15 de Noviembre. Bajo la influencia de pensadores indianistas como Fausto Reinaga, reafirman la herencia histórica anticolonial de Tupaj Katari y Bartolina Sisa -ejecutados en 1781- y empiezan a percibir sus problemas desde otra óptica. Son los primeros que declaran sentirse “extranjeros en su propia tierra” (Reinaga 1970 y Hurtado 1986).

A pesar de que L revolución de 1952 Jos había incorporado formalmente como ciudadanos (“campesinos”), en la práctica continuaban siendo ciudadanos de segunda o tercera y objeto de discriminación cultural y manipulación política. En este sentido, el movimiento Katarista e indianista viene a ser un fruto no previsto de la revolución del 52.

Pese a todo, el movimiento abrió nuevos horizontes y despertó nuevas expectativas. El carácter inconcluso de la revolución, generó una frustración indígena que hizo resurgir la memoria larga de la lucha anticolonial y el cuestionamiento al “Estado del 52”.

2.9. La frustrada Asamblea de Nacionalidades

Una importante ocasión para la profundización de la ideología política del movimiento indígena contemporáneo fue el año 1992, que llevó a repensar el tema de “los 500 años”. En todo ello cupo a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y a otras organizaciones de base, un rol protagónico (Cuadros 1991).

Una de las ideas más significativa fue crear “un instrumento político”, la Asamblea de Nacionalidades, propugnada desde el 1 Congreso Extraordinario de la CSUTCB realizado en Potosí en 1988 y posteriormente debatida en varios encuentros conjuntos de la CSUTCB y CIDOB.

La idea central era el fortalecimiento formal de los ayllus y comunidades originarias a través de sus propias autoridades y la creación de una instancia superior de todas ellas a nivel nacional. Se pensaba que esta nueva forma de organización política sustituiría paulatinamente a la actual forma de democracia liberal y “representativa”. Por este camino, los varios promotores de la idea esperaban dotarse de un espacio político de deliberación, decisión y ejecución como pueblos originarios y sectores populares del país.

A medida que se intentó darle cuerpo a las ideas, surgieron los problemas prácticos y los juegos de intereses político partidarios. El gran éxito participativo de La Asamblea de Nacionalidades naufragó en el momento de su instauración: el 12 de octubre de 1992 (Ticona 2000).

2.10. CIDOB y CONAMAQ por la tierra y el territorio

La Reforma Agraria de 1953 sólo rescató el primer concepto, como expresó su célebre slogan, “la tierra es de quien la trabaja”. Pero el concepto de territorio quedó olvidado.

Sin embargo, en la concepción indígena andina y amazónica, oriental y chaqueña, hay una clara relación entre tierra y territorio. Ambos tienen fuertes connotaciones sacras y, a la vez, son realidades sociales y económicas fundamentales. Hay como un continuo entre tierra y territorio. Malengreau (1992) nos proporciona los conceptos básicos sobre cómo este conjunto de tierra y territorio es percibido como una forma de expresión del espacio: “… como un espacio delimitado, pero indiviso, aunque no necesariamente continuo, ligado al mundo de los antepasados” (Malengreau 1992:10)

La marcha indígena de la amazonía, del oriente y del Chaco, “Por el Territorio y la Dignidad”, realizada en 1990 (Contreras 1991 y Lehm 1999), dinamizó esta vertiente y fue pasando a la plataforma de lucha de los ayllus y comunidades originarias, hoy en día organizados en el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Es importante mencionar la influencia de un Convenio internacional de las Naciones Unidas, denominado Convenio No. 169 Sobre los Pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ratificado por el gobierno de Bolivia en Junio de 1991, bajo la Ley N° 1257.

Este Convenio (hecho ley boliviana), en sus primeros momentos tuvo una limitada difusión. Sin embargo, paulatinamente, las propias organizaciones5, Organizaciones no Gubernamentales, indígenas y, más tarde, algunas instituciones del Estado6, se encargaron de su difusión. Ello ha generado una paulatina re-definición de las organizaciones indígenas en los Andes y puesto en discusión conceptos como los de: territorio y autonomía, pueblo indígena, ayllu originario, autoridades originarias, etc.

Esta recuperación reivindicativa del territorio de las markas, ayllus y comunidades andinas, pone de nuevo sobre el tapete la discusión de un problema colonial no resuelto: la autonomía de los pueblos indígenas. Está claro que, cuando se demanda territorio, implica jurisdicción-administración y, por tanto, libertad de decisión sobre ella.

 

3. Del Estado Homogéneo al Estado Plurinacional y Multilingüe

La consecuencia lógica de todo el discurso indígena precedente es la propuesta de que Bolivia debería re-fundarse como un Estado plurinacional y multilingüe. Esta formulación no es nada nuevo para los pueblos andinos, porque forma parte de sus viejas reivindicaciones históricas.

Propuestas más contemporáneas como la Asamblea de Nacionalidades, la Asamblea Constituyente de la CIDOB y el CONAMAQ de 2002, siguen apuntando a lo mismo.

3.1. Una lectura del Convenio 169 por el movimiento indígena contemporáneo

Entre 1993 y 1997, la presencia, del indígena aymara Víctor Hugo Cárdenas, como Vicepresidente de la República abrió la esperanza de un mejor reconocimiento y participación de los pueblos indígenas en la vida política del país. Pero, en los hechos, la presencia de Cárdenas sólo llegó a ser un reconocimiento meramente simbólico. Aunque el Estado, a través de varias reformas jurídicas incorporó en la política pública el tema indígena, los resultados fueron poco alentadores. La idea de generar una forma de revolución social de carácter legal, por ejemplo los artículos lo. y 171 de la Constitución Política del Estado, el Convenio No. 169 de la OIT y las Tierras Comunitarias de Origen de Ley del INRA, en su aplicación se convirtieron más en “buenas intenciones” que en avances reales.

 

Algunas Conclusiones

1.   La revolución Nacional de 1952 no recogió la experiencia de lucha indígena anticolonial y mucho menos sus reivindicaciones culturales y organizativas como pueblo. En este sentido, la experiencia anti-hacendataria, los anhelos autonomistas y la participación indígena en la vida política del país pre 52, son considerados arcaicos y premodernos.
2.   El “Estado del 52” resquebraja la memoria anticolonial andino e insufla la idea de “modernidad y progreso” a partir de instituciones como el “sindicalismo campesino”.
3.   Para el movimiento indígena andino, la revolución del 52 sólo trajo conquistas parciales. Los nuevos movimientos sociales como el katarista e indianista de los años 70 han ampliado y abierto nuevos horizontes sobre los pueblos indígenas.
4.   El carácter inconcluso de la revolución del 52 creó una frustración indígena que hizo resurgir el cuestionamiento al “Estado del 52”. Las experiencias más recientes son los bloqueos de caminos de caminos del año 2000 y la marcha por la Asamblea Constituyente de 2002.
5.   La revolución del 52 generó un imaginario fetichizado sobre las tierras bajas, como que son tierras vírgenes y con unos cuantos “salvajes” en extinción a los que hay-
6.   En definitiva, el gran reto del “estado del 52” fue resolver el reconocimiento real a los pueblos indígenas, sea mediante formas de autonomía o una nueva forma de pacto social en la vida política del país.

Chuqiyapu Marka (La Paz), Lakan phaxsi (Agosto) de 2003

Notas

2 El término de oligarquía tiene la siguiente connotación: a) la expresión política y estatal de una alianza de intereses económicos entre mineros (y otros exportadores), terratenientes y grandes comerciantes que emerge en Bolivia en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la consolidación del pacto neocolonial con los nuevos centros hegemónicos mundiales; y b) un modo de dominación política cuyo sustento ideológico es el derecho colonial sobre el territorio y la población del país. Ambos elementos contribuyen a reforzar la estructura de castas heredada de la Colonia y la imposibilidad de que los cambios en la estructura económica (que se expresan en el desarrollo de relaciones de producción capitalistas en los sectores más avanzados) tengan efectos pertinentes en la superestructura político-ideológica de la sociedad (Rivera 1985: 147).

3     Entendemos por ayllu o “comunidad” a aquellas unidades de parentesco y territorio que conforman la célula social básica de la “organización andina” y están estructuradas en un complejo sistema segmentario de varios niveles, escalas demográficas y territoriales. La adopción del término de ayllu o “comunidad” obedece a la generalización del término en una mayoría de las regiones aymaras, aunque no es raro escuchar otros términos menos comunes, como “rancho”, “cabildo” u otros términos más locales.

4     Las negrillas son nuestras. El censo agrícola de 1950, que sólo tuvo una cobertura parcial, reportó la existencia de 3.779 comunidades con una superficie total de 7.178.449 hectá¡;eas, de las que cultivaban 170.106 hes., lo que representaba el 22% del área total en fincas del país, con el 26% del área total cultivada.

5    Es interesante mencionar la iniciativa de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, la Comisión de Pueblos Originarios y la Asamblea de Derechos Humanos de Oruro, quienes publicaron el Convenio 169, bajo el denominativo de Convenio 169 de la OIT. Tierra y territorio (FSUTCO 1993).

6    Por ejemplo, en el gobierno de Sánchez de Lazada y Cárdenas (1993-1997), se creó una instancia denominada Subsecretaría de Asuntos Étnicos. En el gobierno de Banzer (1997), se denominó Viceministerio de Pueblos Indígenas y Originarios, hasta que se convirtió en Ministerio de Asuntos Indígenas, Campesinos y Pueblos Originarios.

* Sociólogo y antropólogo. Docente en las carreras de Antropología y Sociología de la UMSA y en las maestrías de AGRUCO-UMSS (Cochabamba) y CEPIES y carrera de Sociología de la UMSA. La Paz.

La mina de siglo XX y la Revolución

Luis Oporto Ordóñez*

Las minas de estaño se caracterizaron por implantar el sistema capitalista en la explotación minera, a partir del descubrimiento de la veta La Salvadora por Simón I. Patiño. El capitalismo de enclave dejó atrás a la vieja estructura semifeudal de Bolivia. Simón I. Patiño, Maurice Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, los “Barones del Estaño”, dominaron la vida política nacional, cooptando una élite intelectual “La Rosca”.

“Esa gran burguesía minera se transformó en función de su poderío económico y de su hegemonía política en la beneficiaria exclusiva de los esfuerzos económicos de toda una nación” [1] , fenómeno conocido como el Superestado Minero.

El desarrollo capitalista transformó las fuerzas productivas con la politización temprana de la clase obrera en las minas de estaño, que generó una vanguardia minera con conciencia de clase que combatió al Superestado Minero, hasta provocar su caída. Organizados alrededor de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, aprobaron en 1946, la Tesis de Pulacayo, adoptado por la clase obrera como programa político que propugnaba la nacionalización de los yacimientos mineros, de propiedad de los “Barones del Estaño”. El proletariado diseñó una estrategia política con tres objetivos: a) un sindicalismo con una “completa independencia de clase con referencia a los patrones y las organizaciones gubernamentales”, b) la formación de un bloque parlamentario minero y c) la creación de una central obrera que sostenga la política de clase. [2]

La FSTMB se tornó en instrumento político, con el intento de influir en la política nacional desde el Parlamento. El Bloque Minero Parlamentario, dirigido por Juan Lechín (Senado) y Guillermo Lora (Diputados), “asumió como programa la Tesis de Pulacayo, con la consigna de convertir el legislativo en tribuna revolucionaria”. [3] La FSTMB tenía la convicción que “la actuación parlamentaria trae ventajas para los obreros”. [4]

En esa estrategia política se muestra la influencia de la tendencia obrera del Partido Obrero Revolucionario a través de sus intelectuales orgánicos, como Guillermo Lora, quien sostenía que “la correlación de las fuerzas en pugna determina el carácter peculiar de una situación política dada. La táctica de la clase proletaria en general y de los mineros en particular, debe inspirarse en las características diferenciales de un determinado momento político”. [5]

El 9 de abril de 1952, el MNR tropezó con la fuerza del movimiento obrero-popular, que actuó de forma independiente, proponiendo un nuevo modelo de acumulación: el Capitalismo de Estado. Los mineros equilibraron la correlación de fuerzas e intervinieron en la administración de las minas con el “control obrero con derecho a veto” y el apoyo de las milicias armadas. El siguiente paso fue la creación de la Central Obrera Boliviana (17 de abril de 1952), en el que la FSTMB obtuvo primacía en su conducción. “La gran conquista obrera de libertad sindical ha permitido a las clases trabajadoras entrar desde abril de 1952 en un febril periodo de organización y reorganización” (Barcelli, 2015: 306). El MNR fue forzado a decretar las medidas revolucionarias de nacionalización de minas y reforma agraria, luego de la toma de haciendas emblemáticas como Taraco y Ucureña, el golpe más duro contra el viejo régimen pues atacó al corazón del régimen feudal: la Hacienda.

Las milicias armadas fueron establecidas formalmente en la organización sindical minera. En Siglo XX estaban al mando del movimientista, Octavio Torrico. La CIA caracterizó su naturaleza y reconoció su importancia política, afirmando que las milicias desempeñaron un papel importante en la victoria del MNR sobre el Ejército durante la revolución de 1952, considerándola como “elemento paramilitar eficaz” y calificando a la milicia dirigida por comunistas en Siglo XX, como la mayor amenaza para la estabilidad del país. [6]

Presionada por Estados Unidos, la revolución fue cooptada por el MNR. La contraofensiva obrera hizo prevalecer el ‘poder dual’, por el cual la declaratoria de huelga general indefinida significaba detener el aparato productivo estatal y la caída del régimen. El presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, observó las intenciones del presidente Víctor Paz de buscar cooperación rusa para instalar hornos de fundición y un crédito de 150 millones de dólares, “amenaza” comunista que motivó a Kennedy a desarrollar una estrategia mediante tres acciones: Alianza para el Progreso, Acción Cívica de las FF.AA. y el Plan Triangular con el objetivo político de eliminar el Control Obrero, erradicar el comunismo de las minas, retirar cinco mil trabajadores y despedir —o eliminar— a líderes sindicales de izquierda.

EE.UU. siguió el curso de la revolución boliviana y por medio de una labor de inteligencia controló a la dirigencia movimientista. La supuesta modernización y desarrollo del Estado escondía el ariete político para neutralizar y liquidar el sindicalismo revolucionario y erradicar el comunismo de las minas de estaño. La Alianza para el Progreso fue diseñada con un “barniz ideológico, formulado en un entorno estratégico de tinte anticomunista”, [7] “un Caballo de Troya que no tenía ninguna base económica excepto destrozar el sindicato comunista y revertir la nacionalización de la industria minera boliviana”. [8] El Plan Triangular inició el proceso privatizador de la gran minería. El MNR se convirtió en un prisionero de la embajada norteamericana y rehén del Ejército reconstituido y “va rodando de capitulación en capitulación”: se indemniza a los ex Barones del Estaño, decreta la estabilización monetaria, aprueba un código del petróleo entreguista, abre las puertas a asesores y agencias neocolonialistas. [9]

El 4 de noviembre de 1964, con el apoyo de la CIA que actuó detrás del “Comité Revolucionario del Pueblo”, Barrientos golpeó a Paz Estenssoro e implantó una dictadura militar antiobrera. A partir del 4 de noviembre, EE.UU. tomó control de las instituciones políticas del país. El jefe de la CIA en Bolivia, Sternfield “se vanagloriaba de que hasta la muerte de Barrientos en 1969, nada pasaba en Bolivia sin nuestra intervención”. [10]

Notas

1 Barcelli, A.: Medio siglo luchas sindicales en Bolivia. La Paz, BL, 2015: 291.
2 Rodríguez, G.: Motines, huelgas y revolución. La formación de la conciencia e identidad minera (1825-1952). La Paz, BL, 2018: 343.
3 Zelada, F.: Historia del Movimiento Obrero Boliviano. (100 años de verdadera historia) Resumen de cuatro tomos de Guillermo Lora. La Paz, Artes Gráficas. 2013: 169.
4 Documentos del III Congreso de Trabajadores Mineros de Bolivia, Siglo XX, 16 al 22 de mayo de 1946, citado por Rodríguez, op. Cit.
5 Rodríguez, op. Cit.: 381.
6 Informe de la CIA del 30 de julio de 1963. Field, T.: Minas, balas y gringos. Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy. La Paz, BL, 2016: 87.
7 Field, op. Cit.: 440.
8 Melvin Burke, funcionario de USAID.
9 Vera, 1969: 19-27
10 Field, op. Cit.: 440.

* Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas. Docente titular de la Carrera de Historia de la UMSA.

EU y la Revolución Nacional: creación de un monstruo

José Galindo*

Minas, balas y gringos, de Tomas Field Jr., no sólo explica cómo es que la intervención de los EE.UU. en Bolivia durante las décadas de los 50’s y 60’s se alejó de su típico patrón militarista para ensayar otros mecanismos basados en el chantaje económico, sino que también explica cómo ese patrón de intervención que él llama “desarrollismo autoritario” sería el laboratorio de donde saldría el Frankenstein de las dictaduras que asolaron la región durante los 70’s y 80’s.

Los Estados Unidos tienen una larga historia de intervenciones en Latinoamérica y todo el mundo que no necesita ser recordada so pena de aburrir a los lectores con exposiciones que ya parecen discursos pasados de moda no por carecer de veracidad sino por insistir en lo obvio. Lo que no se suele reconocer, sin embargo, es que estas intervenciones van más allá de la instalación de bases militares, invasiones o amenazas de usar armas nucleares. La revolución de 1952, que éste año cumple su 66 aniversario fue posiblemente el primer experimento de intervención no violenta en un tiempo en el que los golpes de Estado y las incursiones militares eran su principal modus operandi en la región.

La Guerra Fría lo hacía posible y necesario. La revolución cubana había demostrado que situaciones de pobreza generalizada y dominación extranjera podían ser inaceptables para algunos pueblos. En suma, las condiciones materiales y políticas de aquellos años le permitían a los EE.UU. ejercer el poder que habían logrado acumular luego de la Segunda Guerra Mundial sin ningún tipo de frenos. Guatemala fue intervenida tras implementar tímidas reformas nacionalizadoras en desmedro de compañías estadounidenses y República Dominicana fue invadida cuando su presidente Juan Bosch decidió emprender el mismo camino. La revolución boliviana del 52 estaba a punto de correr el mismo destino, hasta que decidió adoptar un discurso más conciliador no con las oligarquías locales sino con el imperialismo norteamericano.

Nuevas formas de intervención

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. emergieron como la única potencia militar que no había sufrido grandes daños en su industria o infraestructura, como sucedió con el resto de los aliados, los países del eje y la Unión Soviética. En esas condiciones, durante la conferencia de Bretton Woods de 1949, los EE.UU. diseñaron instituciones internacionales que le permitirían mantener su dominio económico sobre la mitad del planeta.

El Banco Mundial (BM) fue creado no sólo para transferir recursos a Estados devastados por la guerra o países en vías de desarrollo, sino también para condicionar sus préstamos de acuerdo a los intereses de su principal inversor, cuyas oficinas estaban en Washington. De la misma forma, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no sólo se encargaría de dar recomendaciones monetarias y fiscales para evitar procesos inflacionarios, sino que también condicionaría su apoyo a cambio de adoptar políticas que se alejen de la sustitución de importaciones y que reduzcan la intervención de los Estados en la economía. La Organización del Atlántico Norte (OTAN) solo sería la expresión más visible de ésta supremacía económica traducida en términos militares. En éstas tres plataformas los EE.UU. tendrían el veto decisivo y las prerrogativas más amplias.

El uso de la fuerza, jamás descartado, ahora podía ser acompañado de otras opciones, que consistirían en el chantaje económico que condicionaba toda forma de cooperación para el desarrollo a la sumisión de sus fórmulas de política económica y fiscal. Al mismo tiempo, la revolución boliviana había decidido emprender la construcción de una economía moderna luego de haber emprendido reformas no sólo dignas de sospecha comunista ante los ojos de los EE.UU. sino que también costosas en términos económicos, sin recursos para financiar el proyecto desarrollista que, con diferentes visiones, promovían todos los sectores del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Es así que tras haber puesto en marcha la nacionalización de las minas, el cierre de las FFAA, la reforma agraria y la implementación del sufragio universal, el gobierno liderado por Paz Estensoro se vio en la necesidad de solicitar apoyo económico de cualquiera de los dos bloques más poderosos del mundo: los EE.UU. y la URSS. Diversos factores internos a la élite que gobernaba el país inclinaron la balanza a aceptar la ayuda norteamericana, cuyo precio se vería condicionado por la adopción de políticas económicas que apuntaban a combatir las corrientes comunistas dentro del movimiento obrero, entonces empoderado, y el propio poder de los mineros, entonces la vanguardia de los trabajadores.

Desarrollo sin soberanía

Éste plan sería conocido como la Alianza para el Progreso, promovida por el entonces presidente John F. Kennedy, quien había probado su primera derrota contra un gobierno popular en Cuba, luego de Playa Girón. El objetivo era evitar que otra Cuba sucediera en el continente, pero al mismo tiempo evitarlo sin tener que exponerse a otra derrota militar como la sufrida frente al gobierno de Fidel Castro. Un paquete de transferencias económicas condicionadas y dirigidas a poner recursos en planes de infraestructura, desarrollo y otros sectores gravemente deficitarios en Latinoamérica sería la punta de lanza de ésta nueva forma de intervención, que sería una regla mucho después de que terminarán las intervenciones a manos de su propio ejército.

Como lo explica René Zavaleta en su libro 50 años de Historia:

“El imperialismo norteamericano, que ya había obtenido un modus vivendi provisional con el MNR a partir de la ayuda de alimentos (lo que había influido sin dudas en la reorganización del ejército y en las primeras concesiones petrolíferas) pudo imponer un plan económico global (…) Impuso Eder un plan de estabilización monetaria que implicaba la imposibilidad de desarrollar la industrialización en torno a la minería y que condenaba a las empresas estatales a no ser otra cosa que simples centros de acumulación de la nueva burguesía (…) Las consecuencias de entregar la inteligencia económica a un extranjero eran las mismas que se habían vivido con la entrega de la conducción militar a Kundt, en el Chaco. La presencia del imperialismo norteamericano se hizo invencible en su crecimiento y no es sino una derivación de este momento el que todos los egresados del nuevo Colegio Militar pasaran a entrenarse en la Zona del Canal”

El gobierno de Paz Estensoro trató de cooptar al movimiento obrero en orden de encauzar sus energías hacia una modernización capitalista, pero lo hacía en un contexto en el que éste proletariado tenía la fuerza efectiva como para derrocarlo a él también. Dirigentes como Juan Lechín Oquendo se encontraban entre sus principales objetivos de control político, a los cuales se acercó eficazmente sin por ello disminuir la fuerza de los trabajadores. Su sucesor, Hernán Siles Suazo, trató de equilibrar ese poder obrero con el campesinado entonces aún no maduro políticamente. Para cuando Paz Estensoro asumió su segunda presidencia, la necesidad de desmovilizar a los obreros era patente, en vista de su control sobre la principal fuente de riquezas en Bolivia: las minas de estaño.

A su regreso, Paz Estensoro sabía que para controlar a éste movimiento era necesario el uso de la fuerza, por lo que una reactivación del ejército quedo en orden. Dicha reforma de las FFAA se haría junto con la instrucción de los EE.UU., que se había convertido entonces en un aliado muy influyente gracias a sus donaciones de créditos, alimentos y profesionales. La adopción de la Alianza para el Progreso y todas sus condiciones era inevitable. Dicho programa, al mismo tiempo, exigía que el gobierno nacionalista disciplinara a los trabajadores ahora enquistados en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), sea a través de la cooptación o a través de la represión.

Como los señala Tomas Field en su libro, Minas Balas y Gringos:

“La administración Kennedy había adoptado, inicialmente, el desarrollo como una herramienta para combatir la agitación política, y los disturbios en contra de Paz Estenssoro solo fortalecieron la determinación de los desarrollistas liberales estadounidenses para reafirmar el compromiso de Washington. Para la Alianza para el Progreso, estas crisis dieron lugar a un programa cada vez más autoritario, develando claramente al componente estratégico de la ideología del desarrollo como una forma de intervención”

La creación de un monstruo

Las consecuencias de ésta política no se dejarían esperar. El terror necesario para controlar a los obreros suponía, necesariamente, la construcción de fuerzas armadas capaces de hacerle frente a las milicias de mineros armados por el mismo MNR. Así, primero los campesinos, y luego un renovado Ejército, serían los verdugos encargados de poner en orden a los incontrolables trabajadores. La cooperación estadounidense pasó de proveer cheques a proveer armamento y asistencia militar. El gobierno de Paz podría, así, enfrentarse a los soldados no profesionales que derrocaron a la oligarquía del estaño, y los EE.UU. podrían enfrentar al fantasma del comunismo en {estas tierras.

Pero la fuerza de éste proletariado minó las fuerzas de Paz Estensoro, quien había perdido así apoyo popular estratégico frente a pequeños partidos de derecha que aún complotaban contra su poder, sin mencionar a los conspiradores de otras facciones del mismo MNR. Tuvo que pasar poco para que un militar proveniente de ese mismo ejército que creo la revolución tomara el poder. René Barrientos contaba entonces con todo los recursos dispuestos por los EE.UU. para reprimir al pueblo. La masacre de San Juan fue posible no sólo por su personalidad autoritaria, sino porque la Alianza para el Progreso tenía como requisito la construcción de Fuerzas Armadas capaces de exorcizar el demonio comunista de los obreros.

No obstante, al hacer eso no sólo en Bolivia sino en toda Latinoamérica, se sentaron las condiciones que harían emerger al monstruo no previsto de las dictaduras militares que asolaron el continente durante dos décadas y más. Al fortalecer a los soldados e imbuirlos con la doctrina anticomunista de Seguridad Nacional se abrió la puerta a regímenes altamente represivos que constituyeron para nuestros pueblos casi un holocausto comparable al sufrido por judíos a manos de Hitler. Puede que los gringos no lo supieran, pero sus balas se saldrían de control en contra no sólo de comunistas, sino también de universitarios, campesinos, intelectuales, homosexuales y políticos de izquierda. Las dictaduras militares son ahora explicadas. EE.UU. fue el culpable.

* Politólogo.

Un Diego Rivera y la Revolución de 1952

R. Matthew Gildner

La investigación histórica se caracteriza por largos días en archivos, examinando documentos antiguos para encontrar algo que corresponda a las preguntas históricas que se plantea el investigador. De vez en cuando —con mucha paciencia y suerte— se encuentra una joya, es decir, un documento inestimable. Esta semana se encontró tal joya en el Archivo Histórico de La Paz: un dibujo original hecho por el destacado pintor y revolucionario mexicano, Diego Rivera.

Es poco conocido el hecho de que Rivera visitó la ciudad de La Paz en mayo de 1953 para atestiguar con sus propios ojos la llamada Revolución Nacional que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) había estado dirigiendo desde las jornadas de abril de 1952. El dibujo —un autorretrato de perfil, hecho a lápiz en un hoja membretada de la Sociedad Boliviana de Sociología (SBS)— y el discurso producido no sólo por Rivera, sino por los bolivianos que lo atendieron durante su breve estancia en la época más radical de la Revolución, nos da un vislumbre de la percepción extranjera tanto de la Revolución como de la poco conocida política cultural de 1952 que incluía el indigenismo y un papel relevante para el arte en las políticas reformistas de la década de 1950.

Fue invitado por el gobierno del Víctor Paz Estensoro, por iniciativa del José Antonio Arze, respetado intelectual, sociólogo y fundador del Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR). Rivera viajó a Bolivia después del Congreso Continental de la Cultura que se reunió con mucho éxito en Santiago de Chile en abril y mayo de 1953. Durante su viaje, realizó una visita a las ruinas preincaicas de Tiwanaku y dio una conferencia en la Universidad Mayor de San Andrés adonde recibió el diploma de Miembro de Honor de la Sociedad Boliviana de Sociología: “por su eminentes servicios desde el campo de la pintura y la literatura, a la interpretación sociológica del Alma Indoamericana.”

Rivera también participó en una reunión de pintores bolivianos en la casa de María Luisa Pacheco. Tenía mucho interés en las nuevas expresiones artísticas que surgieron con la Revolución. El Diario informó que Rivera tuvo “palabras especiales” para el mural del “pintor revolucionario” Miguel Alandia Pantoja que existiera en el Palacio del Gobierno (hasta que el General René Barrientos lo destruyó después del golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964).  Según Javier Galindo Cueto (secretario de la SBS y luego Prefecto de La Paz), que estuvo presente en las reuniones de Rivera, el pintor mexicano estaba particularmente impresionado con las obras de la celebrada artista María Ester Ballivián. De ella dijo: “esta es la más grande pintora que he visto ahora.”

Aunque hoy las reformas y la herencia de la Revolución hayan sido puestas en entredicho, las transformaciones introducidas por el MNR (con mucha presión “desde abajo”, de los sindicatos campesinos y mineros) fueron realmente revolucionarias para su época. Si bien a Rivera le impresionó la reforma agraria (que todavía estaba en proyecto) y el voto universal, lo que más llamó su atención fue la nacionalización de las minas. A los periodistas que le pidieron su opinión sobre la Revolución Boliviana, Rivera respondió: “Sinceramente que los envidio. Ustedes han nacionalizados cien por ciento de su riqueza mineral. Nosotros [el gobierno revolucionario del México] apenas hemos nacionalizado el cinco por ciento. Un gran ejemplo. Estoy orgulloso como americano”. Y esto añadió el pintor indigenista: “si me hubiese sido posible escoger un lugar de mi nacimiento, hubiese sido Bolivia. Lo más indio del continente”.

Sin embargo, el indigenismo de Rivera sutilmente iba en contra del proyecto de integración nacional que estaba llevando a cabo el MNR. Quizá la posición de Rivera nos da muestras de su percepción del arte no sólo como la última expresión del ser humano, sino como una forma de ocupar un papel subversivo en la realidad. “Es falsa aquella teoría de que se debe reincorporar al indio a la vida civilizada”, dijo el pintor durante el auge del proceso de mestizaje boliviano, “es al mestizo y al blanco al que hay que incorporar al indio. Sólo se puede hacer nacionalidad cuando se actúa con la raíz propia de los pueblos que, en América, es el indio”.

*Candidato a Doctor en Historia en la Universidad de Texas en Austin