El apoyo del macrismo al golpe de Bolivia: el sumario de Gendarmería

En la última semana se completó la recolección de pruebas en el sumario interno de la Gendarmería Nacional con relación al contrabando agravado a Bolivia en 2019, cuando se iniciaba un golpe militar sangriento que acabó con la vida de 37 personas. En forma paralela, la Fiscalía Departamental de La Paz ­–bajo la dirección de William Eduard Alave Laura– se encuentra abocada a responder a los exhortos y medidas de prueba solicitados el último 23 de septiembre por el magistrado argentino Alejandro Catania, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, a instancias del fiscal Claudio Navas Rial.

El abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, exhibió en Comodoro Py su contrariedad ante la convergencia –a esta altura ineludible– de las tres instrucciones, que van completando el rompecabezas de una complicidad política, de carácter internacional, cuyos máximos responsables intentan desembarazarse mediante la atribución de responsabilidades a sus subalternos.

La auditoría, donde declararon una docena de integrantes de Gendamería, compromete a quien se desempeñaba como su director nacional, el comandante Gerardo Otero, que fue el encargado de avalar y operativizar el envío ilegal de los pertrechos luego de que le fuera solicitado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En segundo término, complica al máximo jefe del Grupo Alacrán, Fabián Manuel Salas, que dejó estampada su firma en una misiva enviada a la Fuerza Aérea Argentina en la que consignaba la existencia en la  bodega del Hércules C-130, matrícula TC-70, de una carga extra precintada con el rótulo de guantes, donde fueron emplazados los pertrechos de contrabando.

El tercero de los implicados es el comandante Adolfo Héctor Caliba, hombre de confianza de Gerardo Otero, quien coordinó con la policía boliviana la entrega de los pertrechos en el Aeropuerto de El Alto, la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Caliba supervisó la carga y la descarga del contrabando, y cuatro días después de su llegada al aeropuerto del altiplano, envió una misiva a su superior, Otero, en la que da cuenta de “la posibilidad de colaborar [con las fuerzas de seguridad bolivianas para] la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición”.

Los otros dos funcionarios implicados a partir de las propias declaraciones de los gendarmes son Carlos Miguel Recalde, director de operaciones, y Rubén Carlos Yavorski, responsable del área de logística. Todos ellos han dejado trascender, en forma directa o a través de interpósitas personas, que no aceptarán constituirse en los patos de la boda de una decisión política emanada de las más importantes autoridades nacionales, de la que fueron –insisten– simples operadores.

El grado de involucramiento en el contrabando, aseguran los instructores del sumario interno, no puede disimularse. Pero se ahonda su carácter delictivo al constatarse el intento de encubrimiento ejecutado por varios funcionarios, luego de producirse el envío de los pertrechos.

El 15 de julio de 2020, pocos días después que fuese divulgada la carta de agradecimiento al embajador Normando Álvarez García –firmada por el titular de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara–, Recalde firmó de puño y letra la nota N°-2020-45257466-APN-DIROPER GNA en la que se consigna la utilización de las 70.000 postas de goma, “dada la conmoción que se vivía en ese entonces en dicho país y a los efectos de cumplir con la misión y funciones asignadas para el normal desarrollo de las actividades diplomáticas, fue necesario que el personal mantuviera la capacidad operacional y suficiente destreza al más alto nivel. (…)

A los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en comisión. En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70.000 cartuchos calibre 12,70 MM A/T”.

Contacto militar

Sin embargo, las declaraciones testimoniales de los tres comandantes a cargo de los contingentes del Grupo Alacrán que permanecieron en Bolivia entre 2019 y 2020 negaron en forma terminante la utilización de dichos proyectiles. “Informo que no (NEGATIVO) se realizaron prácticas ni entrenamientos durante la comisión a cargo del suscripto”, dejó por escrito Martín Miguel Hidalgo, el primer jefe de los alacranes que permaneció en Bolivia entre el 13 de noviembre de 2019 y el 10 de enero de 2020.

Afirmaciones similares repitieron los dos jefes que le sucedieron, Héctor Ricardo Sebrie (a cargo entre el 10 de enero y el 29 de febrero de 2020) y Fernando Martín Sánchez, que asumió como responsable hasta junio de 2020.

La causa que se tramita en la Paz, por su parte, identifica al  ex ministro de Defensa de Jeanine Áñez, Luis Fernando López Julio, como el responsable de gestionar el pedido de asistencia ilegal a diferentes países, entre ellos la Argentina. López Julio se encuentra prófugo de la Justicia boliviana, acusado de tres causas concatenadas: la participación en el golpe de Estado, la connivencia con las autoridades argentinas para efectuar el contrabando y una defraudación al fisco –en complicidad con el ex ministro de Gobierno, Arturo Carlos Murillo– generada por la adquisición de gases lacrimógenos a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS).

Entre Murillo y López Julio embolsaron 2,3 millones de dólares como resultado de sobreprecios comprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Murillo fue detenido en Miami, imputado por soborno y  lavado de dinero.

Según la reconstrucción en curso, el domingo 10 de noviembre, Luis Fernando López Julio –coautor junto a Luis Fernando Camacho de organizar a los comandos civiles responsables de la represión en Santa Cruz– se comunicó con un allegado a la Casa Militar presidencial argentina, solicitando colaboración para el gobierno golpista en ciernes. Ese mismo día, habían sido obligados a renunciar Evo Morales y Álvaro García Linera, bajo la amenaza de una situación de violencia generalizada y masacres. Los encargados de proferir las amenazas fueron los jefes militares, entre ellos Terceros Lara.

López Julio es un oficial egresado en 1985 del Colegio Militar argentino, como Subteniente de Caballería y Paracaidista Militar,, antes de regresar a su país. Según compañeros de promoción, López mantuvo contactos estrechos con militares argentinos en actividad, situación que le permitió conectarse con la Casa Rosada, incluso antes de ser nombrado como ministro de Defensa.

Además, pertenece al círculo de confianza de uno de los líderes de la asonada cívico-militar, Luis Fernando Camacho, actual gobernador electo de Santa Cruz de la Sierra. Se desempeñó como ministro desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 6 de noviembre de 2020, aunque un día antes de cesar su cargo emprendió su fuga cruzando la  frontera con destino a Brasil, por tierra, junto a su socio Murillo. Este último abordó un avión con destino a Panamá y recaló posteriormente en Miami, donde fue detenido.

El 14 de julio de 2021, el jefe de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera,  anunció que Interpol confirmó la presencia de López Julio en Brasil pero que sus autoridades no respondían al pedido de comparecencia solicitado por la fiscalía del Estado Plurinacional. Jair Bolsonaro, afirman los analistas brasileños que siguen el caso, dispuso su protección ante la posibilidad de que el ex ministro pudiese divulgar la colaboración brindada por el oficialismo brasileño a al asonada cívico-militar.

Masacres con reservas de cartuchos

El lunes 11 de noviembre Mauricio Macri autorizó el envío de los gendarmes a Bolivia y un día después se reunió con  el entonces Canciller Jorge Faurie para consensuar el apoyo internacional al golpe y responder al pedido de colaboración solicitado por López Julio, que incluía los pertrechos. El mismo día en que partieron los integrantes del primer contingente del Grupo Alacrán (martes 12 de noviembre a las 13)  el Presidente argentino convocó a Marcos Peña, Patricia Bullrich y el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, a la Casa Rosada.

La noche del 12, partió hacia La Paz el contingente de los Alacranes y el material de contrabando. Una vez aterrizados en el Aeropuerto de El Alto, el 13 a la madrugada, se produjo –frente a un testigo, empleado de la Embajada argentina en Bolivia– un altercado por la distribución de parte de los pertrechos, entre el agregado de la Misión Naval Argentina en Bolivia (Miguel Ángel Alonso) y el responsable de la Gendarmería (Adolfo Caliba).

El militar se impuso por sobre el gendarme, y una porción mayoritaria del contrabando se distrajo hacia las Fuerza Aérea Boliviana. Fueron 40.000 cartuchos y gases lacrimógenos para Terceros Lara y 30.000 postas para la policía. El mismo día que se entregó la donación, Otero envió por vía diplomática  una nota confidencial al jefe de la Policía boliviana en el que informaba sobre los pormenores del contrabando.

Tres días después del aterrizaje del Hércules argentino en el aeropuerto de El Alto, la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, respondió a la solicitud efectuada por López Julio y –mediante una carta hecha pública– se comprometió a enviar los pertrechos represivos solicitados por el flamante ministro.

El 16 de noviembre de 2019,  el entonces  Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão –gestor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que elaboró una decisivo relevamiento sobre el golpe– repudió  “la grave decisión política de los gobiernos de volver a coordinarse represivamente,(que)  interrumpe más de 45 años de compromisos regionales de contraposición con el terror de Estado, de rechazo a todas las formas de autoritarismo, de opresión, de persecución”. Mauricio Macri, Lenin Moreno y Jair Bolsonaro fueron nominados como cómplices pocos días después de concretarse el golpe. Abrão, por su parte, fue despedido por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

López Julio escapó de las autoridades bolivianas el 5 de noviembre de 2020, junto a su socio Murillo, a través de uno de los pasos fronterizos terrestres que unen al departamento de Santa Cruz de la Sierra con Brasil. Su protector, Luis Fernando Camacho, garantizó la fuga una semana antes que su captura fuese solicitada por la Fiscalía, a través de una alerta de paradero migratorio dispuesta contra ambos ex ministros prófugos. La evasión fue apadrinada por quien detentaba la dirección de Migraciones, Marcel Rivas.

El último 23 de septiembre, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, denunció en el 76̊° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU que “la ruptura del orden constitucional (…) contó con la participación de la OEA, a través de su secretario general, Luis Almagro; de otros gobiernos, como el de Argentina…”.

Bajo expresas instrucciones de las querellas públicas, el último 16 de julio el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación boliviano, Roberto Almendras, informó que la Fiscalía Departamental de La Paz inició la instrucción por el contrabando de material antidisturbios y agentes químicos, en la que se encuentran imputados, entre otros, el ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, actual ministro de Trabajo del gobernador/carcelero Gerardo Morales.

En la denuncia, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, advirtió que la solicitud o el ingreso de armamento o pertrechos proveniente de cualquier país debió respetar la normativa consignada en el artículo 400 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados, que

exige el permiso documental brindado por la máxima autoridad gubernamental, el presidente. Nada de esto sucedió.

En diciembre de 2019, pocos días antes de abandonar su cargo, Patricia Bullrich fue homenajeada por el entonces titular de la Gendarmería, Gerardo Otero. En dicho evento, la Gendarmería obsequió un sable en el que se podía leer la frase pronunciada por la ministra de Seguridad en ocasión de las investigaciones por la desaparición forzada de Santiago Maldonado: «No voy a hacer la injusticia de querer  tirar un gendarme por la ventana”. Otero, hoy retirado e imputado por contrabando agravado debe estar rumiando en la intimidad el maldito momento en que se le ocurrió dicho regalo.