Pegasus: Espionaje y lavado de dinero, doble agravio neoliberal a los mexicanos

Para desarrollar el software de espionaje Pegasus, comprado por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la firma israelí NSO por 32 millones de dólares, se desarrolló en México una red de transferencias financieras a través de empresas fachadas, que se extendieron a Israel, Italia y Estados Unidos, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de gran negocio de las empresas y de los funcionarios del periodo neoliberal.

Según  Santigo Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sólo durante los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón se otorgaron contratos con sobreprecio que beneficiaron a NSO, la e mpresa isaraelí. Ante estos datos, el mandatario anunció que se investigará la estructura de lavado de dinero presuntamente usada en la adquisición de Pegasus.

El esquema de financiación fraudulenta es una faceta de aspectos turbios, que se suma al hecho de que los contratos con NSO fueron firmados por Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y hoy prófugo en Israel, donde se oculta de la justicia mexicana para no comparecer por los cargos de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en el curso de las investigaciones del caso Iguala, además de la malversación de mil millones de pesos, recuerda la prensa mexicana.

Las denuncias

El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Tomás Zerón de Lucio contrató en 2014, con la empresa fachada Tech Bull –propiedad de Balam Seguridad Privada– la adquisición del software Pegasus por un monto de 32 millones de dólares, denunció Santiago Nieto, durante la conferencia en Palacio Nacional junto al presidente.

Asimismo recordó que Genaro García Luna –en la administración de Felipe Calderón– fue el primero en contratar servicios de espionaje, y posteriormente utilizaron esos mecanismos varios gobiernos estadales.

El primer caso de ese tipo de contratación ocurrió con Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna se enroló con Samuel y Alexis Weinberg para contratar el software de NiceTrack. En la red de complicidades, el Grupo Tech Bull envió recursos a esas empresas asentadas en Israel e Italia. “No solamente se trata de montos incongruentes; por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República de 2012 a 2018”, añadió el experto..

López Obrador subrayó que la trama del espionaje a opositores tiene que ver con el antiguo régimen, eran las prácticas para tener el control, para intimidar, manipular, para imponerse, etapa que se inició con Carlos Salinas de Gortari. Señaló que en la pasada elección “hasta helicópteros pasaban por la casa en Tlalpan (propiedad de su familia). Había un sistema que le llamaban Pejeleaks, una página, pero se alimentaba de eso, pura guerra sucia, que utilizaba toda la «inteligencia » o, mejor dicho, espionaje. Entonces hay que abrir y que se siga con la investigación”

Para diferenciar, subrayó: las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018 y durante la administración del presidente López Obrador estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal. En torno a la revisión del sistema Pegasus, la UIF encontró una lista llamada Los maléficos y en ella estaba el número, con el apodo de El Gallo, del ahora presidente López Obrador

Antecedentes

La Jornada recuerda que no debe sorprender el tema Pegasus, de cuyo mal uso por agencias gubernamentales se sabe desde 2017, ya que en 2013 ese diario había presentado información obtenida por WikiLeaks en torno a la presencia en México de ejecutivos de las empresas Gamma Group y Hacking Team, dedicadas a vender servicios y productos de espionaje cibernético y telefónico.

En marzo de ese mismo año, una investigación de The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, reveló que en México operaban servidores con FinFisher, un software comercializado por Gamma Group, que permitía intervenir y vigilar servidores, computadoras personales y teléfonos inteligentes. El programa de espionaje operó durante el sexenio de Calderón, cuando Genaro García Luna, hoy preso en EEUU por su participación en el narcotráfico, era secretario de Seguridad Pública.

Para colmo, hoy por hoy no existe claridad acerca de los alcances reales del espionaje ni del destino final de estos sistemas cibernéticos, si se encuentran efectivamente inactivos o si todavía hay alguna dependencia operándolos, sabido de que gobiernos estatales han recurrido a este tipo de programas informáticos para interferir en comunicaciones privadas, como durante la anterior administración en Ciudad de México, investigada por espiar a 120 políticos, académicos y funcionarios públicos a lo largo de cinco años.

López Obrador reiteró su reclamo para que no se espíe a nadie, por eso –expresó– es importante la investigación que se hizo a nivel mundial. Y también por eso fue importante lo de WikiLeaks en su momento. Reiteró que Julian Assange debe de ser liberado, porque está injustamente en la cárcel, tratado con saña, por dar a conocer algo parecido, que yo creo que hasta de más alcance.”

Lo cierto es que, durante al menos doce años, personajes vinculados a la delincuencia y el poder tuvieron a su disposición sistemas de alta tecnología de espionaje masivo, y aún no se han dilucidado las implicaciones de este ominoso fenómeno para la seguridad de los ciudadanos. Los hechos denunciados constituyen un agravio colectivo que afectó a un número desconocido de personas e incluso pudo haber costado vidas. Eso es lo que resta investigar.

* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)