Argentinos, ¿libres e independientes?

Libres e independientes fue la declaración en el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816, pero los argentinos no lo somos 205 años después, no nos dejaron ser. Desde su comienzo hubo un sector que se subordinó a Gran Bretaña y generó una alianza económica en que las grandes estancias disciplinaban al trabajador y se producía básicamente carne y trigo para Europa.

Las guerras internas entre los caudillos del interior y el puerto de Buenos Aires finalizó con la deserción de Justo José de Urquiza en Pavón. Bartolomé Mitre se hizo cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo Nacional, para posteriormente obtener el triunfo en las elecciones generales y asumió formalmente la presidencia de la República el 12 de octubre de 1862.

Su primer objetivo fue remover las autoridades provinciales federales para garantizar la subordinación de todo el país al modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico.

En ese entonces ante la sumisión de muchos, hubo caudillos locales que lo enfrentaron, conscientes de la disparidad de fuerza pero preferían “morir de pie que vivir de rodillas”. Desde Córdoba, foco liberal del interior del país, el ejército mitrista avanzó sobre otras provincias -Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Salta-, donde fueron desalojados los gobernadores federales.

En 1863 el coronel Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza encabezó a hombres y mujeres de las provincias del oeste y norte del país y le escribió  al presidente Mitre: “…el verme rodeado de miles de argentinos que me piden exija el cumplimiento de esas promesas, me han hecho ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido nuevamente la espada, que había colgado después de los tratados con los agentes de V.E”.

“No es mi propósito reaccionar al país para medrar por la influencia de las armas, ni ganar laureles que no ambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza depositada en mí por los pueblos”, añadió.  Derrotado en la dispar contienda de lanzas contra fusiles automáticos, fue perseguido hasta su casa y asesinado por el ejército mitrista.

La muerte de Peñaloza no aseguró la paz en el interior: la intimidación que ejerció el gobierno nacional durante esa época no hizo más que acrecentar el odio en las provincias. Mitre, deseoso de imponer la lógica del libre mercado extendió su garras al Paraguay que era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa porque le bastaban sus recursos, basado en una importante industria e infraestructura portuaria, ferroviaria y productiva.

Pero lo cierto es que la guerra duró casi cinco años, y le costó a la Argentina más de  50.000 muertos. Sin embargo, benefició a comerciantes y ganaderos porteños y entrerrianos cercanos al poder, que hicieron grandes negocios abasteciendo a las tropas aliadas de Uruguay, Brasil y Argentina.

Al terminar su mandato, Mitre había logrado dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional, dando paso a lo que pomposamente se llama “Organización Nacional” y que en realidad fue imponer un modelo económico agropecuario exportador que extremaba la riqueza en una minoría de la población, pero a costa de la marginalidad de la mayor parte del pueblo argentino. Esa minoría oligárquica tuvo su esplendor desde 1880 a 1930.

Tras la crisis de 1930, el gobierno argentino, con el fin de asegurar la venta de carnes y cereales a Inglaterra, firmó el Tratado de Roca-Ruciman, que no sólo fue pingüe ganancia para la rubia Albión, sino que concentró más el poder económico en los propietarios de grandes estancias, por su relación de proveedor y a la vez tomador de créditos de Gran Bretaña.

El gobierno del general Agustín P. Justo (Julio Roca quién firmó el tratado era su vicepresidente e hijo del General Julio Argentino Roca, el que encabezó el genocidio de la mal llamada conquista del desierto) y quienes lo sucedieron, Ortiz y Castillo lo hicieron mediante el fraude, a lo que se sumó la corrupción por grandes negociados.

Con la Segunda Guerra mundial los lazos con Inglaterra se aflojaron y el país como proveedor de alimentos a los dos grandes contendientes (Los Aliados y el Eje) logró revertir la situación de deudor a acreedor.  El golpe militar de 1943 realizado por el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) permitió que Juan Domingo Perón llegara en elecciones libres al gobierno.

Con recursos generados por las exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Juan Perón impulsó la industrialización del país y gracias al fin de la guerra, logró avanzar tecnológicamente y ponerse a la par de los países desarrollados, incorporando a ingenieros, técnicos, científicos y empresarios de los países derrotados que tenían un alto nivel de conocimiento y experiencia.

También empleó las acreencias que se tenía sobre Gran Bretaña a la que Argentina asistió en alimentos durante la guerra y, a cambio de esas deudas, le compró los Ferrocarriles y los teléfonos de la que eran propietarios.

La situación cambió desfavorablemente para la Argentina con la instrumentación del Plan Marshall, que hizo disminuir los precios agrícolas en los mercados internacionales, a lo que se sumó la sequía de 1952. Es en ese marco que se presenta y se trata de ejecutar el Segundo Plan Quinquenal, que tenía varios objetivos.

Entre ellos, el aumento de la producción agraria en detrimento de la industria; reducción de las importaciones; reducción de la intervención estatal en la economía; apertura a los capitales extranjeros; aumento de la productividad del trabajo; etc.  Tratar de cumplir ese plan desprestigió al gobierno ante su pueblo y esa situación fue utilizada por el poder económico para su derrocamiento.

Tras el golpe militar y la imposición de un nuevo gobierno de facto que, asesorado por el economista Raúl Prebisch, adoptó clásicas recetas de ajuste del gasto público y de devaluación de la moneda, que incluye la incorporación y el primer acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Detrás del FMI están los EU.

Tras ese primer acuerdo de 1956, en forma permanente el FMI condicionó a los gobiernos posteriores con dos excepciones. Una, la del gobierno del Dr. Arturo Illia en el que la Argentina creció por el impulso al mercado interno y no devaluó la moneda, pero la obra pública fue limitada por la falta de recursos fiscales que le obligó de hecho la renegociación y el pago de los vencimientos heredados de las administraciones anteriores.

Y la otra, con el gobierno del Dr. Néstor Kirchner, que incluso le pagó el total de lo adeudado en enero del año 2006, liberándonos de su tutoría después de 50 años.

Y es en la gestión de los Kirchner (Néstor y Cristina, de 2003-2015) que, primero pagando solamente la deuda con organismos internacionales, luego el canje de títulos de deuda del año 2005 y fundamentalmente desde el 3 de enero de 2006, cuando el entonces presidente canceló en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el FMI por más de 9.800 millones de dólares, es que se logra ejecutar un ambicioso plan de obra pública.

Entre los años 2003-2015 se ejecutaron obras públicas por el equivalente a 107.825 millones de dólares, cifra que fue seis veces mayor que la realizada en el período 1990-2002 y tres veces superior al período 2016-2020. Y se crecía y se distribuía el ingreso en forma más que proporcional que ese fuerte incremento del producto, como lo corroboran los datos del INDEC bajo la dirección de Jorge Todesca.

La dependencia

Los acuerdos implícitos con el FMI y el Club de París ([1]) significaron la generación de un ajuste de las cuentas públicas, y se subordinó toda la economía a pagar una deuda que fue recreada por el gobierno neoliberal de Cambiemos con Mauricio Macri como presidente, después de la quita y la extensión de plazos del gobierno de Néstor Kirchner.

La deuda con el FMI, que forma gran parte de la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos, es de 32.200 DEG ([2]), unos 45.400 millones de dólares. El préstamo del FMI se hizo para condicionar al nuevo gobierno, por eso es que el FMI sabiendo que esos dólares que ingresaban al país se fugaban, no hizo ninguna observación al respecto.

Igual podemos extender el razonamiento al acordar que el total de la deuda se pueda pagar en tres años como se le hizo firmar al gobierno de Cambiemos. El FMI no es una entelequia y es funcional a los países que son sus mayores aportantes y, con ello, a los capitales y capitalistas de esos países.

Un estudio del Banco Central (“Formación de activos externos 2015-2019”) afirma que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares.

Por ende, se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y señalarles que no pagaron impuestos a las ganancias por el monto de dólares que compraron, y exigirles que digan de dónde extrajeron esa suma, con lo cual, además de recuperar en parte esa deuda, se logra hacer un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

Si se recuperara gran parte de esos fondos, con ellos se amortizaría gran parte de la deuda con el organismo internacional

Para el Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán, la estrategia pasa por la negociación permanente con el FMI para reprogramar los vencimientos y recibir asistencia de los organismos internacionales, con la peregrina idea que la Argentina se inserte nuevamente en los mercados internacionales para renovar los vencimientos de los títulos por nuevos, considerando que la deuda externa es casi el 100% del producto, pero que el capital financiero internacional lo puede refinanciar.

Esa estrategia tiene dos premisas que son falsas de toda falsedad y que no se pueden obviar y, en tercer lugar, una consecuencia funesta.

Primero, se le está pidiendo a los grandes fondos de cobertura (Blackrock, Pimco, Fidelity, Vanguard; Gramercy, Franklin Templeton, etc.) y a los grandes bancos internacionales (JP Morgan, HSBC, BNP Pariba, Bank of America, Citigroup, Merrill Lynch etc.) que refinancien nuestra deudas. Basta ver cómo le va a la Provincia de Buenos Aires en una negociación permanente desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, para saber que eso es una falacia.

Segundo, se debe ver a cambio de qué, porque por ejemplo Blackrock tiene parte del capital accionario de la estatal petrolera YPF SA, de Transener SA, Glencore SA, Mercado Libre, Tenaris SA, Grupo Galicia, Banco Santander, Banco BBVA, Adecoagro, etc.  y en todo ellos y en todas sus actividades fija e impone condiciones a su favor que, una Nación soberana no puede admitir ni permitir.

Y la consecuencia es una profundización de la economía dual, donde una parte se integra (y se extranjeriza) y la mayoría de la población debe sobrevivir, si puede.

El camino debe ser otro, máxime que están dadas las condiciones para que el Estado reasuma sus funciones en el Río Paraná por donde sale el 80% de las exportaciones declaradas del país y, paralelamente también, reasumir la administración del transporte de ferrocarril de carga.

Mediante la Resolución 211 el Ministerio de Transporte rechazó el pedido de prórroga contractual efectuado por las empresas Ferroexpreso Pampeano (mayoritariamente con participación del grupo Techint), Nuevo Central Argentino (Aceitera General Deheza) y Ferrosur Roca (Loma Negra), asignándole la toma de servicio a Trenes Argentinos Cargas.

En los fundamentos de esta resolución se reconoce que las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura: los concesionarios no se hacían cargo debidamente de la red ferroviaria e incluso abandonaban ramales que a ellos nos les rendía económicamente.

A eso se suma el Decreto 427 del 30 de junio 2021, que otorga la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización, el dragado y el control hidrológico de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, por un plazo de duración de 12 meses a partir de septiembre de 2021. Ambas decisiones deben conjugarse para que el Estado retome la administración del río y de los ferrocarriles.

Es una inmejorable oportunidad para crear fuentes de trabajo en talleres de armado y refacción de vagones, locomotoras y vías, así como de barcazas y barcos de dragado, balizamiento y carga, como alguna vez el país supo tener en forma importante y que sobrevivió hasta el menemismo, quien cumpliendo expresas ordenes del FMI desmanteló la estructura productiva estatal y de empresas argentinas.

Es una excelente oportunidad para comenzar a ser independientes y libres de toda dominación extranjera.

Notas

[1] El Club de París es un conjunto de países acreedores creado en el año 1956 para que los Estados más solventes financien problemas de las naciones endeudadas. Actualmente los países miembros son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Holanda, Inglaterra, Rusia, Suecia y Suiza, son los mismos que lideran el FMI, donde las decisiones son tomadas por los EU, Alemania, Japón, Francia, e Inglaterra.

[2] DEG es una moneda que nace de la canasta de moneda de los países miembros del FMI según su aporte a ese organismo, actualmente se estima en 1 DEG = 1,41 dólares

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).