Soberanía tecnológica en jaque: El proyecto satelital argntino podría quedar en manos estadounidenses

 Argentina es uno de los pocos países que tienen la posibilidad de construir satélites a precios competitivos. Desde que la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri asumió la gestión del gobierno argentino en 2015, se han producido grandes recortes presupuestarios en todas las áreas vinculadas a la Ciencia y la Tecnología (CyT). En el caso de la industria espacial, el desfinanciamiento ha tenido un claro objetivo: poner en manos extranjeras el control de la industria satelital.

La política de desfinanciamiento del sector se opone a lo establecido en la Ley N° 27.208, sobre desarrollo de la industria satelital, que estipula el respaldo y desarrollo sostenido de la empresa Argentina Satelital Sociedad Anónima (Arsat), junto a un plan de negocios sustentable para la producción y la comercialización de satélites geoestacionarios.

En ese contexto, el por entonces Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad -actualmente ocupando la cartera de Defensa- designó a su yerno como presidente de  Arsat, Rodrigo de Loredo, como presidente de la empresa, el 30 de junio de 2017 anunció, durante el Simposio Internacional Satelital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), una serie de avances para concretar el lanzamiento del satélite ARSAT-3 en el año 2020.

Sin embargo, el gobierno continúa con los recortes presupuestarios que, a esta altura, hacen irreal la posibilidad de que dicho satélite de producción nacional pueda ser puesto en órbita. Junto a esta adversidad, semanas después del mencionado anuncio, salió a la luz una carta de intención firmada el 29 de junio de 2017 entre Rodrigo de Loredo y la compañía estadounidense Hughes Communications,  perteneciente a EchoStar Corporation, para la puesta en marcha del proyecto Arsat-3.

EchoStar Corporation se encuentra respaldada por varios fondos financieros de origen angloamericano. Más del 32% de la participación accionaria de esta compañía está en manos de capitales pertenecientes a Putnam Investments Bank y a Vanguard Group. Este último es considerado como uno de los big player, o gran jugador, de las finanzas globales, teniendo la capacidad de imponer fuertes condiciones ante otros, incluso países.

Esta información resalta las intenciones estadounidenses de controlar una vez más los costos de los servicios satelitales en la región, monopolizando el mercado y obstruyendo la soberanía tecnológica.

El acuerdo firmado por el funcionario argentino y la empresa estadounidense, que propone ceder el 51% del satélite a la compañía extranjera, puso en alerta al sector tecnológico y a una serie de actores del congreso argentino. Es que el tratamiento parlamentario de este tipo de compromisos u obligaciones se encuentran contempladas en la mencionada Ley. N° 27.208, donde se indica que deben ser acordados y aprobados por en el Congreso argentino.

Por otro lado, durante el año 2014, se realizó una licitación mediante la cual se ofrecía un segmento de espectro radioeléctrico para el despliegue de telefonía móvil 4G, en la que participaron todos los prestadores de telefonía móvil. Sin embargo, un grupo inversor (Vila-Manzano) no cumplió con el pago establecido en dicha licitación y, como consecuencia, el recurso radioeléctrico fue asignado a Arsat con la finalidad de brindar conectividad en zonas donde las grandes empresas no brindan cobertura.

El espectro radioeléctrico es un recurso que se encuentra valuado en 500 millones de dólares y aún no ha sido explotado económicamente debido a los recortes en infraestructura. Pero, para sorpresa de muy pocos, el Poder Ejecutivo decidió el 21 de enero de 2019, a través del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 58/2019, licitar dicho recurso para que termine en manos de privados, salteando los pasos legales establecidos, restringiendo aún más la soberanía tecnológica del país.

Si bien la decisión de licitar este recurso puede resultar lógica, sería prudente contemplar el destino de dichos fondos en el Congreso para evitar que estos sean utilizados discrecionalmente -para cubrir el déficit fiscal y/o el pago de servicios de la deuda externa- en vez de reinvertirse para el desarrollo tecnológico argentino

Más de cincuenta años de construcción de capacidades y entornos institucionales en materia espacial, ubicaron estratégicamente a Argentina en el plano internacional y en una posición líder en la región. El país es uno de los pocos que tienen la posibilidad de construir satélites a precios competitivos.

Considerando que la construcción de los satélites de comunicación Arsat-1 y Arsat -2 costaron unos 270 millones y 250 millones de dólares, respectivamente, si el Congreso lo dispone, sería factible, con las prontas ganancias que se obtendrán por los satélites ya puestos en órbita, retomar y financiar la construcción total de los Arsat -3 y Arsat -4, actualmente suspendidos.

En 1826, el presidente Bernardino Rivadavia promulgó la Ley de Enfiteusis, que legitimaba existencia de una hipoteca de tierras y bienes públicos para cubrir el empréstito de la Banca Baring Brothers. No sería prudente permitir que el espectro radioeléctrico y el desarrollo tecnológico argentino sean hipotecados a los intereses transnacionales, cual “Ley de Enfiteusis del siglo XXI”, para solventar, de manera “encubierta”, la deuda contraída por el ejecutivo argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 56 mil millones de dólares, para financiar la fuga de capitales, que finalmente quedarán en bolsillos privados.

Ahora bien, la Ley de desarrollo de la industria satelital que el gobierno de Mauricio Macri desconoció con el intento de entrega de Arsat-3 a Hughes Communications y el DNU 58/2019 pueden aún revertirse en el Congreso.

Las potenciales ganancias de Arsat-1 y Arsat-2, estimadas en unos 500 millones de dólares, junto a la licitación del espectro radioeléctrico que el gobierno pretende “regalar” con el DNU 58/2019, podrían financiar el desarrollo de los siguientes satélites, profundizando un camino de soberanía tecnológica del país, junto con un potencial beneficio para el conjunto de la región en un necesario proceso de integración tecnológica autónoma en favor de los pueblos.

*Observatorio de Ciencia y Tecnología, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE-FILA).