Historias desobedientes o hijos de genocidas (Argentina)

Mario Santucho-Revista Crisis|

Un grupo de hijxs de militares que rechazan a sus padres porque formaron parte del terrorismo de Estado hizo su aparición pública. El suceso agitó el océano digital de historias sazonadas con el tono feria de curiosidades que impone la moda periodística. Pero el telón de fondo amarillo es cada vez más envolvente, entre la pulsión revisionista y el frenesí reconciliatorio. ¿Cómo apuntalar el repudio social ante el eterno retorno de la impunidad y los dos demonios?

La lectura de la crónica sobre Mariana-la-hija-de-Etchecolaz me estremeció. Como a la mayoría, supongo. Fue un auténtico golpe bajo. Un impacto en la línea de flotación de los represores y quienes los bancan. Una patada a los testículos de los genocidas.

Luego surgió Historias Desobedientes, una nueva voz pública en relación a la memoria política de los setenta. El agrupamiento apareció en escena el tres de junio durante la marcha Ni una menos con una bandera que también pegaba donde duele: “Hijas e Hijos de Genocidas”.

Rápidamente los medios de comunicación y las redes sociales estallaron con la novedad. Nos erizamos. Aplaudimos. Llovieron los likes.

Hasta que otra crónica en el sitio web Anfibia nos recordó que va siendo hora de despabilar: “Hijos de desaparecidos y de represores” decía el encabezado. Reaparecía por la ventana la vieja idea de reconciliación.

Oleadas o fin de ciclo

Conocí a una de la integrantes del colectivo de desobedientes en 1993. Nos hermanamos en una agrupación universitaria que se llamó El mate. Yo estudiaba Sociología, ella Comunicación. Pleno menemismo. Caída del muro. La derrota del movimiento revolucionario calaba hondo. Ser militante entonces era una excentricidad.

Andábamos un poco huérfanos. Nuestras principales referentes políticas eran las Madres, unas abuelitas pulentas a quienes ayudábamos a organizar marchas de la resistencia. Estudiamos, investigamos con espíritu crítico, debatimos sin descanso sobre el pasado de luchas y utopías. Queríamos recuperar el tiempo perdido. No iba a ser fácil, lo sabíamos.

De repente aparecieron los zapatistas en México, luego HIJOS aquí, después organizamos la Cátedra Libre Che Guevara… y así hasta que en diciembre de 2001 una inmensa insurrección desafió al neoliberalismo. Pero no nos vayamos por las ramas.

Siempre supe que Flor era hija de un militar que había participado en los vuelos de la muerte. Y que lo odiaba. Había una intensa dignidad en ese desvío ético. Doblemente admirable en tanto lo portaba con sobriedad. Como si fuera lo más normal y no algo excepcional. Hoy ella está en condiciones de gritar su identidad. Y hacer de eso un acto político.

¿Por qué ahora? Es decir, ¿por qué no antes? ¿Qué circunstancias permiten que hoy se tornen audibles las historias filiares de Flor y sus compañeras?

Madurar o curtirse

A partir de diciembre de 2015 el territorio de los derechos humanos pasó a modo “recalculando”. El cambio se hizo palpable con el fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como “2×1”, dado a conocer el tres de mayo de este año. Tal mutación catalizó la emergencia de lxs hijxs que gritaron su rechazo paternal, una respuesta just in time. Se trata, ciertamente, de un paso adelante en la gran marcha progresista de la Memoria. Pero al mismo tiempo es un gesto defensivo. Muy interesante, y también ambiguo.

Erika Lederer escribió un artículo sobre su vivencia como hija de un obstetra de Campo de Mayo. Allí donde, según dicen, pudo haber nacido una hermana o hermano mío. Erika anuncia que se juntan “no para seguir regodeándonos en nuestros dolores, sino para organizarse con miras a aportar datos a los familiares que aún hoy buscan justicia, nietos y poder llorar sus muertos”.

Su papá se suicidó en 2012, cuando supo que los juicios tocarían la puerta de su hogar. Y se llevó un par de secretos a la tumba. “Se hizo justicia popular”, concluye Erika. Durísima la sentencia. En los noventa la justicia popular tuvo otro nombre: escrache.

Pero lo que se juega en esa frase es algo visceral. La sensación de que la tortilla se dio vuelta y aquellos que se afanaron a nuestros hermanos terminaron perdiendo a sus vástagos. Imposible no advertir el olor a revancha. Sobre ese morbo impalpable se solazan las crónicas periodísticas.

Despertar o pesadilla

Santa Lucía es un pueblito del sur tucumano que muchas veces no sale en los mapas. Tal vez sea, junto a las Malvinas, el paraje donde más intensamente se vivió el conflicto armado en la Argentina. A mediados de los años setenta se asentó en sus alrededores la guerrilla rural más grande que conoció el país, dirigida por mi viejo.

El primer guerrillero oriundo de esa localidad, Ramón Rosa Jiménez, fue baleado en una pelea callejera. Corría octubre de 1972. El policía Ibarra, autor del disparo, le pidió a su amigo Zaraspe, propietario de unos de los pocos automóviles del pueblo, que llevara al herido hasta el hospital. Pero Zaraspe voceó a quien quisiera escucharlo que no ensuciaría su coche con la sangre de un perro, y propuso llevarlo rameando. Ramón se desangró. El ERP bautizó a su Compañía de Monte con el nombre del mártir. Además, condenó a muerte a los responsables del crimen. Hablaban de justicia popular. Dos años más tarde, una veintena de partisanos bajaron del cerro, coparon el pueblo y ajusticiaron a Ibarra y a Zaraspe.

Santa Lucía fue el epicentro, poco después, del Operativo Independencia, experiencia contrainsurgente de dimensiones vietnamitas. Altas dosis de terror fueron inoculadas. Aún hoy el trauma se palpa en el ambiente. Hace unos años comenzamos allí una difícil experiencia de recuperación de las memorias comunitarias. Algunas maestras del lugar me propusieron que intercambiara ideas con el nieto de Zaraspe, joven inteligente y sensible. Omar está convencido de que quienes mataron a su abuelo deben ser juzgados. Y que los ex guerrilleros tienen que arrepentirse. Teoría de los dos demonios soft. Aun así, iniciamos una correspondencia hacia fines de 2015. Mientras nos maileábamos, Cambiemos ganó las elecciones.

A una semana de la asunción de Macri, con Flor y otros amigos organizamos un gran Festival en el pueblo. Vinieron músicos e invitados de todo el país. Ese día, a pesar del diálogo respetuoso, que no escondía las profundas diferencias sino que las exponía, Omar y sus familiares salieron a la calle a gritarnos “asesinos”. Obviamente, la idea misma de reconciliación está completamente fuera de mis cálculos. Pero, a partir de ese día, me di cuenta de que para muchos de ellos seguimos siendo sus enemigos.

Aggiornados o dinosaurios

Las hijas desobedientes fueron precedidas por una miríada de organizaciones fundadas por familiares de represores. El alcance de su transgresión no puede, por lo tanto, desvincularse de ese caldo de cultivo.

Un primer racimo surgió del horror ante los avances en materia de juicio y castigo promovidos por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa), con Cecilia Pando a la cabeza, nació en 2006. A la par de la Unión de Promociones, creada por ex militares preocupados ante “la probable evolución jurídica de los detenidos por la Guerra Contra el Terrorismo Subversivo”. Vale la pena recordar también a la extinta Asociación Argentina por la Memoria Completa, presidida por Karina Mujica. Y a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, conducida por Alberto Solanet. En 2014, asumiendo “los deberes de patriotismo, coraje y solidaridad”, fundaron el Foro de Buenos Aires con el objetivo de contrarrestar la ideología de los derechos humanos que habían propagado sus oponentes del Foro de San Pablo, para “alcanzar muy importantes cargos públicos en diversos países de la Región y en organismos supraestatales”.

La performance electoral de Macri en octubre de 2015, festejada como un triunfo propio por “la familia militar” (aproximadamente un millón de votos), significó un envión anímico y doctrinario para el incipiente movimiento social. Entre los rasgos más sorprendentes de esta proliferación de entidades se destaca la pericia para apropiarse del repertorio utilizado por los familiares de desaparecidos. Así como los ruralistas indignados por las retenciones a la exportación de commodities hicieron suyo en 2008 el corte de ruta del que se habían servido los piqueteros en sus luchas; así como los opositores al kirchnerismo resignificaron el cacerolazo con el que los ahorristas protestaron en 2001 cuando los bancos acorralaron su dinero; hoy escuchamos consignas paridas por las víctimas de la dictadura, como “memoria, verdad y justicia” (completa), “basta de impunidad” y “marchas en defensa de la democracia y las instituciones”, esta vez en boca de quienes acusan de terroristas y criminales al movimiento revolucionario de los setenta. Este procedimiento es clave para identificar hoy en qué consiste una política reaccionaria: deshistorizar los conflictos, sustraerle toda densidad a la decisión colectiva, para imponer una igualdad abstracta ante la ley que esconde las asimetrías éticas y los antagonismos sociales.

Existe una red de fundaciones que aggiornaron el discurso para crecer en aprobación. Y se hacen fuertes en la negativa a reivindicar los crímenes de los militares, exigiendo el mismo trato a los que tomaron las armas contra el Estado. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas directamente copia el nombre del CELS, uno de los organismos de derechos humanos más vigentes. Presidido por la abogada Victoria Villarruel, cuenta en sus filas con Arturo Larrabure, flamante candidato a diputado por la lista 298 Todos por Buenos Aires. Hijo de un coronel del Ejército que fue secuestrado por el ERP en 1974 y murió mientras permanecía cautivo, Larrabure pidió a la justicia que el caso de su padre fuera catalogado como Lesa Humanidad, solicitud rechazada por diversos tribunales. También forma parte del CELTyV la docente de Formación Ciudadana Fernanda Megías, quien reivindicó públicamente su derecho a informar a los alumnos sobre las víctimas del “terrorismo de izquierda”.

Otro de los agrupamientos revisionistas es la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina, que dirige Silvia Ibarzábal, hija de un teniente coronel también secuestrado por la guerrilla guevarista y muerto durante un enfrentamiento entre la policía y sus captores. En Afavita milita además Jovina Luna, hermana de un soldado que murió durante el asalto protagonizado por Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte de Formosa, en 1975. Más recientemente surgió La fuerza de los dignos, red de familiares del interior del país que se formó al calor de las presentaciones de los documentales de Sandro Rojas Filártiga “Los valientes de Formosa” (2013) y “La Escuelita de Manchalá” (2015), sobre los soldados muertos en ambas operaciones guerrilleras.

Por último, Puentes para la Legalidad brotó en 2015: “somos un grupo de familiares de imputados en causas de Lesa Humanidad, que venimos denunciando desde 2008, como Hijos y Nietos de Presos Políticos, distintas irregularidades y violaciones a los derechos humanos sufridas por nuestros padres y abuelos durante los procesos judiciales”. El principal exponente de este colectivo es Aníbal Guevara, hijo de un teniente del Ejército condenado por su participación en el sistema represivo de la dictadura. Puentes no reivindica el accionar genocida, aunque considera presos políticos a los procesados en los juicios de Lesa Humanidad. Y convoca a terminar con los “prejuicios y antinomias presentes en la sociedad argentina” con el objetivo de “superar las diferencias en la búsqueda de justicia a partir del encuentro, del diálogo. El puente como vínculo humano, como intercambio, simplemente ver al otro, reconocerlo y considerarlo”.

Punto final o volver al principio

Guevara fue uno de los participantes de la escena de kundalini yoga y constelaciones familiares que reseñaron las periodistas Carolina Arenes y Astrid Pikielny. Es la crónica que mencioné al inicio de este escrito y que las reporteras definen del siguiente modo: “una convocatoria heterogénea, inclasificable, tal vez para algunos, sospechosa: hijos de desaparecidos y de ex militantes; hijos de policías y militares que cuestionan los juicios de lesa humanidad; hijos de policías y militares que denuncian a sus padres, que marchan contra la impunidad”. Arenes y Pikielny son coautoras del libro Hijos de los 70. Historias de la generación que heredó la tragedia argentina.

El montaje causó escozor en varias regionales de hijos de desaparecidos. Una picazón similar motivó una nota en Página 12, a pesar de que el contenido era muy diferente. Lo que tenían en común ambos artículos era un gesto: el abrazo entre representantes de “distintos bandos”. Y algo más: la presión, el fórcep por parte de terceros para que los conejillos se pusieran mimosos. Es cierto que es difícil para los cronistas contenerse frente a un “suceso” tan sensacional. Pero la torpeza es una de las peores consejeras, especialmente cuando está imbuida de buenas intenciones.

De todas formas, no se trata simplemente de falta de tacto, apresuramiento o deseo de ser parte de la gran primicia. Una estrategia compleja, sutil y de largo aliento se viene configurando desde el instante en que fue desmontada la hegemonía de la teoría de los dos demonios como hipótesis principal de lectura de lo sucedido en los años setenta.

Algunos elementos de esta perspectiva fueron presentadas en un Suplemento elaborado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM):

a) preocupados por “los riesgos de una judicialización ‘fuera de sus goznes’, es decir, de una judicialización de la historia y/o de la política”;

b) atentos a “las tramas principales de este drama histórico y presente: el lugar de las víctimas, los silencios, las disputas por la reconciliación, la verdad y la justicia en la transición democrática argentina”;

c) se nos ofrece, otra vez, “adentrarnos en los distintos lenguajes y registros en los que se escribe e inscribe el horror”, “que no pueden menos que estremecer a cualquier lector sensible”;

d) pero esta vez de una manera específica: “Leer Sudáfrica, pensar Argentina”. La “excusa justa para hablar sobre la experiencia de violencia y terrorismo de Estado que aquejó a los dos continentes”.

El fascículo circuló en la revista Review, franquicia de The New York Review of Books editada en Buenos Aires por Capital Intelectual, casa editora propiedad de uno de los más poderosos empresarios del país, Hugo Sigman. La UNSAM, que aporta el financiamiento y la cobertura institucional del sitio web Anfibia, prepara para el segundo semestre del año un Congreso Internacional sobre las bondades del modelo sudafricano, considerado una alternativa al caso argentino específicamente en dos aspectos nodales: priorizar la Verdad por sobre la Justicia; promover el perdón y la reconciliación, para lo cual es preciso igualar las responsabilidades de los agentes respecto de “la violencia”, emparejando la represión sistemática ejercida desde el Estado y la contra-violencia revolucionaria.

Como semejante nivelación al ras de los sujetos históricos resulta poco creíble, al menos en estas pampas, los artífices del revisionismo levantan una bandera más seductora: la igualación de las víctimas. Más allá de sus ideas políticas.

Como tal congregación no fue posible en las generaciones que vivieron el conflicto, entonces alientan el abrazo entre los hijxs de desaparecidos y los hijxs de genocidas. Un convite difícil de rechazar. Pero, ¿no estará todo demasiado guionado?

Sociedad o Estado

La imaginación progre del siglo XXI apuesta a un revival de los principios demócratas, con el fin de contrarrestar la cultura política de la década populista. Hay vasos comunicantes entre el furor académico por Mandela y los relatos que, sobre el “temita” de la Memoria, emanan del gobierno de Cambiemos. Contra lo que podría pensarse, el macrismo no apela a un discurso improvisado. Llevan años preparando los argumentos de esta metamorfosis doctrinaria.

El gurú en la materia es el ministro de Cultura Pablo Avelluto. Desde su puesto como Director Editorial del sello Sudamericana, perteneciente a la multinacional Penguin Random House, promovió entre 2005 y 2012 una revisión de los años setenta. El género obviamente vendía. A su gestión debemos el éxito de la trilogía de un ex jefe de los servicios de inteligencia del Estado, Juan Bautista Yofre: Fuimos todos (2007), Nadie fue (2008) y Volver a matar (2009), gracias al aparato publicitario y logístico de la compañía de capitales alemanes vendieron más de 80 mil ejemplares. También Operación Traviata (2008), el libro de Ceferino Reato sobre el asesinato de José Ignacio Rucci, superó los 50 mil ejemplares vendidos y, según la propia publicidad de la editorial, “sacudió el tablero político”, “forzó la reapertura de la causa judicial” y “puede terminar desarticulando la política de derechos humanos del kirchnerismo, restringida a los crímenes del Terrorismo de Estado de la dictadura militar”. Según palabras del editor: “Yo no inventé los libros revisionistas de los setenta. Ya estaban en un plano marginal. Eran consumidos por nostálgicos resentidos de la dictadura. Se les dio una exhibición mayor”.

Pero la verdadera criatura intelectual del Ministro es El diálogo, una conversación entre Héctor Leis, militante montonero arrepentido de su involucramiento en la violencia revolucionaria, y Graciela Fernández Meijide, madre de un joven desaparecido, dirigente del partido cuyo gobierno desembocó en el estallido social de 2001, hoy referente moral del oficialismo y animadora de un espacio televisivo en Canal 7. El subtítulo de la obra refleja bien su propósito: “el encuentro que cambió nuestra visión sobre la década del setenta”. La propuesta no es precisamente novedosa.

Podríamos seguir enumerando actores que aportan lo suyo a esta compleja y heterogénea coalición social e intelectual. Cómo olvidar las intermitentes convocatorias de la Iglesia a un “camino de diálogo”, en el marco de la “cultura del encuentro”, “sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”. El último intento fue en el marco de la 113° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, que sesionó entre el dos y el seis de mayo. Brindaron su testimonio Cristina Cacabelos, abogada y catequista, tres hermanos aniquilados por el terrorismo de estado, militante de la reconciliación; la recién mencionada Graciela Fernández Meijide; y el General de Brigada retirado Daniel D´Amico, cuyo padre también militar fue ejecutado por Montoneros. Quiso la providencia que el mismo día del piadoso coloquio la indignación provocada por el fallo de la Corte Suprema favorable al 2×1 cortara en seco cualquier componenda revisionista. La ancestral prudencia de las sotanas, y tal vez un llamado oportuno desde la Basílica de San Pedro, obligaron a los obispos a enrollar la piola del perdón.

Tampoco pueden menospreciarse los incendiarios editoriales del diario La Nación, ni los finos opúsculos de la editorial Katz. Pero no es cuestión de aburrir. Basta este sucinto diagrama que linkea enunciados disímiles y concurrentes, para hacernos una idea del inquietante magma en el que irrumpen las hijas e hijos que decidieron repudiar a sus progenitores genocidas.

La intervención de este inédito colectivo puede ser una pastilla de gamexane para el revisionismo derecho y humano. O un instrumento más de la cruzada reconciliadora. No dependerá solo de ellas.