Cuba: ¿Será posible una reforma política?/ El acuerdo con la Unión Europea

Janette Habel-Le Monde Diplomatique|

Las transformaciones en curso son presentadas como una “actualización del modelo” para señalar que no se pretende una reforma del mismo, sino su corrección. Pero algunas características del sistema político, como la existencia de un partido único o la falta de espacios para la expresión de la disidencia, son crecientemente cuestionadas desde diversos sectores.

n 2018, Raúl Castro, que para entonces habrá alcanzado la edad de 86 años, no se postulará para un nuevo mandato presidencial. Dentro de dos años, la generación de Sierra Maestra habrá dejado el poder. Dos años es poco para reformar la economía del país, adoptar una nueva Constitución y controlar la normalización de las relaciones con Washington. ¿Sobrevivirá el régimen a la desaparición de su histórica dirección?

El Partido Comunista Cubano (PCC) ya designó un sucesor: el primer vicepresidente Miguel Díaz Canel. Pero los desafíos no desaparecen. Para afrontarlos, Castro se apoya en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ejército nacional, del que fue ministro durante medio siglo, en el PCC y en la Iglesia Católica –en el corazón de las negociaciones con Washington–. Mientras que las reformas económicas ahondaron las desigualdades, se generaliza la incertidumbre sobre el futuro del país. El PCC intenta responder lanzando consultas populares en los períodos previos a los Congresos. Castro aseguró que sucedería lo mismo para el Séptimo, previsto para abril de 2016. Pero ya comenzaron los debates entre los intelectuales, miembros y no miembros del PCC, en especial en la web, a pesar del limitado acceso a Internet.

Raúl Castro se dedicó a “actualizar” el socialismo cubano –un eufemismo para designar la liberalización económica iniciada en 2011–. Incluso si esas reformas desmantelan la sociedad que él había intentado construir, Fidel Castro no las cuestionó. “El modelo cubano ya no funcionaba, ni siquiera para nosotros”, reconoció el ex Presidente (The Atlantic, septiembre de 2010). La situación económica casi no dejaba opción. La ayuda de Caracas había permitido que entre 2005 y 2007 la isla alcanzase un índice de crecimiento promedio del 10%, pero la crisis financiera y las dificultades del socio bolivariano cambiaron la ecuación: “En 2013, el comercio entre Cuba y Venezuela cayó mil millones de dólares; en 2014, podría descender aun más”, prevenía en octubre de 2014 el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva (1).

Ganadores y perdedores

En marzo de 2014, el gobierno adoptó una nueva ley de inversión extranjera, que Raúl Castro calificó de “crucial”. Con excepción de salud, educación y defensa, todos los sectores están abiertos a los capitales extranjeros, con la seguridad de una exención de impuestos durante ocho años, incluso más en ciertos casos, en particular en las “zonas especiales de desarrollo económico”, como el puerto Mariel. Sin embargo, los proyectos propuestos deben recibir el aval de organismos gubernamentales: “No es el capital el que define la inversión” (2), señala Deborah Rivas, directora de Inversión Extranjera en el Ministerio de Comercio Exterior. El economista Jesús Arboleya Cervera subraya: “Los emigrados cubanos ya son inversores indirectos en los comercios pequeños [a través del envío de remesas]; hoy, su participación a mayor escala ya no está prohibida por ley, sino por el embargo” (3). La contratación de trabajadores se realiza bajo el control de agencias estatales.

No obstante, para algunos la transformación de la isla avanza todavía con demasiada lentitud: “No se puede ‘actualizar’ algo que nunca funcionó –se exaspera Pérez Villanueva–. No hay crecimiento. Con la ayuda de Dios, este año [2015] quizás alcanzaremos el 1%”.

Según el discurso oficial, instilar una dosis de mercado en la economía de la isla debería permitir mejorar sus rendimientos sin debilitar la justicia social. Ahora bien, actualmente la pobreza alcanza al 20% de la población urbana (en lugar del 6,6% de 1986). La libreta de abastecimiento, cuya supresión había sido anunciada, después debió ser prorrogada porque su extinción hubiera perjudicado a los más pobres. En una sociedad donde la igualdad constituye una marca de identidad, aparecen cada vez con más claridad quiénes son los beneficiarios y quiénes las víctimas de las reformas.

Según el mismo Raúl Castro, entre las víctimas se cuentan “los asalariados del Estado, remunerados en pesos, cuyo salario no les basta para vivir”, los ancianos “con jubilaciones que son insuficientes en relación con el costo de vida” (4), pero también las madres solteras, la población negra –que se beneficia en menor medida de los aportes financieros de los cubano-estadounidenses– y los habitantes de las provincias orientales . Entre los ganadores figuran los empleados de empresas mixtas, los asalariados del turismo, los campesinos del sector agrícola privado, una parte de los cuentapropistas, en resumen, toda una población que tiene acceso a una moneda fuerte: el CUC (peso cubano convertible). En efecto, desde 2004 se agregó al peso cubano esta segunda moneda; un CUC equivale a 24 pesos nacionales. El CUC apuntaba a reemplazar al dólar, autorizado en 1993. Por lo tanto, hay dos economías que funcionan en paralelo: la del peso y la del CUC, que manejan los turistas y todos los cubanos que trabajan en ese sector.

Con el fin de controlar las tensiones que suscitan esas disparidades, Castro cuenta con la lealtad de las FAR para conciliar la liberalización económica y mantener un sistema político de partido único. En efecto, desde la gran crisis de los años 90, la jerarquía militar maneja sectores esenciales de la economía gracias al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un holding de empresas al que controla. En su seno se experimentó el “perfeccionamiento de las empresas”, tomado de las técnicas gerenciales occidentales para estimular la productividad. En la población persiste el prestigio de las FAR, pero los privilegios que gozan sus miembros suscitan críticas. Así, no es raro escuchar: “Ellos no tienen problemas de vivienda” (en alusión al complejo inmobiliario moderno reservado a los militares y a sus familias en La Habana). En cuanto al PCC, perdió influencia, pero Castro rejuveneció, feminizó y mestizó su dirección. Para el economista Pedro Monreal González, el PCC conserva su credibilidad y “el Estado todavía goza de un apoyo popular debido a su capacidad de suministrar bienes públicos que muchos cubanos consideran esenciales”.

Discusiones pendientes

En febrero de 2015, el PCC anunció que antes de terminar el mandato de Raúl Castro entraría en vigor una nueva ley electoral. Este anuncio sucede al de febrero de 2013 relativo a la creación de una comisión para la reforma de la Constitución. ¿Cómo renovar la dirección entronizando cuadros que carecen de la legitimidad de los antiguos, en ausencia de un debate público que permita elegir entre candidatos con diferentes propuestas? El modo actual de designación, que en última instancia necesita el aval del PCC, parece poco viable en el largo plazo.

Espacio Laical, la revista que publica el arzobispo de La Habana (con estatus no oficial), durante mucho tiempo fue el lugar privilegiado de los debates políticos. Durante una década consagró sus coloquios y artículos a la reforma de la Constitución, el lugar del PCC, la refundación de los Órganos de Poder Popular. Los responsables de Espacio Laical, los católicos laicos Roberto Veiga y Lenier González, insistían en el “contraste entre el pluralismo de la sociedad y la falta de espacios para la manifestación de dicho pluralismo” (5). Pero en junio de 2014 ambos hacían pública su renuncia forzosa a causa de las críticas contra ellos y contra el cardenal Jaime Ortega y Alamino. Visiblemente, el arzobispo deseaba que la revista adoptara un enfoque más “pastoral”, es decir menos político. Meses más tarde, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba aceptaba apadrinar un proyecto similar con la revista Cuba posible, coordinada por Veiga y González.

El artículo V de la Constitución actual es objeto de fuertes críticas. Allí, el PCC es definido como el “discípulo de las ideas de José Martí y del marxismo-leninismo”, y como “la vanguardia organizada de la nación cubana, la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Una definición que impugna la Iglesia, pero también los investigadores. “La idea de partido de vanguardia se deforma al traducirse en partido de poder”, nos dice el sociólogo Aurelio Alonso (6). Sin embargo, la construcción de un “Estado inclusivo que pueda contar con un pluralismo político e ideológico” constituye una tarea urgente. ¿Pluralismo o pluripartidismo? Para Veiga, tiene que contemplarse “la posibilidad de autorizar la existencia de otras fuerzas políticas arraigadas en los fundamentos de la Nación”, aun cuando no piensa que sea realista en el corto plazo.

El debate se refiere también a las modalidades de elección del presidente, cuyo mandato actualmente se limita a un máximo de dos veces por un período de cinco años. Para algunos, la elección debería realizarse por sufragio universal directo, a fin de darle legitimidad electoral al nuevo mandatario. El politólogo Julio César Guanche pone énfasis en una refundación del “poder popular” oficialmente encarnado por las asambleas municipales, provinciales y nacional (7). Hay que construir una “ciudadanía democrática y socialista”, declara el sociólogo Ovidio d’Angelo. Pero las “organizaciones de masas están demasiado subordinadas al PCC” para convertirse en su expresión. Más cuando “el discurso oficial socava la base de su propia legitimidad histórica –observa Guanche–. El cuestionamiento del ‘igualitarismo’ abre la vía al cuestionamiento del ideal más poderoso del socialismo: la igualdad”. Una crítica al discurso de Castro, que en el Congreso de la Central de Trabajadores Cubanos (CTC) denunció “el paternalismo, el igualitarismo, las gratuidades excesivas y las subvenciones indebidas, la vieja mentalidad forjada a lo largo de los años”.

Esta “vieja mentalidad” no exceptúa al PCC, donde reina el hábito de la unanimidad y las veleidades de censura. Esas prácticas suscitan cuestionamientos. Por primera vez en la Asamblea Nacional se vio a un diputado levantar la mano para votar contra el nuevo Código del Trabajo: Mariela Castro, hija de Raúl, contra la negativa de incluir en el texto la prohibición de discriminaciones sexuales.

En ese contexto, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos aparece tan necesario como peligroso. El gobierno cubano sabe que el objetivo de Washington es derrocar al régimen. Por el momento, ganó la primera partida al no hacer ninguna concesión; pero ahora su optimismo es más tibio. “Se corre el riesgo de que se apoderen de todo, como lo hacen en todas partes. ¿Qué quedará para los cubanos?”, se pregunta un jubilado. “Son muchos los que ya no saben realmente cuál será su futuro”, constata el sociólogo Rafael Acosta. ¿Qué pasará después de levantado el embargo? ¿Cómo controlar el flujo de dólares y turistas? Entre los temas de discordia figuran las miles de propiedades nacionalizadas en ocasión de la Revolución. El gobierno no piensa indemnizar a los propietarios que dejaron el país. Pondrá en la balanza el costo de un embargo de medio siglo y la restitución de la base de Guantánamo.

La abrogación completa del embargo necesita el acuerdo del Congreso estadounidense, donde republicanos y demócratas están divididos. En mayo de 2015, Obama retiró a Cuba de la lista de Estados “que apoyan al terrorismo” y en julio de ese año reabrieron las embajadas en Washington y La Habana. En cuanto al proceso de normalización, promete ser largo. La Habana aprovechará esta lenta marcha para evitar la desestabilización del país y cultivar sus relaciones con América Latina, China y la Unión Europea.

De cualquier manera, en ausencia de un dirigente histórico que encarne el combate contra el “Imperio”, existe el riesgo de que en el futuro resulte cada vez más difícil unir y movilizar a la población cubana.

Notas

1. Cuba posible, Nº 1, La Habana, octubre de 2014.
2. Granma, La Habana, 17-4-14.
3. Cuba posible, 20-1-15.
4. XXº Congreso de la Central de Trabajadores Cubanos, 22-2-14.
5. Cuba posible, Nº 2, febrero de 2015.
6. Entrevista por mail, 15-3-15.
7. Cuba posible, Nº 1, op. cit. Ídem para las siguientes citas.
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Anexo1
La Unión Europea y Cuba: nueva relación

Joaquín Roy-IPS|El 12 de diciembre la Unión Europea y Cuba firmaron un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que al mismo tiempo ha rescindido la condicionante Posición Común que la UE mantenía sobre Cuba. El solo hecho del acuerdo bilateral es ya de por sí una noticia, pero al mismo tiempo se imbrica en una serie de operaciones relacionadas con el régimen cubano, que tienen como protagonista principal al agente imprescindible, Estados Unidos.

En primer lugar, la decisión europeo-cubana se produce mientras se intentan completar los diversos pasos para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

En segundo término, el acuerdo tiene lugar apenas un mes después de la elección como próximo presidente de Estados Unidos de Donald Trump, quien anunció que se dispondría a aplicar una corrección a las medidas adoptadas por su predecesor, Barack Obama, para erosionar las condiciones del embargo.

El tercer detalle es que esta combinación de hechos y decisiones ha tenido lugar en el contexto verdaderamente novedoso de la muerte de Fidel Castro, el 25 de noviembre, con lo que se abre una etapa decisiva de la sucesión en Cuba del presidente Raúl Castro en 2018.

En este contexto conviene reflexionar sobre el resumen de la relación entre la UE y Cuba, que se centra en tres anclas fundamentales según la óptica europea.

En primer lugar, el diferendo entre Estados Unidos y Cuba cristalizado en el embargo debe ser tratado entre esos dos agentes exclusivamente. Ahora bien, si la legislación o decisiones norteamericanas impactan negativamente los intereses europeos, la UE se opondrá por todos los mecanismos a su alcance. Finalmente, si Cuba anhela a tener un trato mejor y preferencial con la UE, deberá cumplir con ciertos requisitos.

En este amplio escenario, vale la pena distinguir las bases de la conducta de Estados Unidos con la europea. Mientras las acciones de Washington se han dirigido al fin fundamental de la terminación del régimen castrista, la agenda europea apunta a una evolución hacia el futuro que garantice la transformación pacífica del sistema. Solamente cuando se confirme la transición cubana se podrá probar la eficacia de la estrategia de Europa.

Conviene, a esta altura, distinguir los aspectos del acuerdo entre la UE y Cuba que merecen ser considerados como novedosos de los que en realidad son parte de unas pautas permanentes.

En primer término, hay que reconocer que la firma del acuerdo europeo-cubano se produce tras unas largas negociaciones que estuvieron condicionadas duramente por la exigencia cubana de no sentarse discutir un acuerdo si no se eliminaba la Posición Común. La Habana asintió a negociar hasta el momento mismo de la firma. ¿Qué ha sido la Posición Común?

Esta decisión unilateral de la UE se tomó hace 20 años, en noviembre de 1996, en la culminación de un año explosivo que tuvo como eje central la aprobación por Washington de la llamada ley Helms-Burton, en realidad el resultado mixto de diversas iniciativas legislativas.

El título II es una colección de condiciones impuestas Cuba para la derogación del embargo (la desaparición del régimen castrista, el retiro de sus protagonistas y la puesta en marcha de una democracia), mientras el título III es una amenaza para los inversores (“traficantes”) que se impliquen en las propiedades confiscadas por el castrismo. Se les permitiría a los antiguos propietarios presentar demandas judiciales en tribunales norteamericanos.

En un ambiente confuso y pleno de incertidumbres, sin que la aprobación de la ley fuera segura, Fidel Castro ordenó el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, provocando la aprobación de la legislación por el presidente Bill Clinton, aunque se reservó una cláusula de suspensión semestral de las posibles demandas judiciales.

Posteriormente, la UE y Estados Unidos firmaron un acuerdo que congelaba futuras inversiones.

Pero el cambio de gobierno en España el mismo año permitió que el presidente José María Aznar consiguiera el asentimiento de sus colegas en la UE para la Posición Común, que condicionaba la cooperación europea en los temas de la soberanía compartida.

Debido al complejo sistema europeo de competencias en el que se mezclan numerosos aspectos que no son los básicos de exclusividad de las instituciones comunitarias, diversas operaciones de relaciones exteriores y de soberanía interna siguen siendo controladas por los estados.

El resultado fue que ningún estado de la UE cesó en sus operaciones con Cuba. Cada uno continuó con sus acuerdos bilaterales. Nadie prohibió a sus ciudadanos viajar a Cuba. Ningún estado miembro de la UE impidió a sus líneas aéreas establecer conexiones. Sus propios sistemas de ayuda y cooperación continuaron funcionando como antes.

En la actualidad suman 18 los estados que tienen acuerdos bilaterales. Pero la existencia de la Posición Común implicaba un paraguas condicionante para una “relación plena” en los terrenos globales.

Esta relación bilateral y colectiva condicionada se agrió extremadamente en 2003 cuando el gobierno cubano ordenó la detención de 75 representantes de la disidencia y la ejecución sumaria de tres secuestradores de un ferry en el puerto de La Habana.

Bruselas, por medio de una decisión del Consejo (su más alta institución), impuso una serie de “medidas” (inmediatamente rebautizadas como “sanciones” por el régimen cubano). Destacaba la recomendación de extender invitaciones a los representantes de la disidencia a las recepciones de las fiestas nacionales de los Estados miembros. Se regulaba la limitación de participación en misiones comerciales y el nivel de participación de los representantes.

El resultado se tradujo en una serie de “guerras del canapé”, en las que si la disidencia asistía a los actos, el gobierno cubano se abstenía. Las llamadas de las embajadas no eran contestadas. La Habana llegaba a mimetizar la Posición Común con el embargo norteamericano.

Luchaba así contra “dos imperios”. Bruselas llegó entonces a considerar las medidas como contraproducentes y procedió a la evaluación y estudio sobre la conveniencia de su eliminación, lo que se produjo en 2008, cuando ya se había ampliado la inicial oficina de la UE en La Habana elevándola a la categoría de representación plena.

Así se procedió a un sistemático repaso de las alternativas en una serie de reuniones internas y entre altos funcionarios de Cuba y la UE (tanto en Bruselas como en La Habana), llevadas a cabo desde marzo de 2012 hasta los plenos acuerdos de 2016. Prácticamente ningún tema fue soslayado, incluyendo la sensible área de derechos humanos.

La naturaleza del acuerdo es de la variante “mixta”, ya que además de la aprobación del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, se necesita la anuencia de todos los Estados miembros y sus respectivos parlamentos. Aunque se considera que el guión está bien programado, no se descarta la aparición de obstáculos de algún Estado miembro que ralentice el proceso definitivo, mientras se aplican provisionalmente cada uno de sus pasos.

En el terreno cubano, al gobierno le conviene cumplir con los acuerdos básicos. A favor de esta tesis cuenta la incertidumbre de las acciones del gobierno de Trump. Además, la precaria situación de Venezuela y la evolución de otros gobiernos latinoamericanos pueden privar a Raúl Castro y su sucesor del apoyo necesario para la supervivencia de los aspectos básicos del régimen cubano en transformación. Europa representa la alternativa más pragmática y factible.

*Catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.

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Anexo 2

Cuba y la UE restablecen relaciones plenas

Ángel Guerra Cabrera| La reciente ratificación el 12 de diciembre, en Bruselas, del Acuerdo de Diálogo Político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea (UE) culmina un proceso de diálogo tras una etapa de hostilidad y sanciones por parte de esta así como firme rechazo cubano a los intentos de imposiciones. Un acuerdo preliminar había sido rubricado en La Habana en marzo en presencia de los jefes de las diplomacias de la UE, Federica Mogherini y de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quienes signaron el documento final. Hasta entonces, la isla era el único país iberoamericano no suscriptor de ningún entendimiento con el bloque.
Desde poco después del triunfo de la revolución las relaciones de La Habana con los países de Europa occidental, luego integrantes de la UE, estuvieron marcadas por los vaivenes de la guerra fría, la pertenencia de estos a la OTAN, los altibajos en la agresividad de Washington hacia el país caribeño, la alianza de Cuba con la URSS, su activa solidaridad con los movimientos de liberación y la percepción europea en distintas etapas sobre la fortaleza de la isla.

Sin embargo, los estados europeos nunca rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, se opusieron siempre al bloqueo, que lesiona sus intereses, y desde hace años votan en la ONU contra el castigo. En este cuadro, cabe señalar que España, Francia, Reino Unido y Holanda mantuvieron relaciones comerciales con la isla durante todo ese período y España fue el primero de ellos en realizar importantes inversiones en la industria turística isleña cuando se autorizaron. La UE es su segundo socio comercial, así como su mayor inversor y tercer emisor de turistas.

Son varios los factores que contribuyeron a que el ente comunitario modificara la llamada Posición Común (1996), que proponía un cambio de régimen en Cuba, guiño a Washington, adoptada a instancias de José María Aznar durante su presidencia del gobierno español. También a la cancelación de las sanciones impuestas en 2002. En 1989, la UE no había dado respuesta a una propuesta cubana para establecer un acuerdo bilateral y un mecanismo de diálogo político. Mientras, algunas de sus embajadas en la capital cubana mantuvieron estrechos vínculos con la contrarrevolución interna, contribución a la política subversiva de Washington.

No ha de extrañar que el acuerdo se alcance cuando Cuba ha demostrado su capacidad de resistir el bloqueo de Estados Unidos, unido al descomunal golpe económico que significó el desplome de la Unión Soviética y de sus aliados del este europeo. También de reinventarse una vez más para actualizar su socialismo a las nuevas condiciones internas y externas. Así como normalizar las relaciones con la iglesia Católica y recibir dos visitas papales. A la vez, cuando los países de América Latina y el Caribe mantienen fluidos vínculos diplomáticos y de cooperación con La Habana, que ha sido muy activa en la construcción o fortalecimiento de los instrumentos de unidad e integración latino-caribeñas como la CELAC.

Fue con la presidencia cubana de CELAC que se adoptó la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que establece el diálogo y la negociación como única forma de solucionar los conflictos y enfatiza el respeto mutuo a la soberanía autodeterminación y derecho de cada pueblo a darse el régimen político y social que elija.

Estos factores, unidos a la exigencia de los países de la región de que no podía celebrarse otra Cumbre de las Américas sin Cuba, llevaron a Estados Unidos a un replanteo de la relación bilateral, al restablecimiento de las relaciones diplomáticas sin precondición alguna en diciembre de 2014 aunque sin levantar el bloqueo. Obama mismo se encargó de declarar que lo que no había funcionado era necesario cambiarlo, en tácito reconocimiento al fracaso de la política de cerco para derrocar al socialismo en la isla.

En este contexto, se iniciaron en 2014 por la UE y Cuba las pláticas que condujeron a la firma esta semana del acuerdo mencionado.

Sin duda, las dos visitas a la isla de Federica Mogherini, Alta Comisionada para Asuntos Exteriores del bloque, de varios cancilleres europeos y la del presidente francés Francoise Hollande, primera oficial de un mandatario de la UE en 29 años dieron un importante impulso al mejoramiento de las relacione de Cuba con la UE.

Lo que muestra este trascendental acuerdo es la posibilidad de llegar a consensos con los grandes por sobre las diferencias, con base en el respeto mutuo y del reconocimiento a la plena soberanía de Cuba.

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