Ayotzinapa: una ausencia omnipresente/ Barbarie irresuelta/Entrevista a una madre
Gerardo Szalkowicz-Nodal|
En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían en autobuses a la capital mexicana a conmemorar la masacre de Tlatelolco en 1968. El saldo de la represión fue de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. Sin avances en la investigación, sus familiares siguen reclamando justicia y denunciando la responsabilidad del Estado.
Se cumplen dos años de la dolorosa secuencia que marcó a fuego al México contemporáneo. Y que desnudó la putrefacción del Estado mexicano. Aquel crimen de lesa humanidad cometido por la corporación policial y narcocriminal, que secuestró y desapareció a los 43 estudiantes, selló un quiebre histórico porque pudo desenterrar el grito atragantado de un pueblo que respira sangre.
Tlatelolco, Acteal, Tamaulipas, Nochixtlán… Ayotzinapa. Vamos conociendo la geografía mexicana a través de sus masacres. Orquestadas por el terrorismo de Estado o por sus fuerzas tercerizadas. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hay en México 27.659 desaparecidos. Se estima unos 11 por día. Sin embargo, Ayotzinapa tuvo una carga simbólica especial que logró viralizar ante el mundo esta tragedia humanitaria.
Ayotzinapa le puso nombre a un sistema de violencia múltiple, sistemática y cotidiana, a una guerra difusa y no convencional, cuyo objetivo es profundizar el despojo de los bienes naturales a manos del capital transnacional.
Ayotzinapa sintetiza la hipocresía, la torpeza y la crueldad de un poder político que disfraza de incapacidad su responsabilidad en tan crudo escenario. En estos 24 meses, el gobierno de Peña Nieto desvió la investigación, fabricó culpables, ocultó evidencias. Mintió descaradamente. Pero gracias al equipo argentino de forenses y al grupo de expertos de la CIDH se logró desmontar la versión oficial que buscaba dar vuelta la página.
Ayotzinapa logró zamarrear al inconsciente colectivo al punto de hacer erosionar la imagen interna y externa de un gobierno huérfano de sensibilidad y como menos cómplice de los hechos. Si bien la movilización popular en reclamo de justicia fue menguando, el incansable y compacto grupo de familiares de los jóvenes aún sigue siendo la principal piedra en el zapato del establishment.
Las escuelas normales rurales son una herencia del cardenismo. De las 36 que funcionaron sólo sobreviven 16. Tienen una marcada impronta y tradición combativa, en particular la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de donde surgieron líderes magisteriales y guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas se trasladaban a una actividad conmemorativa de otra masacre estudiantil, la de Tlatelolco en 1968. Sus verdugos subestimaron el impacto que tendría la arremetida contra un grupo de jóvenes, pobres y campesinos.
La espiral de violencia en suelo azteca viene de larga data, pero explotó durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y su “guerra contra el narcotráfico”. Aquel sexenio dejó oficialmente más de 121 mil muertes violentas. En lo que lleva en la presidencia Peña Nieto, se registran más de 78 mil homicidios y ya se superó la cantidad de desapariciones (algo más de 13 mil).
Muchos factores explican el cuadro, pero hay uno esencial: México paga caro ser la puerta de entrada al principal consumidor de drogas y mayor vendedor de armas del mundo. No pierde vigencia la célebre frase: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.
El poder fabrica monstruos y nos los vende como sus enemigos. Los grandes cañones mediáticos repiten: “combate al terrorismo”, “combate al narco”, ocultando que el creador y la criatura son dos caras de una misma moneda que se complementan para seguir acumulando riquezas. Mientras, los muertos son siempre del mismo bando.
Los 43 normalistas se convirtieron en una ausencia omnipresente. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Y vivos seguirán para siempre, recordándonos que, como dijo Emiliano Zapata, “si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”.
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Anexo 1
Iguala: barbarie irresuelta
Editorial Diario La Jornada| Es exasperante y desalentador llegar, hoy, a dos años de la agresión perpetrada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa y otras personas. En los 24 meses transcurridos desde entonces las autoridades, lejos de esclarecer el cruento ataque y de procurar justicia, han enturbiado los hechos a un grado difícil de concebir y con propósitos que escapan al entendimiento de la opinión pública nacional e internacional, y los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos que fueron desaparecidos aquella noche siguen ausentes.
Las versiones oficiales elaboradas tanto por el gobierno estatal como por el federal han sido sistemáticamente derrumbadas por sus propias contradicciones e incoherencias, así como por los aportes de investigadores mexicanos y extranjeros. Han salido a la luz simulaciones –como la del segundo peritaje de fuego en Cocula–, ocultamientos, destrucción y siembra de pruebas, indicios de fabricación de culpables, elementos que podrían apuntar a la construcción deliberada de pistas falsas –como la de las bolsas con restos calcinados supuestamente arrojadas al río San Juan–, y las investigaciones científicas han desvirtuado una y otra vez la factibilidad de que los 43 muchachos aún desaparecidos hubieran sido incinerados en una gigantesca pira en el basurero de Cocula.
En estos dos años el gobierno federal ha tenido oportunidades de limpiar su propia investigación y las ha desperdiciado todas. Habría podido atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contenidas en dos gruesos informes; las de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; habría podido aprovechar la salida como procurador general de la República de Jesús Murillo Karam, patrocinador de la verdad histórica del basurero de Cocula, y habría podido proceder con una investigación seria y verosímil sobre las inexplicables e irregulares maniobras efectuadas por el ahora ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, al margen de las diligencias oficiales, en cuanto éstas fueron expuestas a la opinión pública por el GIEI.
Al confundir, oscurecer y revolver el caso y, en última instancia, al persistir en lo que constituye una abierta denegación de justicia para los muertos y heridos y en un desdén ante la suerte de los 43 desaparecidos, el gobierno ha causado un pronunciado deterioro en la imagen nacional e internacional de las instituciones y en la ira sostenida de grandes sectores de la población.
En el extremo opuesto, la incansable lucha de padres, madres, familiares y compañeros de los ausentes, los muertos y los heridos, ha concitado una solidaridad pocas veces vista en la historia contemporánea y ha dado lugar a una multitud de expresiones de rechazo a los crímenes perpetrados en Iguala y a la ineptitud, indolencia y falta de voluntad del grupo gobernante para resolverlos y para encontrar a los desaparecidos. Pero las innumerables movilizaciones, protestas y reuniones con funcionarios de diversos niveles emprendidas por los padres de Ayotzinapa han topado una y otra vez con la opacidad, con el escamoteo de la verdad y con el constante aplazamiento de acciones orientadas a esclarecer, procurar justicia y castigar a los culpables. Por si fuera poco, el entorno de los 43 ha sufrido diversas campañas de difamación, emprendidas desde el conglomerado de medios hasta hace poco adeptos al poder, que han pretendido presentar a las víctimas como delincuentes y a sus padres como individuos manipulados por intereses oscuros e inciertos.
Entre las sucesos lamentables que caracterizan desde ahora a este sexenio y que serán marcas históricas indelebles, la más dolorosa e indignante es sin duda la que evocan las toponimias de Iguala y Aytozinapa, asociadas a una cifra: 43.
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Anexo 2
Cristina Bautista, madre de uno de los 43 normalistas: “El sueño de mi hijo era ser maestro”
Adrián Pérez|Cristina Bautista recuerda a su hijo, pide justicia por él y sus compañeros y carga contra la falta de respuestas del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, compartió experiencias con las Madres de Plaza de Mayo.
Cristina Bautista Salvador cruzó a Estados Unidos en dos ocasiones. Dejó Alpuyecancingo de las Montañas, municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero, México, y se marchó al país del norte con un solo pensamiento en la cabeza: juntar dinero para levantar una casa donde vivir con sus tres hijos. “Soy madre y padre para ellos. El sueño de mi hijo era ser alguien en la vida y ser maestro para poder ayudarme”, señala con una voz tan enérgica como las manos de trabajadora que apoya en la mesa del bar porteño. En diálogo con Página/12, la madre de Benjamín Ascensio Bautista, joven de 19 años que desapareció con 42 compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, recuerda a su hijo, pide justicia por él y carga contra la falta de respuestas del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayoztinapa, la mujer participará de una movilización a las 16 desde el Obelisco hasta la Cancillería.
Cristina trabajó en el campo hasta que el 26 de septiembre de 2014, el cuerpo de su hijo –y de otros pibes que querían ser maestros de escuela primaria– quedó atrapado en esa maraña amparada por el Estado mexicano y urdida con eficacia mercantil por el narcotráfico, las fuerzas de seguridad y los paraestatales. Cuando era feliz con sus tres hijos, Cristina amasaba pan que ofrecía en el mercado del pueblo y trabajaba en la educación inicial. Cada jueves vendía pozole, un caldo hecho a base de maíz que comercializaba a modo de emprendimiento familiar. Con los pesos recaudados compraba útiles para que sus hijos pudieran estudiar. Benjamín limpiaba las mesas y atendía a los clientes. Las hijas se encargaba de preparar los condimentos del pozole y mantenían la limpieza del lugar. Todos ayudaban. A los tres chicos les enseñó a preparar la tierra, abonarla, sembrar maíz, frijoles y calabaza.
Hoy bandonó las tareas rurales para dedicar todo su tiempo a la búsqueda de Benjamín. Cristina llega al encuentro con Página/12 con un sombrero ancho de paja que le cubre el cabello negro y un pañuelo color verde agua prolijamente anudado al cuello. Arribó a Buenos Aires desde Ciudad de México, donde participó de los preparativos para las actividades que hoy le recordarán al gobierno de Peña Nieto y al mundo entero que ya pasaron dos años sin novedades sobre el paradero de los 43 estudiantes.
Dice que en Estados Unidos se desempeñó seis meses como empleada en Car Wash. También limpió casas. Después se fue a McDonald’s, donde cubría el horario de 7 a 15; por la tarde trabajaba en Burger King de 17 a 24, viernes y sábados, de 17 a 1. “Trabajé cinco días a la semana quince horas diarias. Es muy difícil. Si no trabajas, no comes. Trabajes o no, tienes que pagar la renta”, recuerda la mujer su paso por Connecticut. “Había paisanos y, con contactos, pude llegar allá. Llegué cruzando la frontera, caminando por el bosque”, completa.
Y cuenta que, además de leer, escribir y estudiar, a Benjamín –que era un chico muy alegre– le encantaba imitar a Michael Jackson. “Ninguna canción le gustaba en particular, se sabía todas, las cantaba y bailaba”, rememora la madre. Entre los mayores anhelos, Cristina señala que su hijo soñaba con enseñar, y que esa vocación lo llevó a inscribirse en la Escuela de Ayotzinapa. Había mostrado, además, cierto interés por la informática. “Yo no sé qué es eso. ¿Por qué no mejor agarras una carrera que puedas terminar y empiezas a trabajar?”, le aconsejó a Benjamín al ver que “había unos chavos en el pueblo que estudiaban licenciatura y no conseguían trabajo”. Con la sugerencia de la madre, Benjamín se volcó por la posibilidad de ser maestro.
El 15 de septiembre de 2014 fue el último día que Cristina vio a su hijo. Llegó a la casa a las tres de la tarde. Había viajado a Chilapa de Alvarez para entregar documentos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) donde se desempeñó un año como educador comunitario. A partir de esa experiencia supo de la Normal. “Hay una escuela para los pobres como noso- tros, para los hijos de campesinos, que se llama Ayotzinapa, es internado, no se compra nada. Sacó su ficha y se anotó. Entró muy contento”, evoca la mamá que le contó el hijo.
En el almuerzo con sus hermanas y su madre, Benjamín se mostró entusiasmado con su visita a Puebla y Veracruz. “Estaba muy contento porque había conocido más escuelas para pobres y se daba cuenta de que el gobierno no quería que existieran escuelas normales rurales, porque ahí defendían a la gente luchadora, que peleaba por sus derechos”, sostiene Cristina.
La madre de Benjamín dice que es muy triste saber que pasaron dos años sin novedades de los jóvenes. “Le exigimos al gobierno mexicano que los presente con vida porque se los llevaron vivos”, manifiesta la mujer, y señala que, además, los sobrevivientes pudieron ver el momento en el que los agentes de seguridad subieron a los normalistas a las patrullas.
Un acuerdo firmado en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y representantes de los estudiantes desaparecidos estableció las tareas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trabajó en la investigación del caso Ayotzinapa hasta el 13 de abril, cuando México dio por concluido el trabajo del grupo. En septiembre de 2015, los expertos rechazaron, en un informe de 550 páginas, la versión oficial que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero de Cocula.
El 28 de octubre de 2014, los padres de los 43 estudiantes se reunieron con el presidente mexicano. “Peña Nieto nos dijo que había sido la delincuencia organizada y que le diéramos un poquito de confianza, que iba a encontrar a los responsables topara con quien topara”, afirma la mujer. Los padres volvieron el 24 de septiembre de 2015 a la residencia presidencial para recordarle al mandatario que no había cumplido con su palabra. “Usted no entiende nada porque no ha perdido ningún hijo, no sabe el dolor y el sufrimiento que tenemos”, le dijo al jefe de Estado. Los familiares presentaron 150 mil firmas que apoyaban las recomendaciones del GIEI, entre ellas, que los militares, la policía y Tomás Zerón, funcionario involucrado en la búsqueda de los normalistas, sean interrogados por la Justicia.
Antes de entrar a la plaza de Mayo, para participar en la ronda de las Madres, Cristina dice que quiere intercambiar su experiencia con las vivencias de las Madres. Cristina apura el té de manzanilla, sale del bar y se pierde en el enjambre humano de la city porteña. Se funde en el abrazo de los pañuelos blancos, en el pedido de Justicia y aparición con vida de Benjamín.
*Publicado en Página 12
Anexo 3
Zapatistas: ¿Y los otros 43? ¿Y los que le siguen?
EZLN| Sucede que este país no es el mismo desde hace dos años en que el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este hecho nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos, y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor y con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43, y que brilla en el rostro de millones de personas en todas las geografías del México y del mundo de abajo, y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente.
Como barrios, tribus, naciones y pueblos originarios que somos, miramos y hacemos palabra nuestra mirada, ahora como antes, desde el corazón colectivo que somos.
Desde las geografías y calendarios de abajo, donde se dibujan los espejos de los que somos el Congreso Nacional Indígena con nuestras resistencias, rebeldías y autonomías; desde los confines y rumbos donde somos y entendemos el mundo los pueblos originarios, es decir, las geografías antiguas desde donde no dejamos de ver, entender y resistir a esa misma violenta guerra que los poderosos implementan en contra de todos y todas, quienes sufrimos y resistimos desde lo que somos con un rostro individual o colectivo, miramos y hacemos palabra nuestra el rostro de los 43 ausentes recorriendo los rincones de este país en busca de verdad y de justicia, el rostro que se dibuja con otros millones de rostros y que nos muestra en medio de la noche los rumbos sagrados, porque sagrados son el dolor y la esperanza. Ese rostro colectivo que se multiplica y mira las geografías de resistencia y rebeldía.
Desde las geografías de abajo
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad, y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política, que no sólo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narco-estado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad ‒como es el cambio de Tomás Zerón, responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad‒ dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno.
A la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios –como las de Cherán, la tribu Yaqui, los indígenas presos, las comunidades zapatistas-, a quien un juez ha condenado a 33 años y 5 meses por el séxtuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente.
Esto miramos cuando miramos hacia quien arriba es Poder: para quien asesina, encubre y miente, premios y protección; para quien se indigna y protesta contra la injusticia, golpes y cárcel.
Y cuando nos miramos:
En el sur, la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios en contra de caciques y empresas, se disuelve con la lucha por la seguridad y la justicia en contra de las bandas de la delincuencia organizada, cuya íntima relación con toda la clase política es la única certeza que, como pueblo, tenemos hacia cualquier órgano del estado.
La formación de grupos de choque que actúan contra las movilizaciones permean los pueblos y el gobierno juega a generar conflictos que incendien los tejidos internos. Es decir, trata de hacer espejos de su guerra sembrando discordia en las comunidades y apostando a la destrucción en las fibras más sensibles. Nada más explosivo y peligroso para esta nación.
En el occidente, las luchas por la tierra, la seguridad y la justicia se dan en medio de la administración de los cárteles de la droga, que el estado disfraza de combate a la delincuencia o de políticas de desarrollo. En cambio, los pueblos que han resistido e incluso abatido la delincuencia mediante la organización desde abajo, deben luchar por los intentos permanentes de los malos gobiernos para lograr que el crimen organizado, y los partidos políticos de su preferencia, se adueñen nuevamente de los territorios mediante formas diversas.
La organización autónoma de las comunidades, sus luchas irrenunciables por los lugares sagrados y tierras ancestrales no cesan. La defensa de nuestra madre no se negocia. Estamos atentos a la lucha de la comunidad Wixárika de Wauta- San Sebastián Teponahuaxtlán por la recuperación de cerca de 10 mil hectáreas aledañas al poblado de Huajimic, Nayarit, donde, pese a demostrar su derecho en tribunales agrarios, las autoridades judiciales han sido omisas; y los malos gobiernos hacen de las falsas geografías oficiales que dividen los estados, un pretexto para incentivar el despojo a los pueblos originarios. Al pueblo Wixárika, en su rebeldía y autonomía le decimos: estamos con ustedes.
En el norte, donde persisten luchas por el reconocimiento de los territorios, las amenazas mineras, los despojos agrarios, el robo de recursos naturales y el sometimiento de las resistencias por narco paramilitares, los pueblos originarios siguen construyéndose a diario.
Los pueblos originarios de las tribus del norte, donde la nación Siux teje sus propias geografías que van más allá que las falsas geografías oficiales que los sitúan en otro país ‒pero que para nosotros somos hijos de la misma madre‒, están resistiendo a la invasión de sus tierras sagradas, cementerios y centros de oración para la construcción de oleoductos por parte de la empresa Energy Transfer Partners, que pretende transportar por sus territorios el petróleo obtenido mediante el fracking de la región Bakken, en Dakota del Norte, lo que ha motivado la solidaridad y unión de los pueblos originarios del norte. A ellos les decimos que su rabia es la nuestra y como Congreso Nacional Indígena alzamos y alzaremos la voz junto con ustedes. Su digna lucha es nuestra también.
En la península, los pueblos mayas se resisten a desaparecer por decreto, defendiendo sus tierras del ataque de empresarios turísticos e inmobiliarios, donde la proliferación de guardias blancas opera con impunidad para despojar a los pueblos, la invasión por la agroindustria transgénica amenaza la existencia de los pueblos mayas y la inmundicia de los magnates que se adueñan de los territorios agrarios, vestigios culturales arqueológicos e incluso la identidad indígena, pretende convertir a un pueblo tan vivo como la extensión de su lengua, en fetiches comerciales. Los pueblos que luchan contra las altas tarifas de luz son perseguidos y criminalizados.
En el centro, los proyectos de infraestructura, autopistas, gaseoductos, acueductos, fraccionamientos, se están imponiendo de forma violenta y los derechos humanos se ven cada vez más difusos y lejanos en las leyes impuestas. La criminalización, cooptación y división dibuja la estrategia de los grupos poderosos, cercanos todos de manera corrupta y obscena al criminal que cree gobernar este país, Enrique Peña Nieto.
En el oriente del país, la violencia, el fracking, las mineras, el tráfico de migrantes, la corrupción y demencia gubernamental son la corriente contra la lucha de los pueblos, en medio de regiones enteras tomadas por violentos grupos delincuenciales orquestados desde altos niveles de gobierno.
Desde el diálogo y la traición
Al igual como lo ha hecho el magisterio en lucha, los pueblos originarios hemos buscado diálogos con el mal gobierno en nuestras demandas urgentes de respeto a los territorios, de presentación de los desaparecidos, de liberación de los presos, de justicia para los asesinados, de que salga la policía o los militares de nuestras tierras o de nuestras exigencias de seguridad y justicia, pero siempre el gobierno se niega hasta que detienen a nuestros voceros en todo el país, el ejército dispara contra los niños en Ostula, las máquinas destruyen las casas de quienes resisten en Xochicuautla, los federales disparan contra el pueblo digno que acompaña a los maestros en Nochixtlán. Los malos gobiernos hacen como que dialogan y simulan durante años acuerdos con el pueblo Wixárika para lograr la restitución pacífica de su territorio, mientras configuran un reordenamiento violento de la región.
Y el gobierno platica como si no hubiera pasado nada y ofrece voluntad de ceder, siempre que ambas partes acuerden. El gobierno cede una parte de lo que acaba de destruir, libera a un preso, indemniza a la familia del asesinado, finge estar buscando a los desaparecidos. Y a cambio pide a los pueblos ceder su patrimonio colectivo, que es su dignidad, su organización autónoma y su territorio.
En varias geografías de nuestro país estamos recurriendo a las consultas cuando decimos que no queremos sus minas, sus eólicos, sus transgénicos, sus presas y exigimos que debería preguntarse a los pueblos, pero el mal gobierno siempre responde fingiendo que “consulta cómo consultar si consulta o no la forma de la consulta” (o algo así), que está llena de simulación, suplantación de nuestra palabra, manipulación y cooptación de nuestra gente, de amenazas y represión. Y así hasta que dice que ya estuvo y que ya dijimos que sí queremos sus proyectos de muerte, o que estamos divididos y debe atender a todas las posiciones.
Y mientras pretenden mantenernos quietos en su agenda mentirosa y las ongs “expertas” en “consultas” engrosan sus bolsillos, avanzan más rápido para concretar ‒antes de siquiera empezar la supuesta consulta‒ el robo del agua del río yaqui, que las mineras y sus desechos destruyan Wirikuta, que los eólicos invadan todo el Istmo y que los transgénicos se impongan en la Riviera Maya.
Los rumbos del mundo son nuestras geografías y en ellos nos encontramos y reconocemos, porque sabemos que la lucha no es de hoy ni para hoy, no luchamos por poder ni folclor que ofrecen campañas mentirosas, sino por tejer y retejer lo que somos, fuimos y seremos como pueblos originarios.
Los rostros de los 43 ausentes y la tenacidad de sus familiares y compañeros, son los otros 43 partes de guerra y resistencia. A ellas y ellos se suman los dolores, las rabias, las resistencias de los pueblos originarios y las rebeldías de millones en todo México y el mundo.
Y le siguen los partes de guerra y resistencia de lo otro perseguido y estigmatizado, de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, de la infancia convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida, de la naturaleza mancillada, de la humanidad adolorida.
Con toda esa humanidad, con esta tierra que somos, hoy reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde, ahora más que nunca y como pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar.