Uruguay: Cuentas de impunidad

Roger Rodriguez|

La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya más allá del esfuerzo realizado durante treinta años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y, aún, por el propio Estado.

Las cuentas son claras… De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos (17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay). También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% esta aún en la etapa de presumario, sin procesamientos ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia.

De ellos, catorce permanecen en una prisión (José Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Maurente, Ernesto Soca, Ricardo Medina, José Sande, Gregorio Álvarez y Juan Larcebeau en la Cárcel de Domingo Arena; y José Ribero, Arturo Aguirre, Nelson Bardecio, Pedro Fleitas y Asencio Lucero en la Cárcel de Corceros) y cinco fueron beneficiados con la prisión domiciliaria (José Gavazzo, Ernesto Ramas, Juan Carlos Blanco, José Araújo Umpiérrez y Amodio Pérez).
Dos represores fueron excarcelados (Tranquilino Machado y Ricardo Zabala), uno fue sobreseído (Juan C. Gómez), cinco fallecieron (Juan M. Bordaberry, Carlos Calcagno, Alberto Gómez Graña, Miguel Dalmao y José Chialanza) y dos se suicidaron cuando los fueron a detener (Juan Rodríguez Buratti y Pedro Barneix).

También hay tres procesados en Chile (Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli), uno ahora condenado en Argentina (Manuel Cordero), otro refugiado y en juicio en Italia (Jorge Tróccoli), tres prófugos (Pedro Mato, Hermes Tarigo y Miguel Sofía) y uno requerido (Ariel Ricci).

Pese a lo que dicen las normas militares, sólo se ha pronunciado un Tribunal Militar de Honor (Gilberto Vázquez) por un caso de fuga, que luego fue revisado por el Ministerio de Defensa Nacional. Todo los demás oficiales a quienes correspondían los juicios morales, que en algunos casos se iniciaron, no han tenido una sentencia. Unos porque no hay oficiales superiores que los puedan juzgar (Gregorio Alvarez) y otros porque no ha existido voluntad política ya que si se los condena deberían perder sus jubilaciones y prebendas, entre ellas la asistencia médica.

Cuentas de impunes
A las reseñadas estadísticas de la impunidad, se puede narrar un largo collar de cuentas que muestran la impunidad en casos concretos que se han registrado desde la salida de la dictadura hasta la fecha. Episodios que en su momento pudieron o no ser denunciados en los medios de comunicación y aún ante la justicia, pero que demuestran hasta dónde los criminales de lesa humanidad son impunes en Uruguay.

El coronel Glauco Yanonne, uno de los oficiales que secuestró a Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Brasil en 1978, terminó siendo enviado a Oslo para recibir el premio nobel de la Paz por los cascos azules uruguayos durante la presidencia de Julio Sanguinetti. Se llegó a filmar un documental al respecto… Hoy es profesor de historia en la Escuela Militar, designado durante un gobierno del Frente Amplio.

El coronel Eduardo Ferro, jefe del operativo contra Celiberti y Rodríguez, implicado en la desaparición de Oscar Tassino, quien trabajo en empresas de seguridad y fue asesor de legisladores colorados, organizó una reunión en Maldonado, a la que asistieron 900 camaradas. A cada uno la regaló un cartucho vivo de una bala Calibre 30 transformado en llavero. Nadie cuestionó oficialmente de dónde salieron esas balas y por qué un oficial retirado tenía una caja con un millar de municiones de armas de guerra. ¿Hay un arsenal en algún lado? ¿Justo en un entorno en el que se ha denunciado grupos de ultraderecha?.
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El coronel Guillermo Abella Zuasti, fue reconocido como un torturador al asistir al juzgado de la calle Misiones para solidarizarse con otros militares que eran indagados. Una víctima lo denunció al ver su foto en un diario. Era profesor de matemáticas y coordinador del curso de rematadores de la UTU. Algunos de sus alumnos eran hijos de las personas que él y sus compañeros habían torturado.

A fines de 2007 fue citado por primera vez a un juzgado el general Iván Paulós. Lo acompañaron como escoltas el coronel Ferro y otro desconocido de lentes oscuros quien exhibía un arma en su cintura al arengar a los presentes. Era el mayor Enrique Mangini, uno de los militantes de la JUP que asesinó al estudiante Santiago Rodríguez Muela en el Liceo 8 en 1972. Denunciado por la prensa, en su impunidad, inició un juicio por difamación. Su denuncia fue desechada, pero aún no lo juzgaron por su crimen.

Los militares Alberto Ballestrino (h), Ricardo Blanco Fanocchio y Gustavo Mieres Ultra asesinaron por torturas a Oscar Fernández Mendieta en el Batallón de Durazno en mayo de 1973. Su responsabilidad fue denunciada en 2009, pero todavía no fueron juzgados. Ballestrino es pastor en Maldonado, Mieres dirige el Club Tacuarembó y Blanco habría viajado al exterior. El pasado 18 de mayo, Día del Ejército y la Batalla de las Piedras, el comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, destacó el concepto de “trato digno al enemigo preso” que pedía el General Pablo Galarza en la guerra de 1904. Galarza es el nombre del batallón donde mataron a Fernández Mendieta.

En marzo de 2009 la historiadora Clara Aldrighi trajo documentos desclasificadoss en Estados Unidos que mostraban la ayuda que el agente norteamericano Dan Mitrione pidió para Uruguay antes de ser ejecutado por los Tupamaros en agosto de 1970. La “ayuda” llegó a fines de 1970. Incluía autos Mavericks, equipos de espionaje y armas, entre ellas cuatro winchester 225 con mira telescópica, que fueron usados para asesinar al estudiante Heber Nieto en la azotea de la Escuela de la Construcción en 1971. La semana pasada, 45 años después, un testigo fue citado a declarar por el caso en el juzgado penal 13…

 

Cuentas de impunidores

Los criminales prófugos Jorge Tróccoli, Hermes Tarigo y Pedro Mato, estarían cobrando sus pensiones militares a través de tarjeta BROU internacional. Todos ellos deben presentarse periódicamente ante un consultado uruguayo para que les den el “certificado de vida” que luego envían al Servicio de Retiros y Pensiones Militares para que les habiliten el pago de sus jubilaciones. La Cancillería uruguaya sabe dónde está cada uno de ellos, porque esos papeles son enviados a Montevideo por los consulados.

Estos militares prófugos tampoco han sido sometidos a los tribunales de honor que les harían perder sus pensiones. Ser prófugos no sería deserción para las Fuerzas Armadas. Por el contrario, ellos también fueron favorecidos por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2008 declaró inconstitucional el impuesto a los sueldos (IRPF), de unos tres mil retirados militares, que en la causa estuvieron representados por el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez. Resulta paradójico que el Estado financie sus fugas…

El Ministerio del Interior censuró documentos desclasificados sobre Nibio Melo, pese al Art. 12 de la Ley 18.381.
En julio de 2010, el Ministerio del Interior censuró documentación desclasificada por la Ley de Acceso a la Información 18.381 sobre Nibio Melo, el hijo desaparecido de Luisa Cuesta, con el argumento de “bloquear datos de terceros” por la Ley de Protección de Datos Personales 18.331; pese a lo que específicamente dice el artículo 12 de la ley de transparencia: “no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas… cuando la información solicitada refiera a violaciones a los derechos humanos, o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.”

Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, los doctores Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera, argumentaron en 2007, dos años después de la asunción de Tabaré Vázquez, que el maestro Julio Castro no había desaparecido sino que había tomado un avión a Buenos Aires como había dicho en 1977 la dictadura ante la OEA. La impune excusa se planteó como respuesta a una causa civil que inició la familia, quien luego de ganar ese juicio presentó todas las pruebas en una causa penal.

La causa penal derivó en el procesamiento con prisión del comisario Ricardo Zabala, quien había secuestrado al maestro Julio Castro en 1977; pero un nuevo fallo judicial excarceló al policía.Algo similar ocurrió con el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por el asesinato en 1973 de Roberto Gomensoro Josman. Pero luego, en un extraño movimiento simultáneo de piezas desde la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte, fueron cambiados juez y el fiscal, y terminaron otorgando el sobreseimiento del militar.

Cuentas del pasado

 

Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Gomensoro Josman, como lo es la liberación del comisario Zabala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpiérrez coordinador del segundo vuelo de Orletti, y obviamente lo es el régimen carcelario que el juez “ejecutor” Martín Gesto concedió a Ernesto Ramas (quien nunca estuvo en la cárcel y siempre se alojó en el Hospital Militar) y ahora fue a veranear a Piriápolis sin tobilleras, y para José Nino Gavazzo, a quien el mismo magistrado le permitió asistir a la celebración de los 15 años de su nieta. Un escrache en la puerta de su casa en Pocitos se lo terminó impidiendo.

Es impunidad que no se interrogue a los marinos Ricardo Dupont y José Uriarte quienes acompañaban al capitán Jorge Tróccoli cuando viajaron a Buenos Aires a secuestrar a los uruguayos militantes del GAU; como lo es que el psiquiátra Martín Gutiérrez, denunciado por torturador ante el juzgado penal de 7° turno, pretenda un diploma de la Udelar en neurofisiología; que el oficial Sergio Coubarrere y el Dr. Eduardo Sainz paseen libremente por Fray Bentos, siendo los asesinos de Vladimir Roslik, porque para la justicia de Soriano el caso prescribió.

También es impunidad que el coronel Armando Méndez, el militar que convenció a Amodio Pérez (otro con prisión domiciliaria) para que le ordenara los papeles de la OCOA y poder capturar y torturar a sus compañeros, todavía no haya sido citado como indagado en un juzgado, cuando fue quien terminó asesinando por torturas al obrero Humberto Pascaretta de la fábrica CICSA, según ha testificado el ex soldado Hugo García Rivas, quien todavía debe vivir como un desertor refugiado por Cruz Roja en Noruega.

Las “Pibas de Abril”, tres jovenes acribilladas en 1974 cuando empezó la coordinación represiva. Otro crimen impune.
Y sigue siendo impunidad que no se desarchive en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) los documentos sobre la reunión de Buenos Aires de 1974 en la que comenzó la coordinación represiva regional, iniciada con el secuestro y tortura del “Negro” Antonio Viana Acosta, que siguió con la salvaje ejecución de las “Pibas de abril” en la búsqueda de Washington Barrios, y que ese año incluyó a los fusilados de Soca, el asesinato de Ramon Trabal, y la desaparición de Luis González González.

Del mismo modo que permanecen impunes los crímenes de la Operación Morgan contra el Partido Comunista en 1975, la verdad sobre el asesinato de Michelini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw o la desaparición de Liberoff, como la extorsión sobre Gerardo Gatti y León Duarte, lo ocurrido con las víctimas del segundo vuelo de Orletti, el destino de María Claudia García de Gelman y Elena Quinteros, en 1976.

¿Dónde están?

Está impune lo que hicieron con el dinero de Orletti, la compra de la casona de Millán y de la Base Valparaíso, donde funcionaba una inmobiliaria desde la que crearon los edificios construidos en Luis A de Herrera y Demóstenes y en Batlle y Ordóñez y Ramón Anador; como impune continúa el destino del padre Mauricio, Klever Silva, cuyos archivos no ha desclasificado el Vaticano pese a los compromisos del Papa Francisco o las gestiones prometidas por el cardenal Daniel Sturla.

Sigue impune la desaparición de Santana, Inzaurralde, Goncálvez y Bellizzi en el Club Atlético, como los traslados a Uruguay de todos los secuestrados en diciembre de 1977 en Argentina, como el destino de Arigón, Ortiz, Paitta y Mattos Fagián, desaparecidos en los ochenta; o la decisión judicial sobre la denuncia de violencia sexual realizada con gran coraje por las presas políticas, que nos confirmaron que la violación era una herramienta sistemática en la tortura por todos los implicados.

Y también es impunidad que cada gobierno comience las investigaciones desde el principio y a la Comisión para la Paz, que hizo un informe para clausurar las investigaciones, siga una Comisión de Seguimiento que terminó publicando cinco tomos de documentos oficiales no cotejados con las víctimas y sus familias, y ahora una Comisión por Verdad y Justicia, que tarda un año en presentar su plan de trabajo; o que las excavaciones para encontrar a los desaparecidos dependan del convenio que se debe renovar cada año…

Cuentas del presente

Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado; y su consecuencia es lo que denominamos “cultura de impunidad”, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictadura o de la corrupción política de los gobiernos y los gobe

rnantes; o la falta de voluntad política o de un política de Estado sobre el tema en Uruguay.

La falta de verdad y de justicia (que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el “nunca más”), genera una frustración y un descreimiento social, que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el “valor” de la existencia humana.

Esa cultura de impunidad instalada en esta interminable transición desde la salida de la dictadura, deriva en los crímenes de cuello blanco y en la corrupción constatada en este Uruguay desde antes y después de la reinstitucionalización democrática. ¿Alguna vez se sabrá la verdad sobre el Plan Conserva, el banco Inglés, la pesquera Astra, o el vaciamiento de los bancos Bafisud, Panamericano, Del Litoral, Del Plata, Pan de Azúcar, UBUR, De Crédito, Caja Obrera, Comercial, Montevideo, Citibank, o el lavado en Cambio Italia?

La venta del Banco Pan de Azúcar, una de las denuncias de corrupción en los años noventa que parecen olvidadas.
La impunidad cotidiana genera pérdida de memoria sobre los nombres de la corrupción y de los corruptos, que se mezclan intencionalmente en la confusión y el olvido, para que nunca recordemos cuál era qué caso y cuáles sus derivaciones, para que no recordemos a los sospechosos de siempre, a los culpables de ayer, de hoy y de mañana…

¿Qué significan para la mayoría de los uruguayos los nombres de empresarios y operadores como Angelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y Jose Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, Carlos García Altolaguirre o Carl

os Curbelo Tammaro?.

¿Qué recuerdo queda de lo protagonizado por los dirigentes políticos Enrique Braga, Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Daniel Cambón, José Andújar, Rosario Pou, Julio Grenno, Iván Coronel, AugustIn Uturbey, Ernesto Laguardia, Antonio Marchesano, Samuel Noachas, Julio Kneit, Milka Barbato, Armando Da Silva, Julio Luis Sanguinetti, Hugo Granucci, Carlos Signorelli, Benito Stern, Juan Justo Amaro, o Juan Carlos Bengoa?.

¿Cuánta impunidad existe si no se recuerda lo que significaron Focoex, Saudico, Banknord, Plan Fénix, Eufores, Mi Granja, Juncadella y Prosegur, Cangrejo Rojo (¿alguna vez se confirmó si era la voz de Julio Luis Sanguinetti la que pedía una coima a los inversores?), Merluza Negra, o que implicaron las SAFIs de Posadas, Vecino & Vecino en la historia del regional del lavado de dinero, la triangulación de armas o fuga de capitales?.

¿Cuán absoluta es la impunidad mientras siga sin saberse quién “suicidó” a Villanueva Saravia, quien asesinó a Andrés Trigo, quien patoteó a Jorghinio Goularte, quien ejecutó a Ronnie Scarzella, quien mató a la modelo Susana Mazur, o quien hizo estallar a Miriam Mazzeo con una bomba en la calle Plutarco; entre otros tantos casos que quedaron sin resolución?…

Es la misma cultura de impunidad que rige sobre los delitos cotidianos que sufre hoy la sociedad uruguaya y que las crónicas policiales nos inyectan en dosis de 20 minutos diarias en los informativos, cuando nos cuentan del Betito, el Bartolo, la Cotorra Loca, el Rambo; cuando nos instalan términos como “ajuste de cuentas”, “sicariato” con “descuartizadores”, “zonas rojas” o “feudalización” de los barrios, que mañana serán “favelizados” para que entre a sangre y fuego la Guardia Republicana como ocurrió en el Marconi.