El mensaje de Dilma al Congreso: Lineamientos y reacciones
Camila Vollenweider|
El discurso de inauguración de sesiones emitido por la presidenta Rousseff el 2 de febrero comenzó con una fuerte apelación a los parlamentarios para que cooperen con los planes de desarrollo propuestos por el ejecutivo. Reafirmó la voluntad del gobierno de conseguir el equilibrio fiscal y, simultáneamente, mejorar las tasas de crecimiento de la economía sin afectar las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años.
Sin embargo, las principales medidas anunciadas que requieren de aprobación legislativa están más bien relacionadas con el equilibrio de las cuentas que con el desarrollo económico aunque, como ella señaló, el ajuste fiscal es sólo una transición hacia una reforma fiscal necesaria que se promoverá cuando se normalice la situación financiera.
De las medidas que el gobierno busca implementar con acuerdo del Congreso destacan la fijación de un límite para el crecimiento del gasto primario del gobierno, flexibilizar las metas recaudatorias en simultáneo con limitar de manera más estricta el gasto y hacer reformas al sistema de previsión social. La presidenta señaló que, en un contexto de envejecimiento problacional, la sustentabilidad del sistema de previsión social corre riesgos, que se agravarían si continúa esta tendencia demográfica. 
El gobierno pretende instituir una edad mínima para la jubilación y por años de contribución para que el sistema se ajuste gradualmente a la expectativa de vida de la población como contribución al equilibrio fiscal en el mediano y largo plazo y, resaltó, sin que esto deteriore los derechos de los trabajadores. Otra propuesta de reforma fiscal es un mayor control del gasto público, medida que ya se venía implementando desde al año pasado, así como la evaluación periódica de todos los programas y acciones de gobierno.
En cuanto a las medidas de las que se esperan resultados inmediatos, y cuya vigencia dependerá del tiempo que dure la “transición fiscal” se destaca la aprobación de la CPMF (Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros, o “impuesto al cheque”, como se la nombra coloquialmente) La CPMF consiste en una alícuota del 0,38% sobre transacciones bancarias, y la recaudación sería conjunta entre los municipios y los Estados de la Unión. El destino de estos fondos sería la Seguridad Social (previsión social y salud).
Las dos últimas medidas son las que despiertan mayores resistencias. La de reforma del Sistema Previsional no estaría contando con el apoyo de parte de la base aliada en el Congreso y tampoco con el de las principales centrales sindicales y una fracción de los votantes del PT. La segunda es rechazada por entidades financieras y por los legisladores liberales de la oposición, que alegan que en los últimos años en Brasil se ha incrementado de manera notable la presión fiscal. La presidenta afirmó al respecto que la recaudación federal de impuestos y contribuciones no previsionales ha caído, pasando del 16% del PIB en 2005, al 13,5% del PIB en 2015.
También se refirió a reformas en algunos impuestos indirectos, como el PIS -programa que promueve la integración de los empleados a la empresa, que se financia con contribuciones de los empresarios-, y a la necesidad de reglamentar la Ley de Repatriación de Capitales. Finalmente, consideró importante que el Congreso apruebe éstas y otras propuestas de reforma fiscal presentadas el pasado año, de modo que el sistema se torne más transparente, eficiente y progresivo.
En cuanto al crecimiento económico, otro de los pilares del programa de gobierno para 2016, los principales objetivos son incrementar los niveles de inversión públicos y privados y estimular más contundentemente las exportaciones. Dilma destacó que la balanza comercial a comienzos de este año había sido superavitaria, a pesar de la caída de los precios de las exportaciones en el marco de la desaceleración económica china y de la caída del precio de los commodities. Aun así, pretende abrir nuevos mercados, estableciendo acuerdos comerciales con países de todos los continentes, particularmente con los asiáticos; y destacó como necesario el acuerdo que podría firmarse entre el Mercosur y la Unión Europea.
El gobierno espera que el saldo de la balanza comercial para este año sea de 35 mil millones de dólares. En cuanto a las inversiones, buscan que las provenientes del sector público se den en infraestructura (puertos, rodovías, aeropuertos, vivienda -básicamente continuando el programa Mi Casa, Mi Vida-) energía (desestatizando las distribuidoras de Eletrobrás e implementación del Plan de Inversiones en Energía Eléctrica, reducción de tarifas), agricultura (incremento del 20% para el financiamiento para agronegocios y agricultura familiar), entre otros.
Si bien los lineamientos de política económica anunciados son los mismos que estableció al comenzar su mandato, el hecho de haber sustituido al liberal Joaquim Levy por Nelson Barbosa indica que el objetivo del equilibrio fiscal será más gradual y que las medidas para alcanzarlo tendrán otra tónica. Barbosa, de hecho, consiguió que el gobierno aprobase una propuesta de meta fiscal del 0,5%, desestimando la ansiada por Levy -cuando aún era Ministro de Hacienda- del 0,7%. Un ejemplo de este cambio de estrategia son los anuncios realizados el pasado 28 de enero por Barbosa, de que el Gobierno pretende establecer líneas de crédito para áreas prioritarias, como construcción civil y pequeñas y medianas empresas, con fondos de la banca pública.
Contrariamente al parecer de Levy, más preocupado por el saneamiento de las cuentas públicas a corto plazo y el parecer de las agencias financieras internacionales, Barbosa entiende que el gasto público debe ser controlado, pero que las metas fiscales son inalcanzables sin políticas claras de crecimiento. Y para ello hay que estimular la actividad privada redireccionando y priorizando el destino de las líneas de crédito. Anunció así, que el Gobierno destinará 83 mil millones de reales en estímulo al crédito, involucrando fondos del FGTS (Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio) para créditos a trabajadores despedidos sin justa causa, crédito rural, habitacional y para infraestructura. En tanto el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) financiará préstamos para capital de giro para pequeñas empresas, también una línea de crédito para inversiones en maquinaria y equipamientos, y otro para empresas exportadoras.
Buena parte de las propuestas y medidas anunciadas tienen que pasar por el Congreso, que debe aún expedirse sobre las que se presentaron el pasado año. Y el panorama allí no es sencillo, aunque parece más promisorio que el del año pasado. Predeciblemente, Aécio Neves (PSDB) -senador opositor que no consiguió vencer a Rousseff en las pasadas elecciones de 2014- fue el más duro en sus declaraciones tras el discurso inaugural. Descalificó la presencia de la mandataria en el recinto, señalando que “no era necesaria”, que “vende ilusiones” y lamentó que no hubiese manifestado ningún tipo de autocrítica siendo que ya lleva un año con las mismas promesas y, para él no cumplió ninguna. Sí puso en evidencia las resistencias que encontrará Dilma para aprobar la reforma al Sistema Previsional y al CPMF, indicando que el primero tiene resistencias incluso en su base aliada y que el segundo implica más sacrificios para la sociedad brasileña.
Neves fue uno de los varios legisladores opositores de derecha que abuchearon a la presidenta durante su discurso. La excusa fue que la presentación de la mandataria estuvo cargada de “mentiras” y fue totalmente “vacía” de contenido. Aún con este show de por medio, los legisladores opositores admiten que el proceso de juicio político contra Rousseff tiene pocas chances de tener éxito, salvo que -como esperan- los indicadores económicos se deterioren aún más y el reclamo inunde las calles. Eduardo Cunha (PMDB) -presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales promotores del impeachment– no mencionó el asunto en su discurso de apertura, aunque auguró -como el resto de los opositores parlamentarios- que la crisis “está en alza” y que el 2016 será un “año difícil”.