AMIA, la tragedia continuada
Marcos Salgado – Question Digital
El atentado terrorista dejó 85 muertos y madres sin hijos, hijos sin padres, viudos, viudas y dejó una sociedad indefensa ante la agresión y ante telarañas de encubrimientos pequeños, medianos y grandes, que minaron la investigación judicial y que veinte años después parecen imposibles de desmantelar.
Después de la muerte siguió más muerte, la de los familiares que no soportaron el drama y la continuada falta de justicia y murieron de tristeza. Ahora, el fiscal a cargo de la Unidad Especial de Investigación del atentado, Alberto Nisman, apareció con un disparo en la sien. Más muerte.
La investigación del deceso del fiscal es concluyente: “no hubo terceras personas” en el lugar del hecho. Nisman se quitó la vida. Pero hasta la presidenta Cristina Fernández se preguntó públicamente si se trató de un suicidio. Y Argentina entera no duda -de una u otra forma- se mató por la causa AMIA.
La justicia ordinaria no cerró la investigación tras concluir que no se trató de un homicidio y -por el contrario- se puso a investigar si pudo haber un suicidio inducido, debido a la renovada exposición pública del personaje: cuatro días antes, había denunciado a la mismísima presidenta por encubrimiento de los autores del atentado. Nada menos.
La porción antikirchnerista de la Argentina, azuzada de nuevo por el multimedio Clarín y similares no duda que dos más dos es cuatro: lo mató el gobierno por su denuncia contra Cristina y convenientemente antes que se presentara en el Congreso argentino, para explicar el por qué de tan singular imputación.
¿Quién era Nisman?
El fiscal Natalio Alberto Nisman tenía 51 años y una actuación extensa en diferentes fueros de la justicia argentina. A comienzos de la década pasada llegó a la causa AMIA como fiscal principal del juicio oral contra la llamada “conexión local” del atentado. Un heterogéneo grupo de estafadores y policías de la provincia de Buenos Aires, a los que por más de un lustro el juez investigador, las organizaciones de la comunidad judía y los medios hegemónicos sindicaron como los responsables de haber provisto el vehículo que se usó como coche bomba en el bombazo.
El juicio oral fue el más extenso de la historia judicial argentina. Convocó a miles de testigos y duró casi tres años. A poco de ahondar, los tres jueces del Tribunal Federal Oral 3 de Buenos Aires entendieron que tenían ante sí un expediente plagado de irregularidades, inexpugnable, que para esa época acumulaba medio millón de páginas. Pronto el tribunal comenzó a investigar más al juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia que a los procesados.
Mientras tanto la política argentina ardía: Fernando De la Rúa ya no era el presidente de la Nación, había caído en diciembre de 2001, atrapado en su inoperancia. Después de interinatos breves y más extensos, el 25 de mayo de 2003, asumía como presidente Néstor Kirchner. Su esposa, la senadora Cristina Fernández había sido la voz díscola de la Comisión Parlamentaria de seguimiento de la investigación del atentado. A poco de asumir, Kirchner hizo lo que De la Rúa y los interinos habían evitado: relevó del obligado secreto de Estado a los espías de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), quienes así llegaron al juicio oral todavía en curso y prendieron el ventilador: toda la causa AMIA cayó como un castillo de naipes.
Una sórdida trama de encubrimientos, pistas falsas y sobornos con la anuencia de la justicia, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y dirigentes de la comunidad judía de la segunda mitad de la década de los 90 quedó al descubierto. Todos los procesados resultaron absueltos y el juez Galeano, los fiscales, el ex presidente Menem, su jefe de la SIDE y otros afines terminaron, tiempo después, procesados por encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y otros delitos.
Nisman salió incólume del desastre. Aunque la acusación que defendía fracasó estrepitosamente, nadie dudó que no era su culpa. Al fin y al cabo, él había llegado para llevar adelante una acusación que contenía en su interior el huevo de la serpiente. Fue el mismísimo ex presidente Kirchner quien le pidió al Procurador General que colocara a Nisman al frente de una nueva Unidad Especial de Investigación del atentado.
Pero para aquellos años no sólo Argentina había cambiado. Pocos días antes del inicio del juicio oral, en 2001, el 11S en los Estados Unidos había instalado mediática y políticamente una amenaza terrorista mundial (de origen musulmán) como el nuevo principal enemigo de Occidente.
Volvamos a Nisman. Por aquellos días, al fiscal le gustaba hablar de “AMIA 1” y “AMIA 2” para diferenciar su investigación de la del juez Galeano. En AMIA 1 se presumía como supuestos autores intelectuales del atentado a personas que formaban parte de una suerte de asociación criminal dentro del Estado de la República Islámica de Irán.
La investigación original apuntaba también a que el supuesto conductor de la camioneta que se usó como coche bomba en la AMIA fue reclutado en el valle de la Becá, en Líbano, y que formaba parte de la organización político militar Hezbolá. Pero en una lectura más precisa del expediente, se apreciaba que esa información no se sostenía en pruebas plausibles sino en inasibles informes de inteligencia. Además, AMIA 1 nunca pudo vincular al supuesto conductor de la camioneta y a sus supuestos contactos internacional con los por entonces acusados y luego absueltos responsables de proveer el vehículo.
Una “falla de origen” que la AMIA 2 de Nisman no resolvió. Por el contrario, el nuevo fiscal avanzó aún más en la utilización indiscriminada de informes de inteligencia como sustrato fundamental de sus acusaciones, que tuvieron un destinatario a la medida de los nuevos tiempos del “terrorismo global” de Bush: Irán.
Según “AMIA2”, en una reunión en agosto de 1993 donde participaron dos de los imputados se decidió el atentado de Buenos Aires, que estuvo a cargo de una unidad que cometió otros en Suiza, Alemania y Francia (aunque en ese caso no se trataba de grandes bombazos como el de la mutual AMIA sino de asesinatos selectivos).
El fiscal Nisman siempre aseguró que su investigación era “diferente a la de Galeano”, decía que se basaba en otras pruebas “prácticamente nuevas en su totalidad”. Conocedores del caso aseguran que –técnicamente- esto era así. Los datos de AMIA 2 eran nuevos. Lo que no era nuevo era el origen: servicios secretos de EE.UU., Israel y el testimonio de opositores iraníes protegidos por Europa.
La acusación contra el Estado iraní
Con este cuestionable basamento, dos años después de hacerse cargo de la investigación Nisman llega al primer pináculo de su actuación como fiscal especial y pide la captura de cinco ex funcionarios iraníes que -siempre según la inteligencia estadounidense e israelí- habían participado de la reunión donde se planificó el atentado. Entre ellos, el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani. En ese momento Nisman se movía en sintonía con el Poder Ejecutivo. Dos meses antes, en setiembre de 2007, el entonces presidente Kirchner había denunciado a Irán por “falta de colaboración” para resolver el caso.
En 2009, la actual presidenta Cristina Fernández repitió también ante las Naciones Unidas el reclamo contra Irán, que seguía rechazando las imputaciones de la justicia argentina, aunque esta vez los voceros de la nación islámica confirmaron la disposición a integrar un “comité judicial y legal” con la Argentina para “clarificar varios puntos del caso”.
Línea directa con los Estados Unidos
Es en 2010 cuando Nisman salta a la palestra internacional y las costuras del fiscal del caso AMIA comienzan a quedar a la vista. La difusión masiva de cables diplomáticos estadounidenses a través de Wikileaks revela la línea directa del fiscal con la embajada de EE.UU. en Buenos Aires y el Departamento de Estado en Washington.
Los cables detallan permanentes visitas del fiscal a la embajada de Estados Unidos en 2008 y 2009, donde se discutían detalles de la acusación vigente contra Irán y detalles reservados de la causa. Nisman hasta informaba a los Estados Unidos sobre nuevos “sospechosos” antes que al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
La relación de dependencia de Nisman ante la embajada estadounidense queda clara en un cable de noviembre de 2008, donde se reporta que Nisman había pedido disculpas porque su acusación contra el ex presidente Menem como supuesto encubridor de los responsables del ataque había empañado la visita de un vicedirector del FBI a Buenos Aires.
En el mismo cable, se deja claro que la embajada advirtió a Nisman que debía ocuparse de los “responsables” de los ataques (es decir, en el armado judicial vigente al momento, Irán) y no de los encubrimientos.
El entendimiento con Irán y la respuesta de Nisman
Mientras el fiscal atendía las urgencias de los Estados Unidos, nutría su expediente AMIA 2 con informes de inteligencia que le proporcionaba Horacio Antonio Stiusso, alias “Jaime” o “el ingeniero”, una suerte de histórico mandamás de los espías argentinos que estaba en esa estructura desde la época de la dictadura militar (1976-1983) y se desempeñaba como Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia hasta que fue cesado en su cargo hace apenas semanas, en diciembre de 2014. Sobre su cese y la relación de Stiusso con Nisman volveremos en la segunda entrega de este trabajo.
La relación entre Nisman y el gobierno de Cristina Fernández, que había marchado sobre ruedas en el primer mandato de la Presidenta, comenzó a desmoronarse durante el segundo período, cuando Argentina toma la decisión de Estado de avanzar en un entendimiento con Irán en torno a la causa AMIA.
Firmado el 27 de enero de 2013, el Memorándum de entendimiento Argentina-Irán consta de nueve puntos. Lo más destacado es la creación de una Comisión para la Verdad, que se compondría con juristas internacionales, argentinos e iraníes dispuestos a colaborar con la investigación, también disponía que el juez Canicoba Corral y Nisman podrían interrogar a los imputados iraníes con circular roja de Interpol.
En aquel momento el canciller Timmerman remarcó que “por primera vez hay un compromiso escrito de Irán que colocará a los imputados frente al juez natural de la causa para que la causa AMIA pueda salir de la total parálisis en la que se encuentra”.
El canciller tenía razón. Más allá de la profusión mediática del fiscal Nisman, en los hechos la causa por el atentado estaba (está) estancanda. El ordenamiento jurídico argentino no prevé juicios en ausencia. Los imputados deben prestar una declaración indagatoria, que es esencialmente un acto de defensa, en la que la persona sospechada se anoticia de las pruebas y/o presunciones en su contra. Tras esas declaración indispensable, los jueces tienen un plazo perentorio para decidir la situación judicial de los imputados. O los procesan, o dictan un sobreseimiento que desvincula a la persona de la causa.
Y aquí, en 2013, es donde comienzan los problemas para Nisman y su investigación basada en informes de inteligencia. Y es que para un procesamiento no bastan esos informes sin autor ni precisión de origen. Se necesitan elementos más contundentes, como testigos, o pruebas, como llamadas telefónicas, o relaciones conocidas entre -en este caso- los autores intelectuales y los materiales del atentado. Misión imposible si recordamos que nada se sabe en el expediente judicial de los perpetradores que actuaron “en el terreno” aquel fatídico 18 de julio de 1994.
Es decir, que tras una eventual declaración de los imputados iraníes, estos hubieran quedado irremediablemente sobreseídos, y todo el entramado de Nisman -de una década- avalado por las organizaciones de la comunidad judía en Argentina, el Estado de Israel y el “monitoreo” de los Estados Unidos hubiera quedado en la nada. Irán, por su parte, se despojaría del sayo de organizador y promotor del terrorismo internacional que tanto entusiasma a la propaganda de Washington y Tel Aviv. Una noticia no deseada por los centros de poder occidentales.
Y no estamos especulando. Esto dijo la semana pasada el juez de la causa AMIA (quien supervisa el trabajo de Nisman, le asigna tareas y eventualmente debería resolver la situación procesal de los imputados iraníes en el caso de que sean indagados: “yo le manifesté por escrito al fiscal (Nisman) que debía profundizar la pista iraní, porque sus pruebas estaban demasiado basadas en informes de inteligencia”. Como “pista iraní” se conoce en el expediente AMIA a la imputación a los ciudadanos de ese país que desvelaba a Nisman y tanto interesaba a los Estados Unidos.
El Memorándum de entendimiento fue convertido en ley por la Cámara de Diputados del Congreso argentino en febrero de 2013, en una sesión maratónica y en votación dividida: 131 votos a favor y 113 en contra.
El fiscal Nisman no tardó en responder. En mayo de 2013 presentó un dictamen en donde aseguraba que había “estaciones de inteligencia” de Irán para “fomentar y cometer actos de terrorismo en Sudamérica”. Quinientas páginas basadas -de nuevo- en informes de inteligencia, o también, de recortes periodísticos de medios adscriptos a los intereses de los centros de poder occidentales. Un dictamen que, además, no tenía relación efectiva en la investigación judicial a su cargo. Su único efecto era mediático, o lo que en el caso AMIA es sinónimo, político.
La saga sigue hasta enero de 2015, como sabemos, con más víctimas.
(Este trabajo continúa en una segunda entrega, para analizar la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, y el rol de los servicios de inteligencia argentinos en la causa AMIA).