La CIA es culpable de tortura: ¿Se hará justicia?

Silvia Arana

El informe completo, de 6.700 páginas, continúa clasificado como “secreto”. La introducción escrita por la senadora Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, dice [1]: “El Comité decidió iniciar este estudio en marzo de 2009 a raíz de la investigación sobre el hecho de que la CIA destruyera los videos de interrogatorios de detenidos realizados a partir de diciembre de 2007. Desde principios de 2009 hasta finales de 2012, un grupo de empleados del Comité revisó más de 6 millones de documentos internos de la CIA […] El 13 de diciembre de 2012 el Comité aprobó el informe, que luego, en febrero de 2013 fue enviado al presidente Obama y otros funcionarios del ejecutivo, para revisión y comentarios. Por su parte la CIA presentó una larga lista de comentarios y correcciones en junio de 2013…”

Datos y conclusiones del informe:

1) El uso de técnicas de interrogación reforzadas no fue una manera eficaz de obtener información o de conseguir la colaboración de los detenidos.

2) La justificación de la CIA para usar métodos de interrogación reforzados se basa en reclamos inexactos de que estos métodos son eficientes.

3) Los métodos de interrogación que usó la CIA con los detenidos fue brutal y mucho peor de lo que la CIA admitió ante legisladores y otros.

Comenzando con el primer detenido (del periodo post 11 de septiembre de 2001), Abu Zubaydah, y continuando con numerosos otros detenidos, la CIA aplicó las técnicas de interrogación reforzadas durante varios días o semanas. Estas incluyeron: bofetadas y “walling” [N. de la A.: consiste en colocar al detenido cerca de una pared, y golpearlo violentamente contra ella], a menudo combinados con desnudez y privación de sueño. Los documentos demuestran que no es cierto que la CIA usó al principio de los interrogatorios “técnicas menos coercitivas” y que solo escaló la fuerza en casos especiales.

La asfixia con agua, o submarino, (waterboarding) fue físicamente perjudicial al provocar convulsiones y vómitos. Abu Zubaydah, por ejemplo, quedó ‘completamente inconciente, y de la boca le salían burbujas’. Los registros de la CIA describen a Khalid Shayhk Mohammad sufriendo “episodios cercanos a la asfixia”.

Al aplicar la privación de sueño se forzó a los detenidos a permanecer despiertos hasta 180 horas, por lo general de pie y, a veces, con las manos esposadas arriba de la cabeza. Al menos cinco detenidos tuvieron alucinaciones durante los periodos prolongados de privación de sueño y, al menos en dos de los casos, la CIA continuó privándolos de sueño.

En varios casos, y contrario a los propios reportes de la CIA, la agencia determinó que los interrogatorios tendrían prioridad sobre el tratamiento médico. Abu Zubaydah, por ejemplo, no recibió atención médica de una herida de bala que recibió al ser detenido, con lo que la lesión se agravó.

Al menos cinco detenidos fueron sometidos a ‘hidratación rectal’ o “alimentación rectal”, sin necesidad médica que lo justifique…” [N. de la A.: Esta tortura consiste en introducirle al detenido agua o alimentos por el recto.]

4) Las condiciones de confinamiento fueron más duras de lo que la CIA reportó a los legisladores y otros.

Los detenidos en el centro de detención COBALT* [N. de la A.: El diario The Washington Post descifró el código y determinó que Cobalt es Afganistán.] estaban sometidos a condiciones de oscuridad total y constantemente encadenados en celdas de aislamiento, con música fuerte o ruidos ensordecedores y un cubo para hacer sus necesidades. Un detenido, al que habían encadenado desnudo al piso, murió de hipotermia en noviembre de 2002 en esta prisión secreta.

Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

Recordemos que EE.UU. y varias naciones del mundo, después de la II Guerra Mundial, iniciaron acuerdos para ilegalizar la tortura, que luego sirvieron de base para el actual convenio contra la tortura que acaba de cumplir 30 años: el 10 de diciembre de 1984 la Asamblea General de Naciones Unidas presentó la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. [2]

Según lo establecido por la ley internacional, los culpables de tortura deben ser castigados con las penas más severas, al igual que los encubridores y los que, en posición de autoridad, no hagan todo lo que esté bajo su alcance para evitarla o castigar a los culpables. Dicho de otra manera: No existe justificación alguna para la tortura; los países no pueden argüir una situación de peligro ni siquiera la invasión de su territorio como razón para usar la tortura. El texto de la Convención es muy claro, sin embargo, en EE.UU. constantemente se esgrime el contexto del periodo posterior al 11 de septiembre de 2001 para “enmarcar” el uso sistemático de la tortura contra los prisioneros en el extranjero detenidos en cárceles clandestinas de la CIA. La primera reacción del presidente de Estados Unidos, Barack Obama fue usar esta misma justificación: “Cuando hay una amenaza sobre las naciones, a menudo estas actúan con dureza”.

El otro eje de la propaganda para ocultar o al menos, minimizar, el uso de la tortura es llamarla con el eufemismo “técnicas de interrogatorio reforzado”. En efecto, tanto funcionarios como numerosos medios de comunicación estadounidense hicieron un pacto para reemplazar la palabra tortura con el término “técnicas de interrogatorio reforzado”.

El informe del Comité del Senado, que también usa el eufemismo de “técnicas de interrogatorio reforzado”, se enfoca en un tema principal: “¿Fue eficiente el uso de las técnicas de interrogatorio reforzado para defender la seguridad de EE.UU.?” Y trata de demostrar que no lo fue. Es decir, el informe del Senado no parte de la premisa que el uso de tortura es un delito contra la humanidad, sino que las “técnicas” usadas por la CIA fueron abusivas, que la CIA le mintió al Senado, que eliminó pruebas, etcétera. Esto hay que contextualizarlo en el respaldo incondicional que los legisladores republicanos y demócratas le han dado al aparato de seguridad (Homeland Security).

A pesar de estas distorsiones, el Informe del Senado demuestra un hecho significativo: que la CIA y sus empleados violaron sistemáticamente los derechos humanos de las personas encarceladas bajo el Programa de detención e interrogación.

¿Serán enjuiciados los culpables de tortura?

Reiteremos el hecho de que el informe no cuestiona el punto esencial, que la tortura es un crimen injustificable según las leyes internacionales. Tampoco propone que los culpables deben ser enjuiciados. Por su parte, los organismos de derechos humanos de EE.UU. parecen tener pocas expectativas de que se inicien juicios a los culpables o que, al menos, se pida la renuncia de los involucrados que hoy desempeñan altos cargos en el gobierno de Obama. Veamos solo un caso emblemático, el de John Brennan, quien fue funcionario de la CIA y ferviente defensor de la tortura durante el gobierno de Bush.

Con el nuevo gobierno de Obama, en 2008 se mencionó su nombre como director de la CIA. Esto generó una fuerte polémica, y ante la imposibilidad de nombrarlo en un puesto que requiere la aprobación del Senado, fue nombrado asesor principal contra el terrorismo, puesto en el que, por ejemplo, asesoraba al presidente en la elaboración de la lista de asesinatos con drones. A partir de la decisión del gobierno de Obama de “no mirar hacia atrás” , es decir de impunidad para los crímenes cometidos por el gobierno anterior se fue debilitando la oposición al nombramiento de Brennan. Hasta que en marzo de 2013, el Comité de Inteligencia del Senado -el mismo que compiló el informe sobre la tortura- aprobó la nominación de John Brennan como director de la CIA.

Organismos de derechos humanos como ACLU, ACNUR, Human Rights Watch al igual que la ONU han reaccionado ante el informe exigiendo justicia y castigo a los culpables. El actual gobierno de EE.UU. no ha demostrado en el pasado ninguna intención de llevar a juicio a los culpables de tortura y asesinatos, y no hay indicios de cambio. Lamentablemente, es probable que las víctimas de tortura de la CIA sufran otro atentado contra sus derechos humanos: la negación de justicia.

[1] Texto del informe en inglés: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/cia-interrogation-report/document/

[2] Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ACNUR: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0020

[3] Artículo “The Torture Report and The Times”: http://publiceditor.blogs.nytimes.com/2014/12/11/the-torture-report-and-the-times/?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news&_r=0

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Anexo

Sin castigo, la tortura seguirá como opción política para presidentes de EE.UU.

DAVID BROOKS| Cualquier país al que viajen los implicados puede enfrentarlos a la ley, argumentan activistas Desde 2009 Barack Obama dejó claro que su gobierno no procedería contra sus antecesores

Al emitirse el informe del Senado sobre el programa de tortura y detención clandestina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), organizaciones de derechos humanos, relatores de la Organización de Naciones Unidas, editorialistas y abogados constitucionalistas llamaron a la persecución legal de los responsables de lo que se considera un crimen internacional.

Aunque la Casa Blanca, el Departamento de Estado y algunos legisladores elogiaron como un ejemplo de transparencia la presentación pública del resumen ejecutivo de la investigación realizada por el Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa secreto de detención y tortura de la CIA, ordenado poco después de los atentados del 11-S por el gobierno de George W. Bush, casi todos evadieron el tema de la impunidad de los responsables.

Desde que el presidente Barack Obama emitió una orden de seguridad nacional como uno de sus primeros actos oficiales al ocupar la Casa Blanca en 2009 –en la que afirmó que era para dejar claro que Estados Unidos no torturará y que mantendremos nuestros valores fundamentales mientras se defiende la seguridad nacional– advirtió que su gobierno no procedería legalmente contra sus antecesores, argumentando entonces que necesitamos ver hacia adelante y no hacia atrás.

El Departamento de Justicia, bajo el procurador general Eric Holder, concluyó su investigación de estos hechos durante el primer periodo de la presidencia de Obama y determinó no presentar cargos, argumentando que no existían suficientes pruebas para proceder penalmente. Esa decisión no cambiará por ahora con la difusión del informe, indicaron fuentes oficiales.

La letanía de brutalidad, ilegalidad y falta de rendición de cuentas sirve como un recordatorio de lo horrible que fue la decisión del presidente Obama al inicio de su gobierno de cerrar los libros sobre este capítulo de nuestra historia, aun mientras repudiaba el uso de la tortura, opina el New York Times en su editorial sobre el informe. Señala que intentos de llevar estos actos ante un tribunal fueron bloqueados por alegatos de secretos nacionales.

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre contraterrorismo y derechos humanos, Ben Emmerson, declaró el martes que, dado el informe, era hora de actuar para que los individuos responsables de la conspiración criminal revelada en el informe de hoy sean llevados ante la justicia, como reportó La Jornada. Aunque reconoció que la responsabilidad primaria para lograr esto está en manos del Departamento de Justicia, advirtió que cualquier país al que viajen los responsables puede sujetarlos ante la ley.

Amnistía Internacional (AI) afirmó que el informe del Senado sobre los métodos de tortura empleados en el programa secreto de la CIA es un recordatorio absoluto de la continua impunidad por las muchas violaciones atroces de derechos humanos llevadas a cabo en nombre de la seguridad nacional. Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, declaró que el informe ofrece más evidencia de las violaciones autorizadas por las autoridades más altas de Estados Unidos después del 11-S. A pesar de que tanta evidencia ha estado en el ámbito público durante años, nadie ha sido llevado ante la justicia por autorizar o implementar estos actos en estos programas de la CIA.

Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, afirmó que la tortura es criminal y jamás puede ser justificada, y argumentó que “a menos de que este importante proceso de decir la verdad lleve a la fiscalización de funcionarios, la tortura permanecerá como una ‘opción política’ para presidentes en el futuro”.

El Centro de Derechos Constitucionales, que anteriormente ha promovido casos internacionales contra el presidente Bush, su secretario de Defensa Donald Rusmfeld y otros por su programa de tortura y detención, afirmó que el informe del Senado confirma lo que este centro ha argumentado desde 2006: que la CIA realizó un programa sofisticado de tortura autorizada por el Estado. Baher Azmy, director legal del centro, declaró que renovamos nuestra demanda por una rendición de cuentas para aquellos responsables del programa de tortura de la CIA. Deberían ser fiscalizados en tribunales estadunidenses; si nuestro gobierno continúa rehusándose a que rindan cuentas, deben ser perseguidos internacionalmente según los principios de jurisdicción universal.

Pocos esperan que se logren promover casos penales dentro de Estados Unidos, especialmente cuando los republicanos, que denunciaron el informe, están por asumir control de ambas cámaras del Congreso.

Irónicamente, tal vez la única persona que ha sido acusada penalmente por el gobierno de Obama en relación con el programa de interrogación y detención de la CIA es un funcionario que reveló la existencia de partes de este programa. El ex oficial de la CIA John Kiriakou fue acusado en 2012 de filtrar información clasificada a reporteros. Amenazado con una condena de décadas de cárcel, aceptó declararse culpable a cambio de una condena de 30 meses que está cumpliendo ahora mismo, recuerda el portal Vox.

Por tanto, estos defensores de derechos humanos señalan que oficiales y funcionarios estadunidenses que están implicados en las revelaciones del informe del Senado sobre el programa de tortura podrían ser sujetos al arresto en otros países, si existe una investigación criminal sobre estos hechos en sus tribunales. La tortura es calificada como un delito grave según el derecho internacional y por tanto, bajo el principio de jurisdicción universal, gobiernos pueden arrestar a cualquiera acusado o implicado en estos actos si están en su territorio nacional.

Si yo fuera uno de estas personas, dudaría antes de hacer planes de viaje, comentó Michael Bochenek, director de asuntos legales en Amnistía Internacional, en entrevista con The Guardian. Afirmó que los estados tienen una obligación clara de detener a acusados en casos de tortura. Tal vez el caso más conocido de la aplicación del uso de este principio fue el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, cumpliendo con órdenes giradas por un tribunal en España.

Sin embargo, es poco posible que la entidad encargada de enjuiciar a violadores de estas normas, la Corte Penal Internacional, proceda contra los funcionarios y agentes estadunidenses que participaron en el programa, ya que Estados Unidos no es estado parte, por decisión del presidente Bush.