Venezuela: trasquilada la Exxon Mobil
Hedelberto López Blanch
El canciller venezolano, Rafael Ramírez, declaró que las pretensiones de la transnacional se vieron frustradas tras ese veredicto del tribunal arbitral del Banco Mundial que pide a Venezuela pagar 1 600 millones de dólares a la compañía por la nacionalización de sus activos, un dictamen que se encuentra “dentro del rango razonable”.
Lo fundamental de esa decisión es que no se ha permitido que la transnacional, como ha ocurrido en numerosas ocasiones con diferentes países, imponga sus exigencias en contra del derecho de los pueblos por medio de chantajes y entrega de dádivas a árbitros y jueces.
La Ciadi determinó que por la expropiación del proyecto Cerro Negro, Venezuela debe pagar 1 411,7 millones de dólares y adicionalmente, cancelar unos 9 millones de dólares como compensación por los cortes de exportaciones impuestos a ese proyecto entre 2006 y 2007.
En el caso del proyecto La Ceiba, Caracas debe cancelarle por esa expropiación un total de 179,3 millones de dólares. A los pagos se aplicará una tasa de interés anual de 3,25 % a partir del 27 de junio de 2007 hasta que sea saldada la cuenta.
El fallo reconoce un crédito de un monto ya pagado por Venezuela de 907 millones de dólares en 2012, que deberá descontarse del monto de la decisión, lo cual reduce la cantidad total a pagar.
Desde hace siete años, Venezuela había sido objeto de ataques judiciales por parte de la Exxon Mobil que exigía el pago de 20 000 millones de dólares por los sitios que explotaba antes de la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, y con el reciente fallo culmina ese diferendo.
Con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, Venezuela inició un proceso para recuperar sus riquezas petroleras que habían sido saqueadas durante decenas de años por las compañías transnacionales sin que el pueblo de Bolívar recibiera sus beneficios.
En solo siete años, de 1990 a 1997, 32 campos petroleros venezolanos fueron entregados a las transnacionales por medio de convenios leoninos que estipulaban regalías de solo 1 %, no pagaban impuestos y extraían el crudo a un costo de cinco dólares y se lo vendían al Estado entre 20 y 25 dólares.
Chávez decretó en febrero de 2007 la ley de Plena Soberanía petrolera que completaba el proceso de nacionalización para dar a la estatal PDVSA la mayoría accionaria y posibilitar la redistribución social de la renta.
En agosto de ese mismo año fue sancionada la ley por la Asamblea Nacional (Parlamento), mientras los medios de comunicación occidentales, junto a las empresas transnacionales, arremetían con todas sus fuerzas contra el gobierno bolivariano. Las acciones pasaron del 39 % al 78 % bajo el control de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Estados Unidos, explicó Chávez en una de sus comparecencias públicas, había tratado de esconder los yacimientos existentes en la franja del Orinoco en su afán de extraer a bajo costo toda esa riqueza y “decían que eso era carbón, un bitumen que había que llevarse”.
Tras la nacionalización, el gobierno desarrolló un proceso de certificación de las reservas de la Faja, que resultaron fijadas en más de 220 000 millones de barriles de petróleo pesado y extra pesado, lo que unido a los 142 310 millones en otras regiones, convirtió a esa nación en la primera reserva mundial de crudo, por encima de Arabia Saudita.
Con las nuevas reglas las empresas privadas se convirtieron en mixtas, y el Estado venezolano mediante PDVSA, pasó a controlar la mayoría de las acciones de toda la faja del Orinoco con una producción cercana a los 700 000 barriles diarios.
Alrededor de 20 empresas que operaban en convenios operativos y 10 que formaban las asociaciones estratégicas aceptaron ser socios minoritarios en empresas mixtas con el Estado, como Chevron Texaco, Statoil, Total, BP, ENI, Sinopec e Ineparia.
Dos transnacionales estadounidenses, la Exxon Mobil y ConocoPhillips se negaron a integrar la nueva modalidad porque siempre han estado acostumbradas a imponer sus leyes de privatizaciones neoliberales en cualquier país donde se ubiquen y que estas no sean condicionadas por los gobiernos.
Venezuela compensó a las empresas y no cedió ante las presiones de los dos grandes consorcios, mientras su entonces ministro de Energía-Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez aseguraba que la empresa estatal tenía medios y condiciones para continuar la explotación y prospección de los hidrocarburos. Con el tiempo su aseveración quedó demostrada.
Las compañías Exxon Mobil y la ConocoPhillip, al igual que otras que se integraron al auge de las privatizaciones petroleras iniciadas en la década de 1990, exportaron enormes cantidades de barriles de crudo y extrajeron del país miles de millones de dólares que iban a parar a las arcas de ricos empresarios e intermediarios nacionales y foráneos en detrimento del pueblo.
Como significó el ahora canciller bolivariano, Rafael Ramírez, “l o importante es que las instancias internacionales reconocen los alegatos de Venezuela. Hoy culmina una batalla más en defensa de su soberanía, en defensa de nuestro petróleo (…) todos los países del sur nos estamos movilizando para crear instancias en las que se puedan discutir nuestros asuntos”.
Con la decisión del Ciadi sobre Venezuela, América Latina dio otro paso en defensa de su independencia económica y política. Pero más temprano que tarde debe crearse un mecanismo regional que dirima esos diferendos y no haya que recurrir, como se ha impuesto durante décadas, a los existentes en Estados Unidos o Europa.