Las provincias argentinas “relojean” lo que pasa con Griesa

JUAN GUAHÁN| En las últimas jornadas el gobierno ha buscado una apoyatura internacional a su enfrentamiento con el juez Thomas Griesa y los “Fondos Buitres”. El Ministro de Economía, Axel Kicillof, fortalecido por haber puesto a una de las suyas en la estratégica Secretaría de Comunicaciones ocupando terreno exclusivo de Julio de Vido, es la principal espada de la estrategia oficial y encabeza esta cruzada.

Question Latinoamérica

Primero fue en una reunión, realizada en la ONU, del G77+China, allí –de la mano de los hermanos de Bolivia, país que preside temporalmente ese organismo- pidió y consiguió la solidaridad de los integrantes de ese importante grupo de países. Más recientemente fue en el marco de la OEA, en Washington, donde hizo lo propio. En este caso solo cantaron “ausente”, al momento de los apoyos, los representantes de Estados Unidos y Canadá.

Analistas de la política internacional consideran que estos avales, valiosos desde el punto de vista declarativo, tienen escasa o nula incidencia en la decisión de los tribunales estadounidenses, lugar donde se radican estos juicios.
Quienes así opinan consideran que en países como los Estados Unidos la Justicia es independiente del gobierno. Por eso consideran inconducente la estrategia del gobierno argentino de involucrar en este conflicto al propio Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos. Es posible que tengan razón quienes plantean la poca utilidad de cargar las tintas sobre el gobierno norteamericano. Pero las razones serían distintas.

Es porque Estado, gobierno y Justicia, tienen “alguien” por detrás de sus decisiones: Se trata del poder financiero. De allí que –tal vez- haya que buscar -más que declaraciones- medidas concertadas junto a otros países contra ese poder. El poder financiero, estos y otros “buitres” son una expresión del mismo, entiende de razones cuando su interés se ve cuestionado. Es posible que sea la hora de buscar mecanismos que le provoquen daño a esos intereses.

Mientras transcurre este debate tan “exquisito” muchas administraciones provinciales tienen otras preocupaciones.

En varias provincias, entre ellas las más grandes del país junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay mucha preocupación por el desarrollo de este problema con los “Fondos Buitres” y piden una rápida solución. Tenían confianza en el acceso a créditos internacionales para ordenar su administración y transitar, con cierta tranquilidad, el tiempo que falta hasta el 10 de diciembre del próximo año. Desatado este conflicto con los “Buitres” se multiplican las dificultades para que las provincias puedan contar con esos créditos. Todo ello, en este marco de “estanflación” (estancamiento con inflación), complica -aún más- la situación socio-económica de las mismas.

El gobierno nacional tiene a mano otras herramientas, incrementando la deuda intra-estatal y aumentando la emisión monetaria, que le permiten zafar de esta situación. Las provincias no tienen esos “privilegios”. Los planes de obras públicas de varias provincias serán las primeras víctimas de esta nueva situación. De prolongarse la irresolución de esta confrontación solo aquellas administraciones cuidadosas en el manejo de sus recursos tendrán asegurado sus compromisos salariales en tiempo y forma.

Extraño voto en la ONU

Hace pocos días el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, votó una iniciativa de Ecuador y Sudáfrica tendiente a crear un Grupo de Trabajo que debía elaborar un marco legal para regular las actividades de las grandes corporaciones trasnacionales.

El objetivo perseguido es impedir los abusos o las violaciones a los derechos humanos, de las personas y los pueblos, producidos como consecuencia de las actividades de esas empresas. Algo semejante se estaba discutiendo hace 40 años atrás y los avances que se habían producido no pudieron ser sostenidos cuando vino la irrupción de lo que se conoció como neoliberalismo y que arrasó con esas reivindicaciones.

Ahora, la propuesta fue aprobada en el seno de dicho Consejo de Derechos Humanos. Pero con resultados llamativos, particularmente respecto a los votos de los países de América Latina. De los 9 países de esta región, que integran ese organismo, solo dos (Cuba y Venezuela) acompañaron a Ecuador en esa iniciativa destinada a ponerle límites a la voracidad de las empresas extranjeras que se llevan nuestros recursos, destruyen el medio ambiente y explotan a nuestros pueblos. Otros 6 países (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México y Perú) lamentablemente no acompañaron el voto de la mayoría. En el caso de los países de los región lo más extraño son los casos de Brasil y Argentina.

Brasil es parte del BRICS, (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) siendo justamente uno de sus integrantes -Sudáfrica– promotor de esa idea. Brasil fue el único país de ese Grupo que no acompañó lo que fuera aprobado.

En cuanto a Argentina, la posición adoptada posiblemente se explique para evitar interferencias en las “inversiones” que se esperan lograr para la explotación hidrocarburífera y mineral de el país. Una primera experiencia de esta perspectiva la tenemos en el acuerdo con Chevron para la explotación “no convencional” (método fracking) del petróleo en la reserva de Vaca Muerta. Convenio -hasta ahora no público- que, irónicamente, fue invocado por uno de los “Fondos Buitres”, quien manifestara que estaría dispuesto a una negociación en condiciones semejante a la celebrada con Chevron.