Un cura pederasta que perdió la libertad pero no el respaldo
WASHINON URANGA| Finalmente, la “preocupación” del obispado de Morón, en el cono urbano bonaerense, por la situación del sacerdote (argentino) Julio Cesar Grassi, condenado a 15 años de prisión por pederastía, se tradujo apenas en una tibia sanción disciplinaria que le prohíbe al cura “el ejercicio público del ministerio sacerdotal”.
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En realidad, se trata de una medida intermedia que la autoridad eclesiástica, en este caso el obispo de Morón, Luis Guillermo Eichhorn, adopta “hasta tanto se resuelva definitivamente esta situación” y a partir de la afirmación de que “contando con el asesoramiento de estudios especializados se desprenden dudas acerca de la culpabilidad del P. Julio Grassi”. En definitiva, a pesar de que la causa ya atravesó tres instancias y que prácticamente no quedan posibilidades de revertir el fallo condenatorio contra el cura acusado de pedofilia, el obispado de Morón sigue sin confiar en la Justicia.
La disposición es la mínima que se puede adoptar y, más que una sanción, parece destinada a proteger al cura y a intentar disminuir el daño a la imagen institucional de la Iglesia que ha sido seriamente perjudicada por la inacción en muchos casos de pedofilia comprobados en diversas partes del mundo.
De acuerdo con las normas eclesiásticas, después de un juicio eclesiástico Grassi podría llegar a ser castigado con la “expulsión del estado clerical”, de acuerdo con lo establecido en canon 1336 del Código de Derecho Canónico, la ley que rige a la Iglesia Católica. Sin embargo, a la vista de los comunicados del obispo Eichhorn, todo parece indicar que el obispado de Morón prefiere seguir postergando una decisión definitiva y drástica contra el cura condenado por la Justicia civil. En un comunicado anterior, la autoridad eclesiástica señaló que Grassi “es nuevamente absuelto en quince casos y condenado en dos”, asumiendo como propios los argumentos esgrimidos por la defensa del sacerdote condenado. ¿Podría decirse que la conducta del cura puede medirse por la cantidad de hechos delictivos que se le probaron? ¿Y que su conducta es menos aberrante dependiendo de la cantidad de delitos que se le comprueben judicialmente?
El proceder del Obispado de Morón no guarda relación con la decidida actitud que el papa Francisco ha tomado desde que asumió para combatir los casos de pedofilia en la Iglesia. Por el contrario, a pesar de lo escueto de la declaración, el comunicado oficial parece inclinarse en el mismo sentido que el propio Grassi lo hizo ante el tribunal que decidió enviarlo a la cárcel: presentarse como una víctima de un complot urdido por quién sabe quién.
El obispo Eichhorn –que en ningún caso firmó personalmente los comunicados de su obispado– dice sí que “el proceso y la actuación del P. Grassi fueron elevados a la Santa Sede”, pero se sabe claramente que el Vaticano no procederá, al menos públicamente, si antes no hay una medida adoptada por el superior directo del cura condenado.
Tampoco hay información oficial respecto de si institucionalmente la Iglesia 
hizo algo en favor de las víctimas del abuso de Grassi, como sí ha sucedido en otras partes del mundo en casos similares. El Obispado de Morón se ha limitado a señalar su “profunda preocupación” haciéndose “solidario hacia quienes afecta esa situación” sin distinción y casi poniendo en pie de igualdad al cura condenado y a sus víctimas. “Acompañamos con nuestra oración” tanto a Grassi como “a las personas involucradas” dice la Iglesia de Morón.
Y algo más. Salva la responsabilidad institucional de la Iglesia dejando constancia de que “la Fundación Felices los Niños es una entidad civil, obra del P. Grassi, y no depende de este Obispado”. Por las dudas, aclaremos. No sea que además a alguien se le ocurra reclamarle algo a la Iglesia de Morón.