La cantidad de dinero en términos de saldos monetarios reales es cada vez menor. Esto es así porque el incremento de la base monetaria, que es la cantidad de dinero legal en circulación emitido por el banco central de un país, sumado a las reservas (esencialmente el encaje o efectivo mínimo) que los bancos comerciales tienen depositadas en la autoridad monetaria, se ajusta a una tasa significativamente menor al aumento generalizado de los precios.

Según el INDEC, el IPC, en los ocho primeros meses del corriente año, creció acumulativamente un 21,3%, y la inflación acumulada en Argentina desde enero de 2024 hasta agosto de 2026 fue de 239,88%, dado el encadenamiento de los índices mensuales informados por el INDEC. No obstante, el trabajo que hace la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la capital y en el Gran Buenos Aires (pero que es similar al de todo el país) demuestra que la canasta de precios del INDEC no refleja la realidad y no puede tomarse como indicador.

Lo mismo sucede con los alimentos [1], enseres personales, combustible, salud, medicamentos, etc. Por ende, el crecimiento de los precios en los primeros ocho meses del año no fue del 21,3%, sino de un porcentaje mucho mayor, y la emisión primaria de dinero fue en esos ocho meses de solo el 11,17%.

Y miente el INDEC, porque las jubilaciones y pensiones de la ANSES se ajustan por el IPC con dos meses de retraso. Los haberes de los empleados públicos en promedio, incluso por menos de ese guarismo. En el caso de la Administración nacional, en los organismos descentralizados del Estado, los haberes se ajustan en forma discrecional y por debajo del IPC del INDEC. Así sucede en los casos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), del INCUCAI (Instituto Central Único Coordinador Ablación e Implante), del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y de la Dirección Nacional de Vialidad.

El impacto en el ingreso de las familias de trabajadores estatales nacionales es mayor porque, entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la dotación de personal del sector público nacional se redujo en 72.522 puestos de trabajo. Esto implica una reducción del personal del 21%. Pasó de 343.357 empleados a 270.835, lo que significa aumento de los desocupados y/o de los trabajadores formales. Y otro tanto, aunque en menor escala, sucede con las administraciones provinciales y municipales.

Lo mismo pasa con el sector privado, donde se hizo notar el cierre de empresas, el desempleo, la precarización laboral, el descenso del salario real y su pérdida del poder adquisitivo. Según datos oficiales, de enero de 2024 a junio de 2026 se cerraron 28.262 establecimientos y se perdieron 341.396 puestos de trabajo; esto significa menos ingresos para la familia trabajadora e incluso para los empresarios que cierran sus establecimientos (comercio, industria, construcción, etc.).

Sí crecieron y crecen fuertemente los precios de los sectores más cartelizados, como el del combustible, del acero, del aluminio, de alimentos (leche, carne, yerba mate, aceite), de los servicios públicos (luz, gas, agua, comunicaciones, etc.), de los medicamentos. También hubo aumentos en la tasa de interés bancaria y para-bancaria, generando una superganancia que es la transferencia del ingreso de la población que se ve obligada a pagar esos precios.

Una demostración de lo que decimos es el balance cambiario del BCRA, que muestra que la cuenta Personas Humanas, desde enero de 2024 a julio de 2026, obtuvo un saldo negativo de 64.255 millones de dólares que nacen del mercado interno. Esto es el resultado de la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones que, sumadas, explican el total de divisas que no ingresan al país (fuga de capitales) y no son contabilizadas por el balance cambiario.

La disminución del dinero ante consumos de bienes y servicios que tienen un precio mayor implica, por la ley de la oferta y la demanda, una tasa de interés que confisca el poder adquisitivo de la población. Esto incluye las empresas locales que se financian en el mercado interno, posibilitadas por el DNU 70/23. Este decreto desreguló el pago del servicio bancario y parabancario y permite que emitan tarjetas de crédito las fintech (billeteras virtuales) [3].

La licuación de ingresos de los salarios, jubilaciones y pensiones obliga a las familias a endeudarse para financiar gastos corrientes y sostener su consumo básico. Ante la disminución del ingreso de las familias, primero recurrieron a los ahorros propios (certificados de depósitos a plazo fijo, tenencia de dólares, etc.); después se toma plata prestada para mantener el nivel de consumo.

Por lo general, se tomaron créditos primero con los bancos y compañías financieras, después con las billeteras virtuales a una tasa de interés mayor. Finalmente, con los prestamistas no registrados (la más de las veces ligados al narcomenudeo y/o a la reducción de cosas robadas).

Al problema de la caída vertiginosa del ingreso de las familias, debe sumarse que las elevadas tasas de interés encarecen el financiamiento, reducen la porción del ingreso disponible para afrontar los gastos cotidianos y alimentan un proceso de endeudamiento creciente. La tasa de la tarjeta de crédito bancaria en pesos es en septiembre de 2026 del 80 al 85% nominal anual. A esto hay que sumarle el IVA, el IIBB sobre los intereses y otros gastos; supera así el 100%, que significa una tasa mensual del 7,5% (cuando en el mejor de los casos los haberes se ajustan de acuerdo al IPC del INDEC).

Si el financiamiento de la tarjeta de crédito bancaria es de deuda en dólares, la tasa nominal es del 40% en dólares y más (a la que se le deben sumar los impuestos y demás comisiones y gastos).

La morosidad total del sector privado no financiero de las entidades financieras subió de 7,63% en junio a 7,73% en julio; los atrasos de más de 90 días en el segmento de préstamos a hogares aumentaron de 12,77% a 12,94%, mientras que la mora de empresas pasó de 3,50% a 3,61%.

A la mora bancaria le sumamos la de las fintech. Según la Cámara Argentina de Fintech, la morosidad en este segmento superó en julio de 2026 el 33,7%, encabezados por Tarjeta Naranja (Banco Galicia) y Mercado Pago (Grupo Galperin), que en conjunto representan el 54% del total de financiamiento a familias por este medio. Actualmente, más de ocho millones de personas acceden al crédito a través de estas billeteras. De ese total, 2.300.000 tienen en estas plataformas su única fuente de financiamiento, una situación que puede asociarse a los sectores precarizados con menores ingresos.

Los préstamos de las fintech son sumas menores y de más corto plazo, pero las tasas son usurarias, como muestra el siguiente cuadro a partir de la simulación de un préstamo de Mercado Pago.

El gobierno de Milei beneficia a esta empresa, que cobra tasas por arriba del 1.000% anual, por estar adherida a la ley 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (software). De manera tal que en el primer semestre de 2026 se ahorró de pagar impuesto a las ganancias por 29 millones de dólares y contribuciones sociales (aportes al SIPA; obra social; fondo de desempleo; ART) por 13 millones de dólares. No le pagó al fisco 52 millones de dólares en un semestre, y a las pymes se las persigue por incumplimiento hasta el hartazgo por sumas irrisorias.

Sumando deudores de entidades financieras y fintech, el total a julio de 2026 son 5.923.788 personas, según cifras de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA. En el país, 20,9 millones de individuos mantienen deudas con al menos una entidad, lo que implica que el 28% de los sujetos de crédito presenta algún atraso en sus pagos, de los cuales el 15,7% está en mora.

Aproximadamente el 40% de los que no pueden pagar su deuda están en esa situación desde hace meses. El BCRA los encuadra como situación 3 (riesgo medio) a los atrasos de más de 90 y hasta 180 días y situación 4 (riesgo alto) a los atrasos de más de 180 días y hasta un año. El CENDEU (Central de Deudores) del BCRA afirma que unas 2.400.000 personas en el mes de julio de 2026 están en mora por menos de un salario mínimo y el 28,3% de los deudores tienen al menos una cuota o un saldo impago (era la mitad de deudores hace dos años atrás).

Usura

Hay complicidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que no se dignó a tratar el rechazo del DNU 70/23 que tenía sanción del Senado. También de los jueces, que en ningún caso aplicaron el artículo 175 bis del Código Penal, que castiga el delito de usura y que se aplica cuando alguien se aprovecha de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otra persona para cobrarle intereses desproporcionados o exigirle garantías de tipo extorsivo, como en el caso de las fintech, pero también el de los bancos y compañías financieras, por más que el DNU 70/23 rompe la relación entre tasas pasivas y activas, porque es claro que son tasas usurarias. Es más, el Código Civil y Comercial de la Nación permite a los jueces reducir las tasas de interés abusivas mediante la figura de la «lesión subjetiva-objetiva».

Y además, no se pregona el decreto 484/87 que fija los porcentajes de embargo por deudas comunes o de consumo, que son las obligaciones financieras que las personas adquieren habitualmente para cubrir gastos cotidianos, bienes o servicios. Este dice que hasta un salario mínimo vital y móvil (SMVM), no se puede embargar nada (0%). Entre uno y dos SMVM, se puede embargar hasta el 10% de lo que supere el monto del salario mínimo. Y más de dos SMVM, hasta el 20% de ese monto.

Los haberes previsionales (se excluyen los de privilegio) no se pueden embargar en la Argentina porque tienen carácter alimentario y protegen la subsistencia del beneficiario.

Es cierto que el SMVM de septiembre de 2026 es de 383.300 pesos mensuales y netos (si se deducen el 11% de los aportes previsionales, el 3% para PAMI y el 3% para la obra social, es de $318.554). Pero, en la práctica, los bancos y las billeteras virtuales han embargado el 50% y más del sueldo del trabajador endeudado, violando el decreto 484/87.

Finalmente, según el Código Civil y Comercial de la Nación, una deuda con una entidad financiera en la Argentina prescribe a los tres años si es por el uso de tarjetas de crédito, y a los cinco si se trata de un préstamo personal, y en caso de la insistencia del acreedor, se debe recurrir a la justicia o a los organismos de derechos humanos y denunciarlo por acoso.

En síntesis

La restricción monetaria es para que la tasa de interés sea positiva y de esa manera ingresen divisas, se pasen a títulos en pesos y retornen cuando quieren a divisas, ganando en dólares tasas del 40% y más (el dólar en ocho meses de este año creció solamente treinta pesos, es un incremento del 2%; es más caro el costo de entrada y salida que la depreciación cambiaria).

Obviamente, el efecto complementario es detraer el poder adquisitivo de la población que debe pagar precios que no dejan de crecer, fijados por las grandes corporaciones que, a su vez, convierten esa ganancia mayoritariamente en divisas y la fugan. Finalmente, el tipo de cambio controlado por el BCRA permite a las administraciones públicas (y a los deudores reales o supuestos) comprar dólares baratos para pagar parte de los servicios de la deuda externa.

El resultado es un mercado deprimido para aumentar los saldos exportables de energía, minerales de todo tipo, alimentos, etc., a costa del ajuste económico y social de la población, suma que mayoritariamente se fuga.

La extrema situación generada por la deuda de las familias (y de las empresas que están orientadas al mercado interno) hace que se tenga que recurrir al prestamista del barrio, cuya liquidez en la mayoría de los casos es fruto del narcomenudeo o de la reducción de robos.

El problema se agrava día a día y el gobierno no lo puede resolver porque tiene que terminar con la bicicleta financiera, y el JP Morgan, que es el patrón de Caputo y Bausili, dejaría de sacar la renta extraordinaria que obtienen (y con ellos, todo el capital financiero), que son los que administran el país.

Notas

[1] El kilo de asado, en noviembre de 2023, rondaba entre los 3.600 y los 3.700 pesos; en septiembre de 2026 es de 18.500 pesos (se incrementó en 515%). El litro de leche en sachet primera marca era de 400 pesos y ahora es de 2.000 en iguales fechas.
[2] Las fintech (síntesis entre finanzas y tecnología) están nucleadas en la Cámara Argentina de Fintech, cuyos principales miembros son Mercado Pago (la billetera digital y plataforma de servicios financieros de MercadoLibre), Tarjeta Naranja, Tarjeta La Anónima, Ualá, Technysis, Nubi, Ripio, Credi Cuotas, Tarjeta mi Carrefour, Credinet, Creditech, Todopay, etc.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)