Reconstrucción eléctrica al estilo USA: IMPSA, GE, Siemens y la exclusión después del saqueo
Alejandro López-González
El pasado 12 de agosto del presente año, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela anunció y respaldó la concreción del nuevo acuerdo entre CORPOELEC e IMPSA para recuperar capacidad del sistema eléctrico venezolano. La cifra que ha concentrado la atención pública es 2.640 MW, aunque conviene precisar qué significa realmente: el contrato definitivo plantea una primera etapa de 672 MW en 24 meses —432 MW en las unidades 1 y 2 de Tocoma y 240 MW en las unidades 4, 5 y 6 de Macagua—, mientras que los 2.640 MW corresponden a la meta de largo alcance asociada al conjunto Tocoma-Macagua. De esos 672 MW iniciales, se ha anunciado además que los primeros 160 MW de Macagua podrían estar disponibles en un plazo del orden de 90 a 100 días.
No es el primer anuncio de contratación o negociación para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional que ha sido tutelado, impulsado o respaldado por el gobierno de Estados Unidos desde la caída del gobierno de Nicolás Maduro y el establecimiento de un interinato encabezado por Delcy Rodríguez. Desde abril se han mencionado negociaciones con Siemens y General Electric para atender la crisis del Zulia; en junio se firmó un memorando entre CORPOELEC y GE Vernova; en julio se anunció un acuerdo con la empresa rusa INSA y nuevos compromisos con GE; y, finalmente, el acuerdo con IMPSA ha pasado de la renegociación a un addendum contractual definitivo.
La nueva cartera de contratistas
IMPSA: Argentina / control estadounidense desde 2025. Tocoma y Macagua: 672 MW en 24 meses como primera etapa; meta de largo plazo de 2.640 MW.
GE Vernova: Estados Unidos. Memorando del 15 de junio: 1.000 MW en 24 meses y más de 5.000 MW en cuatro años, en generación hidroeléctrica y térmica.
Siemens: Alemania. Negociaciones anunciadas para el Zulia, incluyendo las plantas TZ1, TZ7 y Ramón Laguna; sin contrato definitivo públicamente confirmado en la documentación revisada.
INSA: Rusia. Acuerdo anunciado en julio para reactivar más de 2.400 MW, dentro de un paquete conjunto con GE de 7.400 MW; con menor nivel de verificación técnica pública que IMPSA y GE Vernova.
Estas metas, por supuesto, no pueden sumarse de manera lineal. Una parte se solapa, otra corresponde a horizontes temporales distintos y otra incluye sustitución de equipos obsoletos, reserva y crecimiento futuro de demanda. El propio diagnóstico consolidado para 2026 estima una producción real cercana a 12.000 MW frente a una demanda aproximada de 14.000 a 15.579 MW, de modo que el déficit estructural inmediato se ubica, según las fuentee y el momento, alrededor de 2.000 a 3.500 MW. Por eso, cuando se anuncian 5.000, 7.400 o 2.640 MW, estamos ante programas de recuperación y reconstrucción, no ante una simple suma de déficit presente.
IMPSA no es nueva en Venezuela
Conviene destacar el caso de IMPSA. Esta empresa, originalmente argentina, no llega ahora a Venezuela como un contratista desconocido. Su relación con el país se remonta al menos a 2004, cuando, en el contexto de la relación política entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner, se acordó la rehabilitación de Macagua I. A partir de allí, IMPSA quedó vinculada a algunos de los proyectos más ambiciosos —y finalmente más frustrantes— del desarrollo eléctrico de la era chavista.
Macagua I: Rehabilitación y modernización de seis unidades Francis de aproximadamente 79,5 MW cada una, además de generadores, transformadores, excitación y sistemas auxiliares. El contrato fue valorado inicialmente alrededor de US$142 millones y posteriormente ampliado hasta aproximadamente US$484 millones.
Tocoma / Central Manuel Piar: Suministro de diez turbinas Kaplan de aproximadamente 223-232 MW por unidad, diez generadores y sistemas de control, protección, medición y supervisión. El contrato inicial de 2008 fue de alrededor de US$520 millones; distintas fuentes citan un valor contractual total cercano a US$1.390 millones.
Parque Eólico La Guajira: Fase I-A con 12 aerogeneradores IMPSA IWP-83 de 2,1 MW cada uno, para 25,2 MW; contrato llave en mano e incluyendo dos años de operación y mantenimiento. Una fase adicional preveía 24 aerogeneradores más, 50,4 MW adicionales, para completar 75,6 MW en la Fase I.
Uribante-Caparo: Rehabilitación de descargas de fondo en La Vueltosa y Borde Seco y trabajos en la toma de la Central Fabricio Ojeda, por aproximadamente US$65,8 millones.
Central José Antonio Páez: Provisión de cinco rodetes Pelton y modernización de comunicaciones, por aproximadamente US$9,6 millones.
La exposición contractual acumulada de IMPSA en Venezuela —considerando Tocoma, Macagua, Uribante-Caparo, Páez y La Guajira— ha sido estimada en torno a US$2.019 millones. No toda esa cifra fue deuda ni pérdida: es importante distinguir valor contractual, facturación certificada, cuentas vencidas y pérdida económica neta. Esa distinción técnica es crucial, porque la historia del sector eléctrico venezolano ha estado llena de cifras gigantescas que se mezclan hasta perder significado contable.
La Guajira: un recuerdo de lo que nunca fue
El primer parque eólico plenamente desarrollado en Venezuela con tecnología de gran escala fue el de La Guajira zuliana. IMPSA instaló allí 12 aerogeneradores IWP-83, cada uno con una potencia nominal de 2,1 MW, para una capacidad total de 25,2 MW. El proyecto se ejecutó bajo modalidad llave en mano y contemplaba dos años de operación y mantenimiento. La planificación de la Fase I preveía 75,6 MW en total, con 24 aerogeneradores adicionales por 50,4 MW. En los planes eólicos venezolanos de mediados de la década de 2000, La Guajira había sido concebida como el punto de partida de un desarrollo muchísimo mayor; posteriormente llegó a plantearse, desde el propio gobierno, un aprovechamiento de hasta 10.000 MW hacia 2030 en el corredor eólico de la península.
La cifra de US$70 millones aparece frecuentemente asociada en la discusión pública a proyectos eólicos venezolanos, pero existen publicaciones que sitúan presupuestos globales del proyecto en cifras muy superiores. Por rigor, lo técnicamente sólido es afirmar la capacidad instalada, la tecnología, el número de máquinas y el alcance contractual; no fijar como hecho un costo que las fuentes consultadas no permiten cerrar de manera consistente. Ese proyecto, condenado luego al deterioro, al vandalismo, al saqueo de materiales y al silencio institucional, pudo haber sido el embrión de una industria eólica venezolana de escala regional. No es una fantasía retrospectiva: el país dispone de uno de los corredores de viento más atractivos del Caribe y los planes oficiales llegaron a imaginar miles de megavatios. La pérdida no fue solamente de doce aerogeneradores o de 25,2 MW. Fue la pérdida de experiencia tecnológica, mantenimiento, logística, capacidades industriales y aprendizaje institucional. En un sector energético, esa destrucción de conocimiento puede ser más costosa que la pérdida de una máquina.
Tocoma: las Kaplan gigantes que nunca entregaron su energía
La participación de IMPSA en Tocoma fue aún más importante. La Central Hidroeléctrica Manuel Piar fue concebida para completar el aprovechamiento del Bajo Caroní con diez unidades Kaplan de aproximadamente 223 a 232 MW cada una. El programa completo ronda 2.160 MW. Se trataba de máquinas entre las Kaplan de mayor potencia del mundo, diseñadas para operar en las condiciones hidráulicas específicas del Caroní. El contrato de IMPSA comprendía diez turbinas, diez generadores y sistemas de control, protección, medición y supervisión. El valor inicial citado para el contrato de 2008 fue de unos US$520 millones, mientras que otras referencias elevan el valor contractual total asociado hasta aproximadamente US$1.390 millones.
Tocoma llegó a reportar un avance físico cercano al 87%. Esa cifra, sin embargo, es engañosa si se interpreta como una central casi terminada. Una hidroeléctrica puede tener gran parte de su obra civil ejecutada y seguir muy lejos de estar disponible para el sistema. Faltaban —y en varios casos todavía faltan— montaje electromecánico, integración eléctrica, sistemas de control, pruebas, puesta en marcha y certificaciones de seguridad. Aproximadamente 60% del equipamiento de Tocoma llegó a estar fabricado y almacenado en Mendoza durante más de una década; hoy ese material necesita inspección, reacondicionamiento potencial y verificación de compatibilidad antes de instalarse.
Lo más absurdo es que el nuevo contrato de 2026 no está inventando Tocoma. Está intentando rescatar una obra que Venezuela ya había pagado parcialmente, que llegó a niveles avanzados de ejecución y que fue abandonada por una combinación de corrupción, conflictos contractuales, desorden administrativo y falta de pago. La primera etapa actual se concentra en las unidades 1 y 2, 432 MW en 24 meses. Si finalmente se completan las diez unidades y se recupera Macagua, la meta anunciada asciende a 2.640 MW.
Cuando Venezuela dejó de pagar, IMPSA cayó con ella
Los sucesivos desfalcos, atrasos, improvisaciones y desórdenes financieros de los grandes proyectos estructurantes del sistema eléctrico nacional llevaron también a IMPSA a una situación crítica. En una entrevista concedida en 2018, Enrique Pescarmona fue explícito: las facturas venezolanas llegaron a acumular atrasos de 300 días o más, y la empresa pasó alrededor de once meses sin cobrar. Cuando le preguntaron si el problema que detonó la crisis de IMPSA provenía de una obra venezolana, respondió de manera directa: Macagua.
La evidencia financiera de la época coincide con ese relato. En 2014, Venezuela representaba aproximadamente 76% de las cuentas comerciales por cobrar de IMPSA. La empresa llegó a reclamar alrededor de US$500 millones de deuda de CORPOELEC durante la crisis de liquidez que precedió al default; en años posteriores las obligaciones acumuladas reclamadas a Venezuela fueron estimadas en cifras de hasta US$1.200 millones. El 15 de septiembre de 2014, IMPSA notificó formalmente que postergaría pagos de capital e intereses de sus obligaciones financieras. El golpe venezolano no fue el único problema —la filial brasileña Wind Power Energia también estaba en crisis—, pero fue uno de los factores decisivos.
La pérdida económica neta para IMPSA es difícil de fijar porque depende de cuánto se considere recuperable, de las provisiones por incobrabilidad, de los intereses y del valor de los equipos fabricados que todavía pueden utilizarse. Las estimaciones consolidadas revisadas sitúan un rango central de pérdida entre US$300 y US$600 millones, con escenarios superiores cuando se incorporan costos financieros y contratos no ejecutados. Este es precisamente el tipo de caso que muestra que el colapso venezolano no solo destruyó infraestructura venezolana: también destruyó cadenas de proveedores, contratistas y capacidades industriales extranjeras vinculadas al país.
De empresa familiar a empresa estatal, y de allí a capital estadounidense
La crisis obligó a IMPSA a reestructurarse. En 2017 alcanzó un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para reorganizar una deuda del orden de US$1.136 millones. Entre 2018 y 2021 avanzó un proceso de capitalización que terminó colocando el control en manos del Estado argentino —la Nación y la provincia de Mendoza— y desplazando a la familia Pescarmona del control mayoritario. Fue, en los hechos, un rescate estatal de una empresa industrial estratégica que venía asfixiada por deuda y por cuentas por cobrar que no se convertían en caja.
Ese ciclo terminó con el gobierno de Javier Milei. En febrero de 2025 se concretó la privatización de IMPSA, la primera de esa administración. El control pasó al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por ARC Energy. La oferta incluyó una inyección de capital de US$27 millones y quedó asociada a la reestructuración de una deuda cercana a US$576-580 millones. La transferencia incluyó las acciones estatales de la Nación y Mendoza. Desde entonces, la propia IMPSA se presenta como una compañía bajo propiedad del consorcio estadounidense IAF, combinando ingeniería argentina con una nueva estructura de control y proyección internacional.
La secuencia temporal no deja de ser políticamente llamativa: una empresa que fue llevada al borde de la quiebra, en parte por los impagos venezolanos, fue rescatada por el Estado argentino, privatizada después a capital estadounidense y, apenas un año más tarde, vuelve a Venezuela con autorización de Estados Unidos y respaldo explícito de su Embajada. Para operar con CORPOELEC, además, IMPSA necesitó una licencia estadounidense específica que habilitara negociación, exportación de equipos, instalación y puesta en funcionamiento, debido al régimen de sanciones. El regreso de IMPSA es, por tanto, técnico, financiero y geopolítico al mismo tiempo.
Los US$100.000 millones que ya se fueron
En artículos anteriores he detallado las enormes cantidades de dinero perdido en los grandes proyectos fallidos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Mi estimación histórica ha situado en más de US$100.000 millones —en algunos cálculos alrededor de US$105.000 millones— los recursos movilizados hacia el sector eléctrico durante el ciclo bolivariano, sin que esa masa de inversión se tradujera en un sistema confiable, mantenible y financieramente sostenible. Ese número debe leerse como una estimación agregada de inversión y gasto del período, no como una sentencia judicial que atribuya cada dólar a corrupción. Dentro de ese universo coexistieron obras reales, equipos instalados, sobrecostos, proyectos inconclusos, abandono, mala gestión, pérdidas y operaciones cuya trazabilidad sigue siendo insuficiente.
Sobre este tema he publicado, entre otros, “¿Cuánto dinero se perdió por el desfalco eléctrico en 20 años de revolución bolivariana?”, “Las termoeléctricas y la ruina del sector energético nacional”, “4000 millones de dólares costaría recuperar las termoeléctricas en Venezuela”, “La energía eólica en Venezuela y propuestas para la superación de la crisis eléctrica actual” y “El Black-Out del sistema eléctrico venezolano: ruptura del equilibrio en la generación termoeléctrica”.
El negocio de reconstruir lo que antes se destruyó
Actualmente, los negocios alrededor del sector eléctrico venezolano serán enormes. No podría ser de otra manera: reconstruir un sistema con decenas de gigavatios nominales instalados pero una disponibilidad real muy inferior implica contratos de generación, transmisión, distribución, automatización, control, combustible, gas, mantenimiento, repuestos, seguros, logística y financiamiento. El negocio no está únicamente en instalar megavatios; está en capturar durante años los flujos asociados a sostenerlos.
Antes, buena parte de los beneficios de la opacidad se concentraron en redes cercanas a las cúpulas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en energía eléctrica y petróleo, junto con empresarios, intermediarios y operadores políticos de distintos signos. Sobre vínculos concretos entre funcionarios, contratistas y figuras opositoras existen denuncias políticas y periodísticas de muy distinta calidad probatoria; por rigor, no corresponde convertirlas automáticamente en hechos judicialmente establecidos. Lo que sí es incontrovertible es la ausencia de rendición de cuentas suficiente sobre proyectos multimillonarios y la coexistencia de sobrecostos, obras inconclusas y deterioro operativo.
Ahora los principales beneficiarios potenciales serán, en una proporción creciente, corporaciones y fondos occidentales vinculados al nuevo arreglo político de Washington sobre Venezuela. Allí participan intereses estadounidenses, europeos y también, paradójicamente, rusos. En el entorno político de Donald Trump existe además una presencia visible de grupos empresariales, financieros y de presión fuertemente alineados con Israel. Prefiero formularlo así —lobbies proisraelíes y redes empresariales del entorno de Washington— y no convertir una disputa geopolítica en una etiqueta étnica o religiosa. El problema no es la identidad de quienes invierten; el problema es la relación de poder que se establece cuando un país debilitado negocia infraestructura estratégica desde una posición de extrema dependencia.
La diferencia con el ciclo anterior puede ser decisiva. El entorno de Chávez y Maduro administró una renta extraordinaria con una lógica rapaz, inmediatista, voraz y excluyente. No fue capaz de comprender una verdad básica de la ingeniería y de la economía política: incluso para extraer renta de un país es necesario conservar la infraestructura que hace posible esa renta. Una central debe mantenerse. Una turbina necesita repuestos. Una red de transmisión necesita poda, aislamiento, protecciones, torres y personal. Un sistema eléctrico no se sostiene con discursos, decretos ni cadenas nacionales. Se sostiene con mantenimiento, planificación, inventarios, ingeniería, tarifas, financiamiento y disciplina operacional.
El saqueo de las cúpulas políticas y burocráticas del sector eléctrico hizo inviable, incluso desde su propia lógica, el proyecto de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esa es una señal de torpeza histórica: destruyeron la infraestructura que necesitaban para sostener su propio poder. La nueva arquitectura de control extranjero probablemente será menos improvisada. Puede ser más eficiente y, precisamente por eso, más duradera. Un actor que pretende apropiarse durante décadas de flujos petroleros, gasíferos, mineros o eléctricos entiende que necesita carreteras, puertos, redes, generación y transmisión funcionando. El saqueo puede volverse sostenible para quien saquea, aunque no necesariamente justo para quien habita el territorio.
Cuando cualquier mejora parece una salvación
Entre tanto, entre tan poco, el pueblo venezolano ha perdido buena parte de la capacidad material para exigir un horizonte superior. La necesidad transforma cualquier mejora en salvación. Después de años de apagones, agua intermitente, gas escaso, basura acumulada y servicios públicos degradados, recuperar 160 MW en 90 días puede sentirse como un milagro. Y quizá, operacionalmente, sea una buena noticia. Pero una mejora operativa no debe borrar la discusión sobre soberanía, transparencia, propiedad, regulación y distribución de beneficios.
A este punto nos han llevado: al punto de agradecer el saqueo menor, de aceptar condiciones que en otro contexto serían políticamente intolerables con tal de respirar tranquilos y disponer de un mínimo de servicios públicos. Agua, electricidad, gas y aseo urbano fueron destruidos o deteriorados por años de corrupción burocrática, improvisación, politización extrema y abandono del mantenimiento. La sociedad que ha vivido esa destrucción puede terminar recibiendo cualquier restauración externa como una liberación.
Pero hay una diferencia entre reconstrucción y soberanía. Reconstruir Tocoma es necesario. Recuperar Macagua es necesario. Volver a poner en servicio megavatios termoeléctricos y modernizar la red también lo es. Incluso la participación de empresas extranjeras puede ser técnicamente imprescindible después de tantos años de descapitalización. Lo que no deberíamos aceptar es que la necesidad elimine la obligación de preguntar quién financia, quién controla, quién cobra, bajo qué legislación, con qué garantías, con qué tasa de retorno y qué parte del valor permanece en Venezuela.
La tragedia venezolana consiste en que el chavismo destruyó parte de las capacidades materiales que habrían permitido negociar desde una posición soberana. Ahora la reconstrucción puede quedar en manos de quienes disponen del capital, las licencias, la tecnología y el poder geopolítico. Hacer que un país agradezca al opresor —o a quien llega en una posición dominante después de la destrucción— es la mayor victoria de la tiranía global, del Leviatán moderno y de la talasocracia occidental. La electricidad volverá. La pregunta verdaderamente importante es quién será dueño de la luz cuando vuelva.
– Alejandro López -González es Ingeniero en Energía por la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor en Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC-BarcelonaTECH) Actualmente, investigador de planta en el CIDETIU y Docente en Desarrollo Sostenible de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacin (URBE, Maracaibo)
Referencias documentales y enlaces
• IMPSA y Venezuela. Historia empresarial, proyectos hidroeléctricos y eólicos, crisis de impagos y reactivación (informe de trabajo, 14 de agosto de 2026).
• Reconstrucción del Sistema Eléctrico Venezolano. Cronología de anuncios de Delcy Rodríguez y la Embajada de EE.UU. (enero-agosto 2026) y empresas contratistas (informe de trabajo, 14 de agosto de 2026).
• Reuters, “Argentina privatizes state metal firm in Milei era first” (8 de enero de 2025). [enlace]
• IMPSA, perfil corporativo actual y estructura de propiedad. [enlace]
• IMPSA, reestructuración financiera bajo IAF (mayo de 2026). [enlace]
• Observatorio de Ecología Política de Venezuela, archivo de artículos de Alejandro López-González. [enlace]
• Alejandro López-González, “La energía eólica en Venezuela y propuestas para la superación de la crisis eléctrica actual”. [enlace]
• Alejandro López-González, “4000 millones de dólares costaría recuperar las termoeléctricas en Venezuela”. [enlace]
• Alejandro López-González, archivo de artículos en Aporrea. [enlace]