Uruguay se resiste a la deportación de cubanos desde Estado Unidos

Luvis H. Pareja

Estados Unidos mantiene conversaciones con el gobierno de Uruguay para evaluar la posibilidad de enviar a ese país a ciudadanos cubanos que no puedan ser deportados directamente a Cuba. La propuesta forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense por encontrar terceros países dispuestos a recibir a personas con órdenes de expulsión que no pueden ser devueltas con rapidez a sus lugares de origen.

Hasta el momento, no existe un acuerdo definitivo ni se ha confirmado el traslado de cubanos deportados desde Estados Unidos hacia Uruguay. Tampoco se conocen fechas, cantidades exactas de personas, requisitos de recepción o condiciones de permanencia en territorio uruguayo. «Uruguay tiene que dialogar con Estados Unidos. Otra cosa muy distinta es negociar. Y otra cosa muy distinta todavía es acordar», dijo Fernando Pereira, presidente del oficialista Frente Amplio. Ya la central sindical Pit-Cnt manifestó que no está de acuerdo y el Frente Amplio va por el mismo camino.

Uruguay, con 3,4 millones de habitantes, enfrenta un desafío demográfico significativo: una población pequeña y envejecida que requiere ampliar su fuerza laboral. El año pasado, Uruguay recibió a casi 24.000 solicitantes de asilo procedentes de Cuba, según estadísticas de Naciones Unidas.

El gobierno de Donald Trump ha deportado a miles de cubanos a México y países africanos, pero busca en Uruguay un destino que ofrezca estabilidad a los deportados. La Cancillería uruguaya adviertió que las negociaciones siguen abiertas y que aún no hay nada definido.

La información ha generado preocupación entre numerosos migrantes cubanos, especialmente entre quienes tienen órdenes finales de deportación o procesos pendientes ante las autoridades migratorias estadounidenses. Sin embargo, la posible medida no afectaría automáticamente a todos los cubanos residentes en Estados Unidos, ya que cada caso dependería de su situación legal y de las condiciones que pudiera establecer un eventual acuerdo entre ambos gobiernos.

Las conversaciones todavía se encuentran en una fase de negociación. Ninguno de los dos gobiernos ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo ni ha informado sobre la puesta en marcha de un programa de traslados. Tampoco se han divulgado aspectos esenciales como la cantidad de personas que podrían ser enviadas, los criterios para seleccionar a los posibles beneficiarios o afectados, el estatus migratorio que tendrían al llegar a Uruguay o las responsabilidades que asumiría cada país dentro de un eventual convenio.

El hecho de que existan negociaciones no significa que las deportaciones hacia Uruguay hayan comenzado ni que todos los ciudadanos cubanos con procesos migratorios en Estados Unidos puedan ser trasladados a ese país. Cualquier medida de este tipo requeriría acuerdos formales, procedimientos administrativos y coordinación entre las autoridades involucradas. Por ahora, el escenario continúa siendo una posibilidad en estudio. Mientras no exista un anuncio oficial sobre la aprobación e implementación del acuerdo, la política migratoria para los ciudadanos cubanos en Estados Unidos no experimenta cambios derivados de estas conversaciones.

La respuesta, por el momento, es no, coincide la prensa montevideana, aunque las conversaciones entre Estados Unidos y Uruguay han despertado gran interés.  Hasta la fecha, ninguno de los dos gobiernos ha confirmado la entrada en vigor de un acuerdo migratorio con ese propósito. Las negociaciones continúan y aún quedan aspectos importantes por definir antes de que una medida de este tipo pudiera aplicarse. Esto significa que los procedimientos migratorios vigentes para los ciudadanos cubanos en Estados Unidos permanecen sin cambios como consecuencia de estas conversaciones.

Otro aspecto importante es que una eventual implementación del acuerdo no significaría que todos los ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos serían enviados a Uruguay.En principio, una medida de este tipo solo podría aplicarse a personas sujetas a procesos de deportación y cuya situación migratoria permita ejecutar una orden de expulsión conforme a la legislación estadounidense.

Los cubanos con residencia permanente, ciudadanía estadounidense, protección legal vigente o procesos migratorios en trámite continuarían rigiéndose por las normas aplicables a cada caso. Por esa razón, resulta importante no interpretar las negociaciones como un cambio general en la situación migratoria de toda la comunidad cubana en Estados Unidos, ya que cualquier decisión dependerá de las condiciones específicas que eventualmente establezca un acuerdo entre ambos países.

La política migratoria de Estados Unidos contempla la deportación de personas que reciben una orden final de expulsión. Sin embargo, en algunos casos ese proceso no puede ejecutarse de manera inmediata debido a dificultades diplomáticas, legales o logísticas con el país de origen del migrante. En el caso de Cuba, las deportaciones han estado condicionadas durante años por los acuerdos migratorios existentes entre ambos países y por la capacidad de aceptar el retorno de ciudadanos cubanos. Cuando esas devoluciones no pueden realizarse con la rapidez que desean las autoridades estadounidenses, el Gobierno busca alternativas que permitan cumplir las órdenes de deportación.

Una de esas opciones consiste en negociar con terceros países para que reciban temporal o permanentemente a determinadas personas que no pueden ser enviadas directamente a su país de origen. Esta estrategia ya ha sido analizada y aplicada en diferentes momentos con otras nacionalidades como parte de la política migratoria estadounidense.

El objetivo de estos acuerdos es reducir el número de personas con órdenes finales de deportación que permanecen en territorio estadounidense sin que la expulsión pueda ejecutarse. Para ello, Washington necesita la colaboración de países dispuestos a aceptar a esos migrantes bajo condiciones previamente negociadas. No obstante, cada convenio es diferente. Las condiciones de permanencia, los derechos de las personas trasladadas, las responsabilidades del país receptor y los procedimientos de ingreso deben definirse mediante acuerdos específicos entre los gobiernos involucrados.

Podrían entrar dentro de un eventual acuerdo algunos ciudadanos cubanos que permanecen detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se tramita la ejecución de su orden de deportación.  Sin embargo, el hecho de encontrarse bajo custodia no significa automáticamente que una persona sería trasladada a Uruguay. Cada expediente migratorio debe analizarse de forma individual y cumplir los requisitos que eventualmente establezca el acuerdo.