De la Espriella anuncia comandos urbanos para reprimir protestas
Camilo Rengifo Marín
Iván Cepeda denunció que este proyecto se suma a una política sistemática de criminalización de la protesta social alentada por De la Espriella.
El líder de la oposición en el Senado de Colombia y excandidato presidencial , Iván Cepeda, alertó este miércoles que los decretos anunciados por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, revelan que el país «comienza a tener la configuración de un Gobierno paramilitar», en una contundente declaración que enciende las alarmas sobre el rumbo institucional de la nación.
El congresista señaló en primer lugar la pretensión de la nueva Administración de crear bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, estructuras que estarían integradas no por servidores públicos, sino por veteranos y reservistas de las fuerzas militares.
En medio de acusaciones por corrupción y amenazas contra sus opositores de llevarlos a la cárcel, el ultraderechista
presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció además la creación de comandos urbanos para reprimir y perseguir la protesta social. Nunca antes una transición o empalme entre gobiernos saliente y entrante había sido tan traumática como la que experimenta hoy Colombia; De la Espriella no se ha guardado nada para descalificar a quien deja el cargo, el izquierdista Gustavo Petro: “es el gobierno más corrupto de la historia”, sin aportar prueba alguna.
Mientras asume la presidencia el 7 de agosto, optó por usar las redes sociales para desprestigiar los logros y reformas sociales del gobierno de izquierda liderado por Petro, amén de amenazar a su oponente Iván Cepeda, quien convocó al pueblo a ejercer “la desobediencia civil pacífica para defender los avances del país”.
Tiempos difíciles se ciernen sobre las colombianas y colombianos tras los anuncios hechos por el nuevo mandatario en materia económica y seguridad, dos variables que concentran la atención de la opinión en el país. El líder de la oposición política argumentó que la nación conoce bien las consecuencias nefastas de confundir la autoridad legítima con corporaciones armadas civiles, lo cual implica que el Estado renuncie al monopolio de la fuerza y auspicie la conformación de estructuras paralelas que históricamente provocan mayor violencia, arbitrariedad y una absoluta impunidad en los territorios.
Aunque Colombia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es valorada entre las mejores cinco economías gestionadas en el mundo a diciembre de 2025, el ultraderechista asegura, sin argumentos, que económicamente el país va camino a la quiebra; por tanto, propone de entrada la reducción de unos 20 mil millones de dólares del presupuesto de la nación; es decir, busca castigar drásticamente la inversión social, incluidos los salarios de los trabajadores “abelardistas o petristas”.
Reacio a un encuentro, el ultra ha evadido cualquier diálogo con Petro,el presidente en funciones antes de asumir su cargo, quien en un mensaje en la red social X dijo que su sucesor “es un presidente ilegítimo. “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, sentenció Petro, al denunciar que un fraude el 21 de junio se fraguó en Los Ángeles, Estados Unidos, a través de una empresa israelí y con financiamiento de un prestigioso abogado desde Florida.
Desde la misma cuenta, Petro convocó para el 20 de julio, día de la independencia, a los colombianos y colombianas a la plaza pública donde “me despediré públicamente y defenderemos las reformas sociales impulsadas por mi gobierno”.
Ganador con uno por ciento de votos, es decir, un empate técnico, De la Espriella salió en redes a amenazar a Iván Cepeda con la cárcel “por proponer la desobediencia civil pacífica”, contra su gobierno. Cepeda denunció que este proyecto se suma a una política sistemática de criminalización de la protesta social alentada por De la Espriella y secundada por mandatarios locales como los alcaldes Federico Gutiérrez en Medellín y Alejandro Eder en Cali, quienes amenazan con desatar represiones contra las movilizaciones populares pacíficas bajo la premisa de catalogarlas como vandalismo.
El congresista precisó que el Ejecutivo ya anunció el desmontaje de la actual Unidad de diálogo y mantenimiento del orden para restablecer el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios, organismo represivo que ostenta un grave registro de violaciones a los derechos humanos, torturas, violencia sexual y mutilaciones oculares dirigidas especialmente contra la juventud.
Asimismo, el parlamentario advirtió sobre la intención del mandatario de privatizar y paramilitarizar el sistema penitenciario y carcelario de la nación mediante la construcción de diez megacárceles administradas por un nuevo cuerpo de prisión conformado por reservistas militares, con el fin último de debilitar el disenso, la oposición y la libertad política mediante la aplicación del terror institucional.
Cepeda vinculó esta propuesta con el modelo de acumulación económica de la extrema derecha, basado en el extractivismo minero y de hidrocarburos sin límites legales, que requiere del debilitamiento del disenso político para garantizar el enriquecimiento de minorías aliadas a las corporaciones transnacionales. “Mi partido –Pacto Histórico– y los más de 12 millones 700 mil votos continuaremos promoviendo acciones de carácter pacífico y rechazo a cualquier forma de violencia”, reiteró Cepeda.
En ese sentido, sentenció que estas medidas violan flagrantemente el artículo 22A de la Constitución colombiana, el cual prohíbe de forma categórica promover, organizar o financiar grupos civiles armados de autodefensa o redes privadas de seguridad. Por lo cual, ratificó la justeza de su convocatoria hacia una desobediencia civil de carácter pacífico e instó a los organismos internacionales a vigilar con rigor las actuaciones gubernamentales en esta nueva etapa política.
*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la