La Casa Blanca y su enérgica lucha contra las investigaciones del Congreso
La Casa Blanca, anticipándose a un aumento de la supervisión del Congreso y de las investigaciones legislativas, ha comenzado a reforzar su oficina de asesoría jurídica —con 15 contrataciones adicionales hasta el momento— mientras se prepara para la batalla legal. Se prevé que las investigaciones se intensifiquen considerablemente en enero. Advirtió que «no se dejará extorsionar» por las investigaciones que pueda abrir el Congreso, que pasará a control demócrata en enero tras el claro triunfo en las pasadas elecciones de medio mandato.
El principal asesor jurídico de la Casa Blanca advirtió al líder demócrata del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes que las investigaciones sobre la administración Trump que los legisladores planean llevar a cabo en el próximo Congreso «podrían cruzar la línea hacia la criminalidad flagrante» y dijo que las citaciones del Congreso podrían provocar investigaciones por parte del poder ejecutivo.
Previamente a las elecciones, los demócratas habían dejado claro que los lucrativos acuerdos negociados por el vasto imperio empresarial de la familia Trump serán los objetivos principales de cualquier investigación inicial.
Entre los aspectos que podrían considerarse para ser investigados estarían los vínculos entre el gobierno y las entidades corporativas, en particular empresas de criptomonedas, así como los negocios internacionales del yerno del presidente, Jared Kushner. Otros temas podrían incluir el avión de 400 millones de dólars regalado por Qatar para funcionar como Air Force One y los contratos de defensa multimillonarios dados a empresas vinculadas a la familia Trump.
Los legisladores demócratas se han comprometido a examinar la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la guerra con Irán que comenzó en febrero, incluyendo el número de víctimas civiles, la escasez de municiones, el gasto y las denuncias de tropas e instalaciones mal preparadas.En abril, un grupo de diputados demócratas presentó, en un hecho inusual, artículos de juicio político contra Hegseth. Citaron la guerra en Irán y lo acusaron de «delitos graves y faltas». Otros temas podrían incluir los ataques a embarcaciones en el Caribe, que, según el gobierno, tienen como objetivo detener la entrada de drogas a Estados Unidos.
«Queremos asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes [estadounidenses] se utilice de manera sensata y no sea robado ni termine en bolsillos ajenos debido a la corrupción», había advertido Suhas Subramanyam, representante demócrata de Virginia y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.»Lo que me resulta escandaloso no es solo que este gobierno, miembros del gabinete e incluso el presidente y su familia hayan sido corruptos y hayan actuado en beneficio propio, sino que sean tan descarados y abiertos sobre eso», añadió.
“La última vez, los demócratas fueron muy cuidadosos al emitir las citaciones”, dijo Brandon Rios, quien fue asesor de los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. “Esta vez, me sorprendería mucho si no las vemos en enero”. “Las investigaciones comienzan ahora”, dijo Ríos, quien ahora codirige el grupo de investigaciones del Congreso en el bufete de abogados DLA Piper.
La enérgica respuesta ya ha comenzado: el miércoles, la Casa Blanca publicó una carta del asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, en la que acusa a los demócratas de proferir «amenazas abusivas y caprichosas» que pretenden «interferir con el funcionamiento legal del gobierno».
La carta dirigida al representante Robert Garcia (demócrata por California), quien se espera que presida el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el nuevo Congreso, dejó claro que la administración se opondría a las citaciones del Congreso argumentando que carecen de un «propósito legislativo legítimo». Además, sugirió que la administración podría intentar investigar a los investigadores, afirmando que las «amenazas a los funcionarios del poder ejecutivo» irían más allá de la función legítima de supervisión del Congreso y «podrían cruzar la línea hacia la criminalidad flagrante».
La perspectiva de enfrentamientos constantes entre la Casa Blanca y un Congreso demócrata ya ha llevado a empresas privadas y bufetes de abogados a reforzar su personal para prepararse para una ofensiva. Asesores y aliados del presidente Donald Trump han contratado abogados. Y las firmas de cabildeo de K Street se preparan para responder a las preguntas de los comités del Congreso que buscan investigar sus vínculos con una administración que no ha ocultado su imagen de estar abierta a los negocios.
Los preparativos en la Casa Blanca comenzaron mucho antes de las elecciones. David Warrington, entonces asesor legal entrante de la Casa Blanca, empezó a planificar las audiencias de supervisión del Congreso ya en la transición presidencial de 2024. Ese trabajo se intensificó este año cuando los abogados de la Casa Blanca se dieron cuenta de que los republicanos podrían perder la Cámara de Representantes.
Según una persona familiarizada con los preparativos, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente, los abogados de la oficina del asesor jurídico llevan meses reuniéndose con los asesores jurídicos generales de las agencias para planificar cómo responder a las preguntas del Congreso.
Scharf, quien reemplazó a Warrington como asesor legal de la Casa Blanca en septiembre, “está preparando el equipo de supervisión legal más sólido y eficaz en la historia del país”, dijo Hunter Morgen, ex asistente especial del presidente para política y estrategia. “Esta administración no cejará en su empeño de proteger la inocencia de los grandes patriotas que trabajan a diario para preservar nuestra república”. “Creo que la estrategia, a falta de un término mejor, es ‘luchar, luchar, luchar’.”
La elección de Stephen Miller como jefe de gabinete por parte de Trump también sugiere una postura combativa. “Stephen querrá participar directamente en esto”, dijo un exfuncionario que habló bajo condición de anonimato para comentar sobre las deliberaciones internas.
Más allá de argumentar que las investigaciones del Congreso carecen de un propósito legislativo válido, un dictamen emitido en agosto por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia anticipó otro argumento que probablemente presentará la administración. Dicha oficina concluyó que el privilegio ejecutivo puede proteger las comunicaciones incluso con asesores ajenos al gobierno cuando se refieren a decisiones presidenciales oficiales e involucran al presidente o a sus colaboradores directos.
Incluso si estas impugnaciones finalmente fracasan, los litigios que cuestionen las citaciones u otras demandas podrían durar años, agotando el tiempo hasta el final del mandato de Trump, según abogados cercanos a la Casa Blanca.
El mensaje del asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, al representante Robert Garcia, un demócrata de California que presidirá el Comité de Supervisión a partir de enero, presagia una creciente disputa entre la administración Trump y los demócratas del Congreso, quienes están listos para iniciar investigaciones sobre una serie de asuntos surgidos durante los dos primeros años del segundo mandato de Trump.
«Además de ser incompatibles con las claras y reconocidas limitaciones constitucionales a sus funciones de investigación, las amenazas a funcionarios del poder ejecutivo destinadas a disuadirlos del servicio público, o los procesos diseñados simplemente para abusar o infundir temor en el destinatario, pueden traspasar la línea y convertirse en un delito flagrante», escribió Scharf. «Y la emisión de citaciones ilegales con la intención de privar a los ciudadanos de sus derechos y privilegios constitucionales puede justificar una investigación más exhaustiva».
“Se habla mucho de las lecciones que los demócratas del Congreso aprendieron al ejercer la supervisión durante la primera administración Trump”, dijo Peter Rechter, socio del bufete de abogados Wiley Rein y asesor jurídico adjunto de la Casa Blanca durante la administración Biden. “Pero los funcionarios de la administración Trump también aprendieron lecciones. Y creo que una de ellas es que los litigios pueden ser una herramienta poderosa para ralentizar las cosas”.
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que Trump estaba dispuesto a trabajar con miembros de ambos partidos. «Como ha dicho el presidente, está dispuesto a colaborar con cualquiera para seguir brindando victorias a los estadounidenses que trabajan arduamente», declaró. “Si los demócratas optan por llevar a cabo investigaciones fraudulentas y políticas de izquierda radical, están optando por trabajar en contra del pueblo estadounidense”, dijo Bis.
Los demócratas ya han dado pistas sobre el alcance de algunas de sus investigaciones. El 5 de noviembre, el senador Richard Blumenthal (Connecticut), el demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, reiteró su solicitud de documentos a los donantes del salón de baile de la Casa Blanca, incluyendo a las empresas contratistas de defensa Palantir y Lockheed Martin. Les pidió a los beneficiarios que comenzaran a entregar los documentos antes del 30 de noviembre y advirtió que el subcomité buscaría otras maneras de obtenerlos si los donantes no cumplían voluntariamente antes del 4 de enero.
Según Rechter, es posible que las empresas privadas estén menos dispuestas que la Casa Blanca a pasar un año o más litigando mientras enfrentan acusaciones públicas de obstrucción al Congreso. Por ello, es probable que los legisladores soliciten información a las empresas que hayan tenido relación con la administración.
“Espero que los demócratas ejerzan la máxima presión”, dijo Rechter. “Y como parte de ello, podrían recurrir al sector privado en busca de partes que no se sientan cómodas litigando durante un año o que no se arriesguen a dañar su reputación. Creo que esos serán los ámbitos en los que el Congreso se centrará si encuentra resistencia por parte del poder ejecutivo”.
Para la Casa Blanca, esa perspectiva planteará interrogantes sobre cómo lidiar con el Congreso, que está presionando a empresas y líderes empresariales por conversaciones e interacciones sobre temas tan variados como el salón de baile, la investidura de Trump, las celebraciones del 250 aniversario de la libertad de este verano y las políticas sobre comercio, aranceles, acuerdos de inteligencia artificial y más.
Michael Toner, ex presidente de la Comisión Federal Electoral y actualmente en Wiley Rein, dijo que las empresas están sopesando qué registros podrían ser objeto de escrutinio, quién testificaría en su nombre si se les solicitara y cómo explicarían las donaciones a proyectos como el salón de baile y las celebraciones del 250 aniversario de la Libertad.
Los clientes más astutos llevan meses preparándose y ahora están en plena fase de preparación, afirmó. «Esto va a ser muy intenso. Hay que afrontarlo».
* Investigadora estadounidense. Su trabajo se basa en el National Security Archive (Archivo de la Seguridad Nacional), con el fin de desclasificar, sistematizar y analizar información de la política exterior de su país y sus acciones en otros países a través de la transparencia y el acceso a la información. Analista del Washington Post