Bolivia cumple 47 días de protestas contra el gobierno de Paz
Continúan movilizaciones y cortes de rutas
Sullkata M. Quilla
Bolivia cumplió este martes 16 de junio, 47 días consecutivos de movilizaciones y cortes de ruta, con un total de 50 puntos de bloqueo en la red vial nacional, de acuerdo con el último informe emitido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), manifestando su descontento con la actual presidencia del país encabezada por Rodrigo Paz, siendo una de sus principales exigencias la renuncia del mandatario.
Las medidas de fuerza permanecen activas en cinco departamentos del país y mantienen en vilo a la población ante las graves consecuencias para el abastecimiento de bienes y el funcionamiento de la economía nacional. La Paz continúa siendo el departamento con mayor cantidad de vías interrumpidas con 20 puntos de bloqueo. Cochabamba ocupa el segundo lugar con 17 cortes, mientras que Oruro registra siete, Potosí cinco y Santa Cruz uno, ubicado en la localidad de San Julián, sobre la carretera que enlaza con el departamento del Beni.
Estas nuevas manifestaciones se realizan en medio de la ley firmada por Paz de Regulación de Estados de Excepción, medida tras la cual las Fuerzas Armadas pueden intervenir en las protestas, aunque aun debe emitirse el decreto para validarlo y que sea aprobado por el Legislativo. «¡Fuerza compañeros, venceremos!», reafirma la convocatoria, evocando los valores de «unidad, dignidad y lucha».
Ciudades como La Paz y El Alto sufren graves dificultades para acceder a alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales., mientras varios sectores comienzan a reclamar con urgencia una solución dialogada. Centrales obreras departamentales pidieron a la dirigencia nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) iniciar un acercamiento con el Gobierno para destrabar la crisis; pero hasta ahora no existe una respuesta oficial en ese sentido.
La incertidumbre se incrementó tras la suspensión, por segunda ocasión, del ampliado nacional de la COB que debía realizarse el domingo. En esa reunión estaba previsto debatir precisamente la posibilidad de abrir una mesa de diálogo respaldada por diferentes organizaciones.
El apoyo al presidente Rodrigo Paz ha ido menguando después de que tomó una serie de medidas que lo distanciaron de los sectores populares. Bolivia se ha visto convulsionada por la crisis, y la oleada de protestas y bloqueos de carreteras ha aislado de hecho la capital administrativa del país, ha provocado escasez de alimentos básicos y ha interrumpido el transporte. La ruptura de las cadenas de suministro también ha generado un aumento de los precios.
Los analistas señalan que el nivel de violencia de los enfrentamientos está en ascenso. Por un lado, existe un gobierno agotado que respira gracias al oxígeno que recibe especialmente del puente aéreo estadounidense, los países firmantes del Escudo de las Américas y del grupo agroexportador financiero. En la trinchera opuesta se encuentra el sector popular encabezado por la Central Obrera Boliviana que, a pesar de las contradicciones internas, mantiene su esencia de clase al estar dirigida por los mineros, obreros, campesinos y sectores combativos, al medio la pequeña burguesía citadina de profesionales, gremiales y otros.
Para entender la magnitud de las movilizaciones contra un gobierno que lleva apenas seis meses, es preciso analizar los orígenes del mandatario, sus taras ideológicas y las decisiones que ha tomado desde antes de llegar al Palacio Quemado. Hijo y sobrino nieto de ex presidentes, Paz ha ocupado puestos de poder público durante el último cuarto de siglo, siempre como parte de las alianzas y las redes de tráfico de influencias de su familia. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales lo puso frente a un antiguo correligionario, Jorge Quiroga, con quien coincidió en el mandato legal de Hugo Banzer (1997-2001), militar que mantuvo una dictadura de 1971 a 1978.
Al imponerse en los comicios, peregrinó a Washington para recibir indicaciones de Donald Trump. Así, formó su gabinete con una mezcla de personajes a su imagen y semejanza –educados en el extranjero, neoliberales a ultranza, miembros de los gobiernos que se enriquecieron con el saqueo del país en la década de 1990 e inicios de la siguiente– y empresarios en abierto conflicto de interés. Puso frente a la cartera de Medio Ambiente a un talador de bosques y exportador de madera.
En un país donde 60 por ciento de la población es indígena, eliminó toda representación de esos grupos con la consigna de que es “la hora de la meritocracia”, escudándose en la falacia de que los gobiernos indígenas no tuvieron ningún resultado positivo, aun cuando la realidad (y las estadísticas) muestra que la pobreza moderada se redujo de 60 por ciento en 2005 a 34 por ciento en 2018; la extrema cayó de 38 por ciento en 2005 a 15 por ciento en 2018; el índice de Gini (donde 0 es perfecta igualdad y 1 es absoluta desigualdad) bajó de un 0.59 en 2005 a 0.45 en 2016.
En ese lapso de tres lustros de gobierno del Movimiento Al Socialismo, más de tres millones de personas se incorporaron a los estratos de ingresos medios . Paz bombardeó todos los canales de comunicación con organizaciones sociales de gran peso en los asuntos nacionales; canales que ahora intenta reconstruir a marchas forzadas tras dinamitar la confianza.
Paz intentó imponer a Bolivia un programa de choque ultraliberal similar al que Javier Milei infligió a Argentina, e intenta sustituir el Estado plurinacional por un Estado feudal, en el que los hombres fuertes de cada región deciden los destinos de los pueblos que habitan los territorios bajo su poder: son las exigencias de Santa Cruz, departamento de gran riqueza controlado por una oligarquía racista que nunca ha aceptado la existencia de un gobierno nacional encabezado por indígenas y que prefiere separarse del país antes que reconocer la igualdad de los pueblos originarios con los blancos “civilizados”.
Acorralado, Paz confronta a las multitudes indígenas y campesinas con sectores urbanos y gremiales, entre los que se cuentan la Central Obrera Boliviana y poderosas organizaciones de transportistas, un juego peligroso que puede tener saldos sangrientos y perpetuar la división de la sociedad. Incluso impidió que una misión argentina de observación de derechos humanos ingresara a Bolivia y calificó el episodio como una “deportación violenta”.
Muchas oficinas gubernamentales y grandes empresas de La Paz están cerradas. . Algunos trabajadores del transporte llevan respiradores para protegerse de los gases lacrimógenos empleados por la policía para dispersar a los manifestantes.
Antes de que Paz asumiera el poder hace seis meses, Bolivia estuvo gobernada durante dos décadas por el progresista Movimiento al Socialismo (MAS), cuando los campesinos, los grupos indígenas y la clase trabajadora disfrutaron de una notable inclusión política y de importantes beneficios sociales. Una fuerte recesión económica y fracturas internas desilusionaron a muchos partidarios del MAS, quienes en la segunda vuelta de las elecciones del pasado octubre, apoyaron a Paz, quien se presentó como una alternativa centrista frente a un oponente de extrema derecha.
Paz conformó su gabinete principalmente con líderes empresariales conservadores, dejando a operadores indígenas y a los sectores laboral y agrario sin representación. Además, abolió el impuesto sobre el patrimonio y aprobó una polémica ley de clasificación de tierras para permitir que los territorios fueran susceptibles a adquisiciones empresariales.
Los disturbios actuales estallaron inicialmente por reivindicaciones concretas, como la exigencia de aumentos salariales por parte de los profesores, la protesta de los transportistas por combustible contaminado y la oposición indígena a la ley de la tierra. El gobierno calmó temporalmente algunas tensiones ofreciendo un bono a los maestros y derogando la ley de la tierra, entre otras concesiones. pero sus esfuerzos por apaciguar a los ciudadanos fueron un fracaso: no lograron detener el ímpetu de un movimiento de protesta en rápida expansión, unificado por la sensación compartida de que al gobierno no le importaban las dificultades de la grande mayorías de bolivianos.
El 6 de mayo, grupos indígenas del altiplano andino empezaron a bloquear carreteras en los alrededores de La Paz, exigiendo la renuncia del presidente. La movilización absorbió rápidamente a otras facciones, incluidos los trabajadores cuyas reivindicaciones salariales no fueron atendidas y los partidarios del expresidente Evo Morales, quien organizó una marcha de 190 kilómetros hasta la capital.
Los disturbios pasaron de ser una disputa sobre reivindicaciones concretas a exigir directamente la destitución de Paz.
*Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)