Costa Rica: la población salió a protestar contra la decisión de solicitar un préstamo al FMI

Las molestias ya sumaban, pero sin duda fue el anuncio de nuevos impuestos a salarios, bienes inmuebles y transacciones bancarias, para responder a un inminente préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que hizo estallar días de manifestaciones y bloqueos surgidos principalmente desde la ruralidad del país, bajo el nombre del Movimiento Rescate Nacional.

Agricultores, camioneros, comerciantes, estudiantes, finqueros y personas desempleadas aglutinan este nuevo y diverso movimiento de efervescencia social en la calle, justo al cumplirse dos años de las protestas contra el “combo fiscal”, conjunto de leyes tributarias que crearon y ampliaron la base del impuesto al valor agregado (IVA), entre otros gravámenes.

Las protestas que corean “No más impuestos” y “No al FMI” y los bloqueos se mantienen desde el 30 de setiembre, mientras el presidente, Carlos Alvarado, se negó a recibir la carta de peticiones del nuevo movimiento de manos del Obispo de San José, Monseñor, José Rafael Quirós.

La Iglesia Católica se ha ofrecido como mediadora para el diálogo en un país, donde un 52,5% de la población es católica practicante y 27,1% es de credo evangélico, según un estudio de 2019 del Instituto de Estudios en Población de la UNA.

La pregunta que plantean analistas es¿cuál es el detonante y hacia dónde va este movimiento?

La respuesta es muy sencilla para la docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carmen Caamaño, quien sostiene que está claro que la agenda es diversa, ya que son muchos sectores que confluyen básicamente en la indignación, porque la gente “ya no soporta más”.

Para Caamaño, la base es “un sentimiento más de rabia, de desesperación, de impotencia, frente a un gobierno que no es inclusivo y que simplemente está con sus amigotes, que son los mismos de siempre, cada vez con más descaro apropiándose de todos los recursos de este país”.

Mientras que Rotsay Rosales, docente y coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la UCR, comentó que las manifestaciones son producto de un proceso de acumulación y no resolución de malestares de amplios sectores diversos de la sociedad —muchos de ellos hasta hace poco con posiciones contradictorias con respecto a algunos temas puntuales— “pero que convergen en un detonante concreto, la presentación de la propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, sin que se hubiese activado ningún mecanismo de consulta hacia la ciudadanía en general y hacia esos sectores en particular”.

En el puente sobre el río Térraba, en el cantón de Osa, por ejemplo, un grupo de campesinos declaró: “Este gobierno de Carlos Alvarado ha venido a distorsionar la paz y el sustento de nuestras familias, amenazandonos con más impuestos y poniendo a luchar al pueblo contra el pueblo; mientras hay confusión y desesperanza, ellos están en sus cúpulas disfrutando un rico desayuno, un buen sillón y una gran televisión, riéndose a carcajadas de lo que le están haciendo al pueblo”.

Mientras esto ocurre en distintas regiones, el presidente Carlos Alvarado envió un mensaje al país en cadena nacional el domingo en la noche, en el que dijo que solo hablaría con “quienes respalden las vías institucionales”, en un claro desconocimiento de la nueva dirigencia.

El mandatario decidió convocar a reuniones con diferentes sectores muy específicos; por ejemplo, pescadores, agricultores de la zona sur, productores de la zona norte, cooperativas y solidaristas -estos últimos se negaron a acudir a la cita en Casa Presidencial-.

Los rostros más visibles del Movimiento Rescate Nacional son el abogado José Miguel Corrales Bolaños, candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional en 1998, firme opositor al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), quien lideró la iniciativa del referéndum en 2007; y Célimo Guido Cruz, diputado por el Partido Fuerza Democrática 22 años atrás y quien también protagonizó un movimiento de protesta contra la empresa española Riteve y el TLC con EE.UU.

El movimiento defiende su articulación espontánea y sostiene que no existen únicos liderazgos, como lo resume la comerciante y activista anti TLC, Flora Fernández, que así lo explicó en una conferencia de prensa el lunes por la mañana, antes de que el Movimiento entregara el pliego de 15 peticiones a la administración Alvarado.

«Aquí todos somos líderes, la gente que está en los bloqueos, la gente que está en las calles, la gente desempleada, las 600 mil personas desempleadas son una bomba de tiempo y el Gobierno no quiere escuchar», señaló.

Adictos a la deuda

La dueña de la Relojería Julio Fernández, con 115 años de existencia, contó que desde que empezó la pandemia no habían despedido a un solo trabajador, estaban al día con las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social y con los impuestos.

«¿Cuál es el secreto?», planteó Fernández. «Ni una sola deuda». «Y ahora el Gobierno nos ofrece endeudarnos de una manera imposible de pagar. No se vale. Yo sé de negocios, yo sé lo que es trabajar, sé lo que es ahorrar y esa fue la manera en que logramos sobrevivir este año, reinventándonos, haciendo trabajo a domicilio, y el gobierno quiere seguir adelante, haciendo las cosas de la misma manera mal hecha», declaró.

«Está la renta mundial pendiente, ah pero ahí no, porque tocan grandes intereses, están las falsas zonas francas, que hacen sociedades anónimas de mentirillas y vienen a acogerse a los mismos beneficios y siguen con incentivos creando una competencia desleal contra el comercio establecido», denunció Fernández.

Coincide Guillermo Víquez, dueño de la empresa Portones de Acero, quien contó que la industria metálica del país se vino al suelo. “Nadie está trabajando, nadie está produciendo; la gente que fundía metal ya no lo está haciendo”. Todo fue cambiado por la importación de productos de China, afirmó, y añadió que lo mismo sucede en la agricultura.

“Todos encuentran mucho más fácil pedir plata prestada y eso tiene que acabarse. Creemos que la deuda nos maniata. Simpatizamos con los economistas que promueven arreglar la deuda interna primero. Formo parte de un grupo Transparencia Internacional, que está luchando para que se haga una auditoría de la deuda de este país. Lo que tenemos que hacer es valernos por nosotros mismos, hacer lo que sabemos hacer y no salir a pedir plata prestada», declaró Víquez.

¿Cómo llegamos aquí?

Considerando solo los últimos dos años, el proceso de acumulación de malestares que menciona Rotsay Rosales arranca con la discusión y aprobación el 3 de diciembre de 2018 del Combo Fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), antecedido por una larga huelga de 90 días.

Luego vino la casi inmediata aprobación de iniciativas de ley tendientes a penalizar los bloqueos callejeros por parte de una Asamblea Legislativa, a la que acusaron de “venganza y criminalizar la protesta social”.

Dice Rosales que este año hubo un primer periodo, desde que apareció el primer caso de coronavirus en marzo hasta el 3 de mayo, en el que el Gobierno gozó de un colchón de tolerancia, condescendencia y aprobación ciudadana, con el que no había contado nunca.

Pero, según el politólogo, ese tiempo de bonanza no le duraría mucho a la administración Alvarado debido al aumento en el desempleo, la pobreza y la caída en la producción, lo que provocó que el 4 de mayo hiciera un viraje para comprometerse con un “diálogo nacional, social, ampliado, incluyente”.

“Su gobierno de unidad tripartita (partido Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y el oficialismo) se iba a venir abajo en función de los intereses corporativos”, comentó.

“El 9 de agosto, el anuncio-amenaza de una propuesta ante el FMI” motiva un supuesto diálogo nacional, “proceso que nació muerto, porque era con la misma intención de engañar”, opinó Rosales.

¿Quiénes se podrían beneficiar?

En su mensaje de cadena nacional, el presidente Alvarado dijo que reduciría el gasto público, que no se vendería el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) ni los bancos públicos, pero no se refirió a demandas de grupos sociales como eliminar los beneficios tributarios a las zonas francas ni a la evasión y elusión fiscal. También está en la agenda del FMI los proyectos de venta de la estatal Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa),que opera en Panamá.

Para Carmen Caamaño, quienes podrían beneficiarse de esta crisis son sectores vinculados al comercio exterior, pues lo que prevé es que una nueva propuesta del Gobierno ante el FMI elimine las medidas que significaban poner impuestos a dichos sectores.

En eso coincide Rotsay Rosales, quien apuntó a los sectores empresariales más poderosos del país, que han participado con el gobierno en el bloque de poder.

“Los sectores corporativos, financieros, económicos y de comercio exterior adosados al capital transnacional; entiéndase quienes han gobernado en Casa Presidencial a través de Horizonte Positivo y de un sindicato empresarial llamado Uccaep”, aclaró el investigador y añadió que “todo encaja dentro de la concepción de gobierno corporativo que tiene AED (Alianza Empresarial para el Desarrollo) y además tienen como el gran coordinador, como el gran ministro de este gobierno a André Garnier”.

Para ellos, explicó Rosales, es una amenaza inaceptable la propuesta de gravar capitales de manera progresiva a las empresas y gravar las zonas francas, pues “abriría la puerta para buscar mayor recaudación donde a ellos no les conviene”.

Según analiza Rosales, grupo como el Movimiento Rescate Nacional encontraron propicio hacer una alianza específica de “no a los impuestos” con el resto de la ciudadanía. “Son absolutamente estratégicos”.