Tarea pendiente: La agencia latinoamericana de calificación de riesgo

Sin embargo, esta tarea arquitectónica exige un nuevo reimpulso para hacer irrerversible lo logrado en esta década ganada para la mayoría social latinoamericana. No es aconsejable que el alto nivel de decibelios existentes en muchos países debido a la disputa que está en juego puertas adentro (sea por contienda electoral o por cualquier otra causa) distraiga la atención de los desafíos estratégicos para seguir avanzando y consolidando el proceso de integración regional. A la importancia, ya mencionada recientemente por el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, de disponer este mismo año del Banco del Sur en pleno funcionamiento, se le suma la necesidad urgente de repensar y buscar qué otro tipo de herramientas son imprescindibles.

La transición geoeconómica en marcha hacia un mundo multipolar no permite estar en huelga; cualquier pasividad podría ser penalizada arrastrando a la región a una inserción que se debate entre la opción hegemónica y otra opción vía Brics. No hay tiempo que perder para tomar acciones concretas que permitan aprovechar esta buena oportunidad histórica para reubicarse soberanamente en la mejor manera posible en este nuevo mundo del siglo XXI. De lo contrario, se corre el riesgo de perder la oportunidad de obtener efectivamente la segunda y definitiva independencia.

Entre las múltiples tareas que restan por hacer, una de ellas debería ser la creación de una agencia latinoamericana de calificación de riesgo. El objetivo es dotarse de una herramienta para confrontar una de las nuevas armas de destrucción masiva que utiliza el capitalismo global para golpear a los Estados soberanos, a sus democracias y a sus economías. Hasta el momento son tres empresas privadas las que monopolizan la posibilidad de evaluar cualquier deuda, pública o privada, otorgándole una nota que hace considerarla riesgosa o no y, por tanto, fija los intereses a pagar a la hora de colocarla en los mercados financieros. Son Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch que pueden decir si una deuda pública de un país latinoamericano posee alto riesgo o no de ser impaga, poniendo desde la máxima nota a la peor. Permitir que los capitales privados, los que a la vez tienen intereses particulares en esa misma evaluación, sean aquellos que puedan considerar que un país está en colapso o default es verdaderamente un atropello a la soberanía que no debería admitirse. Este es un colmo más del neoliberalismo: la privatización de la actividad de impartir justicia en el ámbito financiero.

A pesar que en los últimos años se han sucedido numerosos casos poniendo de manifiesto la ineficiencia, la competencia desleal y el fraude de esas empresas para llevar a cabo su labor, todavía siguen actuando con impunidad abusando de su posición dominante. No ha servido aún que el Departamento de Justicia de Estados Unidos esté investigando a Moody’s por inflar la calidad de los activos hipotecarios que dieron lugar a la crisis financiera de 2008 (según The Wall Street Journal) ni que le haya impuesto una multa record (1300 millones de dólares) a la agencia Standard & Poor’s por prácticas similares. Aún estas agencias gozan de autoridad impune para seguir no sólo afectando los presupuestos públicos de los Estados latinoamericanos sino también creando entornos desfavorables y propicios para crear condiciones de inestabilidad económica de cara al exterior.

No vale siquiera que se haya demostrado que el principal accionista de Moody’s es el multimillonario estadounidense Warren Buffet (a través de su compañía, Berkshire Hathaway, controla el 12,3 por ciento) o que Standard & Poor’s es filial de la editorial McGraw-Hill, o el mayor accionista de Fitch es la firma francesa Fimalac/Lacharriere, presidida por Marc Ladreit, una de las fortunas más grandes de Francia. Tampoco cuenta que este trío calificador de riesgo haya metido un sinfín de meteduras de pata en el pasado. Por ejemplo, cuando uno de los gigantes estadounidenses, Enron, elaboraba su contabilidad ocultando deudas, contaba con las más altas calificaciones; en Enron mantuvieron la categoría de “alto grado de inversión” aun después de que el descalabro era público y sus acciones habían caído de 70 a 3 dólares. En el caso de Islandia, se le concedió una nota de AAA debido a su nueva legislación bancaria liberal, y luego, años más tarde, en 2008 el sistema bancario islandés quebró. El caso más conocido fue cuando antes de la crisis de los bonos de hipotecas subprime de 2008, estas agencias le dieron la máxima calificación crediticia a las hipotecas basura y a bancos que resultaron subsistir de estafas, entre ellos a Lehman Brothers.

Estos son solamente algunos casos que demuestran por qué no se debe confiar la suerte de la calificación de la deuda pública a estas agencias de riesgo. La soberanía como meta de la nueva América latina se recupera también con este tipo de batallas económicas. Rusia y China ya han iniciado a toda prisa la constitución de una agencia de calificación de riesgo propia, y algo similar está procurando hacer la UE, si es que el acuerdo de Libre Comercio Transatlántico (TTIP) con Estados Unidos se lo permite. En América latina es urgente dar un paso al frente en este asunto. Cuanto antes se disponga de una agencia latinoamericana de calificación de riesgo en el seno de la Celac, o suramericana en el seno de Unasur, mucho antes se evitará la dependencia que en esta materia se tiene todavía de los poderes económicos centrales.

* Doctor en Economía. Director de Celag.