Vuelve la contrainsurgencia en Guatemala

Marcelo Colussi | 

En Guatemala, salvo el ya lejano gobierno revolucionario de 1944-54, nunca hubo una
propuesta gubernamental de izquierda. El retorno de esta “democracia” en 1986 marcó, en
todo caso, la salida de los militares de la primera línea del espectro político. Pero nunca, en
ningún caso, algún gobierno tuvo posiciones de izquierda, ni militares ni civiles. Sucede,
sin embargo, que en este momento del actual gobierno de Jimmy Morales, todo el accionar
se vuelca peligrosamente hacia posiciones de ultra derecha.

¿Por qué decir “peligrosamente”? Porque la dinámica que se está viendo muestra un
tremendo retroceso que nos acerca a posiciones que parecían ya superadas, aquellas que
tuvieron lugar durante los peores años de la guerra contrainsurgente.

Todas las administraciones que, luego de interminables años de generalato durante la
guerra, continuaron a la iniciada en 1986 con Vinicio Cerezo, fueron de derecha. Eso está
fuera de discusión. Impunidad y corrupción siguieron siendo práctica cotidiana, tanto en la
forma de hacer política (con la llamada “clase política”) como en el mundo de los negocios.
Empresariado, políticos mafiosos y militares –en todos los casos con la venia de la
omnipresente embajada de Estados Unidos– continuaron sin variantes su dominación de
clase. El supuesto voto popular no modificó en nada todo este panorama (¿por qué habría
de modificarlo? ¡No seamos ingenuos!).

Guatemala, más allá de la administración política de turno, continúa siendo un “país
bananero” (capitalismo periférico agroexportador, con elementos socioculturales aún de
cuño semifeudal, quasi medieval). Esa estructura no cambia: el 12% de sus exportaciones
son minerales, el 9.3% son bananos, el 8.7% está dado por el azúcar, el 6.2% lo representa el café, mientras que la palma africana para biocombustibles aporta el 3.4%. Y la población trabajadora que produce todo esto sigue –igual que siempre, con guerra o sin ella– en situación de pobreza crónica: 60% de la población vive con 2 dólares diarios, sin
prestaciones, sin seguridad social, marchando muchas veces como migrante irregular hacia
Estados Unidos como única opción para “salvarse”.

¿Por qué entonces decir que ahora la situación política se está derechizando
peligrosamente? Porque los sectores que detentan el poder: empresariado –con negocios
tradicionales y nuevos negocios “calientes” (narcoactividad, contrabando, crimen
organizado)– defendido por la casta militar y asegurada por la legislación de una clase
política corrupta, cerraron filas al verse cuestionados por la protesta popular.

Durante el 2015 asistimos a un supuesto “despertar” ciudadano, que se movilizó contra la
corrupción de los funcionarios públicos. Ello –ahora puede verse con más claridad– fue una
movida de Washington, que trajo como consecuencia el fortalecimiento de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– y el encarcelamiento de alguno personeros, más en un show mediático que como una forma real de atacar la corrupción.

En otros términos: gatopardismo (cambiar algo para que no cambie nada). De ahí que
resultaron presos algunos funcionarios de la administración anterior. Ante cierto estado de
movilización que ese montaje anticorrupción produjo, los factores de poder buscaron una
salida “gobernable”. Fue así que apareció la figura de Jimmy Morales, como candidato
presuntamente “honesto”.

Lo que sí preocupa de verdad a esa clase poderosa que siempre se ha movido en la
impunidad, es la movilización popular. En este caso: de los movimientos campesinos e
indígenas. La respuesta a este avance de la protesta de base es una estrategia de “guerra
sucia”. La llegada de Enrique Degenhart al Ministerio de Gobernación fue el punto de
inflexión.

Su presencia va ligada a una desestructuración creciente de la Policía Nacional Civil, su
falta de apoyo al Ministerio Público y a la CICIG, y el retorno de prácticas de terrorismo de
Estado. Con el debilitamiento del cuerpo policial (a través de la remoción de cuadros
orgánicos profesionales y la inclusión de personal militar) se abren las puertas para la
reaparición de grupos paraestatales (CIACS: cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de
seguridad). Ello puede evidenciarse en la cantidad de luchadores populares (de las
organizaciones campesinas movilizadas) que vienen siendo asesinados con total impunidad,
como en las peores épocas de la contrainsurgencia (casi 20 en lo que va del año). El ataque a cualquier intento de organización popular es extremo.

Esta derechización articula diversas acciones: cambio de la Fiscal General, bombardeo
contra el Procurador de Derechos Humanos, bloqueo de todo intento de acción progresista
(ley por el aborto, por ejemplo). Así se mantienen los privilegios de clase y se asegura la
impunidad. La reciente medida el gobierno, en un acto de soberbia y enviando un mensaje
de fortaleza a la población con la plana mayor del ejército secundándolo, de no renovar la
permanencia de la CICIG en el país, es un llamado a la corrupción impune. Con esto se
detiene cualquier intento de profundizar la lucha contra la corrupción que, más allá de ser
una estrategia de Estados Unidos para “modernizar” la democracia guatemalteca, tuvo
algunas implicaciones interesantes. Ahora claramente puede verse que corrupción e
impunidad seguirán inalterables. Y al que proteste, ¡palo! De democracia solo queda el
nombre.

Corrupción e impunidad están hondamente enraizadas en la cultura histórica de la sociedad.

Los finqueros, los empresarios, los políticos de profesión, los mandos militares, todos son
exponentes de ellas en su accionar. Cambiar todo eso con un par de manifestaciones
sabatinas como las del 2015 –donde había más vuvuzelas fiesteras que propuesta política–
es una quimera. Pero a lo que sí teme ese pacto de empresarios-políticos-militare, que estos días anuncia el retiro de la CICIG, es a la auténtica movilización popular. Por eso, como comienza a haber sectores organizados que levantan banderas de reivindicación social (además de la lucha contra la corrupción), la respuesta no se hace esperar. Y ahí están los grupos clandestinos reactivándose, asesinando líderes populares, activistas de base, campesinos.

Solo con organización popular se podrá enfrentar esta derechización en marcha.

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