México, Peña Nieto y la criminal política contra el periodismo y contra la democracia

Aram Aharonian
“En Estados democráticos, los medios de comunicación son indispensables”, con esa premisa el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró el pasado martes 21 de octubre, en la capital de dicho país, el V Foro Internacional de Medios Públicos de América Latina, con participación de representantes de 12 países.

El lema del foro en esta ocasión fue ‘Pluralismo, regulación y avance tecnológico en América Latina’. Bajo este precepto los planteamientos de las diferentes ponencias desarrolladas plantearon la desconcentración de medios a manos de empresas privadas, señala una reseña del director del diario oficial ecuatoriano El Telégrafo, que seguramente desconocía la realidad de los medios, el asesinato, secuestro, vejación y desaparición de periodistas y lo que el gobierno de Peña Nieto impuso en la nueva Ley de Comunicaciones.

El Telégrafo señala que una de las aristas que tuvo énfasis en el encuentro fue la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión que promovió el gobierno de Peña Nieto en 2013 y afirma que por su aplicación “se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos a los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias en radiodifusión”.

Pero, para no entrar en polémicas, vamos a transcribir párrafos de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en la audiencia final sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores (Ciudad de México, 17-19 de septiembre de 2014):

-La extremada concentración de los medios de comunicación en unas cuantas manos, dos empresas televisivas nacionales y trece familias que controlan la radio en todo el país, por ejemplo, propicia la sistemática violación del derecho a la información y de la libertad de expresión. El 92% de las señales televisivas está en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa-TV Azteca, que además maneja publicaciones impresas, editoriales, casas productoras, portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía satélite, casinos, bancos, casas de préstamos, en el curso de una actividad mercantil ligada a muchas otras empresas de cualidad financiera y bursátil.

-La llamada Ley Televisa de 2006, que entregaba de hecho la propiedad del espectro radioeléctrico a Televisa y a TV Azteca, así como la reciente reforma de la Ley de Telecomunicaciones que derivó en un fiasco para los esperanzados en que el entendimiento de la hegemonía estatal del poder se sobrepusiera a la de los medios, son hechos contundentes en ese sentido.

-La reforma en telecomunicaciones promovida por el sistema de partidos en México y las industrias mediáticas, concebida aparentemente como un intento de disminuir el poder paralelo de los monopolios de la radiodifusión y de la telefonía, contribuye decisivamente al arrinconamiento y marginalización de los medios de carácter comunitario y de cualidad social al margen de la racionalidad del beneficio económico y la comercialización.

-Hoy la asignacion de concesiones sigue mecanismos discrecionales. La ley confina a los medios sociales a sobrevivir en altas bandas de frecuencias FM, con un mínimo de potencia: “Un verdadero gueto radioelétrico”, señalaron, tras denunciar que persiste la criminalización de quienes abren una radio sin permiso.

-Mientras que se limitan las Radios comunitarias, expresión de comunidades locales con finalidades sociales, una batalla decisiva se está desarrollando en la vanguardia de las tecnologias comunicativas. En juego está el control de Internet y de la telefonía móvil, así como la acumulación y comercialización de la ingentes masas de datos que estos acumulan. El testimonio de la directora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Primavera Tellez, ilustró la situación existente en México en materia de proteccion de la privacidad de los ciudadanos.

-La ley de telecomuniaciones en vigor en el país desde el pasado julio del 2014 otorga al estado un control masivo sobre los servicios de Internet y acaba con la neutralidad de la red sujetando a criterios de mercado la gestión del tráfico. El estado podrá bloquear el acceso a contenidos o servicios en Internet, así como suspender la señal telefonica en casos de seguridad pública y nacional. Además, la ley obliga a los gestores de servicios de telecomunicación a guardar metadatos de los usuarios por un plazo de hasta dos años, proporcionando la localización geografica en tiempo real de qualquier dispositivo, así como los datos de los usuarios, que estarán a la disposición de agencias estatales sin necesidad de orden judicial. Todo esto perjudica gravemente la libertad de difundir opiniones e información, así como el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

-De esta forma, México funciona como un laboratorio paradigmático en la configuración de un proceso general de reestructuración del modelo de acumulación de capital que no sólo descansa en una liberalización y privatización de la esfera mediática, sino que pone de manifiesto la tendencia paulatina del capitalismo a recombinar sus núcleos de poder situados en las estructuras de producción de bienes y servicios materiales, con la relevancia económica cada vez mayor de las estructuras productoras de signos, subjetividad y sentido, sobre todo en el campo de la comunicación mediática.

-La evolución del sector mediático y de las industrias culturales en su conjunto pone de manifiesto que la producción de subjetividad no constituye únicamente el soporte ideológico para la reproducción del modo de producción imperante, sino que cada vez más se está convirtiendo en un objeto fundamental del mismo: las industrias mediáticas en México subrayan hasta qué punto la producción de subjetividad y la comunicación se han mercantilizado hasta convertirse en espacio de valorización y de negocio.

-A las radios comunitarias e indígenas se les ha impuesto exigencias semejantes y aún más estrictas que a las concesiones privadas para obtener una frecuencia en el espectro o para conservarla. En este sentido, es ridícula la potencia de veinte watts que se les concede para transmitir, por ejemplo, mientras se les niega toda posibilidad de acceder a recursos publicitarios que permitan su sostenibilidad. Una auténtica trama jurídica y administrativa que, junto a la hostilización, la persecución de radialistas, la agresión policíaco militar o de grupos vandálicos, atrapan y ahogan a los proyectos comunicativos de carácter comunitario

-La organización Article19 informó de que durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México, lo que implicó un incremento del 59% respecto a 2012. Este es el año con más agresiones documentadas desde 2007. En este 2014, Article19 ha documentado 201 agresiones hasta el 31 de agosto. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 7 periodistas han sido asesinados en el desempeño de su actividad profesional. Además, aumentaron las agresiones a periodistas en contexto de protestas sociales.

-Otros dos datos perturbadores se presentaron ante el Tribunal: en 6 de cada 10 casos donde se identificó al perpetrador de agresiones a comunicadores, se trataba de funcionarios de poderes públicos. Además, la impunidad es constante: en el 90% de los casos los responsables no son perseguidos.

Nada de esto figura en el reporte. Lástima.