Latinos lanzan advertencia a Obama

JOSÉ DOMINGO GUARIGLIA|  Una reforma legal para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en Estados Unidos fue una de las promesas del candidato demócrata Barack Obama en 2008, dirigida sobre todo al electorado latinoamericano.   En sus casi tres años de gobierno, asuntos como la guerra, la reforma del sistema sanitario y la crisis financiera ocuparon la agenda de Obama, lo que decepcionó al electorado latinoamericano y puso en riesgo un apoyo fundamental para que el mandatario del Partido Demócrata aspire a un eventual segundo período en los comicios de 2012.
IPS
Pero el gobierno de Obama no solo dejó de lado la reforma. El 18 de octubre, activistas por los derechos de los «latinos» se reunieron en 10 ciudades del país, entre ellas Atlanta, Nueva York, Houston, Boston, Miami y San Francisco, para exponer sus preocupaciones sobre la política migratoria de Obama. Una de sus demandas principales es la eliminación del Programa Comunidades Seguras, cuyo objetivo es deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos, pero que ha llevado a arrestos masivos de extranjeros sin antecedentes penales.

El sitio web de Comunidades Seguras explica que el programa se basa en la transmisión de información entre el servicio de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Departamento (ministerio) de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Si los datos del FBI revelan que la persona detenida está presente ilegalmente en Estados Unidos o tiene antecedentes penales, se notifica al ICE, que puede deportarla «tomando como prioridad la remoción de individuos que presentan las amenazas más significativas a la seguridad pública, según en la gravedad del crimen, la historia delictiva y otros factores», añade el sitio web.

Pero «es un programa que se ha mostrado como un total fracaso. La comunidad inmigrante no quiere hablar con la policía sobre delitos que se estén cometiendo o de los que sean testigos», dijo a IPS el portavoz y cofundador de la organización Presente.org, Roberto Lovato. Comunidades Seguras, que en 2013 se aplicará en todo el país, fue rechazado también por las autoridades de California, Illinois, Massachusetts y Nueva York. Sin embargo, en algunos distritos de estos estados fue activado por el gobierno federal.

Además de las deportaciones, preocupa la presunta violación de derechos humanos de los detenidos. El filme documental «Lost in Detention», transmitido el 18 de octubre por el canal de televisión pública PBS, muestra la situación de los deportados. Según el reportaje, las leyes de inmigración, y en particular Comunidades Seguras, han llevado a la separación de familias, la detención en condiciones inhumanas, el abuso sexual y psicológico y el racismo.

Deportaciones en cifras

Se estima que en Estados Unidos viven casi 11 millones de inmigrantes no autorizados, según el Departamento de Seguridad Nacional. La mayoría, 8,3 millones de personas, proceden de México (6,6 millones), de América Central: El Salvador (620.000), Guatemala (520.000) y Honduras (330.000), así como de dos países sudamericanos, Ecuador (110.000) y Brasil (100.000).

Desde que Obama asumió la Presidencia en enero de 2009, su administración deportó a un millón de inmigrantes. En el último año fiscal se expulsó a la mayor cantidad de personas en la historia, con cifras cercanas a los 400.000 inmigrantes, de los que solo 55 por ciento habrían cometido delitos graves o habrían cumplido condenas, según el director del ICE, John Morton.

La existencia de múltiples programas -Comunidades Seguras, Criminal Alien y 287 (g)- que facultan a autoridades estaduales y locales a aplicar leyes federales contra el ingreso de indocumentados que puedan amenazar la seguridad pública y la ausencia de una reforma que regularice la situación generan confusión en los alcances y objetivos de las leyes migratorias.  En un avance sin precedentes sobre una política que es de carácter federal, varios estados aprobaron leyes propias contra la inmigración, como la SB 1070 de Arizona, adoptada en abril de 2010 y bloqueada parcialmente por los tribunales federales, y la HB 56 de Alabama.

La ley de Alabama, aprobada por la legislatura estadual en junio de este año, fue catalogada como una de las más duras de Estados Unidos: autoriza a la policía a detener a sospechosos de ser residentes no autorizados, obliga a las escuelas a comprobar el estatus migratorio de sus estudiantes, prohíbe a los indocumentados firmar contratos y penaliza a quienes auxilien a un inmigrante sin papeles.

Para la directora de Apoyo a la Inmigración de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Jacqueline Esposito, Comunidades Seguras y otros programas similares «crearon un entorno en el que las leyes antiinmigrantes, como las de Arizona y Alabama, han surgido localmente». La misma opinión manifestó la directora ejecutiva de la organización comunitaria La Fuente, Lucía Gómez, quien considera que esas leyes confunden infracciones migratorias civiles con delitos penales. «Una infracción de inmigración no determina que una persona sea delincuente, como alguien que ha matado», dijo .

En muchos casos los inmigrantes son deportados de inmediato, sin comunicarlo a sus familias y sin permitirles consultar a un abogado, y se los traslada a centros de reclusión alejados, agregó. La Fuente trabaja con grupos comunitarios y sindicatos del área metropolitana de Nueva York para promover la participación social y política de los inmigrantes.

La mirada de Washington

La administración de Obama anunció en agosto que suspendería las deportaciones mientras examinaba 300.000 casos pendientes. Quienes constituyeran riesgos menores serían cancelados o puestos en espera. Pero Esposito aclaró que «la nueva medida no ha sido implementada todavía, lo que causa serias preocupaciones».

Felicia Escobar, asesora de política doméstica de la Casa Blanca, explicó ante líderes latinos en el Baruch College de Manhattan que el presidente desea una reforma migratoria, pero mientras no se llegue a acuerdos sobre su contenido, se ve obligado a reforzar la aplicación de las leyes existentes. Escobar recalcó que la reforma sigue siendo prioritaria. Sin embargo, Obama ha dicho en varias ocasiones que en el Congreso legislativo no existe la suficiente voluntad para aprobarla.

Esposito admitió que el Congreso está dividido por «políticas partidistas» y ha fallado en tratar la crisis de inmigración de una forma adecuada. Pero Lovato cree que la reforma fue un mero instrumento de propaganda electoral, «una forma de canalizar las aspiraciones, el deseo y la pasión del votante latino hacia Obama. Ellos ahora necesitan ganar votos independientes blancos, más conservadores», opinó.

Gómez explicó que el mandatario aplica una maniobra doble para mantener cautivos a los dos tercios de votantes latinos que lo apoyaron en 2008. «El problema es la estrategia de negociación del presidente para demostrar que puede ser fuerte, pero que también respeta a la comunidad. Ha sido un baile bien peligroso porque el (opositor) Partido Republicano no ha cedido nada y nosotros hemos sido las víctimas de esa estrategia», concluyó.

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