Puchi: Pese a la designación del nuevo CNE la crisis de hegemonía persiste/ Stelling: Vale todo

(L-R) The new authorities of the National Electoral Council (CNE), rector Gladys Maria Gutierrez, vice-president and rector Rafael Simon Jimenez, president and rector Indira Maira Alfonzo, rector Tania D'Amelio and rector Jose Luis Gutierrez pose at the CNE's headquarters before taking office and holding their first session since swearing in on Friday, in Caracas on June 15, 2020. - Venezuela's President Nicolas Maduro faced US accusations on June 15 of attempting to rig upcoming polls after naming a new regime-friendly election authority that prompted the opposition to withdraw from elections. The CNE will be responsible for overseeing the poll for which a date has yet to be set, but which by law must be held this year. (Photo by Federico PARRA / AFP)

Leopoldo Puchi|

Hemos llegado a un punto en el que puede decirse que el sistema político venezolano es disfuncional, en la medida que no cumple de manera efectiva el papel de ordenamiento de las interacciones políticas de la sociedad. El problema no deriva de su organigrama institucional, sino de una crisis de hegemonía que se inició en los últimos lustros del siglo XX y que se ha cronificado.

La reciente designación del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia y sus decisiones sobre varios partidos pueden ser interpretadas como un paso del sector gubernamental para dar respuesta a esta situación, por medio de una suerte de convenio entre los actores partidistas que se consideran a sí mismos parte del sistema, aun siendo de perfiles diferentes y moverse desde visiones opuestas, pero dentro de ciertas coordenadas comunes.

Consentimiento
Sin embargo, el paso señalado no es una garantía automática de estabilidad, porque la crisis de hegemonía persiste y el nuevo “ecosistema” en creación no tiene hoy un grado de consentimiento que sobrepase el nivel requerido para que se pueda hablar de hegemonía, aunque sí dispone de palancas coercitivas en el plano interno superiores a las de los factores adversos.

El consentimiento se comienza a alcanzar cuando en la sociedad se siente que hay un proyecto dominante, lo que facilita que un conjunto de valores, razonamientos, jerarquías y formas de ver la vida social se conviertan en sentido común. Este fue el caso del pacto de Puntofijo.

En Venezuela, en el período que se inicia en 1958, comunistas y perezjimenistas quedaron fuera del sistema, y durante una década hubo fuertes problemas de inestabilidad a pesar del piso de consentimiento, lo que fue resuelto por medio del uso de palancas coercitivas.

Las revoluciones más radicales inspiradas en el socialismo no han logrado mantener el consentimiento por mucho tiempo, aunque en algunos casos han contado con éste en los inicios o en ciertos períodos. Otros procesos, también de inspiración socialista, han logrado estabilizar el consentimiento por largos períodos.

Geopolítica
La hegemonía al interior de los Estados también está condicionada por las relaciones internacionales. El “amparo” de una gran potencia, o la subordinación, pone un orden. La independencia o separación de un eje de poder mundial, desestabiliza internamente.

En el caso venezolano, este ha sido uno de los factores importantes de inestabilidad, tanto por el poder de coerción que se ha puesto en movimiento sobre el país como por la incidencia del modelo cultural que valida o niega el consentimiento.

Diferentes razones, pero en particular la presión de la coerción externa ejercida por medio de sanciones, crearán obstáculos o barreras para que el nuevo “ecosistema político” en construcción logre estabilizarse con facilidad.

Día a día
Beatificación de José Gregorio Hernández, las confesiones de Bolton y presiones sobre Trinidad y Tobago ocupan el espacio noticioso de los últimos días. Monseñor Baltazar Porras declaró que la beatificación de José Gregorio Hernández no debía utilizarse políticamente.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro pidió investigar al director del Banco Mundial, David Malpass, acusado de estar involucrado en una trama para transferir la propiedad de Citgo a manos de Conoco Phillips. Como indicio de esta actuación, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó un audio en el que José Ignacio Hernández señala que actuó junto a Malpass para influir en una decisión de la Ciadi sobre Citgo.

Mientras, en su reciente libro, John Bolton, ex asesor de seguridad de la presidencia estadounidense, relata que Donald Trump barajó en 2019 dos opciones en relación a Venezuela: una intervención militar o un encuentro con Nicolás Maduro.

Sin embargo, Bolton, para entonces director del NSC, planteó un camino distinto, el del derrocamiento de Maduro por medio de un golpe militar. Atribuye el fracaso del plan a que los oficiales con los que contaba no actuaron. Uno de ellos, el general Cristopher Figuera, se encuentra en la actualidad en EEUU. Esta estrategia de Bolton fue respaldada por varios países de la Unión Europea y de Latinoamérica.

Por otro lado, como parte del esquema iniciado en 2019, el Banco de Inglaterra mantiene retenido el oro venezolano por un monto de 1,9 mil millones de dólares. Las sanciones se han ido incrementando y recientemente fueron sancionados varios tanqueros griegos y se ejercen presiones sobre Trinidad y Tobago. Asimismo, El Departamento del Tesoro multó a Copa Airlines con 450,000 dólares, por viajeros que venían de EEUU a Venezuela.

Y, como consecuencia de las sanciones, se han estrechado las relaciones Venezuela-Irán. Se espera que el buque de carga iraní, el Golsan, atraque en Venezuela pronto.

*Politólogo, ex ministro de Trabajo

Vale Todo

El TSJ,  devenido en  actor político, se despoja de su traje de árbitro y entra a la cancha política convertida en una suerte de “vale todo”, donde los jugadores emplean sin compasión las armas y estrategias a su alcance, por cuanto las reglas permiten “casi todo”.

Luego de declararse la omisión parlamentaria, la Sala Constitucional del TSJ designa los nuevos rectores y rectoras del CNE.  Posteriormente se dictan sentencias que suspenden las directivas de AD y PJ.  En un juego político sin reglas ni límites, la oposición denuncia una “arremetida del TSJ” que habría “despojado a las autoridades partidistas actuales del control de sus partidos”.

Acusaciones que curiosamente emanan desde un sector político donde se impone el  todo vale –bloqueo económico, robo de activos, fondos congelados, retenidos o confiscados, invasiones, golpes de estado- con miras a eliminar al adversario.

Tales sentencias se interpretan como una vulneración del principio de la división de poderes, tal como se establece en la constitución. Para que exista en la práctica el Estado de Derecho, es indispensable que ocurra realmente una separación de poderes mutuamente independientes.  Se resalta que los últimos acontecimientos cuestionan gravemente tal independencia y, en ese sentido, se denuncia que el Poder Ejecutivo estaría ejerciendo predominio sobre el poder Judicial.

Específicamente se lo acusa de politización de la justicia y judicialización de la política; de prestigiar la racionalidad política por sobre la racionalidad jurídica y, además, de  servirse  del poder judicial para ejecutar su línea política y anular sus oponentes.

Ante un Poder Judicial devenido en un actor político central,  se genera el temor de que la política  se imponga sobre la justicia y, por tanto,  usurpe las funciones del poder político. Se disparan las alarmas y se alerta sobre el peligro de que los jueces razonen sus decisiones con criterios políticos y no judiciales.

En suma, que se extralimiten tomando decisiones que en realidad pertenecen otros poderes. A partir de estos procesos de politización de la justicia y judicialización de la política que parecen imponerse en el juego político actual, surgen cuestionamiento, dudas  y temores de interés nacional que trascienden las trincheras políticas.

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