Honduras: “Ciudad Modelo”, para las corporaciones extranjeras
DANIEL GIARONE | La iniciativa crea una zona en la que las leyes favorecen a los inversores externos y los derechos laborales son un obstáculo. Un Estado dentro de otro donde todo vale en nombre de los buenos negocios.
Daniel Giarone – Télam
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, impulsa la creación de una “Ciudad Modelo”, donde las normas no dependan de las leyes nacionales sino de un estatuto pro-empresarial que garantice una alta rentabilidad a los negocios.
La propuesta contempla construir una ciudad nueva, se presume que en el Valle de Sico, en el noreste del país. Una suerte de paraíso de la inversión extranjera que supere los “obstáculos” que suponen los derechos laborales y sociales del que gozan el resto de los habitantes del estado-nación.
Para hacer realidad el sueño de una ciudad para ricos con rentablidad sin límites, el Congreso hondureño aprobó la creación de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), marco legal de la iniciativa.
Los legisladores habilitaron a este nuevo tipo de enclaves a contar tanto con un sistema especial de administración como con sus propias normas en materia judicial, presupuesta, tributaria y educativa. Es decir, un Estado dentro del Estado.
El ideólogo de la iniciativa es el economista neoliberal norteamericano Paul Romer, quien convenció a Lobo sobre su conveniencia y se convirtió en asesor presidencial.
Finalmente, Romer tomó distancia del proyecto cuando el gobierno contrató para desarrollarlo a la empresa MGK Groups, cuya consitución societaria se mantuvo en secreto despertando un sinnúmero de sospechas.
Sin embargo, los fundamentos esgrimidos por Romer son el sustento teórico de las RED y de la “Ciudad Modelo” aprobada por el Congreso.
Egresado de la Universidad de Chicago, meca del neoliberalismo, el economista norteamericano toma como ejemplo a Hong Kong y su autonomía de China.
Considera que el “atraso” que viven países como Honduras, que no dudaría en aplicar a buena parte de América Latina, se debe a las normas que desalientan la inversión y el libre juego de la oferta y la demanda.
La clave del desarrollo, entonces, está en liberarse de la legislación específica del país para regirse por nuevas normas, cuyo objetivo primordial sea fomentar la inversión de otros países y de las corporaciones trasnacionales.
Según denunciaron distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, la propuesta supone acabar con la legislación que proteje los derechos laborales, los recursos naturales y los derechos de las poblaciones étnicas.
Recuerdan además que este tipo de enclaves se inscriben en experiencias históricas como las protagonizadas por las trasnacionales bananeras, a comienzos siglo XX, y las maquiladoras, en la década del 90 del mismo siglo, cuando el Estado cedió soberanía al capital extranjero y sólo consiguió perpetuar la pobreza y la exclusión social.
Advierten también que la “Ciudad Modelo” tendrá un alto costo humano y social, ahondando las diferencias en una sociedad donde el 60 % de la población ya es pobre y que posee la tasa de homicidios más alta de América Latina.
La iniciativa, concluyen, acentuará la polarización política y social en un país cuyo presidente y entusiasta promotor es consecuencia del derrocamiento de Manuel Zelaya.
La “Ciudad Modelo” aparece como la contracara de los procesos políticos que predominan en América Latina y en los que el Estado interviene para disminuir los desequilibrios económicos y sociales, en un intento por conjugar la democracia con la justicia social.
Honduras aparece, una vez más, como el laboratorio donde se ponen en práctica las ideas generadas en los centros de poder norteamericanos.
La “Ciudad Modelo” expresa una nueva versión, poco remozada, de los postulados contenidos en el denominado Consenso de Washington. Decálogo con que a comienzos de los años 90 el neoliberalismo se impuso en América Latina.
Sus similitudes con las denominadas reformas de segunda generación son inocultables, ya que estas también impulsaron cambios legales e institucionales para garantizar el “éxito” de las medidas económicas de corte neoliberal.
En el mismo sentido puede mencionarse la destitución del presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Ese día, la Corte Suprema de Justicia destituyó al mandatario e instauró una nueva modalidad del Golpe de Estado en la región.
Fue en Honduras donde las fuerzas armadas cedieron su rol golpista en manos de otros poderes del Estado. Un ensayo que se repitió, en junio de este año, en el Paraguay de Fernando Lugo.