¿Y si el socialismo del siglo XXI estuviera tomando forma en China?

Ningún análisis serio de la China contemporánea puede negar la existencia de capital privado, trabajo asalariado, grandes desigualdades patrimoniales, beneficios, conflictos entre trabajadores y empresas e intereses económicos capaces de ejercer presión sobre las instituciones. No sirve ocultar estos fenómenos y sería aún menos útil tratar de demostrar a toda costa que la República Popular es ya una sociedad socialista plenamente realizada.

El problema de la categoría de “capitalismo de Estado” no consiste, por tanto, en que reconozca fenómenos reales. Consiste en el riesgo de detenerse precisamente allí donde debería comenzar la investigación.

Si trabajo asalariado, mercado y beneficio fueran suficientes para definir la naturaleza global de una formación social, la respuesta estaría ya contenida en la pregunta. Pero quedarían sin respuesta cuestiones igualmente materialistas: ¿quién gobierna la acumulación? ¿Cuánto poder político puede adquirir quien posee capital? ¿Qué bienes pueden transformarse íntegramente en mercancías? ¿Quién decide el destino de las inversiones estratégicas? ¿Cómo se construyen nuevos derechos cuando cambian las fuerzas productivas? Y, sobre todo: ¿constituye el mercado el principio soberano del orden económico o es utilizado dentro de límites establecidos políticamente?

Es a través de estas preguntas como algunos procesos chinos recientes adquieren un significado que va mucho más allá de políticas aisladas.

Gobernar el capital: el caso Hefei

Hefei, capital de la provincia de Anhui, ha desarrollado una forma particular de política industrial en la que fondos públicos, plataformas de inversión de propiedad estatal y capital privado interactúan en torno a sectores considerados estratégicos. La propia Oficina Municipal de Industria y Tecnología de la Información de Hefei describe el uso de fondos e inversión gubernamental como instrumentos capaces de atraer proyectos, movilizar capital y construir ecosistemas industriales; en 2025 informaba además de una red de aproximadamente doscientos fondos conectados con el programa municipal de capital riesgo y de miles de millones de yuanes movilizados alrededor de nuevos proyectos (“Hefei Municipal Bureau of Industry and Information Technology”, 2025).

Lo que hace especialmente interesante al llamado “modelo Hefei”, sin embargo, es que la intervención pública no implica necesariamente que el Estado tenga que conservar indefinidamente la propiedad de cada empresa. Análisis publicados por instituciones públicas chinas describen explícitamente un circuito de “introducción del equipo – liderazgo del capital estatal – implantación del proyecto – salida accionarial – desarrollo circular”: el capital público entra, ayuda a construir un proyecto o una cadena industrial y, cuando las condiciones lo permiten, puede retirarse y volver a utilizar los recursos en nuevas inversiones (“El modelo Hefei y el modelo Shenzhen: diferencias y enseñanzas”, publicado por el Gobierno de Taizhou, 2024).

No estamos, por tanto, simplemente ante un Estado que sustituye al capitalista privado convirtiéndose en propietario permanente de las empresas. La propiedad puede ser temporal; lo que pretende mantenerse es la capacidad pública de orientar la acumulación.

Naturalmente existe el beneficio. Pero beneficio como fin último y beneficio como condición para reproducir una capacidad pública de inversión no son necesariamente lo mismo.

Si el capital público entra, contribuye a construir una cadena productiva, moviliza otras inversiones, recupera después los recursos y los transfiere a una nueva prioridad industrial, la pregunta ya no puede ser únicamente “¿hay acumulación de capital?”. Debe convertirse en: ¿quién decide su dirección y con qué finalidad se acumula?

La tierra: cuando el mercado puede valorizar sin poder comprarlo todo

Un segundo ejemplo, aparentemente muy distinto, afecta a la propiedad rural.

Los zhaijidi, los terrenos destinados a las viviendas de las familias rurales, permanecen dentro del régimen de propiedad colectiva. Las reformas han ido construyendo, sin embargo, mecanismos capaces de separar la propiedad colectiva, la pertenencia a la organización rural y distintas formas de utilización económica de los bienes.

El Documento Central Nº 1 de 2025, aprobado por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado, resulta particularmente claro porque coloca dos principios dentro del mismo apartado. Por una parte, establece que deben explorarse formas para poner en valor las viviendas rurales legalmente poseídas por los campesinos mediante alquiler, participación accionarial o cooperación. Por otra, reafirma expresamente que a los residentes urbanos no se les permite comprar viviendas rurales ni zhaijidi (Documento Central Nº 1, 2025, apartado 26).

El significado económico es considerable. El mercado puede entrar, pero una mayor disponibilidad de dinero no concede automáticamente un mayor derecho de propiedad.

Una familia urbana rica no puede utilizar libremente su superioridad monetaria para apropiarse de la base patrimonial de una familia rural más pobre. En este sentido, la política interviene antes incluso de la redistribución monetaria: impide que una diferencia de ingresos pueda transformarse con la misma facilidad en concentración definitiva de la propiedad.

Es una forma que podríamos llamar predistribución patrimonial. No se limita a compensar la desigualdad después de que el mercado la haya producido, sino que impone límites institucionales a determinados resultados que el mercado podría generar.

La Ley de la República Popular China sobre las Organizaciones Económicas Colectivas Rurales, aprobada en junio de 2024 y en vigor desde mayo de 2025, añade un elemento todavía más interesante. La ley define estas organizaciones a partir de la propiedad colectiva de la tierra y las considera instrumentos para consolidar la propiedad pública socialista y promover la prosperidad común. Al mismo tiempo, permite distintas formas de explotación económica de los activos colectivos y establece que el derecho a los rendimientos de determinados bienes colectivos puede cuantificarse en participaciones correspondientes a sus miembros. Los ingresos distribuibles restantes pueden después repartirse precisamente en función de esas participaciones (Ley sobre las Organizaciones Económicas Colectivas Rurales, arts. 1-4 y 40-42).

La socialización de la propiedad, por tanto, no coincide necesariamente con la inmovilización del bien ni con la prohibición de producir rendimientos. Puede consistir también en separar la propiedad fundamental del activo, su utilización económica y la distribución de los beneficios que genera.

De la tierra a los datos

Si todo esto afectara únicamente a la tierra, sería posible considerarlo un residuo institucional de la historia revolucionaria china. Pero una lógica sorprendentemente parecida reaparece en uno de los sectores más nuevos de la economía contemporánea: los datos.

China los ha reconocido como un nuevo factor de producción y, en lugar de trasladar automáticamente a ellos el paradigma clásico de la propiedad exclusiva, ha desarrollado una arquitectura basada en la separación estructural de diferentes derechos.

Las llamadas “Veinte medidas sobre los datos”, adoptadas por el Comité Central del PCCh y el Consejo de Estado, introdujeron explícitamente la exploración de un sistema que distingue el derecho de posesión de los recursos de datos, el derecho a procesarlos y utilizarlos y el derecho a explotar económicamente los productos obtenidos a partir de ellos. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma explicó esta arquitectura precisamente como una «separación estructural» de los derechos sobre los datos destinada a permitir su utilización y circulación sin reducirlos necesariamente al modelo tradicional de propiedad exclusiva (NDRC, interpretación de las “Veinte medidas sobre los datos”, 2022).

La similitud con la reforma rural resulta teóricamente sugerente.

También aquí la cuestión consiste en permitir circulación y valorización sin concluir que todo aquello que posee valor económico deba transformarse necesariamente en propiedad privada íntegramente alienable.

En el caso de los datos públicos la separación resulta todavía más evidente. Las “Normas para la operación autorizada de recursos de datos públicos”, promulgadas por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Datos en enero de 2025, permiten que instituciones autorizadas desarrollen y comercialicen productos y servicios derivados de recursos de datos en manos de las administraciones públicas. La autorización tiene duración, límites, obligaciones de transparencia y mecanismos de salida determinados; no equivale a una transferencia irrestricta de la propiedad del recurso. Las mismas normas establecen que la utilización debe respetar, entre otros principios, la prioridad del interés público y la seguridad (NDRC–National Data Administration, 2025).

Naturalmente, el riesgo contrario existe y ya forma parte de la propia discusión institucional china. Desde 2024 las normas contables del Ministerio de Finanzas permiten reconocer determinados recursos de datos como activos cuando cumplen las condiciones establecidas por las normas contables (Ministerio de Finanzas, “Disposiciones provisionales sobre el tratamiento contable de los recursos de datos empresariales”).

Por eso la nueva arquitectura también puede abrir una frontera de financiarización. No casualmente, las normas nacionales sobre operación de datos públicos advierten expresamente de la necesidad de identificar y controlar los riesgos derivados de una capitalización o financiarización inadecuada de los activos de datos.

Pero precisamente esta contradicción hace interesante el caso. La cuestión no queda resuelta por el mercado antes de que la política pueda intervenir: la construcción de derechos sobre un nuevo factor productivo se presenta como un problema institucional que debe ser gobernado.

Cuando aparece un nuevo factor productivo, se construyen nuevos derechos.

Esto debería interesar profundamente a una tradición materialista.

¿Y si también tuviera que cambiar la distribución?

La misma cuestión empieza a emerger con la inteligencia artificial.

Durante gran parte de la historia industrial, producción, empleo, salario y acceso a la protección social permanecieron estrechamente vinculados. El trabajador producía, recibía un salario, contribuía a través de ese salario y obtenía mediante el trabajo una parte importante de sus derechos sociales.

La inteligencia artificial y la automatización pueden modificar esta relación. Precisamente por ello, en China comienza a discutirse cómo adaptar tanto la seguridad social como los mecanismos distributivos a una economía en la que la innovación tecnológica puede alterar la relación tradicional entre crecimiento de la productividad y empleo.

No estamos ante la decisión del Gobierno central de introducir una renta básica universal. Conviene subrayarlo. Estamos ante algo diferente y, desde un punto de vista teórico, quizá más interesante: la aparición del problema dentro del debate chino sobre las instituciones distributivas del futuro.

Investigadores vinculados a instituciones públicas han planteado la necesidad de desarrollar sistemas de seguridad social y redistribución adecuados a la era de la inteligencia artificial. En 2026, por ejemplo, un investigador jefe de la Academia China de Ciencias del Trabajo y Seguridad Social defendía explícitamente la necesidad de adaptar tanto la seguridad social como la redistribución de la renta a las transformaciones producidas por la IA.

El debate ha llegado más lejos en otros ámbitos. Un texto publicado en el portal de la Comisión de Desarrollo y Reforma de Fujian, dentro de las aportaciones a la planificación del XV Plan Quinquenal, planteaba la posibilidad de explorar progresivamente un sistema de ingreso básico de cobertura universal en respuesta a los efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo.

Y en junio de 2026, Chinese Social Sciences Today, publicación vinculada a la Academia China de Ciencias Sociales, discutía directamente la posibilidad de experimentar mecanismos de participación universal en el «dividendo de los datos», incluyendo la hipótesis de destinar una parte de los ingresos derivados de la explotación autorizada de datos públicos a los fondos de seguridad social.

Nada de esto permite afirmar que China haya elegido la renta básica como futura política nacional. Permite afirmar algo más limitado pero significativo: que la transformación de la relación entre tecnología, empleo y distribución ya se está formulando como un problema institucional y no únicamente como una cuestión de adaptación individual de los trabajadores.

En el campo, además, existe ya una forma distributiva que no pasa exclusivamente por el salario. Como hemos visto, la Ley sobre las Organizaciones Económicas Colectivas Rurales permite que los miembros participen en los rendimientos de determinados activos comunes mediante derechos cuantificados sobre los ingresos colectivos.

Esto plantea un problema serio también para los indicadores tradicionales con los que juzgamos el grado de socialización de una economía.

La participación salarial sigue siendo fundamental para medir la distribución entre trabajo y capital dentro de la economía salarial. Pero puede resultar insuficiente si una parte de la riqueza se distribuye mediante servicios públicos, transferencias, pensiones básicas, rendimientos patrimoniales colectivos u otras formas de participación social en los nuevos factores productivos.

Si mañana robots, algoritmos y datos produjeran una proporción mucho mayor de la riqueza y una sociedad decidiera socializar una parte creciente de ella mediante ingresos y servicios universales, ¿una disminución relativa de la participación salarial demostraría automáticamente que esa sociedad se ha vuelto más capitalista?

Evidentemente sería necesario conocer también quién controla las nuevas capacidades productivas y cómo se distribuyen sus resultados.

Cuatro casos, una posible lógica común

A estas alturas, Hefei, tierra, datos y distribución en la era de la inteligencia artificial ya no parecen simplemente cuatro políticas diferentes.

En Hefei se separa la capacidad de gobernar la inversión de la necesidad de poseer permanentemente cada empresa.

En el campo se separa la posibilidad de valorizar un bien de su plena mercantilización.

En los datos se separan posesión, uso y explotación económica de un nuevo factor productivo.

En la distribución comienza, al menos como problema teórico y de política pública, a cuestionarse la identificación completa entre participación en la riqueza social y empleo asalariado continuo.

La característica común parece ser la desarticulación de poderes que el capitalismo tiende a reunir en la propiedad privada.

Poseer capital no tiene necesariamente que significar decidir autónomamente hacia dónde irá la inversión. Disponer de mucho dinero no tiene necesariamente que significar poder comprar cualquier bien. Utilizar económicamente un recurso no tiene necesariamente que significar poseerlo íntegramente. Y participar en la riqueza producida por la sociedad podría no tener que depender para siempre de disponer de una relación laboral estable.

Es precisamente aquí donde la categoría de «capitalismo de Estado» empieza a mostrar sus límites.

¿Y si el problema fuera nuestra idea de socialismo?

A estas alturas puede formularse una duda más radical.

¿Y si China no fuera simplemente uno más entre muchos laboratorios contemporáneos de innovación institucional, sino el principal gran espacio en el que el socialismo está intentando modificar concretamente sus formas junto con la transformación de las condiciones materiales?

Esto no significa afirmar que toda política china sea socialista ni que las contradicciones capitalistas hayan sido superadas.

Al contrario.

El capital público puede ser capturado por intereses privados y transformarse en socialización de pérdidas. Las organizaciones colectivas rurales pueden quedar bajo el control de élites locales. La nueva economía de los datos puede acabar subordinada a la financiarización. Las transferencias en la era de la inteligencia artificial pueden convertirse en una simple compensación por la destrucción del empleo y del poder contractual del trabajo.

Ningún resultado está garantizado.

Pero esto no elimina el problema teórico.

Si el socialismo se define exclusivamente a través de las formas que adoptó en el siglo XX, cualquier institución diferente aparecerá necesariamente como una desviación.

Y, sin embargo, precisamente el materialismo histórico debería enseñarnos que esas formas no surgieron en el vacío. Fueron respuestas a determinadas condiciones materiales: estructura industrial, tecnología, organización del trabajo, naturaleza de los medios de producción y posición de los distintos países dentro de la economía mundial.

Esas condiciones no han desaparecido, pero han sido profundamente transformadas y acompañadas por otras nuevas: datos, algoritmos, automatización, plataformas, cadenas globales de valor, finanzas transnacionales, propiedad intelectual y sistemas productivos en los que el conocimiento colectivo adquiere una importancia creciente.

¿Por qué deberíamos suponer que las formas de socialización deben, en cambio, permanecer inmutables?

Quizá el «socialismo con características chinas» pueda leerse también desde esta perspectiva: no como una fórmula utilizada para justificar pragmáticamente el abandono del socialismo, sino como un intento —todavía abierto, contradictorio y reversible— de encontrar formas nuevas de socialización dentro de condiciones históricas nuevas.

Es una posibilidad que merece al menos ser tomada en serio.

La modernización china como laboratorio político

La noción de «modernización china» adquiere entonces un significado más interesante que el de simple crecimiento económico.

Innovación tecnológica, política industrial, propiedad, datos, urbanización, bienestar y distribución no se abordan únicamente como sectores separados. Aparecen cada vez más como partes de un problema común: construir instituciones capaces de gobernar nuevas fuerzas productivas dentro de una sociedad de dimensiones continentales.

China no es ciertamente el único lugar del mundo donde se produce innovación política. Pero podría ser hoy el mayor experimento sistémico en el que innovación tecnológica e innovación institucional todavía se piensan conjuntamente.

Y esto abre inevitablemente la comparación con Europa.

La Unión Europea cuestiona a China por subsidios, sobrecapacidad productiva, condiciones asimétricas de acceso a los mercados y otras prácticas que pueden legítimamente ser objeto de negociación o controversia. No se trata de objeciones imaginarias: la propia Comisión Europea considera que determinadas políticas industriales chinas generan desequilibrios, exceso de capacidad y problemas de level playing field, y ha adoptado medidas comerciales concretas frente a prácticas que considera subvencionadas o discriminatorias.

Pero de aquí no se sigue que toda diferencia institucional constituya automáticamente una distorsión.

Si parte de la capacidad competitiva china deriva precisamente de la coordinación entre inversión pública y privada, del crédito a largo plazo, de las infraestructuras y de la posibilidad política de sostener sectores estratégicos antes de que sean rentables, la pregunta resulta inevitable: ¿hasta qué punto pedimos a China que corrija prácticas realmente desleales y a partir de qué punto empezamos, en cambio, a pedirle que se parezca más a nuestro modelo económico?

Es también una cuestión ética.

La solución a las dificultades industriales europeas no puede consistir en desear que cientos de millones de trabajadores de otros países vean ralentizada la mejora de sus condiciones porque así resulta más sencillo preservar nuestras posiciones relativas.

Una respuesta progresista debería ser la contraria: no pedir a China que sea menos capaz, sino preguntarnos cómo puede Europa volver a construir capacidades colectivas.

¿Cómo recuperar una política industrial pública? ¿Cómo gobernar el crédito? ¿Cómo sustraer al menos una parte de los datos producidos colectivamente a la apropiación monopolística de las plataformas? ¿Cómo limitar la renta del suelo y la renta inmobiliaria? ¿Cómo distribuir las ganancias de la automatización cuando empleo y productividad ya no avanzan necesariamente juntos?

Estudiar China no significa importar su sistema político.

Significa admitir que problemas frente a los cuales la izquierda europea continúa a menudo defendiendo instituciones construidas en el siglo XX están convirtiéndose en otros lugares en materia de experimentación concreta.

La duda final es entonces quizá más incómoda que la vieja pregunta “¿China es socialista o capitalista?”.

¿Y si, mientras seguimos midiendo hasta qué punto China se ha alejado del socialismo que conocíamos, no nos hubiéramos dado cuenta de la posibilidad contraria: que precisamente allí se estén experimentando algunas de las formas mediante las cuales el socialismo podría hacerse adecuado al siglo XXI?

No sería una razón para dejar de criticar a China.

Sería una razón para empezar finalmente a estudiarla sin pretender conocer de antemano la respuesta.

Porque si cambian las fuerzas productivas mientras nuestras categorías permanecen inmóviles, el riesgo no es solamente comprender mal a China.

Es algo mucho más grave para una izquierda que se reclama de Marx, transformar el materialismo histórico en una doctrina incapaz de reconocer la historia mientras está ocurriendo.