Washington y la geopolítica de las drogas
Pedro Fernandez – Punto Final
Que dos ex presidentes norteamericanos hayan confesado sus debilidades por las drogas no es un dato alarmante, menos en una sociedad adicta a los delirios consumistas de baratijas capitalistas como la norteamericana; aún así, no es un detalle menor.
Al respecto, es legítimo, como también demostrable, afirmar que, efectivamente, concurre como flagelo planetario una criminal geopolítica de las drogas. La historia refleja un comportamiento demencial, en el pasado, de los centros de poder fáctico europeos, especialmente del Reino Unido, al tratar de destruir el aparato estatal chino imponiendo tratados comerciales inicuos a partir de la reducción de fortalezas internas y valores sociales mediante las guerras del opio, entre 1839 y 1860.
Hoy, los métodos han cambiado, pero los propósitos geopolíticos y económicos permanecen intactos. También el centro generador se trasladó de Londres a Washington. Al respecto conocemos la gigantesca operación Irán-Contras propiciada por Washington. Sumemos el empeño de las potencias occidentales en dominar Afganistán con la curiosa explosión de cultivos de amapola en miles de hectáreas, a partir de la guerra invasora. ¿Sólo coincidencias?
EE.UU. es el primer consumidor de drogas en el mundo, a la par de ser el principal productor de marihuana y drogas duras sintéticas. Pero a la vez es el primer exportador de armas y municiones para los grupos irregulares que en varios países sudamericanos custodian sembradíos y rutas de tráfico de estupefacientes.
No conforme con tan audaces indicadores, EE.UU. es el primer exportador mundial de sustancias e insumos precursores. Agreguemos a ello informes de organismos de la ONU que se encargan del asunto y que indican que la banca estadounidense está seriamente implicada en el financiamiento de este “comercio”. Tampoco nunca se ha tenido conocimiento de banqueros norteamericanos enjuiciados ni de funcionarios aduaneros detenidos que, curiosamente, no detectan la salida de pertrechos, armas y sustancias químicas hacía los países productores.
La tecnología satelital norteamericana es capaz de asesinar niños en Iraq, Afganistán y Siria desde comandos en territorio norteamericano, pero no es capaz de detectar barcos y aeronaves que desde sus puertos y aeropuertos despegan cargados de insumos para la muerte y pertrechos para las nuevas guerras del opio. Tampoco ha advertido que a pocos kilómetros de sus bases militares en Afganistán, las áreas cultivadas con amapola superan ya las sesenta mil hectáreas.
Las acusaciones al voleo, con mucha estridencia mediática pero sin reales sustentos demostrativos contra Venezuela, no escapan a esta realidad geopolítica. Varios capítulos en las relaciones bilaterales son reveladores. La expulsión de la DEA de territorio venezolano tiene sustento irrebatible. Simulaba entregas controladas sin asidero legal; hacía seguimientos a priori violando acuerdos e intervenía en asuntos de política interna que dieron pie a una decisión obligante para el presidente Chávez en su momento.
Washington ha sostenido en relación a Venezuela políticas antidrogas plagadas de despropósitos. Una cadena de hechos lo demuestra. Prohibió a España y Brasil la venta de aviones adecuados para la vigilancia y control de territorios marítimos y regiones montañosas colindantes con Colombia; asimismo ha pretendido operar en forma unilateral radares en Venezuela impidiendo que el gobierno accediera a la información obtenida.
La estrategia norteamericana tiene epicentro en activar muros de contención en aquellos países “díscolos” a sus intereses a los que “hay que torcerles el brazo para que hagan lo que queremos…”. Tales muros tienen por objeto represar drogas con dos objetivos: deteriorar la moral de la población y asegurarse -Washington- que las drogas que ingresen a su territorio sea en cantidades política y militarmente manejables y dirigidas a sectores sociales específicos.
Los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales muy temprano tomaron las decisiones correctas para desmembrar el macabro y gangsteril plan de convertir a Venezuela y Bolivia en territorios abiertos para los carteles traficantes, paraísos del lavado de dinero y campos de batalla entre las mafias, incluyendo a la DEA.
Este historial revela una conducta que lleva a concluir que Washington se interesó desde la administración Clinton en crear rutas “seguras” utilizando el territorio venezolano. El gobierno bolivariano ha implementado políticas y estrategias que comienzan a generar resultados muy positivos. La vigilancia estricta; destrucción de pistas de aterrizajes y el derribamiento de aeronaves cargadas de drogas, demuestran que Venezuela se cruzó en el camino de la geopolítica de Washington.
El reciente embate contra funcionarios venezolanos, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se inscribe en el marco de nuevas y desesperadas acciones contra gobiernos que se opongan a los planes globales hegemónicos de Washington. Las guerras de cuarta generación hacen uso intensivo del corporativismo mediático. De eso se trata esta nueva campaña antivenezolana.
Ya es más que evidente la intervención del señor de todos los carteles -que no es otro que el colombiano Alvaro Uribe-, en la política interna venezolana. Y decir Uribe es decir, sin lugar a dudas drogas, paramilitarismo, lavado de dinero y criminalidad. Pero a la vez, decir Uribe es decir Washington.
Nada debe extrañar sobre estas típicas conductas de gran potencia hegemónica. EE.UU. se ubica en un denigrante ranking : además de las drogas, es el país donde más se violan los derechos humanos, especialmente de los afrodescendientes y latinos.
Vale preguntarse ante el evidente fracaso de las políticas y estrategias con las que se ha enfrentado el flagelo de las drogas: ¿qué pretende Washington, combatir la producción, el tráfico, el financiamiento, o dominar las rutas de este siniestro “comercio”?
PEDRO FERNANDEZ en Caracas
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 830, 12 de junio, 2015