Vía electoral frente a vía CPI
Leopoldo Puchi|
En la primera semana de noviembre ha tomado forma la campaña electoral para las votaciones regionales y municipales. También comenzando este mes ha venido al país el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, quien decidirá si abre una investigación formal por presuntos crímenes contra la humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Ambos eventos tienen como característica común que encierran estrategias de acción sobre la situación venezolana, aunque a partir de ángulos diferentes.
La campaña de movilización y de medios de los candidatos expresa que se busca el cauce 
institucional y pacífico para la superación del conflicto, mientras que el recurso a la CPI, utilizado como estrategia política para lograr el objetivo de “cambio de gobierno”, apunta a una evolución traumática y de fuerza de los acontecimientos.
institucional y pacífico para la superación del conflicto, mientras que el recurso a la CPI, utilizado como estrategia política para lograr el objetivo de “cambio de gobierno”, apunta a una evolución traumática y de fuerza de los acontecimientos.JUICIOS
Por supuesto, han ocurrido hechos violatorios de derechos humanos que deben y pueden ser procesados por las instancias judiciales venezolanas, para condenar a los funcionarios culpables. No los exime que ocurrieran en el marco de acciones de desestabilización por el método de la violencia de calle o de intentos de levantamiento militar.
Tampoco pueden dejar de ser procesadas las acciones violatorias de derechos, aun cuando hayan acontecido en medio de las hostilidades contra el Estado venezolano por parte del gobierno estadounidense como concreción de su decisión de declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad interna.
Ni los eventos bélicos como la operación Gedeón, en la que participó una empresa de servicios militares con licencia del Departamento de Estado, ni la toma por la fuerza de la embajada venezolana en Washington por efectivos federales, ni las amenazas de invasión militar, ni la activación del TIAR, ni los sobrevuelos en el espacio aéreo venezolano o el despliegue naval en el Caribe anunciado como antesala de un bloqueo marítimo pueden exonerar transgresiones de funcionarios.
POLITIZACIÓN
En su formulación inicial, la CPI tenía el propósito de ser una instancia judicial independiente para casos extremos de violación de derechos humanos que no pudieran ser procesados de ninguna manera por los países donde ocurrían los hechos. Sin embargo, su propia creación, sin la participación de las grandes potencias cuyos funcionarios no pueden ser juzgados, a pesar de estar frecuentemente incursos en violaciones que no son procesadas por la justicia de sus respectivos Estados, la ha desnaturalizado políticamente y le ha dado un sesgo que la convierte en una suerte de tribunal para el tercer mundo, en particular los países africanos.
La reciente decisión sobre Colombia, con casos masivos de violaciones, es una muestra de cómo la razón política se impuso durante años sobre lo estrictamente jurídico.
VÍA CPI
Los países del Grupo de Lima, en función del objetivo político de su creación durante el período de Donald Trump, apelaron al mecanismo de la CPI como instrumento de presión, junto a las sanciones y el poder dual. Una vez fracasada la estrategia de derrocamiento iniciada en 2019, el mantenimiento del caso en la CPI cumple el papel de sucedáneo de esa estrategia, en particular para los sectores que están en desacuerdo con el repliegue decidido por la administración Biden y el viraje dado hacia una estrategia electoral.
Estos sectores tienen la expectativa de que una condena, o incluso la misma investigación, pueda generar un pronunciamiento militar o facilitar una intervención extranjera para hacer cumplir una sentencia punitiva. Es decir, lo que no se pudo conseguir en 2019, se conseguiría esta vez por la vía de la CPI.
VÍA ELECTORAL
La estrategia de utilizar la CPI es contraria a la de la vía electoral, que requiere que los sectores que tomaron el camino del derrocamiento se acojan a un proceso de pacificación, al tiempo que se procede a la actualización de la vida institucional. Y pensar en darle un impulso para utilizarla para obtener ventajas en las negociaciones pone en riesgo las negociaciones mismas.
Se sabe que los hilos de las estrategias los mueven diversas fracciones, muchas veces opuestas entre sí, tanto en Washington como en Bruselas. Pero la responsabilidad principal de su definición está en manos del equipo de Biden. Habría que ver hasta qué punto el repliegue hacia lo electoral es firme o si todavía tienen suficiente peso los partidarios de una opción traumática.