Venezuela y la política de cooperación petrolera

On May 28, 2015

Adolfo Acevedo

Los países exportadores de petróleo han alegado que, durante más de medio siglo, los países desarrollados se apropiaron de beneficios extraordinarios por el hecho de mantener los precios del petróleo excesivamente bajos, a partir de su control directo o indirecto (de los países desarrollados) sobre sus recursos petroleros. Por esta razón, los países en los que se localizaban los yacimientos no habrían podido aprovechar los mismos en función de su propio desarrollo.

En efecto, hasta mediados de los años 70 los precios del crudo se mantuvieron extremadamente bajos – alrededor de US$ 2 el barril – lo cual favoreció el extraordinario proceso de crecimiento de los países desarrollados durante la post-guerra. Estos pudieron contar con un suministro estable y extraordinariamente barato de petroleo para la generación de energía y para movilizar su flota de transporte y vehicular – que se estaba expandiendo a tasas alucinantes -, y además con asfalto barato para revestir su red de carreteras y autopistas, tambien en rapida expansión.

A partir de la primera mitad de la década del 70 la mayoría de países árabes y latinoamericanos exportadores de petroleo, muchos de los cuales habían nacionalizado los yacimientos y retomado el control de sus recursos petroleros, constituyeron el cartel conocido como OPEP, con el propósito expreso de conseguir precios mucho más remunerativos para sus exportaciones de crudo.

Desde mediados de la década del 2000 el desmedido consumo de petróleo por parte de la economía china y otros grandes países emergentes se reflejó en un nuevo ciclo de auge en los precios del crudo, el cual ha impuesto un costo muy elevado al conjunto de países en desarrollo dependientes de la importación de petróleo para la generación de energía, y para la movilización de su flota de transporte de personas y de carga.

Como se sabe, el mecanismo de cuotas establecido por la OPEP logró incrementar drásticamente el precio del crudo, provocando un verdadero shock en la economía mundial. Sin embargo, ello condujo con bastante rapidez a un incremento en las inversiones en prospección y extracción por parte de las potencias desarrolladas, lo cual, en conjunto con la propia competencia entre los países integrantes de la OPEP, volvió a deprimir el precio.

Sin embargo, la historia no termina allí. Desde mediados de la década del 2000 el desmedido consumo de petróleo por parte de la economía china y otros grandes países emergentes se reflejó en un nuevo ciclo de auge en los precios del crudo, el cual ha impuesto un costo muy elevado al conjunto de países en desarrollo dependientes de la importación de petróleo para la generación de energía, y para la movilización de su flota de transporte de personas y de carga.

Cuando se considera que el costo de producción de un barril del petróleo puede ascender a unos US$ 15, resulta evidente que precios de US$ 80 o US$ 100 el barril representan una masiva transferencia neta de recursos desde estos países en desarrollo, hacia los países exportadores de petróleo. De manera que no son solo los países desarrollados los que habrían estado “resarciendo” a los países exportadores por décadas de precios excesivamente bajos del crudo, sino que se estaría imponiendo una enorme extracción de excedentes a los países en desarrollo dependientes de la importación de petróleo.

Esta masiva transferencia de recursos desde los países pobres hacia los países exportadores de petróleo recae sobre la población de los primeros, que en su mayoría sobrevive con ingresos muy bajos. Esta transferencia asume la forma de tarifas de la energía varias veces más elevadas y precios de los combustibles mucho mayores. Dado que tanto unas como otros representan precios clave que repercuten sobre toda la cadena de costos y precios de la economía ello se traduce en costos de producción, y un costo de la vida, mucho más altos. Esto introduce presiones que resultan, a la vez, inflacionarias y recesivas.

En este contexto, el Gobierno de Venezuela estableció, como mecanismo de compensación por los altos precios del crudo, un esquema de financiamiento concesional, asociado al suministro petrolero, para los países integrantes de PETROCAIBE, y del ALBA. El mismo permite que la mitad de los recursos derivados de la comercialización interna del petróleo y sus derivados sean retenidos por el país, y pagados en un plazo de 25 años, a una tasa de interés del 2%.

Este esquema de suministro de petróleo, el cual conlleva un monto de financiamiento de una magnitud verdaderamente apreciable, podría representar un aporte fundamental para nuestro país, si se asegurase que el mismo fuese utilizado para efectuar – de manera absolutamente transparente y bajo el escrutinio público – las inversiones fundamentales que el país requiere para recuperar perspectivas básicas de desarrollo futuro,

Es por ello que, desde nuestro punto de vista, la denominada privatización de este esquema de cooperación, el cual estaba supuesto a contribuir a solventar de manera muy importante las necesidades de desarrollo del país, constituye un asunto fundamental, que requiere ser aclarado.

El aspecto legal de este asunto no está claro. El único hecho jurídico duro que existe, con el status jurídico de tratado internacional – un acuerdo internacional entre dos Estados, sujetos de Derecho Internacional, suscrito por el Jefe de Estado, ratificado por la Asamblea Nacional de ambos países, y publicado en el Diario Oficial, conforme a las normas constitucionales -, es el Acuerdo Energético PETROCARIBE entre Venezuela y Nicaragua, suscrito el 11 de Enero de 2007 y ratificado en peno por la Asamblea Nacional el 27 de Marzo de 2007.

Este Acuerdo establece que la República de Venezuela suministrará en promedio X miles de barriles al día a la República de Nicaragua, y que cuando el precio supere los US$ 80 dólares, el 50% de la factura se pagará en un plazo de 23 años con 2 años de gracia, a un interés concesional. Para el pago diferido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela podrá aceptar que parte del mismo se realice con productos, bienes y/o servicios, establecidos mutuamente, por los que el Gobierno de la República de Nicaragua o las entidades nicaragüenses, de acuerdo al caso, ofrecerán precios preferenciales.

Según una intervención del año 2007 del entonces Ministro de Hacienda Alberto Guevara, que fue grabada, el actual gobierno ¨inventó¨ el mecanismo que permite que este masivo flujo de recursos pasase a ser controlado de manera privada, cerrando asi la posibilidad de que los mismos fuesen canalizados de manera transparente, a través del Presupuesto de la República, hacia las prioridades de desarrollo del país.
Como resulta evidente, este Acuerdo establece el otorgamiento de un crédito concesional a la República de Nicaragua, en condiciones financieras muy concretas y específicas, similares a las establecidas en cualquier convenio de crédito. Parecería evidente además que dicho acuerdo compromete el crédito de la nación, y de ser asi, proporcionaría una base jurídica para considerar que estos recursos representan un patrimonio de la nación.

Se dice que existe otro documento, cuyo status jurídico en términos del Derecho Interno o Internacional se desconoce, porque no está registrado en ninguna parte, según el cual el Gobierno de Venezuela autorizaría al Gobierno de Nicaragua´para que el crédito fuera traspasado a una entidad privada, la cual pasaría así a detentar el control y propiedad sobre dichos recursos, y las obligaciones correspondientes.

De ser así, y dado que existe un tratado internacional de por medio entre ambos Estados que parece otorgarle el patrimonio sobre dichos recursos a la República de Nicaragua, ello podría considerarse una privatización, es decir, una cesión de patrimonio publico a manos privadas, cuyo status jurídico se desconoce, porque dicho documento se mantiene oculto.

Como quiera que sea, este voluminoso flujo de recursos, que ha totalizado US$ 3,079 Millones entre 2007 y 2014, en vez de contribuir a solventar las enormes necesidades y requerimientos de desarrollo del país, ha terminado apuntalando, principalmente, un proceso de acumulación originaria de capital extraordinariamente acelerada, y al surgimiento de un poderoso grupo económico privado.

* Especialista en temas tributarios y fiscales, miembro de la Coordinadora Civil de Nicaragua y de la Red de Justicia Fiscal.