Venezuela rechazó decisión de la Corte Suprema de EEUU sobre subasta de Citgo
Victoria Korn
El Gobierno de la República de Venezuela rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (EEUU) que valida el despojo de la empresa Citgo Petroleum Corporation (Citgo), filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y denuncia que el fallo vulnera los acuerdos suscritos en Barbados. Asimismo, ratificó que seguirá adoptando todas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar la consumación del despojo definitivo de la empresa.
El texto menciona que se pretende expoliar al pueblo venezolano los activos que le pertenecen y ratifica que Venezuela adelantará todas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar la consumación del despojo definitivo de la empresa Citgo.
Señala que esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela, con el propósito de expoliar al pueblo venezolano los activos que le pertenecen, en clara transgresión de las normas que rigen la convivencia pacífica entre los Estados.
Del mismo modo, este fallo de la Corte Suprema confirma el grave perjuicio causado a los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano por la acción criminal del grupo de delincuencia organizada autodenominado “Asamblea Nacional de 2015” -que en su momento comandaba Juan Guaidó, un “presidente interino” nombrado por Washington- que, desde el año 2019, ha pretendido usurpar las instituciones y la representación de la República en el extranjero.
Piratería moderna
Ya en mayo de 2020 el gobierno de Venezuela había denunciado la venta ilegal de la empresa Citgo Petroleum, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras una decisión judicial del tribunal estadounidense del distrito de Delaware, acción que se constituye como una acto de “piratería moderna”.
El entonces canciller Jorge Arreaza señaló que el fallo del tribunal de Delaware era una evidencia de un plan de la administración de Donald Trump para confiscar los activos propiedad de Venezuela y sus empresas Pdvsa,, “Para tales fines, han delegado en el diputado Juan Guaidó y sus cómplices, el establecimiento de una fraudulenta representación de la República y de Pdvsa, que no sólo es ilegal, sino que actúa en detrimento del interés nacional, en beneficio de las intenciones injerencistas”, destacó el canciller.
Esa sentencia pretendía ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro International de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por valor de 1,2 millardos de dólares, a partir de una reclamación realizada por la empresa canadiense Crystallex en contra de Venezuela, aun cuando ni Pdvsa, ni Citgo, ni PDV Holding, son deudores de Crystallex ni fueron sujetos del procedimiento ante el Tribunal Arbitral del CIADI.
El financiamiento de la oposición
Mientras, los partidos de la Plataforma Unitaria (de oposición) decidieron extender por otro año la ‘AN-2015’, y aprobaron un presupuesto 70 millones de dólares destinados al pago de mensualidades de sus integrantes y a financiara los partidos de la Plataforma Unitaria. Los recursos serán transferidos por el gobierno de EEUU desde las cuentas venezolanas bloqueadas en el exterior. Dinorah Figuera (PJ), presidenta de la ‘AN-2015’, dijo que tenían el compromiso de “dejar atrás todo el sistema que significa la dictadura del régimen de Nicolás Maduro”.
Con esta acción de la Corte estadounidense se ha impedido a las legítimas autoridades ejercer las acciones necesarias para la efectiva protección de Citgo dentro del territorio estadounidense, vulnerando flagrantemente los acuerdos suscritos en Barbados, añade el gobierno venezolano.
Un juez de Delaware otorgó el lunes a un gran grupo de acreedores de Venezuela derechos para participar en una próxima subasta de Citgo, informó la agencia Reuters, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la posibilidad de limitar el número de empresas que podrían participar en la subasta de Citgo.
Sin embargo, los juicios se han desarrollado sin que a Venezuela se le permitiera estar presente y ejercer su derecho a la defensa, a ser escuchada y a presentar pruebas. Si a una de las partes se le niegan estos derechos fundamentales en un juicio, se debe considerar su nulidad, de acuerdo con los principios básicos de justicia. Asimismo, ha estado prohibido que los acreedores lleguen a acuerdos de conciliación con Venezuela.
El analista Leopoldo Puchi señala que las actuaciones de EEUU obedecen a decisiones políticas, por lo que el tema ha sido abordado en las recientes negociaciones de Doha entre los gobiernos de EEUU y Venezuela. Sin embargo, los acuerdos de Doha no se han hecho públicos y se desconoce con precisión su alcance.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)