Venezuela: La clavija, bonistas y petroleros

Leopoldo Puchi

La política de la administración Trump también apunta a obtener resultados estratégicos sin un despliegue militar sostenido

La reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no fue un acto de improvisación. Fue el resultado de un proceso estratégico prolongado, en el que convergieron intereses geopolíticos, energéticos y financieros orientados a la reinserción de Venezuela en el dispositivo geopolítico estadounidense.

Lo ocurrido en Caracas fue, en esencia, la materialización de una lógica de poder menos visible pero decisiva: la del capital energético y financiero, que ejecutó un golpe de mano petrolero, entendido como una acción rápida y focalizada destinada a alterar el control soberano sobre el sector energético sin destruir el aparato estatal.

Soberanaía limitada

El ataque militar a Caracas se inscribe en la redefinición de la política de seguridad impulsada por Donald Trump, orientada a reafirmar el control del hemisferio occidental y el Caribe como espacio propio, donde solo se tolera la existencia de Estados con soberanía limitada.

Este objetivo no es simbólico ni retórico. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y con recursos mineros estratégicos, es un actor considerado demasiado relevante como para permanecer fuera del esquema de control energético y monetario que sustenta el poder estadounidense.

En ese marco, Nicolás Maduro representaba la continuidad segura de un proyecto político que, pese a sus profundas fallas políticas y económicas, seguía funcionando como un bloque con capacidad de impedir el retorno de Venezuela al redil del “patio trasero”. La fortaleza no ha residido únicamente en su figura personal, sino en la cohesión de un sistema con pocas fisuras esenciales y con un aparato político, administrativo y militar que ha venido operando de manera integrada.

3 de enero

Durante años se intentó el quiebre de ese cuerpo. Primero mediante sanciones económicas, luego a través de fases sucesivas que incluyeron el despliegue de una vasta flota de guerra en el Caribe y el bloqueo del transporte petrolero. Ninguna de estas estrategias produjo la rendición automática esperada.

Finalmente, este 3 de enero, se optó por una vía distinta: debilitar el sistema eliminando una pieza central, con la expectativa de que esa ausencia se transforme en una fisura capaz de desestabilizar y dividir al conjunto.

La elección de esta modalidad de intervención —decapitación selectiva del liderazgo, preservación del resto de las instituciones y la no ejecución de una ocupación prolongada— no fue accidental. Fue el resultado de una convergencia de intereses claramente identificables.

Los lobbies petroleros estadounidenses y los bonistas presionaron activamente por el fin de la gestión de Maduro con el objetivo de que Washington los habilitara a hacer inversiones de gran escala y procesos de reestructuración financiera.

En ese esquema, el mecanismo concreto —renuncia negociada o decapitación forzada— era secundario. Lo esencial era restablecer una estabilidad funcional que hiciera viable el negocio. Por la misma razón, esos actores descartaron una salida que implicara la imposición de liderazgos dependientes de una fuerza armada extranjera.

La Casa Blanca

Por su parte, la política de la administración Trump también apunta a obtener resultados estratégicos sin un despliegue militar sostenido. Esta convergencia entre la Casa Blanca y los intereses de sectores petroleros favoreció la preservación de las estructuras institucionales mediante mecanismos constitucionales, evitando los costos de una ocupación directa.

Desde esta perspectiva, la intervención no persigue una ocupación clásica, sino la configuración de un protectorado funcional. El objetivo no fue instalar una élite política alineada con Washington, como la que encarna María Corina Machado, sino tratar de imponer las condiciones para garantizar el dominio del capital estadounidense.

Este enfoque incorpora una dimensión más profunda: la preservación del sistema del petrodólar como eje de la hegemonía económica estadounidense, en un contexto en el que el uso de otras monedas en el comercio petrolero, especialmente el yuan, comienza a erosionar la centralidad del dólar.

Controlar Venezuela no es solo controlar barriles de petróleo; es asegurar que esos barriles sigan ligados a la moneda que articula el sistema financiero global.

Mediante una acción armada se intenta condicionar el ejercicio efectivo del poder por parte del Estado venezolano, es decir, se intenta controlar la actividad petrolera y la administración de los ingresos nacionales, pilares materiales de la soberanía nacional.

Por supuesto, el hecho de que esta estrategia de control haya sido concebida no implica que haya sido lograda: su desenlace dependerá de la evolución de los acontecimientos.