Venezuela en la política interna de España
Marcos Roitman Rosenmann-Punto Final
Si América Latina ha constituido una región natural para que España despliegue su política exterior, siempre había guardado las distancias y el equilibrio. Lo cual no impide visualizar momentos de tensión bilaterales o multilaterales. Sin embargo, la beligerancia y la guerra abierta declarada contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es un paso adelante en la estrategia de sumisión a las políticas estadounidenses. Si nos atenemos al periodo constitucional monárquico desde 1978 hasta hoy, los gobiernos del PSOE y del PP han seguido una misma doctrina: no contradecir la política exterior del Pentágono y la Casa Blanca diseñada para América Latina. Algunos ejemplos sirven para comprobarlo.
Con la llegada de los socialistas y Felipe Gonzalez al gobierno en 1982, España apoyó y financió a la Contra nicaragüense; vendió armas a los gobiernos contrainsurgentes de El Salvador y Guatemala, boicoteando al Grupo de Contadora al inclinarse por el Plan Arias y el informe Kissinger para Centroamérica del Partido Republicano y Demócrata estadounidenses. No condenó la invasión de 27 mil marines norteamericanos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. El ministro de Relaciones Exteriores de la época, Fernandez Ordóñez, señaló que el gobierno de España solo se entristecía por los hechos.
Respecto a Cuba, la política del PSOE y del Partido Popular tiene matices. Felipe González abandonó los discursos solidarios del PSOE con respecto a la revolución, adoptando una posición claudicante al lado de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de José María Aznar promovió sanciones, la ruptura de acuerdos económicos entre la Unión Europea y la isla y ha dado cobertura para que se radiquen en España organizaciones terroristas que actúan contra el gobierno de Cuba. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y ahora de Mariano Rajoy, siguieron el mismo camino, alentando acusaciones de violación de los derechos humanos y favoreciendo el bloqueo económico y político. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, con la decisión de sacar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, se refleja en el cambio de la política exterior de España. El ex presidente Rodríguez Zapatero viaja a Cuba patrocinando empresarios e inversionistas, mientras el gobierno de Rajoy y el Partido Popular aplaca su ira hacia la isla, centrando su odio en Venezuela.
Los fastos del Quinto Centenario y el saqueo de las empresas españolas, convertidas en aves de rapiña expoliando recursos naturales y comprando empresas estatales bajo amenazas a precio de saldo, han sido formas de entender las relaciones entre España y América Latina. El apoyo del gobierno del Partido Popular a las empresas españolas que actúan en la zona del Canal de Panamá exigiendo un sobrepago sobre el presupuesto inicial, muestra sus reales intereses. Ni el asesinato de 39 personas tras el asalto de su embajada en Guatemala, el 31 de enero de 1980, conllevó un comportamiento digno. Rompió relaciones, para volver a intercambiar embajadores en 1984 aceptando la “verdad oficial”, apoyó el gobierno contrainsurgente de facto de Oscar Mejía Victores, olvidándose de las víctimas y dejando impunes a los responsables políticos de la masacre.
Pero cuando se trata de la República Bolivariana de Venezuela se unen la dinámica interna y la política exterior, violando cualquier límite de decencia y respeto a la soberanía de dicho país, su pueblo y su gobierno. Existen dos puntos de inflexión, el primero, en 2002, cuando el gobierno de José María Aznar apoyó el frustrado golpe de Estado de empresarios liderados por Carmona, y el bochornoso acto de prepotencia del entonces rey Juan Carlos I en la cumbre de Santiago, insultando al presidente Hugo Chávez, en 2007, afectando a la política interna de España.
La campaña de desprestigio y ridiculización de Hugo Chávez tenía como objetivo crear una corriente de opinión favorable a la monarquía que comenzaba a vivir sus momentos más bajos. La animadversión se concretó tildando al presidente de tirano y caudillo y señalando que Venezuela vivía una dictadura. Si en el año 2002, en el fallido golpe de Estado de abril, los grandes partidos, PSOE, PP, CyU, PNV, UPyD se sumaron a la estrategia desestabilizadora con excepción de Izquierda Unida, el Bloque Gallego y la Izquierda abertzale, tras la muerte del presidente Chávez, el 5 de marzo de 2013, los partidos hegemónicos se plegaron a la campaña internacional para derribar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Tras el surgimiento de Podemos en 2014, y dado que algunos de sus dirigentes habían vivido en Venezuela, declararse a favor del gobierno democrático de Nicolás Maduro supone perder votos y es un lastre. La campaña se ha convertido en un arma arrojadiza, al señalar que Venezuela vive un régimen dictatorial y autocrático. En esta guerra, los dirigentes de Podemos ceden hasta negar los vínculos solidarios con el gobierno y el pueblo de Venezuela. Se rompen amarras y se suelta lastre. Así, Pablo Iglesias, su secretario general, declara a Radio Nacional de España que la detención y juicio de Leopoldo López “es una vergüenza” y sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid, a propuesta del Partido Popular, votan condenando al gobierno de Venezuela por violación de los derechos humanos. Sólo los diputados de Ahora Madrid, pertenecientes a Izquierda Unida, votaron en contra.
En definitiva, Venezuela se incorpora a la política interna de España y es un arma arrojadiza de descalificación. Como apunta el asesor económico del partido Ciudadanos, Luis Garicano: “Las opciones de España son Dinamarca o Venezuela”. Así las cosas, nuevamente los grandes partidos hegemónicos más las nuevas fuerzas emergentes como Ciudadanos y Podemos se pliegan a las políticas desestabilizadoras contra Venezuela. Eso sí, con la honrosa excepción de Izquierda Unida, la Izquierda abertzale y gallega