Venezuela abre su subsuelo al capital extranjero mientras EEUU relaja las sanciones contra Caracas
Néstor Prieto Amador – Desde Abajo
El deshielo económico entre Caracas y Washington avanza a un ritmo inverosímil hace apenas unas semanas. Tras la reforma a contrarreloj de la Ley de Hidrocarburos, que abrió la explotación petrolera al capital privado, la Asamblea Nacional —de mayoría chavista— aprobó el 9 de marzo en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Minas. El texto, presentado con urgencia por el Ejecutivo e impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, supone la primera reforma sustancial de la legislación minera venezolana en más de dos décadas y abre el rico subsuelo del país —oro, diamantes, coltán, tierras raras— a la inversión extranjera y al capital privado estadounidense.
El trámite parlamentario llegó apenas cinco días después de que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aterrizara en Caracas el 4 de marzo acompañado de representantes de más de una veintena de empresas mineras —entre ellas Peabody Energy, Lundin Mining, TechMet y Caterpillar, grandes multinacionales del sector—. Tras reunirse con Rodríguez en el palacio de Miraflores, Burgum no escatimó en elogios. “Quiero agradecer al presidente Trump por su coraje y su liderazgo. Sus acciones han generado oportunidades para cambiar la dirección de Venezuela, y Venezuela, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, ha estado moviéndose a la velocidad de Trump”, declaró el secretario, quien calificó su visita de “fantástica” y subrayó que las oportunidades de colaboración son “ilimitadas”.
La de Burgum no fue la primera visita de alto nivel del gabinete Trump a la nueva Caracas. Desde el ataque y secuestro de Nicolás Maduro en la operación militar del 3 de enero, que derivó la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia y abrió una inédita etapa de tutela económica estadounidense sobre Venezuela, Washington ha enviado a la capital venezolana a varios de sus principales funcionarios: el secretario de Energía, Chris Wright, cuya visita consiguió la apertura del sector petrolero venezolano; el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan; y el director de la CIA, John Ratcliffe.
Burgum, empresario tecnológico reconvertido en político y responsable de los recursos naturales de la Administración Trump, llegó a suelo venezolano con la intención clara de abrir la minería venezolana a la inversión extranjera.
Una nueva ley para un sector estratégico
El borrador de la nueva Ley Orgánica de Minas, al que han tenido acceso agencias como Reuters y EFE, consta de 19 capítulos y 126 artículos. Deroga la Ley de Minas de 1999, extiende el plazo de las concesiones de 20 a 30 años, permite a empresas nacionales y extranjeras explotar directamente los yacimientos, y establece que las disputas contractuales se resolverán mediante arbitraje internacional —una garantía para atraer a capital extranjero—.
El interés de Washington no es caprichoso. Venezuela posee unos de los subsuelos más diversos y menos explotados de América Latina. El Arco Minero del Orinoco, declarado zona de desarrollo estratégico por el propio Maduro en 2016, abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados en el estado Bolívar —el 12% del territorio nacional— y concentra yacimientos de oro, coltán, bauxita, hierro y diamantes. Materias primas críticas y estratégicas para el desarrollo tecnológico. Del coltán se extrae el niobio y el tantalio, insumos fundamentales para la electrónica de defensa y las baterías de nueva generación; la bauxita alimenta la cadena global del aluminio, que Washington considera estratégico para reducir su dependencia de China.
Hasta ahora, el sector minero venezolano operaba bajo la Ley de Minas decretada por Hugo Chávez en 1999, que reservaba al Estado la exploración y explotación de los principales yacimientos y limitaba severamente la participación privada. A esa restricción legal se añadían las sanciones estadounidenses, que habían convertido el oro venezolano en un activo prácticamente no negociable en los mercados occidentales.
No obstante, las draconianas sanciones estadounidenses sobre el oro comenzaron a deshacerse el 6 de marzo de este año, cuando el Departamento del Tesoro emitió la Licencia General que autoriza a empresas estadounidenses a comprar, transportar, importar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren directamente al gobierno de Caracas o a la estatal Minerven. La licencia impone condiciones estrictas —trazabilidad, reportes periódicos, exclusión de actores vinculados a China, Rusia, Irán o Cuba— pero transmite una señal política inequívoca. Ese mismo día 6, según confirmó el propio Burgum en declaraciones televisivas, llegó a territorio estadounidense el primer cargamento de oro venezolano; 100 millones de dólares en metal precioso que cruzaron el Atlántico apenas dos días antes de que la Asamblea Nacional iniciara el debate de la ley.
Lo que sigue es más complejo. La explotación de minerales requiere una gran inversión y exhaustivos estudios geológicos que pueden demorarse años. El sur del país, donde se concentra el Arco Minero, arrastra décadas de minería ilegal, presencia de grupos armados y devastación medioambiental documentada. Falta por ver si la nueva legislación borrará del mapa a estos actores y garantizará la llegada de la tan prometida inversión extranjera.