Uruguay: un paso atrás en la promoción de los derechos humanos

CONSTANZA MOREIRA| La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia (uruguaya) de trasladar a la jueza Mariana Mota a la justicia civil suena a crónica de una muerte anunciada. Aunque los cambios en la composición de la SCJ deben ser incluidos en el análisis, el “caso Mota” viene de atrás.

Las reconvenciones que sobre su comportamiento se hicieron llegar en ocasión de su presencia en la Marcha del Silencio o las declaraciones a Página 12 fueron preparando el terreno. Su tenacidad en el caso Perrini, y en la investigación sobre la desaparición del avión Air Class, parecieron cerrar el proceso. Definitivamente la jueza Mota transgredió algunas reglas no escritas del funcionamiento de la democracia uruguaya de la posdictadura: la de un “sistema de compromiso” que ampara, protege y amortigua cualquier conflicto entre poderes del Estado. Pero al desafiarlo, deja desnuda su principal debilidad: la capacidad de presión política sobre la justicia, especialmente si el tema son los derechos humanos o roza de alguna manera el estamento militar.

Como bien señalan los diarios, la jueza fue la que más casos acumuló en el campo de los derechos humanos, y ese fue el comienzo del fin en un país que padece lo que alguna vez alguien llamó el “síndrome del avestruz”. Meterse con los derechos humanos para los jueces es poco redituable, en un país que hasta hace siete años archivó todas las acusaciones so pretexto de ampararse en la ley de caducidad. Para los centenares de nuevos casos que se presentaron en los últimos años –especialmente durante 2011 cuando la amenaza de la prescripción pendía como una espada de Damocles–, remover a una jueza experta en derechos humanos es lo peor que puede hacer la justicia: no abundan precisamente los jueces calificados en esta materia.

Esto lo saben bien las mujeres que realizaron denuncias sobre la violación sistemática de las presas durante la dictadura, quienes comparecieron durante el pasado año ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para alertar sobre las dificultades detectadas en los juzgados para tratar estas denuncias: impericia, desconocimiento, falta de preparación específica sobre el tema, e insensibilidad. De hecho no sólo se manejó la posibilidad de crear juzgados especializados en derechos humanos sino que año a año la SCJ reclama partidas presupuéstales extra para capacitar a sus jueces en la materia. No es para menos: la ley de caducidad abortó la posibilidad de crear cualquier práctica jurídica consistente en este campo. Sin ir más lejos, recordemos que se necesitaron años de capacitación a los jueces para que intervinieran en las denuncias de violencia doméstica.

Estas razones ya bastarían para que la sociedad reaccionara ante el alejamiento de Mota con un clamor generalizado: ante la carencia de jueces autorizados en estas causas, y habiendo un verdadero torrente de denuncias en los últimos años, su apartamiento contradice formal y sustancialmente el compromiso asumido por la justicia uruguaya con el esclarecimiento de las causas vinculadas a los derechos humanos.

Pero hay otra razón, con impacto directo o indirecto sobre el sistema judicial en su conjunto, y es que esta actitud será leída por la población como un ceder ante presiones políticas de toda índole, lo cual no contribuye a su imagen ni solidez institucional. Sobre todo si se tiene en cuenta que una parte de la confianza recobrada en el Poder Judicial en los últimos años se debió a su actuación en el campo de los derechos humanos. Y más aún si esta confianza recobrada es puesta siempre en cuestión por su jaqueo desde medios y políticos por aplicar “mano blanda” a la delincuencia. La decisión de la SCJ, en este contexto, sólo redundará en su debilitamiento.
Creemos en Uruguay que la política lo es todo, pero la política es siempre negociación. La justicia, en cambio, no transige, y para el “sistema de compromiso” uruguayo, una jueza dispuesta a desafiar prejuicios, poderes y amenazas, es poco digerible. Así, creemos que el apartamiento de la jueza Mota representa un retroceso político de consideración. Los hechos, finalmente terminarán dándole la razón a aquellas declaraciones tan controversiales dadas a Página 12: “en Uruguay no hay promoción de los derechos humanos”.

*Socióloga y senadora del Frente A mplio, Uruguay