Uruguay: Meses de reacción, años de impunidad
Nicolás Centurión
La impunidad con respecto a los crímenes cometidos dentro del marco del terrorismo de Estado bajo la última dictadura cívico-empresarial-clerical y militar (1973-1985) sigue siendo uno de los temas pendientes de la sociedad uruguaya toda. Una cuenta no saldada donde represores han muerto sin decir una sola palabra, cumpliendo a rajatabla con el pacto de silencio que juraron y perjuraron no romper con sus camaradas de armas.
Donde no llegan a diez los restos encontrados de desaparecidos de casi 200 en su total. Donde la ciudadanía votó dos veces para que el Estado se ampute su capacidad de juzgar y condenar a los represores-torturadores. 
Ante este panorama, la reacción conservadora y fascista vuelve a sus andadas con intentos de revisionismo histórico, leyes que intentan equiparar la guerrilla armada con el terrorismo de Estado y desempolva la teoría de los dos demonios.
Marzo
Diputados de la coalición de gobierno acordaron una nueva redacción del proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla como se lo conoce popularmente. En el proyecto, enviado al parlamento por el Poder Ejecutivo a instancias de Cabildo Abierto, se consagra “el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona y bienes, como consecuencia de hechos ilícitos cometidos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas”.
Por su parte, el diputado del MPP, Mariano Tucci, coordinador de bancada del Frente Amplio dijo a Informativo Uruguay que la coalición de izquierda está de acuerdo con una reparación a las víctimas si se dan ciertas condiciones básicas, “a texto expreso tiene que aparecer que en Uruguay hubo terrorismo de Estado y este proyecto no lo establece”. Tucci agregó que “cada vez que Cabildo Abierto aparece díscolo en algún tema se vuelve a colocar el proyecto de las reparaciones como una necesidad impostergable, vaya a saber uno por qué”, indicó. A juicio del legislador, este proyecto no tiene solidez constitucional ni jurídica y genera inconsistencias y dudas”, dijo.
Abril
La madrugada del 21 abril de 1974 fueron asesinadas Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, conocidas como las “muchachas de abril”. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato obliga al Estado uruguayo a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad institucional” con las cabezas de los tres poderes y familiares de las víctimas.
J.M. Rebollo, único sobreviviente de estos crímenes, y van 49 años de espera para que sea finalmente condenado; ya que Gavazzo y Klastornick fallecieron antes de ser procesados.
Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores había manifestado su intención de cumplir con el acto en diciembre del año pasado, los familiares de las víctimas rechazaron en su momento la propuesta por entender que “no se habían generado los espacios de diálogo adecuados”, además de señalar que se debían “acordar las demás obligaciones a cumplir por parte del Estado para que el mismo no se transforme en un mero acto protocolar”
Cuando todo parecía encaminado a llegar a un acuerdo y hacer el acto el 11 de mayo en el Palacio Legislativo, familiares de las “muchachas de abril” informaron mediante un correo enviado al Parlamento que ponían en suspenso el acto, puesto que no se prevé que concurra el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Horacio Raggio, hermano de Laura Raggio, participó en las reuniones con la cancillería y siguió de cerca las idas y vueltas en la negociación. Consultado por la diaria, sostuvo que desde la coalición ”están haciendo lo que ellos quieren”.
Según Raggio, “algunas cosas de la sentencia van a cumplirlas”, como la reparación económica, pero “en la parte 
moral para los familiares no sentimos que cumplan, es un trámite” por algo que “estamos esperando hace 49 años”.
Pero, por otro lado, la cuestión se ha estirado porque -a entender de Raggio- “atrás de todo esto hay un socio de la coalición que les está exigiendo un cambio de estrategia: es Cabildo Abierto, que está haciendo valer esos votos que el gobierno necesita y lo obliga a cambiar la estrategia”.
Es que Cabildo Abierto (CA) está embarcado en su misión de hacer revisionismo histórico con respecto a la última dictadura. Ya ni siquiera contentos con la teoría de los demonios, parece que dicha formación política pretende poner a la guerrilla armada de los Tupamaros como el único demonio y la causante de todos los males del país en los 70.
El senador y presidente de CA, Guillermo Domenech, dijo que “discrepa” con “un acto que tergiversa la verdad de las cosas”. “No eran ningunas muchachas, eran personas que formaban parte de un movimiento guerrillero que se había alzado”,dijo, e insistió con que se trató de un “enfrentamiento”, puesto que “repelieron la intervención militar con armas”.
Cabildo Abierto tracciona en las sombras con este tema y con otro que veremos adelante. Es la tercera fuerza política del país y la segunda dentro de la coalición. Una fuerza estatista de corte militar que disputa a la interna del gobierno y fricciona al Partido Nacional (el partido del presidente Lacalle) que es netamente de corte neoliberal.
La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos publicó un comunicado en rechazo de las expresiones del sector liderado por Manini Ríos. “Rechazamos de forma categórica que representantes nacionales realicen declaraciones de semejante magnitud, donde se justifica y hace loas al Terrorismo de Estado y sus atroces crímenes. Nada justifica el asesinato cobarde de tres muchachas en su hogar (una de ellas embarazada), ni tampoco hay lugar a reivindicar el rol de unas Fuerzas Armadas represivas y criminales”, expresaron.
Mayo
La reforma jubilatoria impulsada por el gobierno conservador de Lacalle fue moneda de cambio para que Cabildo pueda negociar la prisión domiciliaria de militares represores que se encuentran presos en la cárcel de Domingo Arena.
La senadora oficialista, nacionalista y redactora del proyecto de reforma jubilatoria, Carmen Asiaín, sostuvo que el nuevo documento “es integral”, y apuntó que cuando los cabildantes presentaron el anterior, “tenía nombre y apellido”. “El legislador no debe legislar con nombre y apellido”, agregó en entrevista con En perspectiva.
El proyecto establece que será potestad del juez si otorga el beneficio a mayores de 65 años pero siempre y cuando no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran la tortura y la trata de personas. Antes de que la Justicia tome la decisión, se deberán hacer informes de peritos.
La reforma ya fue votada en el senado de la República pero el líder de Cabildo Abierto y candidato a la Presidencia, Guido Manini Ríos se retiró de sala a la hora de levantar su mano.
Estas acciones promovidas por Cabildo Abierto se dan en un contexto histórico especial. Está por empezar el mes de mayo donde cada 20 de ese mes se realiza la masiva e histórica Marcha del Silencio convocada por Madres y familiares de desaparecidos.
Junio
Este año también se cumplen 50 años del golpe de Estado y de la huelga general por parte de la clase obrera organizada en respuesta a la dictadura. Dicha huelga duró 15 días mientras se desataba la época más oscura de Uruguay que ya venía con años de violencia institucional a gran escala.
Recordemos que el presidente de la República no se ha manifestado condenando el golpe de Estado o ha sido muy laxo a lo largo de 3 años de su gobierno. Ni que hablar Cabildo Abierto que siempre termina haciendo declaraciones y comunicados que rozan la apología al terrorismo de Estado.
Volver a volver
La democracia está en disputa. Lo conseguido por organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y una infinita lista de militantes no es eterno, no es inmutable y por más sangre, sudor y lágrimas que hayan corrido, las fuerzas antagónicas de la vida, la libertad, la solidaridad organizada y la felicidad de la sociedad toda, siguen agazapadas y afilando las garras del cóndor.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
|
|