Uruguay a la vanguardia de América Latina

FELIPE AROCENA|Uruguay, pequeño país de Sudamérica con tres millones de habitantes, ha sorprendido al mundo una vez más por dos leyes aprobadas en 2013: la del matrimonio de personas del mismo sexo y la de la regulación de la marihuana; si a estas dos le sumamos la ley de despenalización del aborto votada en 2012, no sería desacertado decir que el país se ha ubicado en la vanguardia de Occidente.
Brecha Digital
Según el artículo 1 de la ley de matrimonio igualitario, ahora en este país: “el matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo”. En el mes de agosto de 2013, conforme a esta nueva norma, se realizó el primer casamiento entre dos hombres, al que siguieron otros, tanto entre hombres como entre mujeres. Además de Uruguay hay dos países sudamericanos con esta legislación: Brasil y Argentina (los tres son vecinos y con fronteras terrestres entre sí); solamente otros doce estados en el mundo aceptan oficialmente el matrimonio gay: Suecia, Noruega, Francia, España, Islandia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Portugal, Canadá y Sudáfrica (con amplia mayoría de Europa occidental); en México, Estados Unidos de América y en el Reino Unido este derecho existe solamente en algunos territorios. Si aceptamos, según la calificación de José Guilherme Merquior, que América Latina es el otro Occidente, parece que el matrimonio homosexual hasta ahora es una cuestión casi exclusivamente occidental, con seguridad debido a la secularización más pronunciada en esta región, su proceso de modernización y de expansión de derechos.

El proyecto de ley de regulación de la marihuana obtuvo media sanción en la Cámara de diputados y se espera que el Senado lo vote en breve para que se convierta en ley. Según éste: “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados”. Se admiten también los clubes de cultivadores de marihuana y el cultivo doméstico de hasta seis plantas por hogar. Ningún otro país en el mundo le ha otorgado al Estado el control público de la producción, distribución y venta de marihuana. Los efectos esperados son de dos tipos.

En primer lugar, alejar a los consumidores de marihuana del narcotráfico y del ambiente de inseguridad y violencia al que está asociado. En segundo lugar, comenzar una estrategia inédita para combatir al tráfico de drogas. El presidente uruguayo José Mujica sostiene que, si durante décadas la represión no mostró avances, entonces llegó la hora de ensayar nuevas soluciones. En caso de que la iniciativa del laboratorio uruguayo arroje resultados positivos, el resto de los países americanos –que ya están estudiando alternativas en la Organización de Estados Americanos– seguramente la pensarán seriamente.

En 2012 Uruguay también aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en cuyo artículo 2 dice: “la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada (…) durante las primeras doce semanas de gravidez”. En este caso también es uno de los pocos países de Latinoamérica en haber reconocido el derecho de las mujeres a abortar (junto a Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México). La sola voluntad de la mujer es suficiente para que todas las instituciones de salud del país brinden este servicio. El Parlamento ya había votado esta ley cinco años atrás pero el presidente anterior, Tabaré Vázquez, médico oncólogo de profesión, la vetó. Entre la exposición de motivos a favor de la ley hay dos argumentos centrales. En primer lugar el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo y en segundo lugar terminar con la red de clínicas clandestinas que vendían abortos y ponían en riesgo la vida de las mujeres que menos ingresos tenían para poder pagar los procedimientos de mejor calidad.

Estas tres leyes han sido aprobadas porque el Parlamento actual tiene mayoría absoluta oficialista del Frente Amplio. Este partido gobernante, en verdad una coalición de partidos y grupos que van desde el centro a la izquierda, fue creado en 1971 y logró por primera vez el poder político en 2005, ganando nuevamente las elecciones en 2009. El grado de apoyo a las leyes entre la oposición varía. Mientras que la de matrimonio igualitario contó con un sustento masivo de los legisladores, las otras dos han sido mucho más controvertidas y prácticamente la mitad se opuso a ellas. Esas diferencias reflejan lo que ocurre entre la población.

Está claro que estas normas se explican porque el país tiene un gobierno de izquierda desde hace ocho años y su mayoría legislativa le permite llevar adelante iniciativas con el voto solamente de sus parlamentarios. Pero esta sería apenas una explicación superficial; en un nivel más denso y sociológico –recordemos a Clifford Geertz–, ¿cuáles serían las fuerzas más profundas de la sociedad uruguaya que se expresan en ellas? ¿Cómo entenderlas en un país que suele definirse culturalmente conservador y que tiene una de las poblaciones más envejecidas del continente?

Hay por lo menos cuatro dimensiones relevantes para entender mejor esta situación. La primera es que la sociedad uruguaya es una de las más seculares del continente y probablemente del mundo. Como escribió el historiador Carlos Real de Azúa, Uruguay es la estrella más apagada del firmamento católico latinoamericano. La segunda es que el país ya tuvo un período a comienzos del siglo xx en el que adoptó una legislación vanguardista para la época, eliminando la pena de muerte (1907), aceptando el divorcio por sola voluntad de la mujer (1913), garantizando la jornada laboral de ocho horas (1915) y aprobando el sufragio femenino (1927).

Tanto avanzó en las primeras décadas del siglo pasado que muchos se alarmaron porque el país se estaba convirtiendo al socialismo. La tercera es que a pesar de que la población es comparativamente envejecida, buena parte de ella se hizo adulta absorbiendo la revolución cultural, sexual y política de la década del 60. En cuarto lugar, el país pasa por uno de los períodos más positivos en muchas décadas: su democracia política es completa (según todos los índices internacionales de democracia existentes); la economía se ha desarrollado a un promedio cercano al 5 por ciento anual en la última década; y la sociedad se ha hecho más igualitaria y menos pobre por el efecto de fuertes políticas sociales de redistribución de la riqueza. Un tiempo solamente comparable al que tuvo, justamente, a comienzos del siglo xx, cuando se lo calificaba como uno de los primeros estados de bienestar creados en el planeta.

Es muy probable que el resto de los países occidentales adopten en el futuro cercano medidas muy semejantes a las analizadas, y por eso no es desacertado estimar que Uruguay está abriendo caminos en la expansión de derechos. Al contrario, sería muy extraño que estas leyes se repitan en otras partes del mundo, porque desde configuraciones culturales muy diferentes se las interpretará abominables.

*Doctor en sociología, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. Publicado en Brecha digital