Uribe fue declarado culpable de soborno y fraude procesal
Álvaro Verzi Rangel
El expresidente derechista de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por manipular y comprar testigos para que modificaran sus testimonios en otro proceso que se le seguía por nexos con el paramilitarismo, en un fallo sin precedente en la historia del país sudamericano que la prensa denominó el juicio del siglo
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La jueza Sandra Heredia consideró probado que el también ex senador, ex gobernador y fundador del partido político de ultraderecha Centro Democrático sabía lo ilícito de su actuar en las maniobras que realizó por conducto de su abogado, pero no encontró suficientes pruebas para condenarlo por el delito de soborno simple a una fiscal. La jueza se limitó a anunciar el sentido del fallo y se espera que en una próxima audiencia dé a conocer la condena que debe cumplir el mandatario conservador, quien se expone a una pena hasta de 12 años de cárcel.
La decisión de Heredia, tras 11 horas de audiencia, es una bofetada para Uribe, y también golpea a la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En la actualidad Uribe es el jefe del Centro Democrático, el principal partido opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Heredia añadió que indistintamente de la pena que se le impondrá, al expresidente se le dictará prisión domiciliaria
, y añadió que este viernes se dará a conocer la sentencia a las partes, antes de hacerse pública. La fiscalía de Colombia demandó nueve años de prisión domiciliaria y una multa millonaria por los delitos de idear y promover una estrategia para manipular a testigos, con ayuda de terceros, con el fin de que cambiaran sus versiones o declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, en un intento de engañar a la justicia.
Aunque la sentencia se dará a conocer este viernes y todavía puede ser impugnada en al menos dos instancias, Uribe es el primer exmandatario colombiano en ser condenado por la justicia. El fallo resulta histórico por varios factores, pues no sólo representa un triunfo contra la impunidad de quien ocupó el escalón más alto del gobierno, sino también sobre el conjunto de una oligarquía que por décadas ha regido los destinos del país con puño de hierro mediante el control y la confusión deliberada del poder político, económico y mediático.
Para esa élite acostumbrada a dictar la ley y a vivir por encima de ella, la condena de Uribe se experimenta como una afrenta personal, como el final de una era y el inicio de una democratización que le es insoportable. Tras conocer la sentencia, el Secretario de Estado (canciller) estadounidense, Marco Rubio, arremetió contra jueces radicales
que hallaron culpable a Uribe, y afirmó que su único delito ha sido luchar incansablemente y defender su patria
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Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseveró que una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar a los jueces de Colombia
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Uribe, quien participó en el juicio de forma virtual, se declaró inocente y alega que es víctima de una persecución política
.El veredicto puso fin a un proceso judicial que se extendió durante 13 años, cargado de tensiones políticas y un intenso debate sobre la independencia de la justicia en Colombia. El largo proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó al congresista de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por buscar a presos con el fin de que lo acusaran de tener nexos con los paramilitares de ultraderecha que combatieron a las guerrillas.
En 2018 el tribunal cambió el rumbo de la investigación al sospechar que fue Uribe, entonces congresista, quien intentó sobornarlos para que cambiaran sus versiones. Tras múltiples maniobras judiciales, el ex mandatario renunció al Senado en 2020, perdió sus fueros y el caso pasó a la justicia ordinaria. En 2024, tras la llegada de una fiscal general designada por el presidente Gustavo Petro, ésta llamó a Uribe a un juicio en el que declararon más de 90 testigos.
Los escándalos de Uribe
Desde que salió de la Casa de Nariño, al final de su segundo mandato en 2010, el expresidente siguió el juicio a varios de sus subalternos. Uribe pasó buena parte de su administración, las dos campañas presidenciales siguientes y seis años como senador, defendiendo a por lo menos una decena de exfuncionarios de alto nivel que han sido declarados culpables por delitos que cometieron durante su gobierno y que habrían favorecido su proyecto político.
Hace poco más de dos décadas, la escena habría parecido impensable: quien irrumpió en la Casa de Nariño como un ‘outsider’ con el lema de “mano firme, corazón grande”, en medio de una de las épocas más violentas del país, hoy escucha desde su monitor cómo es declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal. Del tercer cargo, soborno simple, fue absuelto.
A las muchas imputaciones contra Uribe se suman las que surgieron ante las revelaciones de los “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes que las fuerzas militares hicieron pasar por guerrilleros entre 2002 y 2008, en tiempos en los que Uribe impulsaba la política de Seguridad Democrática, que buscaba combatir a grupos armados ilegales y recuperar el control territorial, junto a tropas de Estados Unidos.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo con las FARC de 2016, la lógica del enemigo se utilizó para justificar homicidios y mostrar resultados en la lucha contrainsurgente. “Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, señala el documento. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estimó en 6.402 el número de víctimas en el periodo del expresidente.
En 2008, cuando estalló el escándalo de la Yidispolítica ―el ofrecimiento de dádivas a congresistas a cambio de la aprobación de la reforma que logró dar vía libre a su primera reelección―, el expresidente negó que su gobierno comprara conciencias. La exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina, reconoció haber recibido el ofrecimiento de cargos públicos como contraprestación por su voto respaldando el proyecto.
Uribe calificó como infamias las publicaciones periodísticas que profundizaban en los seguimientos e interceptaciones ilegales desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)–adscrito a la Presidencia de la República– a magistrados de altas cortes, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Entre los interceptados en la operación ilegal de espionaje (2009), estaba el entonces congresista Gustavo Petro y otros personajes que para la época investigaban la llamada “parapolítica”, las relaciones de políticos con paramilitares
Poco después de conocerse el fallo condenatorio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente por defender su patria”.
Y agregó que la “instrumentalización de la rama judicial por parte de jueces radicales sienta un precendente preocupante”. De esa narrativa hicieron eco congresistas republicanos con relaciones con Colombia, como Bernie Moreno y Mario Díaz-Balart.
La audiencia en contra de Uribe ocurrió en simultáneo a otro juicio contra otro expresidente latino, el brasileño Jair Bolsonaro, quien es investigado actualmente por la Justicia brasileña por su presunta participación en el intento de golpe de Estado contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Donald Trump amenazó con aranceles a las importaciones brasileñas por la “cacería de brujas” a la que hace frente Bolsonaro. El caso colombiano es diferente, ya que Colombia se encuentra en una situación más vulnerable aún que Brasil. l La respuesta de la casa Blanca frente al juicio a Uribe, aliado de las políticas estadounidenses en Colombia, podría llegar a través de aranceles a Colombia, o por un castigo directo al Ejecutivo, que puede ir desde la eliminación de visas a funcionarios oficiales hasta sanciones contra individuos en particular.
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro señaló que tanto simpatizantes como no simpatizantes de Uribe deben respetar la justicia, y agregó que su gobierno no presiona a los jueces. También se refirió a las declaraciones de políticos estadounidenses sobre el caso diciendo que “no es sino un ultraje que no permitimos”.
A pesar de que este caso fue por un delito que se puede juzgar como menor, puede abrir “la caja de Pandora”, en relación con el nexo entre políticos y paramilitares. Lo que ocurra en los meses siguientes tras la sentencia de la jueza Heredia, en ambos lados del espectro político colombiano, será determinante para el desenlace de la carrera presidencial de 2026.
Uribe, quien lidera el Centro Democrático, movimiento opositor a Gustavo Petro, manifestó que se trataba de un juicio político motivado por un deseo de venganza
de la izquierda, de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del ex mandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a la organización en 2017.
Acusaciones
Según Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, paramilitar e hijo de un antiguo mayordomo de una de las haciendas de la familia Uribe en San José de Nus (Antioquia), y quien fue testigo en el juicio, Álvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la creación de un grupo paramilitar conocido como Bloque Metro.
Otro de los personajes claves en el caso fue Carlos Enrique Velez, Víctor, quien señaló y aportó pruebas de que el abogado de Uribe, Diego Cadena, le ofreció hasta 200 millones de pesos para declarar a favor del ex presidente. Según su versión, él y su familia llegaron a recibir 26 millones de pesos de Cadena, quien ha respondido insistentemente que se trató de pagos humanitarios
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Exparamilitares señalan a Uribe de conocer con anticipación de masacres perpetradas por estos escuadrones y del asesinato de un líder comunitario cuando fue gobernador del departamento de Antioquia a finales del siglo pasado. Uribe se o puso al acuerdo de paz de 2016 que desarmó a los rebeldes en el gobierno de Juan Manuel Santos.
El expresidente empezó a ser investigado en 2018. En 2020 fue detenido en prisión domicilia y renunció al Senado. El caso pasó a ser investigado por la Fiscalía aliada de la derecha, que logró su libertad y pidió en varias ocasiones que el caso fuera archivado. Sin embargo en 2024, tras la llegada de una fiscal general designada por Petro, el ente acusador llamó a Uribe a un juicio en el que declararon más de 90 testigos.
Al mismo tiempo, las víctimas del uribismo contemplan con frustración que el ex presidente sea sentenciado por delitos que ni siquiera garantizan su encarcelamiento, cuando sobre él pesan acusaciones que deberían llevarlo al estrado como criminal de lesa humanidad. Sólo en este momento, Uribe tiene abiertos 28 procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Investigación y Acusaciones del Legislativo, entre las que se cuentan auspicio y conformación de grupos paramilita
res, homicidios, masacres y fraude electoral.
En su casi medio siglo de vida política, se le ha señalado por usar sus cargos para facilitar los vuelos de los narcotraficantes, dar la protección del ejército a los asesinos armados y financiados por su familia y participar directamente en la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de exterminio financiados y dirigidos por terratenientes, empresarios y políticos para liquidar tanto a las guerrillas como a los campesinos y activistas que se oponen al despojo de tierras, la minería depredadora y otras prácticas de violencia contra las comunidades y el medio ambiente.
Como presidente, instituyó un siniestro programa de recompensas para los soldados que entregaran cadáveres de guerrilleros, con lo que desató la crisis de los falsos positivos: civiles inocentes asesinados por las fuerzas armadas para cobrar el botín. A estas conductas ha de añadirse la destrucción de derechos laborales, su papel en la gestación de la crisis con Venezuela, la erosión de la soberanía por su entreguismo a Washington y otros daños de los que Colombia está lejos de haberse recuperado.
Pese a este historial, la lealtad incondicional de los oligarcas que poseen la totalidad de los medios de comunicación le ha permitido mantener importantes simpatías dentro de la sociedad colombiana y hasta la fecha es una de las figuras más poderosas e influyentes del país. Por ello, no está claro si la comprobación de que manipuló testigos se traducirá en un costo político significativo para su partido y aliados o si, por el contrario, facilitará a las derechas construir un relato de victimización y persecución en torno a quien ha sido un feroz represor y perseguidor de la disidencia
En esta ecuación sin duda desempeñará un rol significativo el golpeteo que ya se hace sentir desde Washington, donde prominentes legisladores republicanos exigen a la Casa Blanca castigos colectivos contra Colombia por el atrevimiento de sentar en el banquillo a quien consideran uno de sus principales aliados en América Latina.
Este verdadero hito de la justicia rompe con una impunidad de apariencia monolítica, mal le pese a la derecha vernácula y a sus socios estadounidenses. Nadie canta victoria, apenas respiran porque pareciera que la justicia volvió de su largo exilio. La oligarquía colombiana se encuentra tocada, pero lejos aún de haber sido vencida. Y de eso es consciente el gobierno de Gustavo Petro.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)