Universidades de baja calidad académica
FRANCESCA EMANUELE| Durante los noventa y principios del 2000, Ecuador sufrió un fuerte proceso de desregulación del Sistema de Educación Superior, lo que posibilitó la apertura de decenas de universidades, muchas de ellas creadas con intenciones puramente mercantilistas.
Esto se constataría después de que se llevara a cabo un importante proceso de depuración de las instituciones de educación superior de mala calidad.
En Ecuador, los entes que controlaban el sistema de educación superior estaban conformados esencialmente por rectores de las universidades existentes. Por tanto, los sujetos reguladores del sistema eran a la vez los sujetos regulados.
Desde 1992 a 2006 el número de universidades en Ecuador creció en un 173%. De las 45 universidades creadas en ese período, 35 eran de titularidad privada. Parte de ellas nacieron con el fin de establecerse como universidades de élite, caros espacios del saber en los que reproducir la condición de clase, lugares en los que guarecerse de la “turbulencia” de las universidades públicas. Tras el proceso de depuración, se demostró que el alto coste económico de algunas de ellas era proporcional a su bajísimo nivel de calidad.
Otra de las tipologías de las nuevas universidades privadas apostaba por abrir el mundo universitario a aquellos que no pudieron entrar a las universidades públicas y que tampoco tenían dinero para las universidades de élite. Pero, lejos de tener intenciones de democratizar el conocimiento, estas instituciones buscaron la maximización de los beneficios económicos, ofreciendo precios asequibles, aunque exiguas barreras de acceso, docentes con bajas cualificaciones (a la vez que precarizados) y cero investigación académica.
Limpiar el Sistema de Educación Superior ecuatoriano no fue tarea fácil. Las bases de la reforma se sentaron en la Constitución de 2008, y en 2010 se planteó la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Educación Superior, a la que se opusieron numerosos rectores de las diferentes universidades ecua-torianas. Finalmente, la nueva ley fue aprobada reafirmando la gratuidad de la educación superior pública y planteando la importancia de velar por una educación de calidad en las instituciones públicas y privadas.
Se crearon tres entidades para regular el campo de la educación superior, un ente ministerial del ejecutivo (SENESCYT), otro que autoriza la apertura de nuevas carreras y expide reglamentos en esta materia (CES), y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
Con estas entidades se buscó la descorporatización del sistema para evitar que los regulados sean juez y parte. La última de estas entidades, el CEAACES, está conformada por seis académicos con título doctoral, tres de ellos designados por el presidente y otros tres elegidos por un concurso meritocrático organizado por el Consejo Nacional Electoral.
Fue precisamente el CEAACES el que elaboró un robusto modelo de evaluación tras el que llegó a determinar que 14 universidades no cumplían con los criterios de calidad necesarios para seguir en funcionamiento. Entre los rasgos que descalificaron la continuidad encontramos universidades sin un solo docente con título doctoral, sin siquiera una publicación anual o con publicaciones plagiadas; ausencia de selección de personal por criterios meritocráticos, profesores con 500 o 600 estudiantes que tutorizar, alumnos egresados que tras ser examinados no obtenían ni un aprobado, etcétera.
La clausura de estas universidades fue muy sonada en todo el país vecino, pero no ha llegado a la prensa peruana. Y es curioso que no conozcamos este proceso, pues, salvando las distancias, nuestra situación es similar a la ecuatoriana: entre 1996 y 2012, las universidades han proliferado como champiñones, y es vox pópuli que muchas de ellas brillan por su mala calidad académica.
Desde 1996 hasta hoy, ha habido un crecimiento de universidades privadas que alcanza el 196%. Como sucedía en Ecuador hasta el cambio del marco legal, en Perú los órganos que controlan la educación superior –Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, un órgano autónomo de la ANR– están conformados principalmente por rectores y exrectores, es decir, los regulados y, a la vez, los reguladores.
Fuente: http://diario16.pe/columnista/17/francesca-emanuele/2306/universidades-de-baja-calidad-acada-mica