Una década del “argentinazo”: impunidad en democracia

RAÚL ZIBECHI| Días antes del décimo aniversario de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre, que abrieron una nueva etapa política en Argentina, se realizó en la ciudad de Rosario el primer Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Diciembre de 2001. Esos días fueron asesinadas 37 personas, incluyendo niños y niñas de 13 y 14 años. Crímenes de la democracia que permanecen impunes.

Debieron pasar 10 años para que los familiares se reunieran, se reconocieran en un dolor común ensanchado por la impunidad, volvieran a llorar a sus muertos y denunciaran que buena parte de los responsables políticos de la masacre perpetrada por el gobierno democrático de Fernando de la Rúa, o sea gobernadores e intendentes (alcaldes), pero también diputados y senadores, siguen ostentando cargos institucionales. Muchos se han travestido adoptando los modales propios de los nuevos tiempos.

En el encuentro que duró tres días, del 8 al 10 de diciembre, confluyeron el padre y la madre del motoquero Gastón Riva, asesinado cuando enfrentaba con su moto las balas policiales; los familiares del niño cordobés David Moreno, de 13 años, muerto por capricho policial; el tío de la niña Eloísa Paniagua, asesinada en Paraná, y decenas de familiares y personas que fueron heridas de gravedad en los días en que la banca se llevó miles de millones del país. Hubo más rabia que congoja y muchas ganas de seguir adelante.

La familia de Claudio Lepratti, Pocho, un militante social que tejía solidaridades territoriales desde su bicicleta, recordó que fue asesinado cuando se paró en el techo de la escuela donde trabajaba como cocinero para decirles a los policías que dejaran de disparar, que allí sólo había niños y niñas. Una bala le perforó la garganta.

Jesús, el tío de Eloísa, un trabajador sencillo, puso el dedo en la llaga cuando dijo con ingenua sinceridad: “No entiendo por qué en todos estos años los derechos humanos no se ocuparon de nosotros”. Un chico muy joven, integrante de una banda de rock, se animó con una frase que resume un tiempo histórico: “El 20 de diciembre, en el centro las clases medias y los sindicatos protestaban y no había policía. Pero en los barrios disparaban a matar”. En esos barrios, pobres y periféricos, se produjeron los nueve muertos que hubo esos días en la provincia de Santa Fe, la más castigada por la represión.

Frases sencillas que desnudan un modelo de dominación. En esta década el Estado adoptó la defensa de los derechos humanos como una de sus más destacadas políticas. Se focaliza en los crímenes de la dictadura, lo que supone un reconocimiento a las víctimas y el señalamiento de los victimarios. Quedan en la sombra los 3 mil 93 muertos de la democracia (1983-2010) denunciados por la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), asesinados por las fuerzas de seguridad bajo la modalidad del “gatillo fácil”.

Esto, por no hablar de la represión masiva contra los pobres. En la ciudad de Córdoba se detiene a más de 54 mil personas todos los años por la aplicación del Código de Faltas, que permite arrestar y maltratar a los jóvenes pobres cuando salen de sus barrios usando gorros, acusados de “merodeo” porque incomodan a las clases medias. Miles de personas participan desde hace cinco años, en esa ciudad, en la Marcha de las Gorras para exigir la derogación de un código que convierte el paseo en delito por “portación de rostro”.

Prácticas de las dictaduras que ahora están focalizadas hacia los barrios periféricos donde se amontonan los ni-nis, chicos que ni trabajan ni estudian y que no tienen futuro en este sistema. Son desechables, números sin rostro.

Recordar los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 sin incluir a los asesinados y los heridos, dejando de lado a los desechables de ayer y de hoy, sería un vano ejercicio de macropolítica, de una sociología que sólo analiza lo que le sucede a otros y nunca incluye a los de debajo de carne y hueso. Ellos pusieron buena parte de los muertos de aquellas jornadas y los siguen poniendo diez años después.

Por eso, no tiene sentido conmemorar el ayer sin traerlo hasta el hoy, sin denunciar un modelo minero-soyero que convierte la naturaleza en mercancía y condena a los pobres a vivir en campos de concentración, allá lejos, en las periferias inundables y contaminadas que por ahora no interesan a la especulación inmobiliaria. Si se atreven a salir, son detenidos a razón de uno cada 10 minutos (sólo en Córdoba) o son asesinados, a razón de uno cada 28 horas en todo el país, según los últimos datos de la Correpi.

Es hora de sincerarse y dejarnos de dobles discursos. Eso que llamamos democracia y derechos humanos tiene vigencia para una parte de la sociedad, quizá menos de la mitad. Un solo ejemplo: en 2009 un vigilante privado que asesinó a un joven discapacitado física y mentalmente en el conurbano de Buenos Aires fue condenado días atrás a dos años y 10 meses, ya que el juez le aplicó la figura de “homicidio cometido en situación de error en el ejercicio de la legítima defensa” (Página 12, 19 de noviembre). Creatividad jurídica para avalar la impunidad.

Los familiares de las víctimas del argentinazo constataron, en sus testimonios durante el encuentro en Rosario, que la impunidad no es una anomalía sino un patrón común. En el mejor de los casos, los que dispararon a sus hijos fueron condenados a unos años de prisión y ya están en libertad. En 2004 el gobierno de Néstor Kirchner les ofreció reparaciones materiales que la mayor parte rechazaron.

La reflexión sobre la impunidad, sobre todo la de los responsables políticos, impone reflexiones más profundas. ¿Podemos pensar a los policías y a los políticos como guardianes del campo de concentración? Si así fuera, los que gozamos de ciertas libertades estamos ante un dilema ético que supone elegir de qué lado de las alambradas nos vamos a colocar, aun sabiendo que esa elección no tiene marcha atrás, porque el sistema no perdona a los que están abajo ni a los que se colocan a la izquierda.