Un impuesto global que no cambia nada
Mirko C. Trudeau.
Un total de 136 países acordaron fijar un impuesto mínimo de 15 por ciento para grandes empresas a partir de 2023, con un periodo de gracia de 10 años, que busca limitar la optimización fiscal de las grandes multinacionales y la rivalidad entre naciones por sus gravámenes.
La búsqueda de un nuevo orden en la fiscalización internacional, a través de un tipo impositivo universal sobre la sociedades, pretende que los países dejen de competir entre sí con rebajas al gravamen para atraer inversiones externas, lo que interesa tanto a países ricos como a los del G-20, naciones industrializadas y emergentes que, en conjunto, representan el 90 por ciento de producto bruto mundial.
Tanto China como países que albergan o alientan guaridas fiscales adhirieron al pacto, que ya había sido respaldado por el presidente estadounidense Joe Biden y los gobiernos del G-7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además de EEUU).
Se espera que el nuevo esquema fiscal ayude a recaudar de 125 a 150 mil millones de dólares adicionales de beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo, anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y a poner fin a la ruinosa carrera por el impuesto más bajo, en la cual las naciones ofrecen incentivos cada vez mayores para que las compañías se instalen en sus territorios
Sus impulsores lo han presentado como un logro histórico en la medida en que los Estados signatarios representan 90 por ciento del producto interno bruto mundial, incluidos todos los miembros de la propia OCDE, de la Unión Europea (UE) y el G-20.
Pero lo que demuestra esta decisión es que se encuentra todavía muy lejos la ocasión de que los líderes mundiales actúen en favor de las mayorías sociales y no como personeros de los intereses de un puñado de multinacionales habituadas a obtener pingües beneficios a costa del fisco y las sociedades.
Lo que se esperaba era que la obtención de ingresos fiscales sirvieran para financiar acciones urgentes como el combate al hambre, la reversión del cambio climático y la continuidad o el despliegue de sistemas de seguridad social.
Los dos elementos centrales del pacto son la tasa mínima de 15 por ciento para las empresas que facturen más de 867 millones de dólares anuales, y regulaciones para hacer que paguen impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, no sólo en aquellos donde ubican sus domicilios fiscales. Pero esta segunda medida únicamente aplicaría a trasnacionales con una facturación mundial superior a 23 mil millones de dólares y rentabilidad mayor a 10 por ciento.
Susana Ruiz, directora de política fiscal de la ONG Oxfam, reprochó que se incluyera una compleja red de exenciones que podría dejar fuera a grandes infractores, como Amazon. En el último minuto se agregó un colosal periodo de gracia de 10 años al impuesto de sociedades global de 15 por ciento, y otras lagunas lo dejan prácticamente sin dientes frente a compañías que son conocidas precisamente por echar mano de todo su músculo financiero, legal y de relaciones públicas para eludir cualquier obligación.
Oxfam también advirtió que dos terceras partes de los ingresos fiscales adicionales se quedarán en las naciones más ricas, mientras las naciones más pobres recuperarían menos de tres por ciento.
Mientras, el ministro francés de Finanzas, Bruno Lemaire, sijo que su país pidipo una alícuota del 25% al igual que el premio Nobel de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, quien lamentó que el acuerdo no responda a las inquietudes de los países en desarrollo y de los países emergentes.
Las grandes empresas parecen satisfechas: El vicepresidente de Facebook, Nick Clegg, reconoció que la medida podría significar pagar más impuestos, no obstante, dijo, el sistema fiscal debe inspirar confianza a los ciudadanos, al tiempo que ofrece seguridad y estabilidad a las empresas. “Nos complace ver que está surgiendo un consenso internacional”, dijo.
Tras cuatro años de negociaciones, la tasa impositiva global promovida por el organismo multilateral recibió un impulso decisivo con la llegada en enero de Joe Biden a la Casa Blanca y se plasmó en un primer acuerdo a mediados de año. Este viernes se concretó con la integración de Irlanda, Estonia y Hungría. Sólo cuatro de los 140 países negociadores no se sumaron: Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka.
Los países que respaldan el impuesto global representan en conjunto más de 90 por ciento de la economía mundial.
El visto bueno de Irlanda fue clave, ya que cuenta con un impuesto de 12.5 por ciento, uno de los más bajo del mundo, y acoge las sedes europeas de los gigantes estadunidenses de Internet como Facebook, Google, Apple y Amazon.
El acuerdo toca a una parte muy pequeña de los contribuyentes, y está especialmente dirigida a las grandes compañías tecnológicas –como Facebook, Google y Apple–, las cuales han aprovechado la naturaleza intangible de sus operaciones para tributar en jurisdicciones distintas a las que suponen el grueso de sus ganancias.
Asimismo, ha recibido críticas por quedarse muy lejos de una tasa realmente significativa y acorde con los colosales volúmenes de ingresos que hoy día manejan las megacorporaciones: el impuesto acordado es apenas 2.5 por ciento mayor al que cobra Irlanda, nación conocida como refugio fiscal para empresas como las tres mencionadas, y que recibió el compromiso de la UE de que la tasa no se incrementará en el futuro.
La propuesta se presentará a finales de mes en Roma a los mandatarios del grupo de las mayores 20 economías mundiales, entre las que se encuentra México (G-20), celebró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
El pacto recibió el beneplácito de funcionarios estadounidenses y europeos, pero también críticas, al sostener que le falta ambición para acabar realmente con la desigualdad.
- Miembro del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)