Trump pierde en el Supremo la batalla del voto por correo
Iker Seisdedos
El fallo supone un revés para el plan del Gobierno de influir en los comicios a base de amenazas a funcionarios, presiones a los Estados y colocación de negacionistas electorales en puestos clave. Trump sigue su guerra para subvertir las ‘midterms.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió este lunes en el Tribunal Supremo una batalla en su vieja obsesión por limitar el voto por correo, pero no da por terminada su guerra para influir en las elecciones legislativas de noviembre a base de cambiar las reglas y entorpecer el acceso a las urnas. Es una guerra en la que su Administración lleva meses embarcada; una campaña para preservar la “integridad electoral” basada en exageraciones, sospechas sin fundamento y teorías de la conspiración sobre un supuesto fraude electoral masivo que siempre beneficia a sus rivales.
El revés del Supremo solo invalida parte de un plan en varios frentes al que Trump no va a renunciar, como dejó claro este martes el fiscal general, Todd Blanche, en una insólita conferencia de prensa celebrada en la Rosaleda de la Casa Blanca. En ella, ejerció de portavoz, en sustitución de Karoline Leavitt, que abandonó el puesto en agosto, de una presidencia de la que en teoría debe mantener una sana distancia. Blanche dijo que la sentencia “no afecta a las investigaciones en curso sobre el voto ilegal”, y prometió que “los esfuerzos de Trump para garantizar unas elecciones libres y justas no se detendrán en noviembre, ni después”.
El objetivo es despojar a los Estados de la potestad, que les reconoce la Constitución, de organizar las elecciones. Ese plan incluye amenazas a funcionarios electorales, demandas del Departamento de Justicia contra esos territorios, el rediseño ventajoso de distritos de votación y presiones de Trump a los líderes republicanos del Senado para que aprueben una ambiciosa reforma que amenaza con suprimir el sufragio de millones de personas. Existe también el temor de que el Gobierno decida desplegar agentes migratorios en los colegios electorales.
Parte del éxito pasa por arrojar la sombra de la duda acerca de una votación prevista para el 3 de noviembre, como hizo Trump en las presidenciales de 2020, que perdió contra Joe Biden. Entonces, se negó (aún se niega) a aceptar el resultado.
El caso del sufragio por correo es un buen ejemplo de esa estrategia disuasoria. La decisión del Supremo (siete votos a favor y dos en contra) llega cuando los primeros Estados ya habían abierto el periodo para votar por adelantado en un vasto un país en el que un tercio de los electores (y un cuarto de republicanos) envían sus papeletas por correspondencia, con ocho territorios (demócratas) en los que solo se vota así. Las idas y venidas en los tribunales del decreto con el que Trump trató en marzo de limitar esa vía a tiempo para la celebración de las midterms han sembrado la incertidumbre entre votantes y empleados electorales.
Esta misma semana, una treintena de esos funcionarios recibieron cartas amenazantes del Departamento de Justicia en un renovado esfuerzo del Gobierno federal por acceder a los registros de votantes. El inquilino de la Casa Blanca expresó en febrero pasado su deseo de “nacionalizar” las elecciones, pese a que la Constitución indica que su organización no corresponde al Gobierno federal. La Administración exige control sobre esa información para evitar un presunto fraude, localizar fallas en las máquinas de votación y prevenir el sufragio de aquellos que no son ciudadanos, pese a que todos los análisis indican que este es residual y no influye en el resultado.
En estos meses, Trump ha introducido recortes en un departamento de ciberseguridad para evitar las injerencias de potencias extranjeras y ha presionado para redibujar distritos electorales en favor de su partido, no siempre con éxito. Tras triunfos en lugares como Virginia, el Supremo tumbó la semana pasada un mapa de Wisconsin que beneficiaba a los republicanos. En favor de los planes de subvertir las midterms también juega el nombramiento de decenas de negacionistas electorales que defienden el bulo del fraude de las presidenciales de 2020 en puestos tan claves como el de director del FBI, Kash Patel, o el de vicefiscal general (Harmeet Dhillon).
La decisión del alto tribunal de este lunes, redactada por Brett Kavanaugh, juez nombrado por Trump en su primer mandato, se limita a decir que un cambio como el que pretende el Gobierno no se puede autorizar a tan pocos días (49) para la cita con las urnas. El tribunal, de mayoría conservadora, no entra en el fondo de lo que el Gobierno pretendía: obligar a los Estados a emplear sobres con códigos de barras uniformes y a que compartieran con las autoridades federales las listas de quienes pueden votar en remoto en sus territorios. El decreto también autorizaba al servicio postal estadounidense (USPS) a no entregar las papeletas para el sufragio por correo a los Estados que no cumplieran con esas obligaciones.
Duro mensaje
Trump reaccionó este martes al fallo con un duro mensaje en Truth en el que volvió a hablar sin rubor del Supremo como de un órgano partidista que debería votar siempre a su favor (y que no lo ha hecho últimamente, como recuerda él mismo en el post, en decisiones importantes sobre su política arancelaria o sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento).
“Es un tribunal que pasará a la historia por haber tomado algunas de las decisiones más destructivas, hirientes y perjudiciales de la historia de nuestro país”, escribió el presidente de Estados Unidos en un post dirigido a los tres magistrados a los que él nombró en su primera vuelta en la Casa Blanca: además de Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.
Los tres se alinearon el lunes con la mayoría, y contra el Gobierno. “Estas no son las personas a las que entrevisté para trabajar en el Supremo; son apenas una sombra de lo que fueron originalmente”, dice el Truth. Conviene recordar que este es el mismo tribunal que le concedió amplia inmunidad en el ejercicio de su cargo al estudiar su papel en los actos que condujeron al asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021.
Son constantes en esa red social los mensajes con los que Trump, que también parece olvidar que el Supremo dio este año una victoria a los republicanos con una sentencia que recortó los derechos electorales de las minorías, trata de convencer a los republicanos del Senado, y, en especial, al líder de su mayoría, John Thune, para que saquen adelante la SAVE America Act (ley salvemos Estados Unidos), su ambiciosa reforma electoral.
La norma, que tampoco llegará a tiempo para las midterms, contempla un endurecimiento de los requisitos de identificación para registrarse (demostrando que se es ciudadano) y para votar (con un documento con foto). En un país sin un carnet federal y en el que más o menos el 50% de sus habitantes carece de pasaporte, esas exigencias amenazan con entorpecer la participación de más de 21 millones de personas (muchas de ellas, mujeres que se cambiaron el nombre al casarse), según los demócratas y los activistas contra la supresión del voto.
La presión a los Estados también ha tomado la forma de las amenazas del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que advirtió en julio que los empleados electorales que no colaboren pueden acabar en la cárcel. Y la agencia encargada de la gestión de emergencias (FEMA son sus siglas en inglés) ha amenazado, por su parte, con privar de decenas de millones de dólares en fondos federales destinados a la prevención del terrorismo a los Estados que no se avengan a los planes electorales de Trump.