Trump insiste en asfixiar económicamente a Venezuela
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El gobierno de Venezuela denunció este lunes la medida de Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a naciones que compren su petróleo y su gas como “un acto ilegal y desesperado del imperialismo norteamericano. La administración estadounidense evidencia así su fracaso rotundo en doblegar la soberanía venezolana mediante sanciones criminales”, señaló.
La medida fue criticada por China, que la calificó como un abuso de “jurisdicción extraterritorial” y una interferencia grosera en los asuntos internos de otros países. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, instó a Washington a retirar todas las sanciones unilaterales contra Venezuela y a contribuir al desarrollo pacífico y estable de la nación bolivariana.
China, uno de los principales socios comerciales de Venezuela, importó 1.4 millones de toneladas métricas de petróleo venezolano en 2024, posicionándose como el duodécimo mayor exportador de crudo al gigante asiático. Guo Jiakun subrayó que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores, advirtiendo que estas medidas solo incrementarán las pérdidas para las empresas y consumidores estadounidenses.Mientras, el canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció que la medida busca asfixiar económicamente a la nación bolivariana en su peor momento de bloqueo financiero. El Estado venezolano calificó la acción como una violación flagrante del derecho internacional.
“Se comete una medida arbitraria, ilegal y desesperada, lejos de afectar nuestra determinación, confirma el fracaso rotundo de todas las sanciones impuestas contra nuestro país”, expresó Gil en el comunicado, donde destaca que estas sanciones forman parte de una estrategia reiterada por sectores opositores de la extrema derecha, que buscan frenar el desarrollo del país suramericano.
Al respecto, subraya la soberanía que caracteriza a Venezuela, nación que ha demostrado su capacidad para superar las presiones externas tanto en los sectores políticos como económicos.
En ese sentido, el Gobierno venezolano enfatiza en que la medida de Trump constituye una violación a los principios expresados en el comercio internacional, y del Acuerdo de Marrakech, que sirve de sustento a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esta escalada agresiva representa el capítulo más reciente de la guerra económica que Washington mantiene contra Caracas desde 2015. Las más de 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU han costado al país más de 130 mil millones de dólares en pérdidas.
Pese al cerco neoliberal, Venezuela mantiene activas sus exportaciones energéticas con aliados como China, Rusia e India.En este contexto, la nueva medida evidencia la derrota estratégica de EE.UU. frente a la resistencia venezolana. Mientras Trump recurre a acciones desesperadas en año electoral, eVenezuela consolida alianzas con potencias emergentes.
Chevron sí, pero no
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció asimismo la ampliación de la Licencia General 41B, que permite a la petrolera Chevron mantener operaciones en Venezuela hasta el 27 de mayo de 2025. Sin embargo, el documento impone restricciones que refuerzan el bloqueo económico contra el país suramericano, incluyendo la prohibición de pagar impuestos, regalías o dividendos al Estado venezolano.
La medida, firmada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizó a Chevron a realizar transacciones «ordinarias y necesarias» para liquidar actividades previamente aprobadas bajo la licencia emitida en noviembre de 2022. No obstante, el texto excluye expresamente los pagos de impuestos o regalías al Gobierno de Venezuela, la distribución de dividendos a PDVSA o sus filiales, las exportaciones de petróleo venezolano a países fuera de EEUU, y las transacciones con empresas rusas radicadas en Venezuela.
La licencia se da tras la decisión del presidente Donald Trump de revocar el 26 de febrero un acuerdo negociado por su predecesor, Joe Biden, que permitía a Chevron producir y exportar crudo venezolano pese a las sanciones. Trump ordenó a la empresa suspender en 30 días sus vínculos con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), marcando un giro en la política hacia Caracas.
Este vaivén refleja las tensiones en la estrategia estadounidense: mientras sectores empresariales presionan por mantener acceso al petróleo venezolano, el establishment político insiste en asfixiar económicamente al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las restricciones de la Licencia 41B profundizan el cerco financiero contra Venezuela. Al vetar pagos al Estado, EEUU busca limitar los ingresos que PDVSA podría obtener para sostener programas sociales e inversión pública. Además, la prohibición de exportar crudo fuera de su territorio consolida a EEUU como el posible único beneficiario de los recursos energéticos venezolanos.
El Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado oficialmente. No obstante, en declaraciones previas, el canciller Yván Gil calificó las sanciones como «actos de guerra económica» y ha exigido su levantamiento unilateral. La eliminación de la licencia a Chevron en 2022 y su posterior reconfiguración bajo estrictas condiciones marcó un punto de inflexión en la política energética de EEUU hacia Venezuela.
La licencia original (General License 41) permitía a Chevron recuperar deudas acumuladas con PDVSA mediante la exportación de crudo venezolano, pero bajo supervisión estadounidense, lo que convertía a la empresa en un «administrador» de recursos ajenos. Esta medida, lejos de aliviar el bloqueo, consolidó un esquema de control extranjero sobre la renta petrolera venezolana, desviando ingresos clave para el país.
La ampliación de la Licencia General 41B, permite a la petrolera Chevron mantener operaciones en Venezuela hasta el 27 de mayo de 2025.