Trump, el conspirador golpista, preocupado ahora por no ir preso

Mirko C. Trudeau.

El comité especial de la Cámara de Representantes que investigó durante 18 meses sobre el violento ataque de grupos ultraderechistas y racistas al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021, subrayó el papel del entonces presidente Donald Trump, al que acusó de formar parte de una conspiración múltiple para revertir los resultados de los comicios y brindó asistencia a la ‘‘insurrección’’.

La comisión considera que Trump obstruyó un procedimiento oficial e incitó a una insurrección, además de conspirar para engañar al Gobierno federal y para hacer una declaración falsa. Si bien las recomendaciones del Comité no tienen peso legal ni obligan al Departamento de Justicia a tomar ninguna medida, lo que sí hacen es enviar una clara señal de que el Comité del Congreso está convencido de que el expresidente ha delinquido.

Muy alterado, Trump ha llamado “malvados, siniestros y antipatrióticos” a los miembros del comité de investigación en numerosas ocasiones y se ha quejado de que los procedimientos del “tribunal partidista” del comité “no han permitido el debido proceso, ni el contrainterrogatorio ni la presencia o entrevista de ningún miembro republicano real de los testigos”.

En octubre pasado, la Justicia sentenció a cuatro meses de cárcel y 6.500 dólares de multa por desacato a Steve Bannon, quien fuera asesor ideológico del expresidente,  por obstruir la investigación de la comisión parlamentaria.

El comité no tiene potestad para imputar ni poder de decisión en la investigación del Departamento de Justicia. La decisión final sobre si presentar cargos recae sobre el fiscal general, Merrick Garland, encargado de anunciar la designación de un fiscal especial para investigar a Trump sobre su implicación en el asalto al Capitolio y los documentos clasificados que fueron hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

El comité –compuesto por siete demócratas y dos republicanos– dedicado a investigar el intento de un golpe de Estado para revertir la elección presidencial- recomendó que el Departamento de Justicia formule cargos criminales contra el expresidente Donald Trump y sus cómplices, para impedir que una perturbación de esa magnitud se pueda presentar de nuevo en el sistema institucional estadounidense.

El fallo afirma que Trump participó en una conspiración multiparte para revertir los resultados de la elección presidencial de 2020 y lo acusó de violar cuatro leyes criminales, incluyendo brindar asistencia a una insurrección. Es la primera vez en la historia estadunidense en que el Congreso recomienda la formulación de cargos criminales contar un expresidente.

Además de la recomendación de acusar penalmente al presidente por fomentar una insurrección, el comité también recomendó cargos por obstruir un procedimiento oficial del Congreso (el proceso de certificación del resultado electoral), por conspiración para defraudar a EEUU con sus repetidas afirmaciones falsas sobre la elección, y también por conspiración al hacer declaraciones falsas en su intento de anular los resultados del colegio electoral.

El comité también recomendó cargos criminales contra cinco aliados de Trump, incluido su entonces jefe de gabinete Mark Meadows y su abogado personal Rudolph Giuliani.

Ultraderecha

Hay que resaltar que el acusado central es el principal referente para una diversidad de grupos racistas, supremacistas, armamentistas, ultraderechistas y simplemente paranoicos que desde hace décadas han acentuado su radicalismo e incrementado su presencia social, así como su peso en el escenario político estadounidense, copando buena parte de las estructuras y liderazgos del Partido Republicano.

La perspectiva de llevar a juicio a un expresidente, sin precedente en la historia de Estados Unidos, coloca una enorme presión sobre los eventuales fiscales y jueces, y sobre la institucionalidad en su conjunto. Si Trump fue capaz de intentar un golpe el 6 de enero de 2021 para permanecer en la Casa Blanca, los analistas se preguntan lo que haría para zafar del banquillo de los acusados o para no pisar la cárcel.

Los analistas se preocupan más allá del hecho concreto, porque una eventual desestabilización de Estados Unidos conllevaría turbulencias sociales, económicas y financieras no solo en el país, sino en el resto del mundo.

Irresponsable

Entre los hechos divulgados por los congresistas, destaca que el ataque al Capitolio, que dejó un saldo de cinco personas muertas y más de 140 policías heridos, mientras el entonces mandatario se sentó en un comedor de la Casa Blanca para observar los sucesos por televisión, demostrando su tremenda irresponsabilidad.

La copresidenta del comité, la diputada Liz Cheney (hija del ex vicepresidente Dick Cheney), declaró que todo presidente estadunidense en la historia ha defendido y respetado el traslado ordenado del poder ejecutivo con la excepción de uno. Por lo que hizo, Trump deberá ser considerado incompetente para cualquier puesto electoral. Si hemos de sobrevivir como nación de leyes y democracia, esto nunca más puede volver a suceder, afirmó el copresidente del comité, el demócrata Bennie Thompson.

El panel especial realizó más de mil entrevistas con testigos, recaudó más de un millón de documentos y llevó a cabo 10 audiencias públicas, trasmitidas en vivo, ofreciendo videos, imágenes y testigos que trasmitieron a un vasto público el drama de un país cuya democracia estaba literalmente bajo asalto.

El esclarecimiento de lo ocurrido el 6 de enero se lleva a cabo en distintas instancias. En una de éstas, un jurado declaró culpables de sedición a integrantes de las turbas ultraderechistas que irrumpieron armados en el Capitolio; mientras la justicia investiga las maniobras de Trump para trastocar su derrota electoral en victoria y para hacerla pasar como producto de un fraude.

Además hay una pesquisa en curso por la sustracción ilegal de documentos clasificados de la Casa Blanca y por añadidura la empresa inmobiliaria de Trump fue declarada culpable de defraudar al fisco a lo largo de tres lustros.

El comité ha determinado que Trump debería de rendir cuentas ante las autoridades legales por actos criminales. El Departamento de Justicia ya nombró en noviembre a un fiscal especial –Jack Smith– para investigar a Trump en torno a lo ocurrido el 6 de enero, así como en el manejo indebido de documentos oficiales secretos, algunos sobre seguridad nacional, después de su salida de la Casa Blanca.

Pocas esperanzas

El comité selecto será disuelto el 3 enero, cuando se inaugura la nueva sesión legislativa en la que los republicanos serán mayoría en la cámara baja, y con ello se espera que harán todo lo posible para anular los avances de esta investigación. El presidente entrante de la cámara baja, el republicano Kevin McCarthy, es uno de cuatro legisladores republicanos que este comité envió al Comité de Ética por no cumplir con órdenes del panel para presentar documentos y testimonio.

Hasta ahora, el exmandatario tiene un largo historial de evadir responsabilidad por actos ilegales tanto en sus negocios como en su comportamiento personal. La respuesta no gira sólo en el ámbito legal, sino en gran medida es asunto político. Aunque es un poco temprano para evaluar las consecuencias políticas, algunos consideran que la derrota de varios de los candidatos que Trump respaldó en las elecciones legislativas de noviembre muestran el daño político que podría haber resultado en parte del trabajo de este comité.

Pero Trump sigue como la figura más poderosa dentro del Partido Republicano y cuenta con enorme respaldo de sus bases.

*Analista del Observatorio de Estudios Macroeconómicos de Nueva York, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)