Trump carga contra la Corte tras revés por aranceles
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no faculta al presidente para imponer aranceles, al concluir que la atribución de “regular la importación” no incluye el poder de fijar tributos. El fallo, adoptado por seis votos contra tres en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump, declaró ilegales los aranceles “recíprocos” aplicados desde 2025 bajo esa norma y sostuvo que la potestad arancelaria corresponde de manera central al Congreso.
La mayoría, en opinión redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, advirtió que la interpretación defendida por la Casa Blanca habría supuesto una expansión “transformadora” del poder presidencial, al permitir aranceles sin límites claros de alcance, duración o control legislativo. Los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh discreparon y estimaron que el texto de la IEEPA sí podía amparar la imposición de aranceles en un contexto de emergencia económica, por lo que habrían validado la actuación del Ejecutivo.
Tras conocerse la decisión, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza y calificó el fallo como “una desgracia”, al tiempo que acusó de “desleales” y “poco patriotas” a los magistrados que votaron en su contra. En declaraciones públicas, Trump insistió en que los aranceles eran una herramienta central de su política económica y de su estrategia para presionar a socios comerciales que, según sostiene, se benefician de acuerdos “injustos” para Estados Unidos.
Pese al revés judicial, el mandatario ordenó desactivar formalmente los aranceles sustentados en la IEEPA y, de inmediato, anunció que impulsará gravámenes similares amparado en otras leyes comerciales que sí prevén de forma expresa la facultad presidencial de fijar tarifas. La Casa Blanca adelantó que recurrirá a disposiciones de la normativa arancelaria y a investigaciones de tipo “sección 301” para mantener una línea dura en materia de comercio exterior.
Expertos en derecho constitucional y comercio internacional señalan que el fallo acota el uso de emergencias nacionales para modificar de manera amplia la política arancelaria, aunque no limita otras bases legales que ya contemplan esa potestad. También advierten que la sentencia abre la puerta a reclamaciones de reembolso por parte de empresas que pagaron los aranceles ahora invalidados, un asunto que podría traducirse en litigios millonarios contra el gobierno federal.