Rolexgate y muertes por la represión: a Boluarte sólo la defiende el fujimorimo

Mariana Álvarez Orellana

Interrogada por más de cinco horas por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sobre el origen de tres (o cuatro) relojes Rolex y otras costosas joyas -valuados en medio millón de dólares-, en una investigación por enriquecimiento ilícito y la no declaración de bienes, la presidenta Dina Boluarte respondió que los relojes eran prestados y joyas de biyutería fina; una coartada  que ha dejado demasiadas dudas.

Boluarte reconoció como un error haber aceptado los relojes Rolex como préstamo de su amigo Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho. “Sé que ustedes están esperando saber la verdad sobre los relojes. Vengo de la fiscalía después de haber contestado todas las preguntas y la verdad es solo una. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima”, refirió la mandataria.

Boluarte sigue teniendo el respaldo de las bancadas de derecha y ultraderecha en el Congreso, con el fujimorismo en un rol central, que tienen la mayoría parlamentaria y la sostienen en el poder. Boluarte le agradeció al fujimorismo por su apoyo al haber bloqueado dos mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral y haberle dado el voto de confianza al gabinete ministerial reestructurado en  medio de este escándalo de acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Se ha presentado en el Parlamento una acusación constitucional contra la presidenta por este caso, pero el respaldo que tiene de la derecha que controla el Congreso también la salvaría de esta acusación.

El amigo Oscorima

Boluarte declaró ante el fiscal general después de haberse negado a asistir a una citación anterior y que su casa particular y la vivienda presidencial oficia en Palacio de Gobierno, fueran allanadas, mientras  cerca de la Fiscalía manifestantes gritaban “Dina corrupta” y “Dina asesina”, en referencia a los 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en la represión a las manifestaciones populares de fines de 2022 e inicios de 2023.

Oscorima, gobernador de Ayacucho, una de las regiones más pobres del país, tiene más denuncias que relojes. Amasa una fortuna y le gusta dar regalos a magistrados. Fue sentenciado dos veces por corrupción y cumplió prisión luego de permanecer prófugo por varios meses. También fue generoso con la Fiscalía a la que le entregó 30 cajas de cerveza para que los trabajadores celebren el aniversario de esa institución.

“¿Qué hay de malo en regalar mi dinero?”, se defendió, para meses después regalar dos contundentes Rolex a dos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huamanga, cuando la Fiscalía de esa provincia lo investigaba, recuerda Perú21. Este año, su amiga Boluarte, desde la presidencia le dio una ampliación presupuestal de 100 millones de soles (27,1 millones de dólares). 

Oscorima  respaldó a Boluarte durante las protestas sociales de fines de 2022 e inicios de 2023 que exigían su renuncia y el adelanto de elecciones y apoyó la represión, la que en Ayacucho  dejó diez muertos por disparos de los militares.

Al estallar el escándalo de los Rolex preguntada por el Rolex de oro y brillantes con el que aparecía en una foto, Boluarte respondió que era “de antaño” y lo había comprado con sus ahorros. Ahora dice que se refería a otro reloj, no un Rolex, que ella compró hace dos años. En el allanamiento a su casa se encontró la documentación de compra y el certificado de garantía de un Rolex que costó alrededor de 19 mil dólares en 2023.

La carrera política del “amigo” Oscorima está relacionada con un largo listado de acusaciones por corrupción. Fue gobernador de Ayacucho en dos periodos consecutivos, entre 2011-2014 y 2015-2018, y volvió al cargo en enero de 2023. Fue condenado en 2015 a cinco años por corrupción. Fue encarcelado después de estar nueve meses prófugo -intentó sobornar a los policías que lo detuvieron-, pero en 2017 fue absuelto en una instancia superior y liberado retomó su cargo de gobernador.

La presidenta también es investigada por un incremento no explicado de 117 mil dólares en los bienes que ha declarado -no incluyen los Rolex y las joyas- y por el ingreso de 298 mil dólares en sus cuentas bancarias, desde que ingresó al gobierno en julio de 2021 como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y 2023, luego de haber asumido la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución del maestro Pedro Castillo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sospecha que esos dineros entre agosto de 2016 y agosto de 2022 podrían estar vinculados al lavado de activos, ya que estuvo encargada de manejar los fondos de la campaña electoral de Castillo en 2021 y fue candidata sin éxito en 2020 al Congreso y en 2018 a la alcaldía del distrito limeño de Surquillo, donde vive. Según  la UIF, recursos Club Apurímac, del que fue presidenta, fueron a cuentas de Boluarte.

La congresista progresista Ruth Luque calificó como “una mentira” la versión del préstamo y a Boluarte como “una presidenta mentirosa que nos quiere ver la caro de tontos pensando que vamos a creer esa historia”. El legislador centroderechista Carlos Anderson también cuestionó duramente las explicaciones de la mandataria: “Lo que ha dicho es de un gran cinismo. Trata a los peruanos como si fuéramos idiotas para creer eso. Con este grado de incapacidad moral no puede seguir gobernando”.

Descrédito presidencial

La protección fujimorista en el Congreso no libra a Boluarte de la investigación fiscal y del duro impacto por este escándalo. El escándalo siguen y se infla: la versión de la mandataria tiene muchos flancos débiles y contradicciones, y eso la complicaría más en la investigación fiscal. Esa defensa poco creíble, ensayada después de un largo silencio, suma al descrédito y falta de credibilidad de una presidenta que tiene apenas ocho por ciento de aprobación.

Coincidentemente, el viernes 5 de abril se cumplieron 32 años del golpe de estado del dictador Alberto Fujimori. Acusaciones judiciales por corrupción y violaciones a los derechos humanos, y en algunos casos la cárcel (además del suicidio del expresidente Alan García), ha sido el destino de los últimos presidentes peruanos. Ahora, en la mira popular está Boluarte, acusada de enriquecimiento ilícito y posesión de bienes no declarados, además de represión y asesinatos.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)