Recuerdos y vigencias: del OXI griego al Brexit británico
Eduardo Camin|
Apenas ha pasado un año del día que el pueblo griego votó masivamente el referéndum histórico sobre las políticas de austeridad y ajuste de las instituciones europeas. A pesar del corralito de los bancos, cerrados durante toda la semana previa a las votaciones y de las catastróficas advertencias lanzadas por la Unión Europea, la inmensa mayoría de los griegos, un 61,35%, votó OXI (NO). En el referéndum griego que no solo se votaba en contra de la austeridad, sino que además el pueblo griego votó por una Europa diferente, por un cambio de rumbo de las instituciones y las políticas de la UE, políticas estas que determinan intereses en contra de sus pueblos.
Los mismos que hoy lamentan el Brexit y se preguntan cómo la extrema derecha ha conseguido canalizar el voto protesta contra estas instituciones europeas, hace un año chantajeaban, y vulneraban la voluntad popular griega amenazando con el Grexit, obligando a la firma de un ignominioso tercer Memorándum.
Un año después del OXI griego la realidad europea continúa con el descrédito social de las políticas de austeridad y ajuste de la troika; naufragan las políticas europeas en la gestión de la llegada de miles de personas refugiadas a sus costas; se acentúa el autoritarismo y la falta de legitimidad democrática de unas decisiones e instituciones cada vez más cuestionadas; aumentan las fuerzas de la extrema derecha y su poder institucional y se demuestra que hace un año perdió en Grecia la posibilidad de cambiar el rumbo hacia el precipicio del proyecto de la UE. Y aquellos ejemplos como España que dictaban a los griegos lo que debían de hacer son incapaces de formar un gobierno después de dos elecciones en 6 meses.
Hoy frente al descalabro absoluto, hay quienes se interpelan a la crisis actual del proyecto de la UE será necesario construir un plan alternativo para Europa que exija plantear un conjunto de medidas.
No sólo se deben desterrar las políticas de la mal llamada austeridad; sino que además se debe abordar una regulación bancaria y la intervención en este ámbito, la armonización fiscal y laboral progresivas, la necesidad de un plan de inversiones europeas que por otra parte no reconozca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, sin duda, cuestionar la estructura y el mecanismo de las deudas públicas (y también las hipotecarias) para hacer cargar a los privilegiados el coste de la crisis que ellos mismos crearon con sus prácticas rentistas. Estas medidas, sean tratadas o no a escala nacional o, mejor aún, a escala supranacional inevitablemente colisionarán con la arquitectura de la actual UE.
Durante estos años, mientras se reclamaba austeridad en materia de inversión pública, políticas sociales o derechos laborales y se adelgazaban las cuentas públicas destruyendo lo poco que aun quedaba del estado de bienestar social, en el proceso de desfiscalización sobre los beneficios o el patrimonio (abriendo la mano en la práctica a la evasión fiscal), se efectuaban políticas abiertamente generosas inyectando capital a bancos en bancarrota, o subvencionando a grandes empresas.
Efectuando un mecanismo que la socióloga Saskia Sassen denomina “expulsión” de cada vez más sectores de población de los órdenes económicos y sociales, privándoles del derecho a tener derechos.
Por ello pensamos que la deuda pública es más que un síntoma, porque hemos asistido a un proceso orquestado políticamente de conversión de las deudas privadas en públicas y todo ello, no solo ha generado un aumento de la desigualdad y la pobreza estructural, sino también una imagen de carestía y de recursos escasos que ha ayudado a potenciar el aumento de la xenofobia política y su rédito de la inhumana situación de la crisis humanitaria de refugiados.
Hay quien dice que hablar de la ilegitimidad de las deudas resulta impropio e inmoral. Hay también quien advierte que tampoco es una prioridad o que podría absorberse con el tiempo. Ni lo primeros se acuerdan de la responsabilidad de los gobiernos ni de los acreedores en la hipertrofia financiera creada y del desfalco generalizado, ni los segundos toman en serio suficientemente la envergadura (por ejemplo del 401% de deuda global en España en 2015) y relevancia de lo que significan la relación de dominio financiero que entraña la deuda como elemento de disciplinamiento social, económico y político de los países del sur en el actual marco de gobernanza de la UE. Además se parece ignorar que la política de flexibilidad cuantitativa del BCE dará término a finales de 2016. 
Seguramente se entre en poco tiempo en una nueva recesión en donde cualquier concesión de Bruselas al incumplimiento de los techos del déficit está reservada a gobiernos afines a las élites. Una opción que se clausuraría por completo una vez que la aprobación del Informe de los cinco presidentes impida reformas fiscales progresivas o incrementos de presupuesto. Este mismo Informe introducirá en los Tratados Europeos el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE), ya aplicado en los casos irlandés, chipriota, español y griego. El MEDE equivale a un tanque financiero capaz de derrocar gobiernos y políticas que no cumplan el esquema austeritario, tal y como vimos con Grecia. Recordamos que España viene de recibir una clara advertencia en ese sentido.
No hay que olvidar, que el mecanismo de deuda no es neutral, dejar intactas las ventajas garantizadas a la parte acreedora que aseguran su excedente, no hará otra cosa que intensificar la desigualdad social.
Por ello, la experiencia sobre el desarrollo de auditorías ciudadanas, como la que emprendió el Parlamento griego, o las que se están iniciando en diferentes municipios del Estado español, no solo parecen aconsejables como un elemento de transparencia, sino imprescindibles como un elemento político para exigir responsabilidades y poder recuperar parte de la soberanía perdida por la ciudadanía.
Es oportuno e indispensable identificar la parte de las deudas ilegítimas, odiosas, ilegales e socialmente insostenibles; servirá para atribuir responsabilidades políticas, penales o para exigir la devolución de beneficios onerosos, al mismo tiempo que protegerá a los pequeños ahorradores, proveedores, fondos de pensiones y de la seguridad social. Sin reestructurar las deudas en contra de los grandes rentistas, no habrá una economía sana, democrática ni justa.
Un año después del OXI griego se hace cada vez más urgente repensar la Europa. Una Europa que se libere de las cadenas de la deuda, que no caiga en los repliegues identitarios de la extrema derecha xenófoba y que rompa con la gobernanza neoliberal y austeritaria de la las actuales instituciones Europeas. Pero debemos constatar que en estos momentos de crisis el proyecto de la UE navega por las agitadas aguas del Brexit.
*Jefe de Redacción de de Hebdolatino, Ginebra, columnista de Nodal.am